I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. SERVIDORES PÚBLICOS. SU CONCEPTO. VII. ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES QUE RECIBAN RECURSOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA NORMA QUE LES OTORGA LA CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 108 CONSTITUCIONAL, AL EXTENDER DE MANERA INJUSTIFICADA ESA CALIDAD A PERSONAS QUE NO DESEMPEÑAN UN SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O BIEN, QUE TENGA LA DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE RECIBA FONDOS, RECURSOS O APOYOS PÚBLICOS", CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O LA NATURALEZA DE LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TENÍA BAJO SU DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN", Y QUINTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O BIEN PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DE CUALQUIER ASOCIACIÓN CIVIL QUE RECIBA FONDOS, RECURSOS O APOYOS PÚBLICOS" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. DELITO DE CORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL ESTABLECERSE QUE LO COMETE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALICE O DEJE DE LLEVAR A CABO LO QUE LA LEY LE IMPONE CUMPLIR O SE ABSTENGA DE REALIZAR LO QUE LE PROHÍBE, PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUSIVE ECONÓMICA, PARA SÍ O EN FAVOR DE UN TERCERO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD AL GENERAR CONFUSIÓN E INCERTIDUMBRE (INVALIDEZ DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). IX. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. LAS NORMAS QUE PREVEAN ALGUNA PENA O DESCRIBAN ALGUNA CONDUCTA QUE DEBA SER SANCIONADA PENALMENTE Y TENGAN UNA IMPRECISIÓN EXCESIVA O IRRAZONABLE, VULNERAN ESE PRINCIPIO, AL PROVOCAR EN LOS DESTINATARIOS CONFUSIÓN O INCERTIDUMBRE. X. ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES QUE RECIBAN RECURSOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EL SISTEMA DE PENAS Y AGRAVANTES FORMADO POR LOS DIVERSOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 256, APLICABLES DE MANERA ADICIONAL A LAS PREVISTAS PARA CADA UNO DE LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LOS TÍTULOS DÉCIMO OCTAVO Y VIGÉSIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA (INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR, EN CASO DE QUE EL RESPONSABLE TENGA EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 257 DE ESTE CÓDIGO, LOS ELEMENTOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE DESEMPEÑABA CUANDO INCURRIÓ EN EL DELITO", SEXTO Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O BIEN, QUE TENGA LA DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE RECIBA FONDOS, RECURSOS O APOYOS PÚBLICOS", SEGUNDO, CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O LA NATURALEZA DE LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TENÍA BAJO SU DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN", Y QUINTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O BIEN, QUE TENGA LA DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE RECIBA FONDOS, RECURSOS O APOYOS PÚBLICOS", SEGUNDO, CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O LA NATURALEZA DE LOS FINES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TENÍA BAJO SU DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN", Y QUINTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA DISTRITO FEDERAL).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2021 Y SU ACUMULADA 108/2021. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente a trece de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 106/2021 y su acumulada 108/2021, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (en adelante, Comisión local) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, CNDH), respectivamente, en contra del artículo 256, párrafos primero, última parte; segundo; cuarto, en su porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración"; y quinto, del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de junio de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES
1. Presentación de las demandas. La Comisión local y la CNDH presentaron sendas acciones de inconstitucionalidad en las que cuestionaron la validez de diversos párrafos y porciones normativas del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal,(1) reformado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2. Conceptos de invalidez. Las accionantes argumentan, en síntesis, lo siguiente:
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México:
Primero. El artículo 256, párrafo primero, en la porción normativa "o bien, que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos", párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración" y párrafo quinto en la porción normativa "o bien, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos", del Código Penal, transgrede lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Federal, al otorgar la calidad de persona servidora pública, para los efectos de ese Código, a toda persona que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos e inhabilitarlas, en caso de delito, para participar en la dirección o administración de asociaciones civiles que reciban fondos, recursos o apoyos públicos, además de prescribir que para la destitución e inhabilitación se tome en consideración la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración.
