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Modo: Corpus Pro

BENEFICIARIOS DE LA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA. EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER A FAVOR DE LA CONCUBINA NO IMPLICA DESCONOCER LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN A LA CÓNYUGE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6428/2023. · Registro digital (IUS): 32391
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-03
Promovente: MARY CRUZ CAMPOS CAMPOS Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo III, Pág.2273.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6428/2023. MARY CRUZ CAMPOS CAMPOS Y OTRO. 31 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión número 6428/2023, interpuesto en contra de la sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en el juicio de amparo directo 855/2022 (expediente auxiliar 600/2023), relativo al procedimiento especial individual laboral 767/2021.

El problema jurídico que esta Segunda Sala debe resolver consiste en determinar, por una parte, quien debe ser declarada como beneficiaria de los derechos laborales de un trabajador fallecido cuando acuden a su reclamo tanto la esposa como la concubina en términos de lo que dispone el artículo 501, fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo y, por otra, si la interpretación que realiza el tribunal colegiado respecto de lo resuelto en el amparo directo 18/2021, resulta apegada a los diversos precedentes de esta Segunda Sala.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, Mary Cruz Campos Campos en su carácter de cónyuge, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales V.A.J.C., promovió juicio laboral contra Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), de quien demandó, en esencia, la declaración como únicos beneficiarios de los derechos derivados de la relación laboral del extinto trabajador Kimber Jasso Velázquez, así como el pago de prestaciones derivadas de la relación laboral.

2. Mediante acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada y se le requirió para que proporcionara el nombre y domicilio de las personas que estuvieran registradas ante ella como beneficiarias del extinto trabajador.

3. Por proveído de seis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable agregó escrito que presentara Guadalupe Hernández Cupil, en calidad de concubina, tercera interesada y en representación de sus menores hijos de iniciales L.N.J.H. y M.D.J.H., en el cual manifestó su interés en el asunto, ofreciendo las pruebas de su intención.

4. Sentencia. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa emitió sentencia en la cual concluyó, en lo que interesa, en designar como legítimos beneficiarios de los derechos derivados de la relación laboral del trabajador Kimber Jasso Velázquez a Guadalupe Hernández Cupil en su calidad de concubina, así como a sus tres menores hijos de iniciales L.N.J.H., M.D.J.H. y V.A.J.C.; de igual manera, se condenó a pagar al último de los menores nombrados, la cantidad de $**********, (**********), por conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad del finado trabajador.

5. Demanda de amparo directo. En contra de esa resolución, Mary Cruz Campos Campos, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales V.A.J.C., promovió juicio de amparo directo.

6. Admisión por el Tribunal Colegiado del conocimiento. En proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa se declaró competente para conocer del juicio de amparo y, en consecuencia, admitió la demanda.

7. Mediante auto de dos de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, ordenó enviar los autos y sus anexos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, el cual tuvo por recibido el asunto relativo al amparo directo laboral 855/2022, y se registró con el cuaderno auxiliar 600/2023, para efectos de apoyar en el dictado de la resolución correspondiente.

8. Entre los conceptos de violación que expuso la parte quejosa esencialmente, son los siguientes:

• Primero. La sentencia recurrida vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al incumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad de acuerdo con el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en atención al principio de interdependencia previsto en el artículo 1o. constitucional.

• Ello, porque la autoridad demandada indebidamente declaró como legítima beneficiaria a la tercera interesada, en términos de las fracciones I y III del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, bajo el argumento que el de cujus vivió los últimos años con ella, no obstante, que la única prueba para demostrar el dicho de ésta fue la testimonial, misma a la que la autoridad responsable no le otorgó valor probatorio.

• Segundo. La sentencia impugnada es violatoria de los derechos de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable no se apegó a lo establecido en el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, toda vez que, de acuerdo con las legislaciones mencionadas, la tercera interesada no encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en éstas, pues el occiso estuvo casado con la demandada, hasta sus últimos días de vida, es decir nunca se disolvió el vínculo matrimonial.

• Tercero. La tercera interesada no acreditó su calidad de concubina; puesto que la única prueba con la que intentó realizarlo fue con la testimonial, a la cual la juzgadora no le dio el valor probatorio.

