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Modo: Corpus Pro

COMPENSACIÓN. EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS SEXTO A DÉCIMO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 812/2023. · Registro digital (IUS): 32392
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-03
Promovente: ENERGÍAS PRODISA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo III, Pág.2309.

AMPARO EN REVISIÓN 812/2023. ENERGÍAS PRODISA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V. 17 DE ENERO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La quejosa promovió amparo en contra del artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.

El juez de distrito sobreseyó en el juicio.

Inconforme, la persona moral interpuso recurso de revisión al que se adhirió el Presidente de la República.

El tribunal colegiado del conocimiento revocó la sentencia recurrida, declaró infundado el recurso de revisión adhesivo y la incompetencia legal respecto del problema de constitucionalidad del artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo del Código Fiscal de la Federación, remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que, en la materia de su competencia, decida lo que en derecho corresponda.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 812/2023, interpuesto por Energías Prodisa, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente juicio de amparo indirecto 207/2023.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés (CFF en adelante), transgrede o no los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, legalidad y seguridad jurídica, así como el de razonabilidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del juicio de amparo indirecto 207/2023 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desprenden los antecedentes siguientes:

2. Energías Prodisa, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (la quejosa o recurrente en lo que sigue) manifestó que es una persona moral, constituida conforme a las leyes mexicanas, que ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de impuestos y que se desempeña en la industria de la construcción, como actividad principal en su carácter de contratista para ejecutar los trabajos de revisión de ingeniería, suministro, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio del proyecto solar fotovoltaica salitrillos (sic).

3. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF en lo sucesivo) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en particular, la adición de los párrafos sexto al décimo octavo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

4. Demanda de amparo. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito de esa materia, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"...

"1. Del Presidente de la República Mexicana, se reclama la iniciativa, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, concretamente la reforma al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que adiciona la posibilidad de realizar la compensación de saldos a favor en contra de cualquier contribución federal, siempre que el contribuyente relevante se encuentra sujeto a facultades de comprobación tal como lo dispone el artículo 42, fracciones II y III del mismo ordenamiento.

"2. Del Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, concretamente la reforma al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que adiciona la posibilidad de realizar la compensación de saldos a favor en contra de cualquier contribución federal, siempre que el contribuyente relevante se encuentra sujeto a facultades de comprobación tal como lo dispone el artículo 42, fracciones II y III de dicho ordenamiento."

5. La quejosa indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV, 71, 72, y 74, fracción IV, de la Constitución Federal, así como en los artículos 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y 31 del Protocolo de Buenos Aires, narró los antecedentes de los actos reclamados e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes.

6. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México registró la demanda con el número 207/2023, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables rindieran sus respectivos informes justificados y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

7. Sentencia de amparo. Seguido el trámite del juicio, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio.

8. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, por escrito presentado electrónicamente el diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

9. Trámite del recurso ante el tribunal colegiado. El veinticuatro de agosto siguiente, el Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso de revisión y lo registró con el número de expediente R.A. 405/2023.

10. Revisión adhesiva. Por oficio enviado electrónicamente el uno de septiembre de dos mil veintitrés la Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión adhesivo y, por auto de siete siguiente, se tuvo por admitido.

11. Resolución del tribunal colegiado. En sesión de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el citado órgano colegiado resolvió revocar la sentencia recurrida, declarar infundado el recurso de revisión adhesiva y la incompetencia legal de ese tribunal colegiado respecto del problema de constitucionalidad del artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del CFF, por lo que ordenó la remisión de los autos a este Tribunal Constitucional.

12. Competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por recibidas las constancias por buzón judicial y registradas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, registró el toca con el número 812/2023 y asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión.

13. Avocamiento. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés dictado por el Presidente de la misma, quien además determinó se remitiera el toca a la ponencia de su adscripción.

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión.(1)

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

16. Resulta innecesario verificar tanto la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesivo, así como la legitimación de quienes los presentaron, toda vez que dichos presupuestos procesales ya han sido analizados por el tribunal colegiado del conocimiento y consideró que fueron presentados de manera oportuna y por parte legítima.

III. PROCEDENCIA

17. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo.(2)

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

19. A continuación se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia recurrida y la sentencia del tribunal colegiado del conocimiento.