La naturaleza jurídica de las asociaciones civiles hace imposible que sus directores o administradores sean considerados personas servidoras públicas. Debe de tenerse en cuenta que las asociaciones civiles se rigen por el derecho privado.
Por otro lado, al examinar el contenido del artículo 108 constitucional, la Segunda Sala de esta Suprema Corte señaló que este no contiene un catálogo limitativo de quienes son servidores públicos, sino que es meramente enunciativo. Lo medular y definitorio es que son servidores públicos quienes sirvan al Estado o Federación, al gobierno y a la nación, al interés público o a la sociedad.(2)
Es claro que, al crear las normas impugnadas, el legislador partió de una confusión entre el carácter de servidor público que una persona pueda tener y la posibilidad de ser sujeto de responsabilidad administrativa.
Del propio texto constitucional se desprende que no solo las personas servidoras públicas son sujetas de responsabilidad administrativa y penal por hechos de corrupción, sino también las particulares.
Al otorgarles la calidad de personas servidoras públicas a quienes ejerzan la dirección o administración de una asociación civil, también les serán aplicables los delitos y agravantes aplicables a cualquier persona servidora pública, contempladas en otros capítulos del Código Penal, y no solo en aquellos que versan sobre la responsabilidad específica de los servidores públicos, o con el manejo indebido de recursos públicos.
Segundo. Los artículos 256, 256 Bis, 259 y 267 del Código Penal, reformados y adicionados mediante el Decreto publicado el siete de junio de dos mil veinte en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, restringen el derecho de asociación reconocido en el artículo 9o. de la Constitución General, en contravención al principio de progresividad de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. Constitucional. Esta restricción es violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el referido artículo 1o.
Las disposiciones impugnadas establecen una limitación al derecho de asociación, que va más allá de los límites expresamente señalados por la Constitución.
En el contexto jurídico del derecho de asociación y el reconocimiento de las asociaciones como personas morales creadas mediante contrato bajo la legislación civil, así como las obligaciones del Estado en relación con estas asociaciones y el derecho de asociación, es preciso señalar que el Estado Mexicano ha expedido la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
En esta Ley destaca el hecho de que, para el cumplimiento de sus fines y propósitos, las organizaciones de la sociedad civil constituidas como asociaciones civiles pueden recibir apoyo económico de terceros, incluso del extranjero, adicional a los recursos públicos que les otorgue, en su caso, el gobierno mexicano, ello, en virtud de que la normatividad permite que reciban donativos y aportaciones, además de acceder a beneficios que deriven de instrumentos internacionales.
El ordenamiento jurídico del Estado mexicano ha reconocido y otorgado garantías para el ejercicio del derecho de asociación e incluso ha fomentado que las personas se organicen para defender sus intereses a través de asociaciones civiles, a las cuales les reconoce derechos y obligaciones y otorga apoyos económicos para el fomento de sus fines y objetivos.
La reforma a los artículos 256, 256 Bis, 259 y 267 del Código Penal establece indebidamente que las personas que tengan la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, es una persona servidora pública como si fuera una extensión de la estructura estatal. En este sentido, les serán aplicables todos los delitos y las penas que corresponden a los servidores públicos. Por ejemplo, pueden encuadrar en los supuestos de enriquecimiento ilícito.
Lo anterior, sin considerar que uno de los derechos de las organizaciones de la sociedad civil es acceder a apoyos y estímulos públicos, incentivos fiscales, incluso apoyos económicos y administrativos, donativos y aportaciones de terceras personas del sector privado y del extranjero, incluso en especie o en derechos respecto de bienes, lo que puede incrementar su patrimonio, sin que por esta razón incurra en el delito de enriquecimiento ilícito. La misma situación se presenta con los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.
