CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO SE BASA EN EL CONTRATO MERCANTIL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA MODALIDAD POSPAGO, SE ACTUALIZA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN EL RECURSO DE REVISIÓN CUANDO AL RECLAMARSE EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, SE SOBRESEE EN EL JUICIO POR ESTIMAR QUE NO SE APLICÓ ESE PRECEPTO, SINO ÚNICAMENTE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 333/2023. 20 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: JOSUÉ RODOLFO BERISTAIN CRUZ.
CONSIDERANDO:
1. CUARTO. ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO. Los motivos de agravio, en síntesis, consisten en lo siguiente:
a) El órgano de amparo basó su decisión en que no existía afectación al no acreditarse el primer acto de aplicación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica impugnado.
En ese sentido, cortar el servicio sin necesidad de requerir la intervención previa de autoridad alguna encontró sustento en dicho precepto, lo que incluso fue informado en forma verbal por el empleado de Comisión Federal de Electricidad.
De igual manera, que la responsable no se pronunció sobre la aplicación del precepto impugnado, no implica que no se acreditó su aplicación.
Además, es notorio que en constancias, el promovente del juicio sufrió el corte de energía eléctrica y se efectuó sin previo aviso ni documentación, aunado a que el artículo impugnado permite ese actuar.
Por ello, tratándose de amparo contra leyes, cuando se deba analizar el primer acto de aplicación, no se tomó en consideración que no se pudo acreditar por medio de convicción alguno, pues fue informado en forma verbal.
Tal circunstancia debió contrastarse con los informes justificados para una debida fundamentación y motivación en valoración de pruebas y alegatos, tan es así que, las autoridades responsables debieron negar o aceptar los hechos, situación que no ocurrió.
b) El órgano de amparo señaló que las autoridades no tenían ese carácter para efectos del juicio de amparo.
No obstante, dentro de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 198/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una serie de excepciones, entre ellas, cuando se reclame la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales.
Esto es, la precisada Sala refirió supuestos que comprometen derechos humanos en los que puede equipararse a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad para efectos del juicio de amparo, entre ellos, que se promueva el amparo contra leyes por su aplicación.
De igual manera, se determinó que el servicio de energía eléctrica se vincula con el derecho a una vivienda y todo lo que ello implica; así, la Comisión Federal de Electricidad puede equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando sus actos comprometen los derechos humanos protegidos en la constitución y marco convencional.
Dentro de la demanda de amparo, como elemento objetivo consta que el quejoso tildó de inconstitucional el artículo 41 indicado, lo que precisamente provocó la actualización de la excepción establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ello, sostener el criterio del Juzgado de Distrito implicaría nunca actualizar las excepciones señaladas, porque basta alegar la inconstitucionalidad de la norma aplicada para la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Además, la quejosa tenía pagados todos sus consumos bimestrales como se observa de su historial.
Cabe aclarar que el origen del corte fue un ajuste de facturación pero sobre el mismo no se tiene noticia.
Así, en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales que tutelan la garantía de legalidad y seguridad jurídica en relación con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la resolución carece de una debida fundamentación y motivación, aunado a que el deber de las autoridades es actuar conforme a las nomas expedidas con anterioridad al hecho.
En ese sentido, el Juzgado de Distrito sólo puede actuar en el marco legal de la norma y al no hacerlo pasó por alto el contenido del artículo 1o. constitucional.
ANTECEDENTES
1. El presente recurso de revisión deriva de un corte del servicio de energía eléctrica realizado en el domicilio de la quejosa.
2. Dicho acto provocó la sustanciación del juicio de amparo, donde la quejosa se inconformó del corte indicado, así como también impugnó la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.
3. El Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por estimar que, en cuanto a la constitucionalidad de la norma, no se acreditó que el corte de suministro de energía eléctrica se fundó o motivó en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.
4. De igual manera, respecto al corte del suministro de energía eléctrico, se estimó que las autoridades no tenían el carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que su proceder de responsables encontró su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad, se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica.
5. En función de lo anterior, este Tribunal Colegiado procede al estudio de los agravios planteados y el mismo se divide en dos partes.