20. Demanda de amparo. La quejosa formuló seis conceptos de violación, que se sintetizarán en el apartado correspondiente.

21. Sentencia recurrida. En las consideraciones, el juez de distrito determinó, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, lo que a continuación se señala:

22. En el considerando tercero tuvo por ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que independientemente de que así lo refirieron al rendir su informe justificado, lo cierto es que al tratarse de disposiciones de carácter general, su existencia se corroboró a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

23. En el considerando cuarto analizó las causas de improcedencia estimando que, en la especie, se actualizó la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la discusión, votación, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto impugnado, particularmente por lo que se refiere a su artículo 23 y las adiciones contenidas en los párrafos sexto al décimo octavo del CFF.

24. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa lo reclamó como autoaplicativo, pero no acreditó que su sola vigencia le cause perjuicio.

25. Para demostrar que se actualizaba la referida causa de improcedencia, procedió a analizarla en congruencia con los preceptos 5o., fracción I y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, éste último en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario.

26. En ese tenor de las pruebas aportadas por la quejosa no advirtió que la hipótesis normativa establecida en el artículo 23, párrafos sexto al décimo octavo del CFF, afecte su esfera jurídica, toda vez que con dichas documentales no acreditó que, a la fecha de entrada en vigor del precepto impugnado (uno de enero de dos mil veintitrés) contaba con saldo a favor y un adeudo fiscal que compensar, que la habilite para acudir a la presente instancia a reclamar el trato inequitativo que pretende combatir.

27. Esto es, si bien la quejosa demostró ser contribuyente obligada a pagar mediante declaración, por lo que es factible que de actualizarse la condición atinente a que ésta obtenga saldos a favor en futuros ejercicios fiscales, ello no implica que la peticionaria de amparo acredite el principio de afectación necesario para estimar procedente el presente juicio de amparo, ya que éste lo hace depender de la concreción de hechos futuros e inciertos, mientras que el perjuicio a que alude el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo debe ser actual y real; pues de lo contrario, esto es, aceptar la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de leyes al grado de permitir su controversia ante situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, significaría analizar la regularidad de las leyes en abstracto, en franca contravención al principio de instancia de parte agraviada.

28. En efecto, la sociedad quejosa no acreditó ubicarse en el supuesto de contar con cantidades que tenga derecho a recibir de las autoridades fiscales y que en términos del precepto impugnado no le sea posible optar por compensar incluso cuando no deriven de un mismo impuesto, a la fecha de entrada en vigor de la disposición reclamada.

29. Asimismo, el juez de distrito estimó actualizada, en segundo término, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, ya que de otorgarse la protección constitucional a la quejosa no podrían concretarse los efectos de la eventual sentencia estimatoria.

30. Sentencia del tribunal colegiado. En las consideraciones, el tribunal colegiado del conocimiento resolvió, en lo fundamental, lo siguiente:

31. Por lo que se refiere al agravio hecho valer por la quejosa en contra de la primera causa de improcedencia advertida por el juez de distrito, el órgano colegiado consideró que las pruebas ofrecidas eran suficientes para demostrar que se encontraba obligada a observar los lineamientos previstos en la norma reclamada y, por ende, su interés jurídico para controvertir la inequidad propuesta en el fondo de la acción constitucional.

32. Ahora, para dar respuesta al agravio relacionado con la segunda causa de improcedencia, de la demanda de amparo coligió que la pretensión de la quejosa no consiste en que se le inaplique el artículo 23, párrafos sexto a decimoctavo, del CFF; por lo contrario, su pretensión es que esa porción normativa sea aplicada no sólo a los contribuyentes incumplidos sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y III de ese Código, sino a los contribuyentes cumplidos permitiéndoles también realizar una compensación sin que se les exija que ambas cantidades deriven de un mismo impuesto.

33. Por lo expuesto, los agravios hechos valer en el recurso de revisión los calificó de fundados, al no actualizarse las dos causas de improcedencia invocadas por el juez de distrito, en consecuencia, procedió a verificar la eficacia de los planteamientos vertidos por la responsable en el recurso de revisión adhesiva, estimándolos de infundados.