En esa línea argumentativa, las reformas a los artículos impugnados, lejos de proteger, promover y garantizar el derecho de asociación de las personas que integran una asociación civil, en particular de directivos o administradores y que solicitan el apoyo y beneficios que otorga el Estado, imponen limitaciones al ejercicio de su derecho de asociación, que previamente no estaban previstas en el ordenamiento jurídico mexicano. Esto representa una transgresión al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Si la finalidad de la reforma fue inhibir que las personas particulares que ejerzan actos de dirección o administración en una asociación civil que ejecuten recursos públicos hagan un mal uso de ellos, el mecanismo punitivo diseñado: darles la calidad de servidor público, no resulta idóneo sino excesivo dado que como se refirió no tienen los mismos derechos y obligaciones de los servidores públicos.
Tercero. El artículo 256 párrafo primero en la porción normativa "o bien que tenga la dirección de administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos"; párrafo segundo, así como el párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración" y párrafo quinto, en la porción normativa "o bien participar en la dirección administración de cualquier asociación civil que reciba fondos recursos o apoyos públicos" del Código Penal contraviene el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución.
El hecho de que las personas a cargo de la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos sean consideradas servidoras públicas y, por lo tanto, se les pueda imputar cualquiera de los delitos establecidos en el Título Décimo Octavo, así como hacerles extensivas sanciones que en delitos comunes se encuentran señaladas para quienes lo comentan y sean servidoras públicas, resulta contrario al principio de seguridad jurídica.
Lo anterior, a pesar de que conforme a los estatutos que los rigen, esas personas no dispongan de los fondos, recursos o apoyos públicos, ya sea porque dicha facultad está otorgada a otra persona o simplemente porque el director o administrador de la asociación es una persona distinta a la que hizo uso de ellos.
Como se observa en la legislación civil, es la asamblea general quien tiene el poder supremo de las asociaciones ya que los directores o administradores de una asociación civil solamente pueden realizar aquello que sus estatutos o la asamblea general les permitan, por lo tanto, la porción normativa impugnada atribuye responsabilidad a quien en los hechos puede no tenerla.
Esta situación se agrava en virtud de que el artículo 256, fracción II, párrafos segundo y tercero retoman a la asociación civil, prescribiendo que para la destitución e inhabilitación se deberá tomar en cuenta la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración lo cual no es compatible con el carácter de personas servidoras públicas.
Además de que impide, no solo a los directores y administradores de una asociación civil, sino a cualquier persona servidora pública, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos al inhabilitarlos, de conformidad con la fracción II, párrafo tercero indicado, sin importar el para que los recibe ni si es solo un porcentaje de los fondos con los cuales opera la asociación.
Si bien una persona servidora pública que es sancionada penalmente puede ser inhabilitada para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, se considera inconstitucional que se le impida participar en una asociación cuya naturaleza es de carácter civil en donde impera la voluntad de las partes y que se rige por estatutos propios y opera con recursos varios: apoyos gubernamentales, internacionales, donativos de particulares o propios.
Reforzando la incertidumbre en que incurren las porciones normativas impugnadas, el artículo 279 del Código Penal dispone:
"ARTÍCULO 279. Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, depósito, administración de bienes muebles o inmuebles pertenecientes al erario público, o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa.
"La disposición demuestra que las porciones normativas impugnadas colocan en un estado de incertidumbre jurídica a los directores o administradores de una asociación civil, toda vez que, por una parte pueden incurrir en cualquiera de los delitos previstos en el título décimo octavo, al ser considerados como personas servidoras públicas, pero a su vez, también se les podrá imputar los delitos previstos en el diverso título décimo noveno que se refiere a los delitos cometidos por particulares relacionados con hechos de corrupción y delitos contra el servicio público que son: promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos, desobediencia y resistencia de particulares, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, quebrantamiento de ellos, ultrajes a la autoridad y/o ejercicio ilegal del propio derecho, además de hacerles extensivas las sanciones que en delitos comunes se señalan para personas servidoras públicas."
