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Modo: Corpus Pro

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA NO ESTABLECE UNA REGLA ABSOLUTA DE SUSTITUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO POR LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), SINO UNA REGLA DE JUICIO APLICABLE CASO POR CASO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS PATRIMONIALES DERIVADOS DE LA MUERTE O INCAPACIDAD DE LAS PERSONAS. DEBE RECURRIRSE AL SALARIO MÍNIMO Y NO A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) COMO BASE DE CUANTIFICACIÓN DEL LUCRO CESANTE (LEGISLACIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3858/2023. · Registro digital (IUS): 32659
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.236.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3858/2023. 13 DE MARZO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: CAMILO RAZIEL WEICHSEL ZAPATA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Síntesis: El 12 de mayo de 2017, el señor ********** fue atropellado por un tracto-camión con remolque, propiedad de la empresa "**********", mientras se encontraba en el acotamiento de la carretera de Atlizcayolt, San Andrés Cholula, Puebla. Como resultado de este evento, el señor ********** falleció. El 28 de septiembre de 2018, la cónyuge supérstite, las dos hijas y el hijo de la víctima demandaron a ********** y a diversas aseguradoras una indemnización económica tanto por daño moral como por daño patrimonial en términos del artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal.

Seguida la secuela procesal, se condenó a las demandadas al pago de una indemnización tanto por el daño patrimonial como el daño moral producido. En relación con el primero, la Sala responsable interpretó que aun cuando el artículo 1915 refiere al salario mínimo para la cuantificación del daño, se debía atender más bien a la Unidad de Medida y Actualización ("UMA") por mandato constitucional. Esta interpretación fue cuestionada en amparo por la parte actora, ahora quejosa.

El Tribunal Colegiado otorgó el amparo al considerar que la cuantificación del daño sí tenía que ser con referencia al salario mínimo y no la UMA. Esta interpretación fue controvertida por una de las aseguradoras condenadas y esta es la materia de este recurso de revisión.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 13 de marzo de 2024, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el Amparo Directo en Revisión 3858/2023, promovido en contra de la sentencia dictada el 28 de abril de 2023 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 124/2023.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala, de cumplirse los requisitos procesales correspondientes, consiste en determinar si el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal es constitucional. En específico, si es válido que dicho precepto refiera al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización (UMA) para cuantificar la responsabilidad civil en caso de daños que provoquen la muerte o incapacidad a una persona.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El 12 de mayo de 2017, el señor ********** fue atropellado por un tracto-camión con remolque, propiedad de la empresa **********, mientras se encontraba en el acotamiento de la carretera de Atlizcayolt, San Andrés Cholula, Puebla. Como resultado de este evento, el señor ********** falleció.

2. Juicio ordinario civil. El 28 de septiembre de 2018, **********, en su calidad de cónyuge supérstite de ********** y en representación de ********** (menor de edad en ese momento), así como ********** y **********, también de apellidos **********, por su propio derecho, demandaron de **********, "Axa Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable" ("Axa"), "Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima Bursátil" ("GNP" o la "Recurrente") y de "Promotora y Operadora de Infraestructuras, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable" (la "Concesionaria del tramo de carretera"), en la vía ordinaria civil, las siguientes prestaciones:

I. La indemnización por muerte derivada del riesgo creado de mi cónyuge y padre de mis hijos que respondía al nombre de **********, conforme al segundo párrafo del artículo 1915 del Código Civil de la Ciudad de México, mismo que conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos vigente corresponde al de reportero gráfico en prensa diaria a razón en el momento del accidente ascendía a **********, que multiplicado por el cuádruplo nos da **********, esto por ********** (**********), que establece la Ley Federal del Trabajo en caso de fallecimiento nos da la cantidad de **********.