34. Al haber resultado fundado el agravio de la quejosa e ineficaces los de la responsable en el recurso adhesivo, con fundamento en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, examinó las causas de improcedencia invocadas por las responsables y no estudiadas por el juez de distrito.

35. Contrariamente a lo que expuso la autoridad, de la demanda de amparo advirtió que la quejosa manifestó violaciones concretas y específicas que dicho artículo le causa, las cuales no sólo se refieren a un aspecto económico, puesto que dice que se vulneraron los principios de seguridad jurídica, razonabilidad legislativa e igualdad, así como el de equidad tributaria; aunado a que, en todo caso, será motivo de un análisis de fondo determinar si el perjuicio que adujo redunda exclusivamente en un menoscabo del interés económico o no, por lo que la causa en estudio la consideró infundada.

36. Finalmente, sostuvo que ese órgano colegiado carecía de competencia legal para abordar el examen de constitucionalidad del artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del CFF porque, de conformidad con los artículos 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal cuestión es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

V. ESTUDIO DE FONDO

37. V.1. Cuestión metodológica previa. Con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, el análisis de los seis conceptos de violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo se realizará de manera conjunta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, debido a que, por lo menos en cinco de ellos, la premisa principal o toral gira en torno a una supuesta inequidad o desigualdad que genera el artículo 23, párrafos sexto al décimo octavo, del CFF, que se adicionaron con motivo del Decreto publicado en el DOF el doce de noviembre de dos mil veintiuno.

EQUIDAD TRIBUTARIA. EL PRECEPTO RECLAMADO GENERA UN TRATO INEQUITATIVO Y DESIGUAL ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS

SÍNTESIS DE LOS ARGUMENTOS

38. En el primer concepto de violación la quejosa aduce, en esencia, que las adiciones al numeral reclamado generan un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias.

39. La peticionaria de amparo después de hacer alusión al derecho de equidad tributaria y transcribir el precepto impugnado, señala que, hasta antes de su emisión, a grandes rasgos, por regla general, los contribuyentes únicamente podían compensar saldos a favor generados por adeudo propio, siempre que deriven del mismo impuesto.

40. Sin embargo, derivado de la reforma al precepto tildado de inconstitucional, los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y III, del CFF, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas.

41. Lo anterior siempre que las cantidades que se pretendan aplicar se generen y declaren de manera previa que aquellas cantidades que no hayan sido previamente negadas en devolución, no hayan prescrito la obligación para devolverlas o cuando las mismas no deriven de una resolución emitida en un recurso administrativo o sentencia.

42. De esa forma, la nueva regulación de la compensación establece un régimen preferencial para aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de facultades de comprobación contenidas en el artículo 42, fracciones II y III, del CFF, pues ellos podrán optar por corregir su situación fiscal mediante compensación contra cualquier concepto en términos del artículo 22 del CFF, contra las contribuciones omitidas y sus accesorios; régimen que no es aplicable al resto de los contribuyentes.

43. Dicha legislación no realiza una diferenciación basada en alguna circunstancia específica del contribuyente, al que se le otorga un régimen preferencial, pues lo cierto es que ambos tipos de contribuyentes generarían un saldo a favor de su operación normal y comercial en México.

44. El legislador establece un beneficio solamente apoyando a la autoridad fiscal, sin hacer una distinción entre la identidad de sujetos que realizan operaciones, lo que genera un trato diferenciado sin una justificación constitucionalmente válida.

45. No existe distinción entre los sujetos que generan un saldo a favor y que, por tanto, pueden ser sujetos que puedan compensar las cantidades correspondientes, lo que genera un trato diferenciado contrario al artículo 31, fracción IV, de la Constitución. 46. Ambos contribuyentes se encuentran en situaciones análogas, pues el legislador no hace distinción alguna a partir de considerar si los sujetos realizan cierto tipo de operaciones o, en su caso, son una entidad o cierto sector.