• Cuarto. La autoridad responsable indebidamente aplicó el criterio emitido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo 18/2021, en virtud de que solo contó con tres votos y dos en contra y, por tanto, no resulta obligatorio y vinculante. Aunado a que no se examinaron las discrepancias existentes con el citado asunto pues el contexto es diferente dado que en dicho asunto no compareció la esposa a reclamar ser beneficiaria de las prestaciones derivadas de la muerte del trabajador y como consecuencia no existió confronta de derechos entre la esposa y quien se ostentó como concubina.

9. Sentencia. En sesión de diez de agosto de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado auxiliar, dictó sentencia en la que, por una parte, sobreseyó el juicio de amparo a Mary Cruz Campos Campos por lo que hace a la representación del menor de iniciales V.A.J.C., y por otra, negó el amparo con relación a la actora Mary Cruz Campos Campos.

10. Respecto de lo reclamado por la quejosa, el órgano colegiado señaló, fundamentalmente, lo siguiente:

• Resulta infundado lo expuesto con relación a que indebidamente se consideró como beneficiaria del de cujus, a la concubina, ello porque el primero de los mencionados no estaba libre de matrimonio; de ahí que, conforme lo previsto en el artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, no se lo podía considerar con tal carácter para el efecto de tenerla como beneficiaria.

• Lo anterior, ya que el artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, representa una violación indirecta al principio de igualdad y no discriminación, ya que, si bien de su redacción no se aprecia una distinción por género, en el trasfondo se evidencia que sí existe una afectación diferenciada que perjudica en mayor medida a las mujeres frente a los hombres que se encuentren en una misma situación.

• La fracción III del artículo combatido realiza una distinción entre las personas al establecer, por una parte, una limitante para acceder a los derechos del trabajador finado a aquellas personas que hayan convivido durante los cinco años que precedieron a la muerte del trabajador o con la que tuvo hijos y, por otra, condicionar el reconocimiento de una unión de hecho en base a un estado civil previo de las personas.

• Por otra parte, si bien la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, establece que tiene derecho a ser beneficiaria del trabajador fallecido la o el cónyuge supérstite, también lo es que la presunción de la existencia de un vínculo familiar, como consecuencia de la relación jurídica del matrimonio, puede ser controvertida y desvirtuada en aquellos casos en que una persona acredite encontrarse bajo alguno de los supuestos a que alude la fracción III del citado numeral.

• Ello, porque atendiendo al principio de primacía de la realidad, debe reconocerse el carácter de beneficiaria a aquella persona que acredite que convivió con el trabajador durante los cinco años que precedieron a su muerte, o con la que tuvo hijos, independientemente de que alguno de los dos haya sostenido un vínculo matrimonial con diversa persona.

• De lo citado se considera que fue correcta la decisión de la jueza responsable al establecer que la concubina era beneficiaria del occiso.

• Ello es así, porque contrario a lo referido por la quejosa, en el presente caso sí quedó acreditada la calidad de concubina, además, de que la mencionada fue quien estuvo con el occiso previo a su fallecimiento y, por lo que el hecho de que no se haya disuelto el vínculo matrimonial con la quejosa no implicaba que se desconociera el derecho de la concubina a recibir la parte proporcional que le correspondía de las prestaciones pendientes por cubrir por la patronal a favor del extinto trabajador.

• Por último, respecto a que la jueza aplicó de manera indebida lo resuelto por este Alto Tribunal en el amparo directo 18/2021, se considera que tampoco le asiste razón, ello, porque contrario a lo señalado por la quejosa sí resulta aplicable al caso, ya que con independencia de las características de cada uno de los asuntos lo importante es el análisis que en dicho juicio se llevó a cabo de la fracción III del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la restricción para que una concubina pueda ser acreedora de los beneficios de su pareja al momento de fallecer, en el sentido de que no exista cónyuge supérstite y que ambos hubieren permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

• Por lo que si bien, dicho criterio no es obligatorio, lo cierto es que sí es válido tomarlo como orientador, máxime que con éste se establecen razones que atienden a la realidad de la sociedad en la que actualmente nos desarrollamos, en donde es común que por voluntad propia las partes optan por no disolver el vínculo matrimonial pero ya no tienen ese vínculo afectivo y de convivencia que sí tienen con una diversa pareja, concubina, con quien a la postre se forma una familia.

11. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, Mary Cruz Campos Campos, interpuso recurso de revisión.

12. La recurrente expresó como agravios, en esencia, los siguientes:

• La sentencia impugnada causa agravio a la quejosa, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó una interpretación adecuada de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 123 constitucionales en relación con los artículos 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; 1, 8, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, con relación al derecho que tiene como esposa del de cujus debido a que jamás se disolvió el vínculo matrimonial.

• Asimismo, la jueza del Tribunal Laboral violentó a la quejosa el derecho como esposa, en virtud de que en la resolución que emitió no falló con perspectiva de género e igualdad, debido a que solo declaró beneficiaria a la concubina y a la cónyuge no, vulnerando a ésta el derecho de reclamar la pensión de viudez, establecido en el artículo 6, fracción XII de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

13. Trámite ante esta Suprema Corte. El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, fueron recibidas las constancias relativas del presente asunto en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del MINTERSCJN. Posteriormente, mediante auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal, determinó admitir el recurso de revisión, con el número de expediente 6428/2023; ordenó su radicación en la Segunda Sala y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su estudio y resolución.

14. Avocamiento. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto, y ordenó remitir el expediente a la ponencia de la mencionada Ministra para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

15. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo;(2) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno(3) y los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo el diez de abril siguiente, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, competencia de esta Segunda Sala.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán

II. OPORTUNIDAD

18. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada a la parte quejosa por lista el miércoles seis de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el jueves siete del mencionado mes y año. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del viernes ocho al lunes veinticinco, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro por ser sábados y domingos; así como jueves catorce y viernes quince todos del mes de septiembre de la misma anualidad, por ser inhábiles conforme lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo(5) y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) asimismo el quince de septiembre por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal.

19. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, el viernes veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. LEGITIMACIÓN

21. Esta Suprema Corte considera que Mary Cruz Campos Campos, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, ya que es parte quejosa en el juicio de amparo de origen.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

23. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el asunto sí reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

24. En principio, el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015 emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil quince.

25. De tales preceptos se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere a que las sentencias impugnadas:

a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;

b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,

c) Hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.

26. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.

27. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso, antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, ello de conformidad con el Acuerdo General 9/2015, emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:

a. Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o

b. Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

28. Como se señaló, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX constitucional, señalando ahora para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, que procede ante la Suprema Corte cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

29. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

30. Es decir, se modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

31. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales. 32. En el caso se satisface el primer requisito para la procedencia de este recurso, ya que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó la vulneración de sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como los numerales 8, punto 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que solo se designó como legítima beneficiaria de los derechos del trabajador fallecido a la tercera interesada –concubina–, en contravención de lo que dispone el artículo 501, fracciones I y III, de la Ley Federal del Trabajo.

33. A fin de resolver lo anterior, el tribunal colegiado retomó algunas de las consideraciones emitidas por esta Segunda Sala al resolver el amparo directo 18/2021 y, con base en ello, consideró que resultaba correcta la determinación de la jueza responsable al haber establecido que, conforme al artículo 501, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, Guadalupe Hernández Cupil en su calidad de concubina –así como los tres hijos del trabajador–, eran los legítimos beneficiarios del extinto trabajador y no así la quejosa –quien acudió en su carácter de esposa–.

34. En ese sentido, se justifica la procedencia del recurso, toda vez que la recurrente alega una indebida interpretación del criterio sustentado por esta Segunda Sala, al no haberse juzgado con perspectiva de género e igualdad, pues se omitió considerarla como beneficiaria de los derechos del trabajador fallecido aun cuando acudió en su calidad de cónyuge.

35. Además, por lo que hace al segundo de los requisitos mencionados, se advierte que el asunto reviste interés excepcional, porque el fallo recurrido implicaría que esta Sala analice y se pronuncie sobre la procedencia en la designación de personas beneficiarias de los derechos laborales de un trabajador fallecido, cuando acuden a su reclamo tanto la esposa como la concubina, cuestión que podría generar un precedente obligatorio respecto de dicha temática.