6. Por un lado, se desestiman los agravios vinculados con el acto reclamado consistente en el corte de suministro de energía eléctrica y en cuanto a la constitucionalidad de la norma se estima fundado con base en suplencia de la queja, como en su momento se expondrá.
ESTUDIO SOBRE IMPROCEDENCIA
AUTORIDAD RESPONSBALE
NO TIENE ESE CARÁCTER
7. Como la quejosa señaló en sus agravios, existe la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica.
8. En efecto, en dicho criterio se analizó que la interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela el suministro de energía de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia.
9. En relación con lo anterior, se consideró que esa actividad no la ejerce en un plano de supra a subordinación, porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime, que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad.
10. Igualmente, se indicó que el corte del suministro en términos del contrato, entre otros, forma parte de la relación comercial, por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil, sin que tal interpretación impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se cuestionen inconstitucionales, se le pueda señalar como autoridad responsable, empero que esa cuestión debe ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.
11. Tales consideraciones dieron lugar a la citada jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
Registro digital: 2016656
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Común, Administrativa, Civil
Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532
Tipo: Jurisprudencia
"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA."
12. Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que la recurrente reclama de CFE Distribución, el corte del servicio de energía eléctrica, del que supuestamente no fue informado.
13. No obstante, la situación contraria se corroboró con el informe justificado rendido por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, ya que anexó documentos vinculados con un aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, así como la propia revisión relativas al ajuste de facturación **********, entre otras pruebas vinculados con esa revisión.
14. Precisamente, dicha revisión encontraba fundamento en lo pactado dentro del contrato mercantil de suministro de energía eléctrica celebrado entre la quejosa y la autoridad responsable precisada.
15. De lo anterior se colige que el corte del suministro de energía se efectuó con motivo de que previamente hubo una visita de verificación y/o revisión del servicio lo cual significa que dicho acto deriva del acuerdo de voluntades que aquélla celebró con la Comisión Federal de Electricidad cuando contrató el servicio, y por tal motivo, con base en el referido criterio jurisprudencial, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
16. Máxime, si se toma en consideración que, de conformidad con lo sustentado por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los actos derivados del contrato de suministro del servicio de energía eléctrica, procede la vía ordinaria mercantil.
17. Apoya lo antes expuesto, por su contenido y alcances jurídicos, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son:
Registro digital: 2015944
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Común, Civil
Tesis: 2a./J. 156/2017 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336
Tipo: Jurisprudencia
"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil."
18. Bajo ese orden de ideas, tampoco se está en alguno de los supuestos de excepción establecidos en dicha ejecutoria, como es el atinente a cuando la suspensión o corte del servicio de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, para considerar a la Comisión Federal de Electricidad, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.
19. Ahora bien, no pasa desapercibido que la quejosa narró dentro de su demanda, circunstancias personales, como lo son su edad; que vive con sus hijos; carece de empleo y se dedica a las labores del hogar y realiza trabajos domésticos, así como la ubicación de su domicilio -a su criterio- en una zona con clase social baja y con los servicios básicos descuidados.
20. No obstante esa manifestación es insuficiente, porque debió anexarse algún estudio socio-económico que corroborase esa situación, porque de lo contrario, cualquier persona pudiera invocar esas circunstancias sin que las mismas sean acordes a la realidad.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA
SUPLENCIA
21. Como ya se adelantó, el concepto de agravio restante resulta fundado en atención a la figura de la suplencia de la queja que opera con fundamento en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se desprende del siguiente criterio jurisprudencial:
Registro digital: 2018980
Instancia: Pleno
Décima Época
Materias(s): Común
Tesis: P./J. 34/2018 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 9
Tipo: Jurisprudencia
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable."
22. No se desconoce que dicho criterio hace referencia al recurso de queja, sin embargo, también resulta aplicable por analogía a la revisión, pues el desechamiento y el sobreseimiento impiden el estudio de fondo.
23. Además, la suplencia de la queja a la cual hace referencia la jurisprudencia citada no opera en forma automática, sino que requiere analizar la existencia de una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso.