II. La indemnización integral y justa por concepto del terrible y profundo daño moral causado a cada uno de los actores, por separado y en lo individual, cuatro en total a saber para ********** como cónyuge supérstite y, de **********, ********** y ********** como hijos del fallecido **********. Por la afectación que hemos resentido en nuestros sentimientos y afectos como familiares directos de la víctima, mediante la alteración psíquica de nuestras personas a través del suceso trágico, que ha generado depresiones, tristezas, angustias y una afectación profunda en nuestro fuero interno por tal acontecimiento en nuestras vidas, lo que nos ha privado de la compañía de nuestro padre y cónyuge supérstite de quien dependíamos económicamente, lo que desde luego nos afecta en nuestro proyecto de vida al quedar desamparados. Toda vez que los suscritos, como familiares directos de quien en vida respondiera al nombre de **********, que fue privado de la vida de forma violenta e inesperada por la demandada propietaria del vehículo automotor agresor. Lo cual nos cambió en definitiva nuestro proyecto vida. Debiendo ser calculada la indemnización inmaterial, por la responsabilidad civil objetiva por riesgo creado, y tendrá que ser por el monto de la indemnización que su señoría tome en cuenta principalmente los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la responsable demandada como de las propias aseguradoras que son de solvencia económica reconocida y que tienen una responsabilidad civil aquiliana, pues de los indicios penales se advierte que la asegurada fue la causante de la muerte de nuestro familiar. Manifestando que nuestra situación económica resulta precaria y exigua. --- Es menester aclarar, que la fijación del monto por compensación de daño moral lo debe fijar su señoría en sentencia definitiva, con base en el artículo 1916 del Código Civil en vigor. Por lo tanto, el pago parcial de **********, por concepto de daño moral cubierto por el responsable solidario, mediante el acuerdo reparatorio respectivo, se tome a cuenta de la cantidad que el usía llegue a determinar en sentencia definitiva por tal concepto.

III. El pago de los intereses moratorios y actualizaciones que generen tales prestaciones hasta su total solución retrotrayéndose a la fecha en que se causó el fallecimiento de **********.

IV. El pago de los gastos y costas judiciales que se originen con motivo del presente juicio, al que ha dado lugar las demandadas, con su actitud ilícita de abstenerse de cubrir los daños y perjuicios causados a los suscritos, como el incumplimiento al seguro de responsabilidad civil, que hemos exigido con base a la norma e interpretaciones más favorables que arrojan la reparación del daño integral y justa indemnización".

3. La demanda fue admitida por el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. El 22 de octubre de 2019, el Juzgado tuvo por desistida a la parte actora de la demanda instaurada en contra de ********** y, seguido el trámite del asunto, el 22 de septiembre de 2021 dictó sentencia definitiva en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada por la parte accionante ********** por su propio derecho y en representación de sus hijos menor de edad ********** y ********** en la que no se probaron los elementos de la acción intentada en contra de ********** y Axa Seguros, S.A. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B, de C. V. por lo que no fue necesario entrar al estudio de las excepciones y defensas hechas valer, en consecuencia. SEGUNDO. Se absuelve a **********, Axa Seguros. S. A. de C. V. y Grupo Nacional Provincial S. A. B. del pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. TERCERO. No se hace especial condena en gastos y costas causados en la presente instancia, en términos de los considerandos que anteceden. CUARTO. Notifíquese y glósese copia al legajo de sentencias de este juzgado.

4. Recurso de apelación. Inconformes con esa determinación, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron resueltos el 21 de abril de 2022 por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en los expedientes 62/2022/01 y 62/2022/02. Se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios que hizo valer la actora en el toca 62/2022/01, así como parcialmente fundado el único agravio que hizo valer la codemandada Axa Seguros, S.A. DE C.V., en el toca 62/2022/02; en consecuencia, se modifica la sentencia definitiva impugnada, para quedar en los términos precisados en el considerando quinto la presente resolución. SEGUNDO. No se hace especial condena en costas a los apelantes. TERCERO. Se ordena agregar copia certificada de la presente resolución en el toca 62/2022/02, para que obre como corresponda y surta todos los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Notifíquese [...].

