I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA CONSEJERA QUE PRESIDA EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. VI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VII. DIVISIÓN DE PODERES. LA VIOLACIÓN MÁS GRAVE A ESTE PRINCIPIO SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES U OMISIONES DE UNA ENTIDAD DEL PODER PÚBLICO GENERAN UNA DISTORSIÓN AL DISEÑO INSTITUCIONAL DE OTRO ÓRGANO O PODER PÚBLICO QUE LE IMPIDE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, LO CUAL IMPLICA SU TOTAL INOPERANCIA. VIII. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA "... SERÁ CUBIERTA POR (SIC) INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO".]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA "... SERÁ CUBIERTA POR (SIC) INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO".]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA "... SERÁ CUBIERTA POR (
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 391/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 3 DE ABRIL DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 391/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
a. Trámite y resolución del amparo en revisión 332/2022 relacionado con el 20/2022
1. Génesis del asunto. El dos de julio de dos mil diecinueve, ********** presentó al Congreso del Estado de Morelos, solicitud de pensión por jubilación. Exhibiendo, diversos documentos, entre ellos, las hojas de servicios expedidas por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, Poder Ejecutivo de ese estado y Tribunal Electoral de la misma entidad federativa.
2. El veintitrés de diciembre de dos mil veinte, la legislatura estatal emitió el Decreto número novecientos veintiséis, a través del cual concedió al quejoso pensión por jubilación a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, último ente empleador. El nueve de abril de dos mil veintiuno, ********** se presentó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a presentar su renuncia al cargo de auxiliar electoral "A", adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, cargo que desempeñó del tres de noviembre de dos mil veinte al quince de marzo de dos mil veintiuno; es decir, antes y después de la emisión del Decreto pensionatorio.
3. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, después de formular peticiones directas ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, sin obtener el pago de su pensión; el quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el referido Tribunal, de quien reclamó la omisión en cumplir con el decreto pensionatorio novecientos veintiséis. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos solicitó al Congreso local abrogara el Decreto pensionatorio citado; arguyendo que se había emitido en contravención a lo estipulado por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil, toda vez que la pensión no se otorgó con cargo al último patrón, que fue el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Por oficio de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la secretaria técnica de la Comisión de Trabajo de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, respondió la solicitud de abrogación en el sentido que no era posible emitir un nuevo Decreto a menos que una autoridad superior y diferente, ordenara lo contrario.
4. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, y remitido el nueve de noviembre siguiente por razón de turno al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto reclamado siguiente:
"Nombre y domicilio de la autoridad responsable:
"1. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, representado por su presidente ...
"2. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN ...
"Actos reclamados:
"A. El oficio con clave ********** de fecha cinco de octubre, signado por la Diputada Adriana Barrera Vázquez, a través de la Lic. Mariana Guerrero Rodríguez, Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el cual da contestación en sentido negativo a los oficios números ********** y ********** en los que solicita la abrogación del decreto número 926, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5896 de fecha 23 de diciembre de 2020, acto que causa una afectación al presupuesto y por ende al patrimonio del Tribunal Electoral del Estado."
5. Trámite del juicio de amparo. En auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, el entonces Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, formó y registró el asunto bajo el número de expediente 1520/2021; lo admitió a trámite; en consecuencia, se requirió a las responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
6. Rendidos los informes justificados, y seguidas las secuelas procesales, el nueve de marzo de dos mil veintidós, la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos celebró la audiencia constitucional y el treinta y uno de mayo de ese año dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, contra los actos reclamados a las autoridades responsables.
7. Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, el tercero interesado ********** interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós. Del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito el cual lo registró bajo el número 332/2022 y dado que durante su sustanciación también se encontraba en sustanciación el amparo en revisión 20/2022, el titular del Juzgado de Distrito del conocimiento lo remitió Tribunal Colegiado de Circuito para su trámite y resolución.