En otro orden de ideas, también viola el derecho a la seguridad jurídica el párrafo segundo del artículo 256 del mismo ordenamiento legal, el cual dispone:
"ARTÍCULO 256. ...
"Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero."
Este párrafo, que establece el delito de corrupción, se compone de diversas hipótesis normativas, las cuales a continuación se detallan:
• Comete el delito de corrupción el servidor público que realice lo que la ley le impone cumplir, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza inclusive económica para sí o en favor de un tercero.
• Comete el delito de corrupción el servidor público que deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza inclusive económica para sí o en favor de un tercero.
• Comete el delito de corrupción el servidor público que se abstenga de realizar lo que le prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza inclusive económica para sí o en favor de un tercero.
La primera y tercera hipótesis normativas generan una gran incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, ya que el mero hecho de dar cumplimiento a lo que dispongan las leyes llevaría las personas servidoras públicas a incurrir en una conducta delictiva, con lo que se viola su derecho a la seguridad jurídica.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
Único. El artículo 256 del Código Penal, en los párrafos y porciones normativas precisadas, es contrario al parámetro de regularidad constitucional pues en esencia, prevé lo siguiente:
Determina que son servidores públicos, para efectos de la legislación punitiva, las persona que tengan la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, para efectos de la comisión y sanción de delitos contra la buena administración.
Establece la posibilidad de que una persona pueda ser inhabilitada para participar en la dirección o administración de asociaciones civiles que reciban, mediante cualquier modalidad, recursos o apoyos públicos, sin precisar la temporalidad de la sanción. Esto sin señalar cuál será el plazo por el cual el juez podrá imponer dicha pena.
Se estima que lo anterior vulnera los derechos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y de asociación, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal (última ratio).
a. Transgresión al derecho fundamental a la seguridad jurídica y al principio de legalidad
El artículo 256 del Código Penal transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Esto ya que la inclusión en la definición de servidores públicos para efectos penales a personas que laboran en la dirección o administración de asociaciones civiles que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, no guarda congruencia con la Constitución Federal.
Al respecto, es necesario recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende como servidor público a todos los que de una forma u otra sirvan al Estado, a la Federación, al gobierno, a la sociedad o al interés público, incluidos los que manejan o aplican recursos públicos. Atendiendo a ello, puede identificarse la siguiente clasificación:
• Servidores públicos en sentido estricto. En esta categoría se encuentra cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes legislativo federal y locales, judicial federal y locales o en la administración pública federal centralizada o en la de las entidades federativas, también quedan integradas las personas que desempeñan empleo, cargo o comisión en alguna de las entidades de la administración pública paraestatal.
• Servidores públicos en sentido amplio. Puede considerarse que es servidor público toda persona que maneje recursos económicos de origen público. El ámbito de responsabilidad penal de estos servidores públicos se encuentra más limitado en el tiempo y el espacio que el de los servidores públicos en sentido estricto, ya que a aquéllos sólo se les puede exigir responsabilidad por actos directamente relacionados con el manejo de dichos recursos.
La Segunda Sala ha interpretado que la "comisión de cualquier naturaleza" incluye la transferencia de recursos públicos a una persona, incluso de carácter particular, para que realice un servicio público que si bien estaría a cargo del Estado, éste estima adecuado auxiliarse del particular. Este tendrá a su cargo la atención a una necesidad social, en tanto y sólo en cuanto los recursos públicos se destinarán a la satisfacción de esa demanda de la colectividad, sin la posibilidad de aplicarlo a fines distintos de los señalados en el programa de gobierno al cual haya sido orientados.
En ese sentido, de la referencia que hace la Constitución Federal a entes que no son servidores públicos en sentido estricto, es posible entender que estas personas no escapan al control gubernamental cuando participan por encargo del Estado en las tareas de la administración pública de que se trate; esto implica que cualquier persona física o moral privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos, está sujeta a la verificación de su uso honesto y eficiente y, en consecuencia, a la aplicación de las sanciones resarcitorias cuando no sea así.
