Corpus
Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD FISCAL NO ESTÁ OBLIGADA A VERIFICAR QUE EL CONTRIBUYENTE ES EL TITULAR DE LA CUENTA CLABE PROPORCIONADA EN LA DECLARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 327/2023. · Registro digital (IUS): 32489
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo II, Pág.2007.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 327/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

El problema jurídico que debe resolver esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en determinar si, en el contexto de una devolución automática de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta, la autoridad fiscal tiene la obligación de verificar que la cuenta CLABE proporcionada en la declaración esté registrada a nombre del contribuyente que presentó la solicitud.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el citado órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo directo 179/2023 y el diverso emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito en el juicio de amparo directo 44/2022.

2. Admisión y trámite de la denuncia. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 327/2023.

3. Asimismo, admitió a trámite la denuncia respectiva; determinó que la competencia del asunto corresponde a la Segunda Sala de esta Suprema Corte; lo turnó para su estudio al Ministro Luis María Aguilar Morales y, entre otras cosas, solicitó a los órganos contendientes que remitieran las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados e informaran si se encontraban vigentes.

4. Vigencia del criterio y avocamiento. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte instruyó el avocamiento del asunto y requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran sobre la vigencia de los criterios que adoptaron.

5. Una vez que los órganos colegiados informaron que los criterios sostenidos continúan vigentes, por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés el Presidente de la Segunda Sala ordenó la remisión de los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de criterios en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023 modificado por instrumento de diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que los órganos contendientes pertenecen a regiones distintas y se pronunciaron sobre un tema relativo a la materia administrativa.

II. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(4) en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la denuncia fue formulada por el Magistrado Presidente de uno de los criterios en contienda, a saber, el juicio de amparo directo 179/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. Para estar en aptitud de determinar si existe la presente contradicción de criterios, indefectiblemente deben examinarse las ejecutorias que en ella contienden y, para ello, únicamente se resaltarán los hechos y consideraciones que para dicha finalidad resultan relevantes.

9. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito al resolver el amparo directo 44/2022.

A. Antecedentes relevantes

- Solicitud de devolución. ********** solicitó la devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. Mediante resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la autoridad fiscal negó la devolución al señalar que previamente ya se había autorizado y depositado la devolución del saldo a favor solicitado.

- Denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ********** presentó denuncia en contra de quien resultara responsable por el uso indebido de su Registro Federal de Contribuyentes y su contraseña, dado que una tercera persona (diferente a la contribuyente) presentó la declaración del ejercicio fiscal dos mil veinte y solicitó la devolución del saldo a favor resultante.

- Juicio de nulidad. De manera paralela, el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno demandó la nulidad de la resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno en la que el Jefe del Departamento de la Subadministración Desconcentrada de Auditoría Fiscal "1" de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1", negó la devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte.

Previo desahogo de los trámites procesales correspondientes, el once de enero de dos mil veintidós, la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.

- Demanda de amparo directo. Inconforme, la actora promovió demanda de amparo directo en la que, para lo que interesa destacar, sostuvo que la sala responsable no tomó en cuenta que en el juicio de nulidad se presentó la denuncia formulada con motivo de la usurpación de identidad de la que fue víctima, en la que informó que diversa persona presentó su declaración y solicitó la devolución del saldo a favor de una cuenta que no se encuentra a su nombre, sin tomar en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 22 y 22-B del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.3.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal, era obligación de la autoridad verificar que la cuenta proporcionada se encontraba a nombre de la contribuyente, así como requerir en caso de advertir algún error en los datos proporcionados.

B. Ejecutoria contendiente

- El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito concedió el amparo a la quejosa con base en las siguientes consideraciones:

Contrario a lo que la sala responsable determinó y sin desconocer la responsabilidad del contribuyente respecto del cuidado y uso de la firma electrónica y contraseña, lo cierto es que no puede soslayarse el imperioso deber que tienen las autoridades fiscales de constatar que la devolución sea realizada efectivamente al acreedor tributario; toda vez que tal autoridad cuenta con un cúmulo amplio de facultades fuertes que le permiten conocer la información bancaria del contribuyente.