24. En el caso, la violación manifiesta de la ley se verifica porque el órgano de amparo no advirtió que las cláusulas quinta y decimoctava del contrato de suministro de energía eléctrica conlleva la aplicación del contenido del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, como se justificará.
25. De igual manera, se afirma que la transgresión dejó sin defensa a la parte quejosa, porque el órgano de amparo recurrido decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin advertir que al estar inmersa en el contrato la norma impugnada de inconstitucional provocaba la actualización de la excepción establecida en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.).
26. A continuación, este Tribunal Colegiado procede a desarrollar el contenido de los párrafos anteriores.
27. La cláusula quinta del contrato de servicio de suministro de energía eléctrica establece los derechos del suministrador y entre ellos la suspensión del servicio cuando se haya actualizado alguna de las hipótesis de la cláusula decimoctava, la cual también reitera la facultad de suspender de manera unilateral y vinculante. Precisamente esta cláusula reproduce el contenido del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, como se pone en manifiesto en la siguiente tabla comparativa:
Ver tabla
28. En esos términos, si bien, en principio, el fundamento de la Comisión Federal de Electricidad fue el contrato de suministro de energía eléctrica, es innegable que este se sustenta en la Ley de la Industria Eléctrica y en específico al artículo tildado de inconstitucional.
29. Es importante precisar que la exacta reproducción del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el contrato de suministro deriva de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad y del procedimiento de emisión del contrato marco de suministro de energía eléctrica.
30. Las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, ya sea Distribución o Suministrador de Servicios Básicos, han sido concebidas como una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo, con la finalidad de poder crear valor económico que incremente los ingresos de la Nación.
31. Con todo, es importante tener presente que las empresas productivas realizan funciones cuya planeación y desarrollo originalmente le corresponden al Estado. Por ende, su operación se rige principalmente por lo establecido en las leyes aplicables, reglamentos y disposiciones respectivas y, de manera residual, en lo no previsto en las normas generales, por el derecho civil y mercantil.
32. Al respecto, este Tribunal considera aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA."
33. También se considera aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/2022 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE FORMALIZAR UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ATRIBUIDA A PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) O A ALGUNA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS."
34. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales deben analizar los contratos que celebran dichas empresas productivas de conformidad con las normas generales que regulan la actividad pública que ejercen, a efecto de identificar que cláusulas "aplican" tales normas y cuales fueron pactadas en función de la libertad contractual propia, del derecho civil y mercantil.
35. Por tanto, lo relevante para determinar si una empresa productiva del Estado aplicó una norma general no es identificar la cita de ésta, esto es, la referencia al artículo o precepto de la norma respectiva, sino advertir que el contenido de alguna de las cláusulas se sustenta en ésta.
36. En otras palabras, a efecto de determinar si las empresas productivas del Estado aplican normas generales, no es necesario que el contrato literalmente haga referencia a la norma o al artículo correspondiente, sino lo relevante es que alguna de las cláusulas reproduzca el contenido de la norma o artículo, porque ello significa que en ese ámbito no existe libertad contractual (propia del derecho civil y mercantil), sino vinculatoriedad a lo establecido por la norma general respectiva.
37. En el caso, la Comisión Reguladora de Energía emite la resolución por la que se expiden las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, las cuales fueran publicadas el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.
38. Dentro de la resolución, en el considerando quinto se hace una referencia expresa a la Ley de la Industria Eléctrica, en específico al artículo 4, donde se establece que, la comercialización de electricidad es de utilidad pública y se sujeta a las obligaciones de servicio público y universal en términos de la propia ley y de las disposiciones aplicables.
39. Con base en lo anterior, ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquel que lo solicite, es un servicio público y universal.
40. Por otro lado, dentro de la misma resolución en su capítulo I se establece que las disposiciones generales se rigen por la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y tendrán como objeto establecer los derechos y obligaciones de los suministradores y de los usuarios finales no participantes del mercado que cuenten con un contrato de suministro.
41. En consecuencia, la cláusula Décima Octava inserta en las disposiciones generales del contrato marco de prestación del servicio de suministro de energía eléctrica materializa lo establecido en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que conlleva su aplicación.
