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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA CONSEJERA QUE PRESIDA EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XI. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INSTITUTO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES..."). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INSTITUTO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIM

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 295/2023. · Registro digital (IUS): 32533
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-21
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo II, Pág.2205.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 295/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 24 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6174 (seis mil ciento setenta y cuatro), de fecha ocho de marzo de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 295/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro) mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos otorgó una pensión por jubilación a Juan Antonio Valdez Rodríguez con cargo al presupuesto del órgano actor.

2. Preceptos constitucionales violados. El Instituto actor señaló los artículos 16, 17, 49, 116, 123, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 23, fracción V, 83 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto actor formula los siguientes argumentos:

Con la emisión del decreto impugnado el Congreso local transgrede los principios de independencia, autonomía presupuestal y de gestión, ya que:

• Obliga al Instituto actor a realizar el pago de una pensión con cargo a su presupuesto sin haberlo contemplado previamente, es decir, sin haber otorgado los montos necesarios para cubrir el pago y sin determinar o referir una partida para el pago de esta. Además, determina el pago de pensiones cuando ya ha entrado en vigor el presupuesto de egresos aprobado previamente.

• Emitió el Decreto impugnado incumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación.

• Incumplió con los efectos precisados en la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el expediente RA 139/2022.

4. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 295/2023. Posteriormente, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Admisión. El Ministro Instructor admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro) y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.

6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte, el Presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado contestó la demanda interpuesta en su contra.

7. Cierre de la instrucción. El Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

8. Avocamiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.

I. COMPETENCIA

9. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 5/2013,(6) de trece de mayo de dos mil trece al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

11. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

12. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que -en esencia- el Instituto actor se duele de que el Poder Legislativo haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni haberle concedido participación alguna.

13. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 3o. del Decreto 754 (setecientos cincuenta y cuatro) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte lo fija como acto objeto de la presente controversia.(8)

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a este Alto Tribunal copia del Decreto 754 (setecientos cincuenta y cuatro) por el que se concede pensión por jubilación a Juan Antonio Valdez Rodríguez.

16. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(9) aplicado de manera supletoria, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

IV. OPORTUNIDAD

18. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(10) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

19. En este caso el acto impugnado es el decreto 754 (setecientos cincuenta y cuatro) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6174 (seis mil ciento setenta y cuatro) el ocho de marzo de dos mil veintitrés.

20. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en virtud de que el Instituto actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.

21. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del nueve de marzo al veintiséis de abril de dos mil veintitrés(11) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(12) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el diecisiete de abril de dos mil veintitrés.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. La demanda fue presentada por parte legítima.

24. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política de Morelos, es un organismo constitucional autónomo(13) y, por tanto, uno de los entes señalados en la fracción I del artículo 105 constitucional, legitimados para promover una controversia constitucional.

25. Por su parte, el artículo 79, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos(14) atribuye al Consejero Presidente del Instituto Morelense actor, la facultad de representarlo legalmente.

26. En el presente caso, la controversia constitucional fue suscrita por Mireya Gally Jordá, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, calidad que se le reconoce en el acuerdo de designación de dieciséis de abril de dos mil veintiuno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

27. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante.

28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(15) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.

30. En el presente caso, los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

31. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.

32. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(16) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(17) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

33. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejera Jurídica,(18) quien conforme el artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(19) y el "acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5697, tiene facultades de representación.

34. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, quien conforme al artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(20) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

35. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.

36. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

37. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.

38. El Poder Ejecutivo local señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para hacer cumplir éstas, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.

39. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado, pues, como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.

40. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(21) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."(22)

41. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede realizar el estudio de fondo.

42. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

43. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto impugnado, por el que el Congreso del Estado de Morelos concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de la entidad federativa, con cargo a su presupuesto sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía presupuestal (en el grado más grave de subordinación), previsto en el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(23)

44. El Instituto actor en su demanda aduce, en concreto, que el decreto impugnado vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestaria consagrada en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que al otorgar una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto le impone una carga económica que no le corresponde por no haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación impuesta.

45. Así, a fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al accionante, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones.