Existe un doble deber. Por un lado, el del contribuyente de proteger debidamente sus archivos digitales para evitar que se haga mal uso de ellos y, por otra parte, el de la autoridad fiscal, quien no puede alegar inexperiencia o falta de medios jurídicos y tecnológicos para asegurarse que las devoluciones se efectúen realmente a quienes se les adeudan y no a terceros.

A fin de generar certeza se han aprovechado los avances de la ciencia y la tecnología en tanto que brindan instrumentos que permiten garantizar la identidad de los sujetos, así como la exteriorización de su voluntad con el fin de generar actos jurídicos con consecuencias tributarias.

Entre esas herramientas se encuentra la firma electrónica avanzada del contribuyente o de otras que autoricen las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general; firma que es capaz de: a) sustituir a la firma autógrafa; b) garantizar la integridad del documento, y; c) producir los mismos efectos que las leyes le otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Además, en términos de los artículos 17-I y 17-J, del Código Fiscal de la Federación, la integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o con sello digital, son verificables mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del auto. Acorde con ello, el titular de un certificado emitido por el Servicio de Administración Tributaria tiene, entre otras, la obligación de actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma, así como la de solicitar su revocación ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma. Por ello, el titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente con tales obligaciones.

A pesar de este deber de cuidado a cargo del contribuyente, lo cierto es que tratándose de declaraciones de impuestos en los que pueda existir un saldo a favor del contribuyente, ese deber es bilateral puesto que la autoridad también está obligada a cerciorarse de que la devolución llegue al verdadero acreedor, bajo el riesgo de incurrir en doble pago.

Los artículos 22, 22-B y 32-B, del Código Fiscal de la Federación permiten establecer que si la autoridad fiscal tiene diversas atribuciones que le permiten conocer cada detalle de las operaciones bancarias que realiza el contribuyente, con mayor razón tiene el deber de realizar el mínimo esfuerzo para cotejar que la cuenta bancaria señalada para la devolución sea de la titularidad del declarante.

Por un lado, el artículo 22 ordena literalmente que la devolución debe efectuarse a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución; de ahí que dicho precepto, en su primer párrafo, se erija como el fundamento de la obligación de la autoridad de constatar que la devolución realmente se materialice en favor del titular del derecho sustantivo.

Tan es así que el sexto párrafo de ese precepto le impone a la autoridad la obligación de requerir al contribuyente cuando existan errores en los datos contenidos en la solicitud de la devolución, entre los que se encuentran, los datos de la institución integrante del sistema financiero y "el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución". Así, la autoridad está obligada a constatar que todos los datos aportados por el contribuyente sean correctos.

Particular importancia tiene el análisis del párrafo séptimo del precepto, en tanto que menciona que la solicitud de devolución, para el caso de depósito en cuenta, debe incluir los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera, debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Sobre ello, debe observarse que el solicitante de la devolución no tiene derecho a designar otro lugar de depósito que no sea una cuenta del propio contribuyente; habida cuenta que de esa manera la autoridad tiene la posibilidad de constatar la veracidad de la información que le es aportada.

Incluso en ese mismo párrafo se recalca que para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con ésta.

No resulta aceptable otra forma de entender esa facultad de requerir al contribuyente datos, informes o documentos, si no fuera porque la autoridad fiscal tiene la prerrogativa y obligación de constatar la veracidad de todo lo que le es declarado; dentro de lo cual no existe motivo razonable para sostener que no está obligada a constatar que la cuenta bancaria esté a nombre del contribuyente.

La misma lógica rige para el artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación ya que si bien se impone al contribuyente el deber de proporcionar en su solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta, lo cierto es que la norma no consigna que ese deber sea unilateral. Por el contrario, impone también para la autoridad la obligación de constatar que esa designación sea correcta.