5. Primer juicio de amparo directo (373/2022). En contra de esa determinación, la parte actora promovió juicio de amparo y la empresa demandada se adhirió a éste, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El órgano colegiado dictó sentencia el 21 de octubre de 2022, en el cual se concedió el amparo solicitado para que la Sala responsable:

1. Deje insubsistente el fallo reclamado. 2. Dicte otro en el que, sin incurrir en la falta de congruencia destacada en este fallo, reitere las consideraciones que no forman parte de los efectos concesorios y con plenitud de jurisdicción valore las probanzas agregadas al sumario y determine si se demostró o no y, en su caso, en qué grado, la culpa o negligencia inexcusable de la víctima alegada por las codemandadas.

6. Resolución dictada en cumplimiento (acto reclamado en este amparo). En cumplimiento de esa ejecutoria, la Sala responsable dictó nueva resolución el 9 de diciembre de 2022 en la que condenó a las demandadas al pago de la reparación material del daño por concepto de responsabilidad civil objetiva, así como a una compensación por daño moral.

7. Para determinar el monto de la reparación por daño material, la Sala emitió dos consideraciones relevantes. En primer lugar, basó su cuantificación en el segundo párrafo del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual dispone que, en los casos en los que el daño produzca la muerte, "para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal y se extenderá al número de días que [...] señala la Ley Federal del Trabajo".(1) No obstante, determinó que la cuantificación sería conforme al cuádruplo de la unidad de medida y actualización (UMA) y no al salario mínimo, pues con la reforma constitucional de 27 de enero de 2016 se estableció que todas las referencias al salario mínimo en leyes secundarias se entenderían referidas a la UMA. La segunda consideración importante fue que en el caso existió una concurrencia de culpas por parte del conductor del camión y del señor ********** (dada la presencia de este último en el acotamiento), por lo que procedía disminuir el monto de la condena.

8. Los resolutivos de esta resolución son los siguientes:

PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo D.C. 373/2022 de 21 de octubre de 2022, resuelta por los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se reitera que ha quedado insubsistente la resolución definitiva dictada por esta sala el día 21 de abril de 2022. SEGUNDO. De conformidad con los lineamientos establecidos por el tribunal de ‘amparador’ y, atento a lo expuesto en la presente resolución se revoca la sentencia de primera instancia de 22 de septiembre de 2021, para quedar en los términos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. No se hace especial condena en costas procesales. CUARTO. Comuníquese la presente resolución a los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que resolvió el juicio de amparo. QUINTO. Notifíquese [...].

9. Demanda de amparo. En desacuerdo con esa decisión, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que planteó los siguientes conceptos de violación.

9.1. Primer concepto de violación. El objeto principal de este concepto de violación es controvertir la determinación de que existió una concurrencia de culpas como causa del accidente y, por ende, que dicha concurrencia amerita reducir la condena. Por un lado, se plantea que las demandadas nunca plantearon la concurrencia de culpas como una defensa o excepción, ni como agravio en la apelación, por lo que la Sala responsable no debía suplir su deficiencia de la queja. Por otro lado, señala que la sentencia no justifica adecuadamente la concurrencia de culpas, pues la misma Sala consideró que a falta de aceras, es permitido a los peatones caminar por el acotamiento al considerarse una zona segura, por lo que no se comprende que el hecho de estar en el acotamiento sea justamente lo que generó una culpa de parte de la víctima.

Adicionalmente, se cuestiona por qué la Sala responsable no condenó a la concesionaria de la autopista, quien tiene una responsabilidad solidaria en concepto de la quejosa. En este sentido, señala que la concesionaria omitió colocar señalamientos restrictivos en la zona peatonal para proteger a los usuarios del paso de vehículos.