46. Al resolver las controversias constitucionales 126/2016,(24) 226/2016(25) y 187/2018,(26) la Segunda Sala de este Alto Tribunal puntualizó los principios bajo los que funciona el sistema de pensiones en Morelos, determinando que los trabajadores de ese Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Así, a efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.

47. Aunado a lo anterior, los trabajadores del Estado de Morelos también tienen derecho a gozar de otra pensión (por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte) que se otorga mediante decreto que expide el Congreso estatal, una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil para ese efecto.

48. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos poderes.

49. En ese sentido, el Congreso del Estado de Morelos ha otorgado diversas pensiones con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que han sido objeto de múltiples controversias constitucionales [75/2021(27) y 190/2022,(28) entre otras], en las que se ha determinado declarar la invalidez parcial de los decretos impugnados, por transgredir el principio de división de poderes, al disponer de los recursos que corresponden al mencionado Instituto, vulnerando su autonomía de gestión presupuestaria.

50. Lo anterior, toda vez que el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que el principio de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente o que se cause una afectación al principio democrático o a los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Suprema.

51. Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 52/2005, de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(29)

52. En ese sentido, este Alto Tribunal ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos, a saber:

a) no intromisión,

b) no dependencia, y;

c) no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros.(30)

53. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes y se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.

54. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un Poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.

55. Mientras que la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un Poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del Poder subordinante.

56. En relación con lo anterior, es menester indicar que al resolver la controversia constitucional 31/2006,(31) el Pleno de este Alto Tribunal determinó que el principio de división de poderes y las prohibiciones que conlleva son aplicables a los casos en los que intervengan órganos constitucionales autónomos, ya que éstos se han venido generando en el orden jurídico nacional, otorgándoseles expresamente funciones específicas, quedando así atrás la tradicional división tripartita de poderes. Ello en virtud de que, por su naturaleza constitucional autónoma, este tipo de órganos no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales, pero no por ello pueden quedar indefensos ante cualquier probabilidad de invasión en su esfera de competencias.

57. Precisado lo anterior, corresponde analizar el concepto de invalidez planteado, relativo a que el Decreto impugnado vulnera la independencia y la autonomía presupuestaria del Instituto accionante, toda vez que se otorga una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin transferirle los recursos económicos suficientes para cumplir la obligación. 58. Al respecto, conviene precisar que mediante Decreto 5201 (cinco mil doscientos uno) publicado el treinta de junio de dos mil catorce, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se constituyó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana como organismo constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones y carácter permanente, en términos del artículo 63, párrafo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.(32)

59. No obstante lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos, mediante el decreto impugnado, concedió pensión por jubilación a una persona trabajadora, lo que dispuso fuera con cargo al presupuesto del Instituto actor.

60. De ahí, que esta Segunda Sala considera que tal Decreto emitido por el Congreso local, en efecto, lesiona la independencia del Instituto electoral actor en el grado más grave (subordinación) y, por ende, transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de él, el Poder Legislativo dispone de los recursos presupuestales de otro órgano sin que le haya otorgado ningún tipo de participación y sin que haya generado, de manera previa, las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para que el Instituto actor pudiera hacer frente a esa carga.

61. No pasa inadvertido que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, al contestar la demanda manifestó que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" se publicó el Decreto número 579 (quinientos setenta y nueve), por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, señalando que al Instituto Morelense actor se le hizo una asignación de $212'595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional), y que en aquél se estableció que dentro de los presupuestos asignados a los entes públicos, se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago a jubilados y pensionados, por lo que estima que el Instituto accionante sí cuenta con los recursos para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores, como en el caso.

62. Sin embargo, ello no acredita por sí que, en el caso, el Congreso de esa entidad transfirió los recursos económicos específicos para que la accionante cumpla a cabalidad con la obligación impuesta con motivo del Decreto aquí impugnado, como tampoco que aquellos resultaren efectivamente suficientes para tal efecto.