En términos del tercer párrafo de dicho precepto, el plazo para la devolución se suspende, entre otros supuestos, cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por inexistencia de la cuenta, su cancelación, o bien, cuando el número de cuenta proporcionado sea erróneo, sin que la norma distinga sobre distintos tipos de error, por lo que puede recaer sobre cualquier aspecto, como el número o el titular de la cuenta.

Finalmente, el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, no deja duda de la obligación a cargo de la autoridad fiscal, pues en su fracción IV se obliga a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a proporcionar la información de las cuentas, entre otro tipo de información, en los términos en que lo soliciten las autoridades fiscales.

Además, en su segundo párrafo se faculta al Servicio de Administración Tributaria para solicitar directamente a las entidades financieras la información mencionada, cuando la petición que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren, entre otros, el artículo 22, el cual constituye el fundamento para la devolución de impuestos.

En el caso, la Sala responsable sostuvo que en atención a lo previsto en diversos preceptos del Código Fiscal, en relación con las reglas 2.2.1 y 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno (relativos a la firma electrónica avanzada y contraseña) es responsabilidad del contribuyente acceder a la plataforma digital que el Servicio de Administración Tributaria pone a su disposición, así como utilizar los elementos digitales necesarios para presentar la información y datos que el sistema requiere a fin de identificarse como la persona interesada y estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, entre ellas, la declaración de impuestos. Asimismo, indicó que el artículo 17-J del Código Fiscal de la Federación impone como obligación del contribuyente cuidar el uso correcto del certificado digital y solicitar la revocación del mismo ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma, lo cual conlleva a la responsabilidad sobre las consecuencias jurídicas por no cumplir con dichas obligaciones; por tanto, si el acceso a la plataforma digital se efectúa con las claves y contraseñas del contribuyente para presentar la declaración de impuestos, debe entenderse que lo hace directamente el interesado, porque se emplean sus elementos digitales de identificación personal.

Por tanto, la responsable concluyó que la información presentada fue proporcionada por la aquí quejosa, al no haber demostrado que algún tercero suplantara su identidad, y abundó que incluso al presentar la declaración el sistema solicita completar el campo en el que bajo protesta de decir verdad se acepta que la contribuyente es la titular de la cuenta bancaria, el cual constituye el elemento de confirmación implementado por la autoridad para asegurarse de que la persona que efectúa el trámite proporciona la cuenta bancaria del directamente interesado; en consecuencia, declaró la legalidad de la resolución impugnada.

Sin embargo, como lo refiere la quejosa, la seguridad exigida para las operaciones tributarias no es unilateral pues no sólo el contribuyente tiene el deber de hacer lo propio para evitar que los instrumentos digitales sean utilizados indebidamente sino que también la autoridad fiscal tiene tantos deberes como prerrogativas que le obligan a obrar con el cuidado y cautela necesarios para evitar que se cometan actos en perjuicio de los sujetos obligados, de conformidad con los artículos 22 y 32-B del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, aun cuando la contribuyente no ofreció más prueba que la denuncia penal que presentó con motivo del robo de su identidad, ello no exime a la autoridad fiscal de cumplir con el deber-facultad de consultar con las instituciones bancarias que los datos aportados sean correctos, entre otros, la información de las cuentas, pues resultaría del todo inequitativo sostener que sólo el contribuyente debe sufrir las consecuencias por el uso indebido de su firma electrónica o contraseña, de modo que el incumplimiento de la autoridad obligue a hacerle responsable por el pago realizado a favor de una persona distinta del contribuyente.

Máxime si se toma en consideración que, como ha sido reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el desarrollo de las diversas tecnologías de la información enfrentan desafíos cibernéticos en su funcionamiento, lo cual provoca que los usuarios de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria enfrenten dificultades en relación con el acceso no autorizado a éstos, lo cual puede evitarse en muchos casos si la autoridad fiscal cumple con el deber-facultad de consultar con las instituciones bancarias que los datos aportados por el solicitante de la devolución sean correctos, entre otros, la información de las cuentas, como lo disponen los artículos 22 y 32-B del Código Fiscal de la Federación.