Dicho lo anterior, debe referirse ahora que la disposición impugnada refiere explícitamente que son servidores públicos quienes tengan la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. Esto significa que les podrán ser aplicables todas las disposiciones contenidas en el Código punitivo que pueda ser actualizadas por un servidor público.
No debe perderse de vista que, en ocasiones las asociaciones civiles actúan por cuenta del Estado para un determinado fin, en calidad de comisionadas u otra similar y deben actuar bajo ciertas directrices. En este caso específico podría resultar válido que se les equipare como servidores públicos a las personas que tengan la dirección o administración de estas.
Sin embargo, no debe soslayarse que algunas asociaciones civiles llegan a percibir fondos o apoyos públicos destinados a la consecución de su propio objeto, y no propiamente como comisionadas para la ejecución de una labor o servicio por cuenta del Estado. En este último caso, sus directores o administradores no pueden ser considerados servidores públicos.
La disposición impugnada no equipara mediante una ficción jurídica a los directores y administradores de asociaciones civiles con servidores públicos, sino que afirma que aquellas personas son servidores públicos para todos los efectos de dicha legislación.
Esto tiene el efecto de que las personas directoras o administradoras de una asociación civil que reciban fondos, recursos o apoyos públicos serán sancionados en igualdad de condiciones que aquellas servidoras públicas en sentido estricto, aunque las actividades indebidas o ilícitas que efectúen no se relacionen con el manejo de recursos públicos. En esa tesitura, la disposición normativa es sobre inclusiva y desborda su objetivo pues se amplía el posible ámbito de responsabilidad penal en que puede incurrir las personas directoras o administradoras de asociaciones civiles.
b. Transgresión al derecho de seguridad jurídica y del principio de taxatividad en materia penal.
El artículo impugnado, en su quinto párrafo, establece una pena sin estar sujeta a una temporalidad concreta, al señalar: "... o bien participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos ..."
Por lo tanto, existe indeterminación en cuanto a una de las consecuencias jurídicas a que se harán acreedoras las personas que encuadren su actuar en alguna de las conductas sancionadas, lo cual, contraviene los alcances del principio de taxatividad.
c. Vulneración al principio de mínima intervención (ultima ratio)
La norma analizada incumple con el subprincipio de fragmentariedad de la ultima ratio, pues si bien es cierto hay ataques que pueden catalogarse como graves y significativos al erario por parte de las asociaciones civiles, en atención al caso específico para el cual fueron asignados u otorgados los recursos públicos, ello no implica que el catalogar a sus directores y administradores como servidores públicos producirá una efectiva salvaguarda el bien jurídico tutelado.
Por otra parte, es innecesario que la norma impugnada otorgue el carácter de servidor público a la persona que ostente la dirección o administración de una asociación civil a efecto de sancionar hechos de corrupción y en general que vulneren la buena administración. Lo anterior, ya que el propio Código Penal prevé en su artículo 279(3) aquellos hechos de corrupción y delitos contra el servicio público cometidos por particulares.
d. Transgresión a la libertad de trabajo y asociación
Por otra parte, el párrafo quinto del artículo 256 del Código Penal se considera desproporcional. De este se desprende que el legislador capitalino previó como sanción para los particulares, la consistente en inhabilitarlos para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, o bien participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.
Se aplica el test de proporcionalidad a las medidas consistentes en: (i) inhabilitación para desempeña un cargo público o puesto de elección popular y (ii) inhabilitación para participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.
i. Inhabilitación para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular
En cuanto a la última grada de escrutinio, se considera que la medida constituye un medio desproporcional, pues vulnera en mayor medida los derechos humanos de acceso a un cargo en el servicio público y a ser votado. En efecto, la sanción que prevé alcanza a inhabilitar a un particular para el desempeño futuro de un cargo público o de elección popular y no solo para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicio u obras públicas, afectando las libertades fundamentales a las que se ha hecho referencia.