47. Así, no existe distinción entre los sujetos que generan un saldo a favor y que, por tanto, unos si puedan compensar un saldo a favor y otros no, por lo que se les otorga un tratamiento diferenciado contrario al principio de equidad tributaria, pues según la disposición reclamada, los contribuyentes que son sujetos de facultades de comprobación sí tienen la ventaja de realizar una compensación entre contribuciones de distinta naturaleza y el resto de contribuyentes no, porque tienen que compensar las cantidades que deriven del mismo impuesto.

48. Ambos contribuyentes al buscar compensar saldos a favor pueden enfrentar de manera lógica problemas de liquidez al momento de enterar el pago de contribuciones. La compensación representa una opción que no afecta el flujo de efectivo de la empresa y que derivado de la situación actual –post pandemia–, es lógico pensar que dicho flujo se encuentra mermado en un alto sector económico en el país.

49. Por ello, no existe distinción alguna entre ambos contribuyentes, es decir, tanto en los que tienen saldo a favor como los que son sujetos de facultades de comprobación fiscal y tienen saldo a favor, pues lo cierto es que los dos buscan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales específicas y, sin embargo, a los que son sujetos de facultades de comprobación se les otorga un tratamiento diferenciado sin justificación alguna.

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL PRECEPTO RECLAMADO ESTABLECE UN SISTEMA DE TRIBUTACIÓN EN CONTRA DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS

50. En el concepto de violación segundo la peticionaria de amparo alega, en lo fundamental, que el precepto reclamado establece beneficios a contribuyentes en las mismas circunstancias en contra de la capacidad contributiva de los contribuyentes excluidos.

51. Lo anterior, toda vez que el precepto reclamado establece beneficios diferenciados de manera significativa a contribuyentes que originan una misma cantidad de ingresos al generar saldos a favor en el impuesto relativo, lo que ocasiona un régimen perjudicial regresivo a los contribuyentes, pues a los que son sujetos de facultades de comprobación se les permite compensar los saldos a favor contra cualquier impuesto.

52. Incluso, es evidente que el tratamiento mencionado influye directamente en las obligaciones sustanciales de pago de la contribución, al permitir compensar saldos de diferentes tributos a ciertos contribuyentes y excluyendo a otros, cuestión que es protegida por el principio de proporcionalidad tributaria.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PRECEPTO RECLAMADO TRANSGREDE DICHOS DERECHOS

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE QUEJA

53. En el concepto de violación tercero la peticionaria de amparo aduce, de manera destacada, que el precepto reclamado viola los invocados derechos, para lo cual hace referencia a lo previsto en el numeral 1 de la Constitución y a los criterios jurisprudenciales relativos al principio de progresividad.

54. Lo anterior, porque impone un tratamiento diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en la formalidad a nuestros (sic) parámetros tributarios, lo que conlleva a que exista una clara discriminación y desigualdad dentro del sistema jurídico tributario, el cual lejos de ser de fácil cumplimiento y no oneroso, es de suyo complicado.

55. La medida contenida en el artículo 23, párrafos sexto a décimo octavo, del CFF, es regresiva y, por ende, inconstitucional, pues de su evolución legislativa se advierte que la posibilidad de compensar las cantidades a favor en contra de cualquier contribución federal se eliminó en la reforma fiscal del ejercicio dos mil diecinueve, específicamente, a través del artículo 25, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación.

56. Sin embargo, al establecer ahora el beneficio de compensación contra cualquier contribución federal a los contribuyentes que se encuentren siendo sujetos de facultades de comprobación, se establece un trato desigual entre contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que resulta regresivo en violación de los derechos de la quejosa.

57. De la exposición de motivos de la iniciativa del Decreto por el que se adicionó el artículo 23 del CFF, se advierte que es totalmente incorrecto e inconstitucional que la búsqueda de autocorrección sea una razón suficiente para establecer sistemas normativos que son contrarios a la Carta Magna, pues el hecho de que un contribuyente extinga su obligación fiscal mientras se encuentra sujeto a revisión por parte de la autoridad fiscal, no quiere decir que los contribuyentes cumplidos no quieran contribuir al gasto público mediante un sistema justo y eficiente.