42. Lo anterior pues, como se dijo, en ese apartado, de disposiciones generales, no existe libertad contractual, sino sujeción a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, por lo que invariablemente la cláusula Décima Octava conlleva la aplicación del artículo 41 de dicha norma general.
43. Como se dijo, a efecto de advertir que una norma general se aplicó en los contratos celebrados por empresas productivas del Estado, como Comisión Federal de Electricidad, no es relevante que se citen literalmente las normas o artículos, sino lo importante es que el contenido del clausulado de los contratos reproduzca el de la norma o artículo.
44. Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado concluye que la cláusula Décima Octava del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la quejosa aplica el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que dicha empresa productiva del Estado aplicó tal precepto en perjuicio de la quejosa.
45. En esa medida, se actualiza la excepción establecida en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), consistente en que el juicio de amparo procede cuando se atribuya a la Comisión Federal de Electricidad la aplicación de normas que se consideren inconstitucionales, por lo que se procede a levantar el sobreseimiento en cuanto a la impugnación del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.
46. No obstante, dicho proceder no faculta a este Tribunal Colegiado para que analice la constitucionalidad de la multirreferida norma impugnada.
47. Lo anterior en atención a lo previsto en el Acuerdo General 1/2023, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés.
48. En dicho acuerdo, en el inciso A), fracción III del punto segundo se determinó que el Pleno conservaba para su conocimiento los amparos indirectos en revisión, en los cuales subsistiera la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, en los que no existiera precedente, aunado a que, el análisis de dicha norma implica fijar un criterio de importancia y trascendencia en el orden jurídico nacional.
49. Al respecto, al no existir precedente sobre la norma tildada de inconstitucional y dado que el pronunciamiento puede fijar una criterio importante y trascedente, este Tribunal Colegiado procede a reservar jurisdicción respecto del estudio de constitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
50. Es importante señalar que este Tribunal Colegiado tiene presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el análisis del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica al resolver el amparo en revisión 962/2017, en sesión de quince de enero de dos mil veinte.
51. Sin embargo, se considera que tal precedente no resuelve la presente problemática de constitucionalidad porque, por una parte, la litis constitucional en tal precedente derivó de hechos relevantes distintos a los propios de este recurso; por otra parte, los planteamiento de inconstitucionalidad estribaron en relación a la facultad de revisar el servicio de energía eléctrica y no en torno a la potestad de la Comisión Federal de Electricidad de suspender de forma unilateral y vinculante el servicio de energía eléctrica.
52. En otras palabras, la Segunda Sala del Máximo Tribunal determinó que la orden de verificación de los equipos de medición de energía eléctrica no son actos de autoridad, porque los mismos eran realizados bajo el marco del suministro básico de energía eléctrica, por lo que debían ser entendidos y analizados en virtud del mismo y, por tanto, de naturaleza mercantil.
53. Empero, en el presente asunto el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica relativo al corte del suministro de energía eléctrica, cuestión distinta a la orden de verificación.
54. Por las relatadas consideraciones lo procedente es revocar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en el corte de suministro de energía eléctrica; se levanta el sobreseimiento en relación con la impugnación de la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y se reserva jurisdicción al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se ordena la remisión del asunto al máximo Tribunal.
QUINTO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizado para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado,
RESUELVE:
PRIMERO. Se MODIFICA la resolución recurrida.
SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********** contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero derivados del corte de suministro de energía eléctrica.
TERCERO. Se REVOCA el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo promovido por ********** en contra del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.
CUARTO. Se reserva jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el estudio de constitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.
QUINTO. Remítanse los autos respectivos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Notifíquese personalmente a la parte recurrente; anótese en el Libro de Gobierno, infórmese al Juzgado de Distrito el sentido de esta resolución, remítase la demanda de amparo, la sentencia del Juzgado de Distrito, la notificación de dicha sentencia, el escrito relativo al recurso de revisión, así como la sentencia emitida por este Tribunal Colegiado que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes vía interconexión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su oportunidad, archívese el asunto.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Ciudadanos Magistrados José Manuel De Alba De Alba y María Guadalupe Cruz Arellano, contra el voto particular del Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés. Fue relator el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32615-4431ca9e/corte-del-suministro-de-energia-electrica-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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