8. Sentencia. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós determinó confirmar la sentencia recurrida aunque para distintos efectos(1) y conceder el amparo al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
b. Controversia constitucional 391/2023
9. Emisión del Decreto novecientos noventa y nueve en sustitución del Decreto número 926. En atención a lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos, promulgó y publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto número novecientos noventa y nueve, por el que se modifica el Decreto número 926 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte en la parte que se determina a la autoridad que le corresponderá el pago de la pensión en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en la cual se consedió pensión por jubilación a **********, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.
10. Presentación de la demanda. En contra de lo anterior, el doce de julio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mireya Gally Jordá, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la aprobación por el Congreso del Estado de Morelos, la promulgación y su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Decreto número novecientos noventa y nueve, por el que se modifica el Decreto número 926 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte en la parte que se determina a la autoridad que le corresponderá el pago de la pensión en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en la cual se concedió pensión por jubilación a **********, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; en específico el artículo 2o., mismo que a la letra dice:
"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60 % del último salario mensual del solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por (sic) Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Autoridad que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, en el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado."
11. Por otra parte, la parte actora señaló como único hecho de la controversia constitucional, el siguiente:
"• Único. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto número novecientos noventa y nueve, por el que se modifica el Decreto número 926, y se determinó a la autoridad que le corresponderá el pago de la pensión en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en la cual se le concedió pensión por jubilación a **********."
12. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Primero. La parte actora expresa que con la emisión del decreto cuya invalidez se demanda, se vulnera lo establecido por los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 23, fracción V, 83, así como 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 57 Bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ya que con la publicación y promulgación del Decreto número novecientos noventa y nueve por el que se modifica el Decreto número 926 se determina que la autoridad a la que le corresponderá el pago de la pensión en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, es el Instituto Morelense, sin embargo, el Congreso del Estado de Morelos, omite observar que el proceso legislativo, es el conjunto de actos y etapas formales a través de las cuales se inicia, discute, aprueba, sanciona e inicia su vigencia una ley, decreto o acuerdo parlamentarios.
La parte demandante considera que se podía advertir que con fecha dos de julio de dos mil veintinueve, ya había dado inicio el proceso legislativo, en torno a la solicitud de pensión por jubilación solicitada por **********, y con fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos, a través del decreto número 926, ya había determinado que dicha obligación de pago estaría a cargo del Tribunal Electoral de Morelos; ello atendiendo a que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Local, ya había emitido un dictamen, con base en la investigación correspondiente de los datos que acreditan la antigüedad necesaria para el goce del derecho del referido ciudadano.
En ese sentido, si bien la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, presentó amparo, aduciendo que el último puesto que desempeñó el ciudadano, no fue en ese Tribunal Electoral, sino en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, lo cierto es que el proceso legislativo ya había concluido con la emisión del Decreto número 926, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el cual el citado ciudadano ya había alcanzado su pensión de jubilación con cargo al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
Además, con base en la determinación tomada en el amparo en revisión administrativo, identificado con el número 332/2022 relacionado con el 20/2022 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, se determinó que una vez que se analizara e investigara la problemática planteada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y llegado a una conclusión se determinara únicamente el órgano o autoridad al que le corresponderá pagar dicha pensión (Tribunal Electoral del Estado de Morelos o Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana).
En esas condiciones, la promovente considera que se puede establecer que al momento de emitirse el Decreto número novecientos noventa y nueve, con base en lo que determina el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión del Trabajo de Previsión y Seguridad Social del Congreso Local, dejó de analizar que el proceso legislativo se había agotado en sí mismo, con la emisión del Decreto número 926.
Aunado a que conforme a los lineamientos establecidos en la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión administrativo 332/2022 relacionado con el 20/2022, se impuso al Poder Legislativo del Estado de Morelos, la obligación para dotar de recursos económicos a la autoridad que deba cubrir el pago de la pensión, sin embargo, en la especie el Congreso del Estado de Morelos, fue omiso a lo anterior, lo que se traduce en una flagrante violación al proceso legislativo en perjuicio del órgano comicial local.
b. Segundo. La parte actora argumenta que la emisión del decreto cuya invalidez se demanda, vulnera en su contra los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123 apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 23, fracción V, 83 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que con la determinación del Congreso del Estado de Morelos, se obliga a la actora a realizar un pago de pensión por jubilación con cargo al presupuesto propio, a favor de determinada persona, lo que se traduce en una disposición arbitraria en contra del patrimonio del órgano comicial.