9.2. Segundo concepto de violación. El segundo concepto de violación controvierte el uso de la UMA en vez del salario mínimo para determinar el monto indemnizatorio, en términos del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal. En relación con la reforma constitucional de 27 de enero de 2016, si bien tuvo por propósito desindexar el salario mínimo de diversos conceptos y reemplazarlo por la UMA, el artículo 123 constitucional establece que la sustitución solo es en conceptos que sean ajenos a la naturaleza del salario mínimo. En el caso del artículo 1915, la base para cuantificar la indemnización sí corresponde a la naturaleza del salario mínimo. El trasfondo de esta norma es resarcir la pérdida de oportunidades ante una incapacidad o el fallecimiento de una persona.

9.3. Tercer concepto de violación. El tercer concepto de violación parte de la distinción entre el daño emergente y el lucro cesante como objetos de compensación conforme al estándar de reparación integral. El lucro cesante –argumenta la quejosa– está comprendido dentro de la reparación reclamada en la demanda. Para su cuantificación, en caso de no aportarse prueba sobre los ingresos de las víctimas, es importante atender al concepto de mínimo vital y tomar como referencia el salario mínimo general al momento de hacerse el pago de los perjuicios generados, y multiplicarlo por el promedio de vida del hombre o mujer, según los datos del INEGI.

9.4. Cuarto concepto de violación. Con su último concepto de violación la parte quejosa sostiene que las aseguradoras debieron ser condenadas por el monto completo de la indemnización debida, tanto por responsabilidad civil objetiva como por daño moral, y no solo por el monto asegurado en la póliza de seguros de la empresa dueña del vehículo causante del daño. Su argumento es que en los seguros de responsabilidad civil que tienen el carácter de obligatorios, como en el caso concreto, las aseguradoras deben cubrir los montos indemnizatorios o las sumas aseguradas que se establezcan en las disposiciones legales aplicables o en las administrativas de carácter general que se deriven de éstas, y no la suma asegurada convenida en la póliza de seguro cuando ésta es notoriamente insuficiente para cubrir de manera total e integral los daños

El límite de la póliza debe tenerse por no puesto, al ser contrario a la intención del legislador en la reforma al artículo 145 de la Ley sobre el Contrato de Seguro de 24 de abril de 2022, la cual tuvo como propósito fue establecer una figura contractual (el contrato de seguro) cuya funcionalidad sea idónea para el logro de su finalidad protectora. Así, dado que las aseguradoras se sustituyeron en la obligación civil de indemnizar el daño ocasionado que les corresponde tanto al propietario del vehículo automotor asegurado como al operador de esta unidad, resultan ser responsables solidarios.

10. Amparo adhesivo. De las demandadas, únicamente ********** promovió amparo adhesivo. En primer lugar, sostuvo que su condena se debió exclusivamente a que existen menores de edad afectados, sin observar que ********** tuvo la culpa del accidente. Este punto lo liga con que en la contestación de demanda hizo valer como excepción la culpa inexcusable de la víctima, la cual dice haber acreditado totalmente. Después de articular cómo es que demostró esta excepción con el caudal probatorio, refiere que si debe pagar alguna cantidad, ésta debe ser calculada en UMAs y no a partir del salario mínimo. Esto en atención a los artículos 26 y 123 constitucionales, así como a los criterios de la Segunda Sala de la Corte en materia de pensiones en las que se ha tomado a la UMA y no al salario mínimo como base de cálculo. Finalmente, señala que se encuentra en quiebra, por lo que es imposible que pague la condena.

11. Sentencia del Tribunal Colegiado. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable dictara una nueva resolución en la que resuelva procedentes las acciones de responsabilidad civil objetiva y daño moral y, sobre la primera, establezca que no existió culpa ni negligencia inexcusable de la víctima. Asimismo, para ambas acciones deberá establecer el monto de la reparación en salarios mínimos, no UMAs. Esto a la luz de las siguientes consideraciones, en las que el Tribunal Colegiado estudió los conceptos de invalidez en un orden diverso al propuesto por la Quejosa:

11.1. Análisis del cuarto concepto de violación.(2) El Tribunal declaró jurídicamente ineficaz el argumento según el cual las aseguradoras debían responder por todo el monto condenado y no solo respecto a al monto pactado en las pólizas de seguro. Si bien el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro atribuye una acción directa al tercero dañado para exigir de la aseguradora la indemnización correspondiente, la subrogación de la aseguradora en favor del asegurado es únicamente hasta el monto de la suma pactada en la póliza. La razón de fondo es que los deudores de la víctima no son en sí las aseguradoras, sino los beneficiarios de la póliza.