63. Máxime que, como se ha sostenido a lo largo de la presente sentencia, la inconstitucionalidad del artículo impugnado tiene su origen en la violación al principio de división de poderes, puesto que el Congreso ejerció, de facto, una acción de subordinación, siendo que el Instituto actor, como órgano constitucional autónomo, es el único facultado para administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, por lo que la injerencia en tales atribuciones representa una violación a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

64. Por todo lo expuesto, resulta fundado el concepto de invalidez planteado por la parte actora y, por ende, se declara la invalidez parcial del Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro), publicado el ocho de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6174 (seis mil ciento setenta y cuatro), por el que se concede una pensión por jubilación a Juan Antonio Valdez Rodríguez, exclusivamente en la porción del artículo 3 que indica:

"... y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Instituto que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones..."

65. Con sus matices, en cuanto a la problemática de fondo, esta Segunda Sala ha resuelto las controversias constitucionales 115/2022,(33) 196/2022(34) y 229/2022,(35) aprobadas por unanimidad de votos, respectivamente, el ocho de marzo, veintiséis de abril y veintiuno de junio, todas de dos mil veintitrés.

66. Finalmente, como ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de invalidez planteados.(36)

67. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

IX. EFECTOS

68. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las que opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.

69. Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro), por el que se concede pensión por jubilación a Juan Antonio Valdez Rodríguez, publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6174 (seis mil ciento setenta y cuatro) del Estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 3o. que indica:

"... y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Instituto que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones..."

70. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la persona trabajadora pensionada y que no son materia de la invalidez determinada en la presente controversia, por lo que el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:

• Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y

• A fin de no lesionar la independencia del Instituto actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal, deberá establecer de manera puntual:

a) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o

b) En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación concedida a Juan Antonio Valdez Rodríguez, mediante el Decreto número 754 (setecientos cincuenta y cuatro).

71. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.

72. Por otra parte, esta Segunda Sala de la Suprema Corte advierte que en los últimos años ha resuelto cientos de precedentes en los mismos términos que esta controversia constitucional.

73. En todos, acudió como parte actora un Poder u Órgano Constitucional Autónomo del Estado de Morelos impugnando del Congreso local la emisión de un decreto que le otorgaba la pensión a una persona trabajadora de la parte actora. Las resoluciones han favorecido a la parte actora, estimando que los decretos del Congreso del Estado de Morelos por los que se otorgan pensiones a personas trabajadoras con cargo al presupuesto de otros Poderes u Órganos Constitucionales Autónomos sin que previamente les haya transferido los fondos necesarios para cubrir con la obligación, son inconstitucionales por vulnerar su independencia (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.

74. Con todo y que esta Segunda Sala ha sido consistente en invalidar los decretos emitidos por el Congreso de Morelos, éste insiste en subordinar a los Poderes y Órganos Constitucionales Autónomos emitiendo nuevos decretos de pensiones sin previamente transferir los fondos necesarios para cubrir con la obligación; por lo que, a partir de este momento, se le ordena al Congreso del Estado de Morelos que en futuras ocasiones en las que haciendo uso de su facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgue pensiones a trabajadores de dicho Estado, deberá establecer expresamente en el decreto de pensión lo siguiente:

a. Qué poder del Estado u órgano se hará cargo del pago de la pensión respectiva y,

b. En caso de ser otro Poder o entidad o, en este caso, incluso el propio Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, el Congreso del Estado de Morelos, de acuerdo con la competencia que le es inherente, de manera inmediata y de forma efectiva e ineludible, deberá girar la orden a la autoridad competente para que transfiera al Poder o entidad encargada del pago los recursos económicos necesarios y suficientes para cumplir con la obligación en cuestión, así como especificar que se transfieren para cubrir la pensión concedida a esa determinada persona, mediante el Decreto impugnado, cuya vigencia ha quedado firme.

75. Lo anterior, en el entendido de que la parte actora en el presente asunto, al remitir su propuesta de presupuesto de egresos, deberá contemplar una partida especial para cubrir los pagos correspondientes a sus personas trabajadoras pensionadas, en tanto tiene conocimiento de las necesidades presupuestales en ese rubro; y, por su parte, el C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32533-bdb0704b/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-procesos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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