De igual manera, el promovente argumenta que el hecho de que la ley faculte al Poder Legislativo del Estado de Morelos, para emitir decretos de pensión por jubilación en favor de trabajadores de organismos constitucionales autónomos, se aparta del principio de autonomía presupuestaria y de gestión del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que consagran los artículos 17 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.
Por lo que el Decreto impugnado, transgrede el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que vulnera el principio de congruencia entre ingresos y egresos, mediante el cual se establece que el ejercicio del poder de cada una de las entidades federativas debe estar divido, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés. De igual manera, la actora considera que el Decreto impugnado viola el contenido del artículo 16 de la Constitución al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación. Ello, en virtud de que el Decreto es contrario al principio de autonomía consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, fracción IV, de la Constitución Política local.
Asimismo, la actora argumenta que el Decreto impugnado, vulnera el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, en cuanto se reitera la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley.
Por otro lado, la actora considera que también se vulnera el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los organismos públicos autónomos, determinado por la Constitución local. En virtud de que, la determinación del Congreso del Estado de Morelos afecta el presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pues se impone la obligación de erogar recursos que no se encontraban previstos, por lo que se vulneran los artículos 126 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución local, pues el Congreso del Estado de Morelos aprobó un decreto pensionario, sin determinar una partida para el pago de la misma.
En ese sentido, la accionante expresa que el Congreso del Estado de Morelos transgrede con independencia y autonomía presupuestal del instituto comicial local al obligarle a cubrir una pensión por jubilación, cuantificando e indicando el modo del cálculo de la misma, sin aprobar una partida para cubrir la misma, lo que se traduce en una subordinación al Poder Legislativo demandado. No obstante que los artículos 24, fracción XI, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si bien otorgan al Congreso local la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones, lesionan la autonomía presupuestal la actora al no contemplar la entrega de los recursos necesarios para el pago del derecho aludido.
Así, la actora recuerda que es criterio de esta Suprema Corte, en la controversia constitucional 75/2021, en la que se determinó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ambos del Estado de Morelos se encontraban constreñidos a que cuando determinaran el pago correspondiente por concepto de pensión jubilatoria, deben realizar las acciones conducentes, para que se haga entrega del recurso económico, a partir del periodo respectivo. Lo cual es coincidente con el análisis que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en el sistema de pensiones del Estado de Morelos al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.
13. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por presentada la controversia constitucional y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como Ministro instructor.
14. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional y apercibió a la promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, señalara domicilio en esta ciudad; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles dieran contestación a la demanda; además requirió a los Poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar del Periódico Oficial de la entidad relacionados con el Decreto impugnado; asimismo reconoció el carácter de tercero interesado al Tribunal Electoral del Estado de Morelos y le concedió un plazo de treinta días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, lo a que a su representación corresponda. Finalmente, en cuanto a la solicitud de suspensión formulada por el Instituto actor, ordenó se formará el cuaderno incidental respectivo. 15. Certificación del plazo. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de tres días hábiles concedido al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana transcurrieron del miércoles dieciséis al viernes dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; y los treinta días hábiles concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, transcurrieron del miércoles dieciséis de agosto al jueves veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.
16. Cumplimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana dio cumplimiento a lo ordenado por el Ministro instructor de señalar domicilio en esta ciudad. Así, por proveído de once de septiembre del mismo año, el ministro instructor tuvo por cumplido el requerimiento.
17. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica y Representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:
• Respecto de los antecedentes 2, 3 y 4 de la demanda, el Poder Ejecutivo local no los afirmó ni los negó al no ser propios ni atribuidos por el actor a la autoridad. Por lo que hace al antecedente 1, el Poder Ejecutivo manifestó que es cierto. Por lo que hace al hecho único, el Poder Ejecutivo manifestó que es cierto.