36. Asimismo, el conocimiento del asunto permitiría analizar la interpretación que realiza el tribunal colegiado, respecto de lo resuelto en el amparo directo 18/2021, a fin de determinar si ésta resulta apegada a los diversos precedentes que sobre esa temática ha resuelto esta Segunda Sala.

37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. ESTUDIO

38. La recurrente señala que el Tribunal Colegiado, realizó una inexacta interpretación de lo decidido en el amparo directo 18/2021 al resolver sobre el reconocimiento de beneficiarios a que alude el artículo 501, de la Ley Federal del Trabajo, debido a que solo declaró como beneficiaria a la concubina desconociendo sus derechos, no obstante que acudió a demandar tal reconocimiento en su carácter de esposa.

39. Tales argumentos resultan fundados, suplidos en su deficiencia, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.(7)

40. A fin de analizar lo indicado resulta necesario citar, en primer término, lo que dispone el artículo 501, de la Ley Federal del Trabajo.(8)

"Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial:

"I. La viuda o el viudo, los hijos menores de dieciocho años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más, así como los hijos de hasta veinticinco años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional; en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica;

"II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;

"III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato;

"IV. Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica, y

"V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social."

41. El citado numeral establece, quienes son las personas que tienen derecho a recibir indemnización en caso de fallecimiento o desaparición del trabajador, derivada de un acto delincuencial, así como el orden de prelación que debe prevalecer. Del mismo, se establece el monto de la indemnización a que tienen derecho los beneficiarios y el procedimiento que se debe llevar a cabo para su designación.

42. Al respecto, se estipula que en primer lugar tienen derecho a recibir dicha indemnización la viuda o viudo, los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. En segundo lugar, se encuentran los ascendientes que concurrirán con los primeros.

43. En tercer orden se establece que, "a falta de cónyuge supérstite", concurrirá la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, "siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato".

44. Posteriormente, se establece que tienen derecho a recibir indemnización aquellas personas que dependían económicamente del trabajador y, finalmente, que a falta de personas que se encuentren en los supuestos anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social será el beneficiario.

45. Establecido lo anterior, resulta necesario citar el contenido del amparo directo 18/2021, motivo de la indebida interpretación y aplicación reclamada.

"IV.3. Análisis al principio de igualdad y no discriminación basada en una categoría sospechosa.

"Una vez precisado lo anterior, corresponde analizar si la norma en cuestión trastoca los principios de igualdad y no discriminación, basada en una categoría sospechosa.

"Como se ha precisado el artículo en comento establece como requisito para que una persona pueda acceder a los derechos laborales en caso de muerte de la persona trabajadora y ser reconocida como beneficiaria: 1) que no exista cónyuge supérstite; y 2) que ambos hubieren permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. De dicha precisión se advierten dos condiciones específicas relacionadas con el estado civil de las personas que se exigen a las personas que se encuentren dentro de una unión de hecho.

"En efecto, para poder concurrir a solicitar los derechos del trabajador fallecido se requiere, en principio, que no exista cónyuge supérstite, pues solo en ese supuesto la persona que convivió en los términos señalados o que tuvo hijos en común, tendrá facultad para acudir a su reclamo. Además, se establece que para gozar del reconocimiento de un vínculo de concubinato, las personas deben permanecer solteras o solteros durante todo el tiempo que éste se configure, esto es, que no deben contar con ningún vínculo jurídico matrimonial con diversa persona, para que éste se tenga por configurado.

"A fin de resolver el problema de constitucionalidad señalado, en principio, deben precisarse los alcances de los principios de igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"(Se transcribe)

"Dicho artículo regula el principio de igualdad, en la medida que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

"Asimismo, en el último párrafo está contenido el principio constitucional de la no discriminación, en tanto se proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

"En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 24 regula dichos principios, de conformidad con lo siguiente: ‘Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.’

"Asimismo, la jurisprudencia emitida por dicho organismo(9) ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por lo que reconoció que sólo es discriminatoria una distinción, cuando carece de justificación objetiva y razonable.

"De lo anterior se evidencia que los principios constitucionales de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, pero no son idénticos; en todo caso son complementarios, incluso la prohibición de discriminar constituye una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad, en tanto la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32391-783783fc/beneficiarios-de-la-persona-trabajadora-fallecida-el-reconocimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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