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Modo: Corpus Pro

CERTIFICADO DE DERECHOS OFRECIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN SU CARÁCTER DE PATRÓN DEMANDADO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ DEBE ADMINICULARSE CON DIVERSO MATERIAL PROBATORIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 71/2024. · Registro digital (IUS): 32616
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.552.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 71/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIA: CARLA LIVIER MAYA CASTRO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al dos de mayo de dos mil veinticuatro emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios en materia de trabajo 71/2024 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 505/2022, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de igual Circuito y especialización al resolver el amparo directo 815/2020.

2. El problema jurídico materia de la presente resolución consiste en determinar si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tiene o no pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar la antigüedad del trabajador y las interrupciones del vínculo de trabajo.

I. ANTECEDENTES

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio de once de marzo de dos mil veinticuatro, la Jueza de Distrito adscrita al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, denunció la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito al resolver los amparos directos 505/2022 y 815/2020, respectivamente.

4. El catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la registró con el número 71/2024, delimitó de manera preliminar el tema de contradicción, solicitó a los Tribunales contendientes para que informaran si su criterio seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que ello aconteció y solicitó pusieran a disposición la consulta de expediente electrónico de su índice para vincularlo con el que se creó en ese Pleno; finalmente, turnó electrónicamente el asunto a su ponencia.

5. El veintidós y veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo, tuvo por recibidos los oficios remitidos por los tribunales contendientes; en los que informaron que los criterios sostenidos en los conflictos competenciales, continúan vigentes.

6. Posteriormente, el uno de abril siguiente se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no encuentra radicada en Pleno ni en Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ninguna contradicción de criterios relacionada con el tema establecido preliminarmente en el presente asunto; y, finalmente, se confirmó el turnó electrónico del asunto a la ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López.

II. AMICUS CURIAE

7. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

8. Antes de la fecha en que fue listado este asunto para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Ni tampoco entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022; 2 del Acuerdo General 38/2023 y 1 y 2 del 39/2023, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo, suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes al mismo Circuito dentro de la Región Centro-Norte.

IV. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima porque la formuló la Jueza de Distrito adscrita al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Previo a hacer una relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus posturas y a fin de verificar la existencia de la contradicción de criterios, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre estos, es el relativo a determinar si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tiene o no pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar la antigüedad del trabajador y las interrupciones del vínculo de trabajo.

12. Sin que sea óbice a lo anterior que en el acuerdo de presidencia, de manera preliminar se considerara diverso tema de contradicción, toda vez que los autos de presidencia no causan estado.

13. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que informa la tesis aislada con registro digital: 270360,(1) de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

"PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SUS ACUERDOS DE ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO CAUSAN ESTADO. Aunque el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en el auto relativo admita una demanda de amparo, considerándola presentada en tiempo, es bien sabido que estos acuerdos no causan estado, y las salas integrantes de este Alto Tribunal están facultadas para verificar directamente si la presentación de la demanda fue o no, hecha en tiempo."

Amparo directo 5512/56. Atanasio Núñez Parra. 23 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F.

a) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 505/2022.

14. Juicio laboral. Una trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que tiene una antigüedad efectiva de quince años, veinticinco quincenas y cinco días desde el uno de marzo de dos mil tres al uno de febrero de dos mil diecinueve y no la de doce años, dieciocho quincenas y tres días como lo afirma su contraparte y consecuentemente, reclamó el pago que le corresponde por concepto de ayuda de renta. La demanda se radicó ante la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje con el número de expediente 182/2019.

15. Al dar contestación a la demanda, el Instituto Mexicano del Seguro Social negó acción y derecho al trabajador y refirió que sólo contaba con doce años, veintidós quincenas y tres días, porque no prestó sus servicios de manera ininterrumpida. Para demostrar esto ofreció entre otras, la documental consistente en la hoja de certificación de derechos.

16. Seguido el juicio laboral, la junta responsable dictó laudo en el que condenó al reconocimiento de la antigüedad reclamada y al pago de la ayuda de renta. Con respecto a la documental que aportó el Instituto demandado consistente en la hoja de certificación de derechos, la junta le negó valor probatorio pues afirmó que no era apta para acreditar que la relación de trabajo entre las partes se dio de forma ininterrumpida.

17. Juicio de amparo directo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió juicio de amparo directo contra dicho laudo.

18. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito registró la demanda de amparo directo con el número 505/2022, la admitió a trámite y en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, concedió el amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

19. Consideraciones que sustentan el criterio. En lo que atañe a la presente contradicción de criterios, el Tribunal Colegiado de Circuito calificó como fundado el concepto de violación que planteó el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a que merecía pleno valor probatorio la hoja de certificación de derechos que ofreció para acreditar la antigüedad del actor.

20. Al respecto, precisó que la hoja de certificación de derechos es un documento de control e información el cual sirve para determinar las semanas de cotización de un derechohabiente, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, mismo que sirve para reconocer si cuenta con derecho a percibir algunas prestaciones que el Instituto otorga, dado que el mismo contiene diversos datos como el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, números de registro de los patrones que han inscrito al trabajador en el régimen obligatorio y su nombre, las fechas de altas y bajas, el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas.

21. Afirmó que fue incorrecta la determinación de la junta responsable de negarle valor probatorio a la hoja de certificación de derechos, pues inadvirtió que dicho medio de convicción es un documento de control e información, que sirve para determinar las semanas cotizadas por un derechohabiente conforme a lo determinado en la contradicción de tesis 13/2002 y la jurisprudencia 39/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que estableció que el citado documento tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, por lo que si en él se contienen los periodos derechohabiente estuvo laborando para el instituto, por mayoría de razón, es apto para demostrar la antigüedad, sin que sea necesario que contenga las causas de interrupción de la relación laboral, faltas injustificadas o las incidencias susceptibles de descontarse de la antigüedad genérica, para otorgarle valor probatorio, pues en el mismo constan las semanas cotizadas, es decir, las semanas laboradas.

22. Agregó que, conforme al referido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los certificados de derechos elaborados por el instituto, presentados como prueba en su carácter de demandado, tienen plena validez probatoria para acreditar, por sí mismos, los datos asentados, salvo objeción de la contraparte relativa a errores u omisiones en su elaboración, dado que la hoja de certificación no es un simple documento con datos aislados, sin orden ni método, sino es un documento formal, avalado con firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es el responsable administrativamente de su veracidad en cuanto a los datos en él contenidos, lo cual hace altamente improbable que se falseen esos datos, y por consecuencia tienen plena validez sin la necesidad de exhibir documentos que apoyen la información ahí contenida.

23. Sostuvo que, contrario a lo sostenido por la junta, el Instituto demandado no estaba constreñido a aportar los contratos individuales de trabajo para robustecer la hoja de certificación de derechos y demostrar que la relación de trabajo se dio de manera interrumpida acorde con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, pues la Ley Federal del Trabajo permite a las partes la libertad probatoria, al establecer que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, siempre que se refieran a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes y no resulten inútiles e intrascendentes.

24. Que si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del patrón de conservar y exhibir en juicio algunos documentos, entre ellos, los contratos individuales de trabajo, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable, ello no implica que sea indispensable su exhibición, con independencia de que sea la prueba idónea, pues ello no impide que se aporten otras pruebas con la misma finalidad.

25. Estableció que la normatividad aplicable permite demostrar la antigüedad con todo tipo de pruebas y no exclusivamente con los contratos individuales de trabajo, con independencia de que estos sean los medios idóneos para dicho fin, ya que de lo contrario sería imposible probarlo cuando los contratos se encuentren extraviados o incluso exista confesión del trabajador de que no laboró en los periodos controvertidos.

26. Agregó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 108/2007-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 133/2007,(2) con número de registro digital: 171853, sostuvo que cuando se demanda el reconocimiento de antigüedad generada por un trabajador sujeto a contrataciones temporales, es necesario que la parte demandada señale en forma específica los periodos de duración de los respectivos contratos, sin que indicara que se deben acompañar tales documentos.

27. Refirió que la citada documental es idónea para la demostrar la antigüedad, toda vez que los certificados de derechos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son pruebas documentales que constituyen actos administrativos, por lo que gozan de presunción de legitimidad en cuanto a su contenido, ya que este se extrae de información de documentos originales trasladada a bases de datos. Se apoyó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2002, con número de registro: 186847, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS".

28. Finalmente, sostuvo que otorgar eficacia probatoria al certificado de derechos no afecta la igualdad procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, pues la contraparte cuenta con la posibilidad de objetar el contenido y alcance del mismo. Al respecto, consideró que apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 195814, de rubro: "DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA EFICACIA PROBATORIA QUE SE OTORGUE A LOS EMITIDOS POR UN INFERIOR JERÁRQUICO DE AQUÉL NO GENERA DESIGUALDAD PROCESAL".(3)

b) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 815/2020.