• Ahora bien, por lo que hace al argumento de la actora referente a que el Decreto impugnado transgrede el principio de autonomía presupuestaria, el Poder Ejecutivo local argumenta que, el Instituto actor cuenta con libertad por una parte para determinar el manejo de su presupuesto aprobado, sujetándose siempre a la normativa en la materia, por tanto, es el propio Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana quien determina autónomamente cómo ejercer el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, pero además, desde el momento en que le fue aprobado su presupuesto anual pudo haberse inconformado ante tal asignación. Por lo que no se viola el principio de autonomía presupuestaria como erróneamente lo plantea en su concepto de invalidez la parte actora.
• En ese orden de ideas, el Poder Ejecutivo local destaca que, si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos reclama la invalidez del Decreto de mérito, el mismo se abstiene de formular conceptos de invalidez, en los que se combata dicha disposición por vicios respecto de los actos de promulgación y publicación que son los únicos actos que pudieran ser atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Razón por la cual la impugnación que formula el actor resulta notoriamente improcedente e infundada.
18. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés el Diputado Francisco Érik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:
• Respecto de los antecedentes 1 y 5 narrados por la actora, la Legislatura local expresa que son ciertos. Los antecedentes 2, 3 y 4, ni los niega ni los afirma por no ser actos propios del Poder Legislativo local.
• Por cuanto hace a los conceptos de invalidez, en los que refiere que el Poder Legislativo local invade la autonomía de gestión presupuestal, el Poder Legislativo considera que resultan ser improcedentes e infundados pues el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, puede hacer uso de los recursos económicos con que cuenta para dar cumplimiento a lo ordenado en el juicio de garantías, pues a través del Decreto 579 se le otorgaron recursos suficientes por lo que la parte actora no está en condiciones de alegar una violación a su autonomía financiera. Además, refiere que quien realiza la transferencia de los recursos en razón de presupuesto que le ha sido autorizado a dicho organismo, es el Poder Ejecutivo.
19. El Ministro instructor mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintitrés, tuvo a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y al Presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso, ambos del Estado de Morelos, dando contestación a la demanda; ordenó correr traslado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la contestación de la demanda; advirtió que transcurrido el plazo otorgado al Tribunal Electoral del Estado de Morelos a la fecha no había realizado manifestación alguna por lo que ordenó notificarla por medio de lista hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Finalmente, instruyó que el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
20. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Agotados los términos en el trámite respectivo, el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.(2) En el acta se hizo constar que no se presentaron las partes, por lo que únicamente se tuvieron por presentadas las pruebas que acompañaban la demanda y contestaciones respectivas.
21. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintitrés el Ministro instructor declaró el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente; ello con fundamento en los artículos 34 y 36 de la Ley Reglamentaria en la materia, en relación con el diverso 11, párrafo primero, fracción VI del Acuerdo General 8/2020.
22. Dictamen de radicación. Previo dictamen de mérito, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticuatro determinó enviar este asunto a la Primera Sala.
23. Avocamiento. El veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General;(3) 10, fracción I, y 11, fracciones VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno,(5) ya que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no impugna una norma de carácter general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
25. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.(6)
26. En el apartado IV de su demanda, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana señala como acto reclamado el Decreto número novecientos noventa y nueve, por el que se modifica el Decreto número 926 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte en la parte que se determina a la autoridad que le corresponderá el pago de la pensión en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en la cual se concedió pensión por jubilación a ********** de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; en específico el artículo 2o., mismo que a la letra dice:
"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60 % del último salario mensual del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por (sic) Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Autoridad que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado."
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
27. Previo al estudio de oportunidad, con fundamento en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Sala considera necesario corroborar la existencia del decreto impugnado.
28. En el expediente obra un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, en el cual, efectivamente, se publicó el Decreto número novecientos noventa y nueve, mediante el cual se modificó el Decreto número 965 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fecha de veintitrés de diciembre de dos mil veinte , por el que se le concedió pensión por jubilaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32535-ab1a4c9d/i-controversia-constitucional-la-persona-consejera-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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