58. Incluso, validar esa hipótesis implicaría perjudicar a contribuyentes que cumplen a cabalidad con la contribución al gasto público, dado que existe presunción de cumplimiento al no estar sujeto a facultades de comprobación, cuestión que la quejosa acredita con la constancia de cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. EL PRECEPTO RECLAMADO TRANSGREDE DICHOS DERECHOS AL GENERAR INCERTIDUMBRE

COMPENDIO DE LOS ARGUMENTOS

59. En el cuarto concepto de violación la quejosa arguye, en síntesis, que el numeral impugnado establece de forma arbitraria, sin motivación o fundamentación alguna el trato diferenciado entre quienes se encuentran en las mismas circunstancias para acceder al nuevo sistema de compensación y establece regulaciones con poca claridad.

60. Que en la exposición de motivos la única justificación que el legislador propuso para acceder al beneficio es que la autoridad fiscal observó que los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales afrontaban problemas de liquidez.

61. No obstante lo expuesto, no se analizó la base de contribuyentes que también tiene los mismos problemas de flujo de efectivo para el pago de sus contribuciones, a los cuales inconstitucionalmente excluyó del acceso al nuevo sistema de compensación contenido en el artículo 23 del CFF.

62. Por tanto, al no considerar a toda la base de contribuyentes para determinar el momento de acceso al régimen mencionado, también deja en estado de indefensión a los gobernados que se encuentran en el régimen general de compensación vigente desde el ejercicio fiscal de dos mil veinte.

63. Del artículo reclamado no se advierte cuál será el procedimiento que la autoridad fiscal seguirá para determinar el monto susceptible de compensar y parece que tendrá un "cheque en blanco" para decidir arbitrariamente cuál es el monto que considera como pago.

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. EL ARTÍCULO RECLAMADO TRANSGREDE DICHOS PRINCIPIOS

COMPENDIO DE LOS ARGUMENTOS

64. En el concepto de violación quinto la quejosa esgrime, fundamentalmente, que la medida contenida en el numeral tildado de inconstitucional no resulta ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido por su creador.

65. Pretender establecer un régimen de compensación con la subjetividad con la que lo regula el dispositivo combatido, es decir, creando un tratamiento inequitativo, discriminatorio y sin existir ningún análisis de las circunstancias análogas en que se encuentran los contribuyentes, resulta ser una medida no objetiva constitucionalmente hablando, en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

66. Luego entonces, si se ha demostrado a cabalidad que la medida es totalmente excesiva e inconstitucional desde esta perspectiva de ninguna manera se trata de una finalidad objetiva y constitucionalmente válida.

67. Así, la exclusión de contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, sin realizar un análisis de los beneficios y la posición en que se encuentran los gobernados que hayan generado saldos a favor, no es una medida idónea.

68. Lo anterior, porque ambos contribuyentes son acreedores en la relación jurídico-tributaria que se encuentran en una circunstancia similar al generar un saldo a favor, aunado a que, es lógico concluir que ambos enfrentan problemas de liquidez ante la realidad económica post pandemia que enfrenta el país.

69. La medida contenida en el precepto reclamado no persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues parte de premisas equivocadas, al pretender solucionar un problema para ciertos contribuyentes, estableciendo excepciones perjudiciales para otros que se encuentran en las mismas circunstancias.

70. A efecto de comparar alternativas al precepto reclamado, cabe señalar que en el CFF ya existe una posibilidad de otorgar una opción a los contribuyentes que afronten problemas de liquidez para el pago de las obligaciones fiscales, pues el artículo 66 de dicho ordenamiento regula la opción de solicitar a la autoridad fiscal el diferimiento del pago de contribuciones para ser saldado en parcialidades en un plazo determinado, por lo que ya existían medidas alternativas idóneas.

71. El artículo 23 del CFF establece medidas desproporcionadas dado que generan un trato desigual y, por tanto, son violatorias del principio de proporcionalidad tributaria, legalidad y certeza jurídica, y de los derechos de no discriminación y progresividad previstos en el artículo 1 de la Constitución.

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

72. Los conceptos de violación devienen inoperantes.

73. Para arribar a la anterior conclusión, en principio, es útil acudir a lo dispuesto en el precepto reclamado, el cual establece lo siguiente:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2019)

"Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32392-28d83acd/compensacion-el-articulo-23-parrafos-sexto-a-decimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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