29. Juicio laboral. Ante la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de antigüedad efectiva laborada de catorce años, seis quincenas generadas al servicio de la propia institución y, como consecuencia, el pago de diversos conceptos.

30. El Instituto Mexicano del Seguro Social, negó acción y derecho a la actora, pues sostuvo que generó una antigüedad efectiva de once años y once quincenas a la segunda quincena de mayo de dos mil dieciocho; que existieron interrupciones del vínculo laboral como se constataba con la hoja de certificaciones de derechos que ofrecería como prueba, aunado a que su contraparte tuvo faltas injustificadas e incidencias durante su vida laboral.

31. Seguido trámite, la junta del conocimiento dictó laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de la antigüedad solicitada por la parte actora, así como al pago de las demás prestaciones reclamadas.

32. Juicio de amparo directo. En contra de dicho laudo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió juicio de amparo directo, de la que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien la admitió y ordenó registrarla.

33. En sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, resolvió negar el amparo solicitado.

34. Consideraciones que sustentan su criterio. En lo que es materia de la denuncia de contradicción de criterios, el Tribunal Colegiado consideró que la autoridad responsable valoró de modo adecuado el material probatorio tendiente a corroborar la antigüedad, en lo relativo a la hoja de certificación de derechos correspondiente a trabajadora, pues acertadamente le negó valor probatorio argumentando que dicho documento no refleja los tiempos efectivamente laborados, sino solo los periodos de cotización; además estimó que la misma era contradictoria, por lo que no contaba con valor probatorio para acreditar la relación laboral.

35. Precisó que con la hoja de certificación de derechos solo se justifican los movimientos de afiliación de la parte trabajadora, pues solo se aprecia el movimiento entre altas y bajas que ha tenido la parte trabajadora con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de patrón, pero con la citada probanza en modo alguno se puede corroborar si la antigüedad se generó con interrupciones o con incidencias acorde con la cláusula 30 el pacto colectivo de trabajo, pues no se justifica que en los períodos no mencionados en la certificación de derechos no haya existido relación laboral.

36. Puntualizó que aunque el certificado de derechos aportado como prueba por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de demandado en el juicio laboral tiene valor probatorio pleno para acreditar los datos que el mismo contiene salvo prueba en contrario; sin embargo, ese documento es de control e información que el instituto expide dentro de su esfera jurídico-administrativa para la determinación de las semanas en que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio, como en el voluntario, esto para decidir si el trabajador tiene o no derecho a percibir ciertas prestaciones que otorga el Instituto.

37. Consideró infundado que correspondiera a la actora justificar la antigüedad reclamada, porque cuando existe controversia sobre la fecha de ingreso los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, imponen a la patronal la carga probatoria, así como la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que informen de los hechos y prestaciones generados con el ingreso, existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral, además para el caso de incumplimiento, se establece una consecuencia procesal, consistente en la presunción de certeza de los hechos que haya alegado el trabajador en su demanda, aunque dicha presunción admite prueba en contrario.

38. Puntualizó que si es el patrón quien tiene la carga de demostrar la antigüedad del trabajador cuando exista controversia, tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos señalados en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo; esto con independencia de que el demandado sea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 39. Agregó que el certificado de derechos aportado en el juicio, sólo prueba las cotizaciones de los trabajadores que sirven de base salarial para determinar la cuantificación de las pensiones que prevé la Ley del Seguro Social, misma que corresponde elaborar al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser quien posee los comprobantes e información idónea para ello, por lo que esa probanza en el juicio tiene eficacia probatoria para acreditar los datos que en él se contienen salvo prueba en contrario.