En este sentido, cabe contrastar la sanción impuesta por la norma impugnada, con la sanción equivalente contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En términos de esta Ley, la inhabilitación de la persona particular relacionada con faltas administrativas será temporal y le imposibilitará exclusivamente para que pueda participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Sin embargo, dicha inhabilitación no trasciende en el ejercicio pleno de los derechos humanos de acceso a un cargo en el servicio público y a ser votado, tal como lo hace la norma impugnada, pues el particular sancionado no es servidor público, aunque sí debe responder por sus actos frente al Estado.
ii. Inhabilitación para participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.
Por lo que respecta al primer requisito del test de proporcionalidad, se advierte que la medida prevista en la norma impugnada carece de un fin constitucionalmente válido. Esto pues en la exposición de motivos el legislador se advierte que la medida se adoptó con el objeto de reducir los actos de corrupción en que incurran tanto las personas servidoras públicas como los particulares y así garantizar el debido funcionamiento del servicio público.
Sin embargo, la medida no se circunscribe a la esfera pública, sino que impacta en el ámbito privado, pues impide que los particulares sancionados puedan acceder a la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos, o apoyos públicos. Se ignora que la admisión de asociados en este tipo de personas morales se rige por las reglas del derecho privado. Además, debe recordarse que los recursos que integran el patrimonio de las asociaciones civiles no es únicamente público.
Por lo tanto, la medida legislativa impacta en el ejercicio de las libertades de trabajo y asociación. No se ignora que el derecho al trabajo puede ser válidamente limitado, sin embargo, esta limitación es inconstitucional por trascender a la esfera privada.
3. Admisión de las demandas. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión local con el número 106/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(4) Posteriormente, se formó, registró y acumuló el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la CNDH con el número 108/2021, por existir identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la 106/2021.(5)
4. El Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y a la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, para que rindieran sus respectivos informes. También ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación conviniera.(6)
5. Informes. El Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y la Presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México rindieron los informes solicitados a la Jefa de Gobierno y al Congreso de la entidad, mediante los cuales defendieron la constitucionalidad de las normas impugnadas. El Ministro instructor tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(7)
6. Cierre de Instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de la Comisión local, así como de la CNDH. Una vez trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(8)
7. Amicus curiae. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte un escrito firmado por César Alejandro Ruiz Jiménez y Rafael Estrada Michel, quienes comparecieron por su propio derecho para realizar diversas manifestaciones bajo la figura de amicus curiae. Este escrito se acordó el catorce de octubre de dos mil veintiuno y fue agregado al expediente, con apoyo en lo previsto por los artículos 598, párrafos primero y segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria).
I. COMPETENCIA
8. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el Código Penal para el Distrito Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. OPORTUNIDAD Y CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELACIONADA CON EL TEMA
II.1. Oportunidad
9. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial y b) para efectos del cómputo de ese plazo, no se deben de excluir los días inhábiles, en el entendido de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(11)
10. En este caso, las normas impugnadas se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de junio de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el ocho de junio y concluyó el siete de julio, del mismo año.
11. Los escritos de demanda fueron recibidos vía buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco(12) y siete(13) de julio de dos mi veintiuno, respectivamente, por lo que se concluye que su presentación fue oportuna.
12. Concluido lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la causa de improcedencia planteada por el Congreso de la Ciudad de México, dada su íntima relación con el tema de la oportunidad de la acción.
II.2. Causa de improcedencia relacionada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32648-0aa68f5d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-de-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. (I.11o.C.38 K (10a.))
- CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL PRESIDENTE DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTA (XVII.1o.32 C)
- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL ESTADO. DEBE EJERCERSE EN CONTRA DE AMBOS LA DEMANDA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (I.3o.C.548 C )
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