Además, debe tomarse en cuenta que la manifestación de la actora en el sentido de no ser la titular de la cuenta bancaria a la que refiere se realizó la devolución encierra un hecho negativo que no podría ser susceptible de probarse por aquélla; aunado a que la autoridad demandada se encontraba en posibilidad de desvirtuar dicha afirmación pues así como adjuntó constancias de consulta respecto de depósitos realizados a la cuenta en la que aparece como titular la contribuyente quejosa, también pudo exhibir las relativas al depósito por devolución realizado a la cuenta bancaria respecto de la cual la peticionaria de amparo manifestó no ser titular desde la demanda de nulidad.

10. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo 179/2023.

A. Antecedentes relevantes

- Solicitud de devolución. ********** ingresó al sistema para enviar su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno así como para solicitar la devolución del saldo a favor que resultara; sin embargo, en su demanda sostuvo que se percató que la declaración ya se encontraba enviada e incluso solicitada la devolución, para lo cual se señaló una cuenta de la que refirió no ser titular. Por tanto, manifestó acudir ante el Servicio de Administración Tributaria para solicitar la revocación del certificado digital de su firma electrónica.

- Denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, ********** presentó denuncia por el probable delito de suplantación de identidad. - Solicitud de devolución. El quince de agosto de dos mil veintidós, el interesado volvió a presentar solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Mediante resolución de dos de septiembre de dos mil veintidós, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" del Servicio de Administración Tributaria autorizó parcialmente la devolución de saldo a favor de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno y la negó por diversa cantidad con motivo de una supuesta autorización de devolución en el programa de devoluciones automáticas.

-Juicio de nulidad. Inconforme, el interesado demandó la nulidad de la referida resolución de dos de septiembre de dos mil veintidós.

Previo desahogo de los trámites procesales correspondientes, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada.

- Demanda de amparo directo. Inconforme, el actor promovió demanda de amparo directo, en la que sostuvo, medularmente, que la sentencia reclamada resultaba contraria a diversos preceptos constitucionales y legales, toda vez que la autoridad fiscalizadora no cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, ya que no corroboró a quién correspondía la cuenta en la que se realizó el pago de salvo a favor y era claro que la cuenta no estaba a su nombre.

B. Ejecutoria contendiente

El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito negó el amparo al quejoso con base en las siguientes consideraciones:

1. Carga de autoridad hacendaria

De los artículos 22 y 22-B del Código Fiscal de la Federación se desprende que es obligación a cargo del contribuyente proporcionar en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta para transferencias electrónicas debidamente integrado, para efecto de que la autoridad fiscal efectúe la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente que la solicita, esto es, en la cuenta CLABE proporcionada por el propio contribuyente que solicita la devolución.

Sin que de manera alguna se disponga en tales preceptos que la autoridad fiscal deba verificar que la cuenta CLABE proporcionada por el contribuyente que solicita la devolución, se encuentre a nombre de éste.

Ciertamente, en la parte final del artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación, se regulan los casos en que se suspenderá el plazo de cuarenta días para efectuar la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente, entre otros, cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser ésta inexistente o haberse cancelado o cuando el número de la cuenta proporcionado por el contribuyente sea erróneo (exista un error numérico en la cuenta CLABE, por ejemplo, que no se componga de dieciocho dígitos o uno de los números sea incorrecto) esto es, exista un rechazo a efectuar el depósito por parte de la institución bancaria; sin embargo, tales hipótesis son diversas a la que se actualiza en el presente asunto, en tanto quedó demostrado que sí se realizó el depósito en la cuenta CLABE proporcionada en la respectiva declaración, en la que se optó por la devolución automática del saldo a favor.

Por tanto, de la interpretación de dichos preceptos se deriva que la autoridad fiscal no tiene la obligación de verificar que la cuenta CLABE proporcionada por el contribuyente que solicita la devolución se encuentre a su nombre.