40. Al respecto, citó el criterio de la Segunda Sala en el que determinó que el certificado de derechos tiene pleno valor probatorio para acreditar los datos que contiene, a partir de esa consideración derivó la tesis 2a./J. 39/2002, con número de registro digital: 186847 y de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS".(4)

41. Sin embargo, refirió que, como lo determinó la responsable en el laudo, era ineficaz para demostrar la antigüedad de la actora pues a más de que de su contenido no es acorde a los términos en que el Instituto de Seguridad Social se excepcionó, la Litis no tenía como finalidad demostrar las altas y bajas de la actora ante el régimen obligatorio con el Instituto en su calidad de patrón, sino determinar si la trabajadora efectivamente prestó sus servicios como eventual o por tiempo determinado con dicho órgano y que en el período señalado por el demandado no laboró para el quejoso, pues se trata de una constancia que no da certidumbre jurídica sobre ese hecho, dado que sólo demuestra lo que en él se contiene, a saber, las afiliaciones o registros, así como sus altas y bajas ante el régimen obligatorio.

42. Estableció que el aludido documento no es apto para determinar la manera en la que se desarrolló la relación laboral, pues el patrón está obligado a conservar y exhibir los documentos idóneos que acrediten la antigüedad, de ahí que no baste con que el Instituto señale los periodos en los que la trabajadora laboró para él, pues, ello no revierte la carga de la prueba a la parte trabajadora, pues de acuerdo al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón es quien cuenta con los elementos de prueba relacionados con la antigüedad, aunado a que la hoja de certificación de derechos no es la prueba eficiente para demostrar los periodos en los que no hubo cotizaciones por parte de la actora, como lo son aquellos que por su naturaleza deben descontarse de la antigüedad.

43. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por la cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo, del cual se advierte que para el cálculo de antigüedad de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social se tomarán en cuenta, además de los días laborados, los días: de incapacidad provenientes de un riesgo de trabajo, de descanso, no laborables, de vacaciones, que comprendan los periodos permanentes o temporales de labores sindicales; y, las ausencias motivadas por: enfermedades o accidentes no profesionales, maternidad, especialización en instalaciones del instituto y por privación de la libertad relacionada con el cumplimiento de sus labores.

44. Mencionó que la hoja de certificación de derechos no era la prueba eficiente para demostrar que los períodos en los que no hubo cotizaciones de la actora, sean de aquellos que por su naturaleza deben de descontarse de su antigüedad, acorde con la citada cláusula contractual.

45. Por ende, –concluyó– que si bien el documento en cuestión contiene los movimientos afiliatorios de la parte trabajadora, también lo es que para demostrar el argumento relativo a que la relación laboral fue interrumpida en diversos periodos los cuales, por su naturaleza, son susceptibles de ser descontados del cálculo de antigüedad conforme a la cláusula citada, el Instituto demandado es quien debe aportar los elementos de prueba idóneos para ello, con el fin de tener certeza de que los períodos señalados en la certificación de derechos son de aquellos a los que se refiere la cláusula en comento.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

46. En cuanto a la procedencia de las contradicciones de criterios, es importante puntualizar que la intervención de los Plenos Regionales se justifica por la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en la impartición de justicia.

47. Así es, el estudio de los criterios contendientes exige que determinemos si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los criterios involucrados, se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.

48. La Magistrada y los Magistrados de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, determinamos que sí existe contradicción de criterios entre lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver los amparos directos 505/2022 y 815/2020 respectivamente.

49. En efecto, existe la contradicción de criterios, ya que los Tribunales Colegiados de referencia, se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado por éste como prueba, en su carácter de patrón demandado en el juicio laboral, tiene pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar la antigüedad del trabajador.

50. Sobre este punto, arribaron a conclusiones distintas, pues mientras el tribunal citado en primer término considera que dicho certificado tiene valor probatorio pleno, del que sí puede advertirse la antigüedad del trabajador con sus altas y bajas, al ser un documento formal, avalado con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello y responsable de la veracidad de los datos en él contenidos el cual puede ser objetado por el trabajador en caso de que contenga algún error; por su parte el diverso tribunal participante estima que esa documental carece de valor, porque sólo justifica los movimientos de afiliación del trabajador, donde se aprecian las altas y bajas que ha tenido por el patrón Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que en modo alguno pueda demostrar los lapsos que no laboró, así como las incidencias en que incurrió y que afectan su antigüedad acorde con la cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo.

51. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la interrogante: ¿si el certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tiene o no pleno valor probatorio por sí mismo para acreditar la antigüedad del trabajador y las interrupciones que se dieron durante el vínculo laboral?

52. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 72/2010,(5) con registro digital 164120 y 1a./J. 22/2010,(6) con registro digital 165077, para tener por existente la contradicción de criterios referida, de rubros y textos siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32616-f73bab2f/certificado-de-derechos-ofrecido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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