Misma conclusión se adopta en cuanto al sentido y alcance de dichos artículos del Código Fiscal de la Federación, a través de la interpretación sistemática en relación con la regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil veintiuno, debido a que las normas y regla en comento regulan el procedimiento para la devolución de cantidades pagadas indebidamente o por saldo a favor, mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente y expresamente prevén lo siguiente.

Por un lado, la obligación del contribuyente solicitante de proporcionar el número de su cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas debidamente integrado (a dieciocho dígitos CLABE), a su nombre, así como la denominación de la institución integrante del sistema financiero a la que corresponda dicha cuenta, en el entendido que la cuenta CLABE que el contribuyente seleccione o captura se considerará que es la que reconoce de su titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la devolución respectiva.

Y, por otra parte, la obligación a cargo de la autoridad fiscal, en caso de que proceda la devolución, de depositar el importe autorizado en el número de cuenta proporcionado por el contribuyente.

Sin que de dichas normas se derive, ni siquiera de una interpretación conjunta, que la autoridad fiscal debe verificar que la cuenta bancaria CLABE proporcionada por el contribuyente solicitante se encuentre a nombre de éste, lo que se justifica al tratarse de una solicitud de devolución automática, vía internet.

De esta manera, como lo resolvió la responsable, ni en los artículos 22 y 22-B del Código Fiscal de la Federación ni en la Regla Miscelánea 2.3.2 invocada, se establece de manera expresa la obligación de la autoridad de verificar, antes de proceder a la transferencia electrónica del saldo a favor, que la cuenta proporcionada, efectivamente corresponde al contribuyente que solicitó la devolución automática; de ahí que, contrario a lo alegado por el quejoso, la autoridad hacendaria no tiene la carga de demostrar que llevó a cabo tal verificación.

2. Facultades para requerir al contribuyente para aclarar datos y exhibir documentación.

Por otro lado, deben desestimarse los argumentos del quejoso en los que sostiene que la autoridad contaba con facultades para requerirlo de advertir errores en los datos contenidos en la solicitud, pues parten de la premisa de que la autoridad debió advertir algún error en los datos proporcionados, lo que es inexacto, porque el depósito se realizó en la cuenta CLABE proporcionada en la declaración respectiva, en la que se optó por la devolución automática del saldo a favor.

En segundo lugar, porque no son idóneas para controvertir de manera directa y frontal la sentencia de la responsable, en la que se determinó que en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no existía obligación de la autoridad fiscalizadora para requerir al contribuyente a fin de que aclarara los datos contenidos en la declaración, puesto que el procedimiento optado por la parte actora no derivaba de una solicitud de devolución efectuada a través de la forma oficial establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino del trámite establecido en el Sistema Automático de Devoluciones que se rige por sus propias reglas, de suerte que, al no intervenir de manera directa la autoridad fiscal, dado que la devolución se gestionó directamente en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria sin requerir de un proceso de solicitud de devolución ante la autoridad, no resultaba aplicable aquél precepto jurídico, pues el contribuyente optó por una facilidad administrativa en la que permite agilizar su devolución.

Sin embargo, el quejoso se limita a insistir genéricamente que se le debió requerir en los términos apuntados independientemente de la forma en que se solicitara la devolución del saldo a favor, con lo que no se superan las razones expuestas por la responsable, en el sentido de que en la devolución automática no existe obligación de la autoridad para requerir al contribuyente a fin de que aclare los datos proporcionados, dado que esa facilidad administrativa se rige por sus propias reglas.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

11. En principio, resulta oportuno puntualizar que, por contradicción de criterios, debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, con independencia de que existan diferencias en las cuestiones fácticas que lo generaron, siempre que éstas no incidan en el punto jurídico analizado.(5)

12. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

13. Para corroborar, entonces, la existencia de una contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, pero sí distintas y discrepantes.

14. Por ende, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, y no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de criterios sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32489-0a640a69/devolucion-automatica-de-saldo-a-favor-del-impuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.