En suma, debe respetarse el derecho de la aseguradora para contratar una suma límite en la póliza de seguro, al ser en ésta donde desplegó su voluntad y se obligó. Además, el monto de la suma asegurada generalmente es equivalente o proporcional a la prima pactada con el asegurado, por lo que en principio hay una justificación objetiva y razonable para fijar un tope máximo.

11.2. Análisis del primer concepto de violación. Este concepto de violación se estimó sustancialmente fundado. En esencia, para el Tribunal resultó incongruente que la Sala considerara, por un lado, que el peatón incurrió en negligencia por estar parado en el acotamiento y, por otro, que el acotamiento es un lugar en donde los peatones tienen permitido caminar dada la falta de aceras en el lugar y porque se considera un lugar seguro. Dada esta incongruencia, la Sala no justificó su conclusión sobre la supuesta concurrencia de culpas.

De lo anterior y en atención a las pruebas presentadas el Colegiado concluyó que no se generó una ruptura del nexo entre el acto realizado por el conductor del tracto-camión y el daño producido y, por ende, no puede considerarse que se hubiera disminuido la responsabilidad del agente causante del daño. De aquí que no exista concurrencia de culpas. 11.3. Análisis del segundo concepto de violación. El segundo concepto de violación se estimó parcialmente fundado. Para el Tribunal Colegiado, tanto la condena por responsabilidad civil como por daño moral tiene que ser fijada en salarios mínimos, no en UMAs.(3)

Conforme a la reforma constitucional de 27 de enero de 2016 sobre desindexación del salario mínimo, el artículo 123 establece que el salario mínimo general no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Asimismo, el artículo tercero transitorio de dicha reforma estableció, sin distinción alguna, que a la fecha de entrada en vigor del decreto todas las menciones al salario mínimo general como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Sin embargo, la sustitución del salario mínimo por la UMA solo es en los casos en los que el salario mínimo se usaba como referencia en conceptos que sean ajenos a su propia naturaleza.

En el caso del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, la referencia al salario mínimo como base para cuantificar la indemnización por los daños generados a partir de la muerte de una persona sí corresponde a la naturaleza del salario mínimo. Aquí la remisión a la Ley Federal del Trabajo busca atender los mismos valores que se pueden ver afectados con la responsabilidad civil por daños a las personas en su integridad física o su vida; esto es, garantizar el sustento de las personas y su familia ante la disminución en las capacidades y la pérdida de oportunidades generadas por la incapacidad o muerte de una persona.

A continuación, cita la Acción de Inconstitucionalidad 92/2016, fallada por el Pleno de la Corte, para sostener que en un caso como el presente el salario mínimo debe seguir siendo la base de cuantificación de la responsabilidad civil objetiva y el daño moral. Éstos no se refieren a aspectos administrativos o financieros ajenos a la naturaleza y objeto del salario mínimo, sino que atienden al valor de la indemnización cuando se producen daños en la persona, común tanto para el derecho laboral como para la indemnización de responsabilidad civil y daño moral. Se concluye entonces que la Sala responsable deberá emitir una condena con sustento en el valor de los salarios mínimos en el momento en que ocurrió el siniestro.

11.4. Ausencia de análisis de los restantes conceptos de violación. Llegado este punto de la resolución, el Colegiado estima que es innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación en tanto su análisis no mejoraría el efecto ya alcanzado en el amparo.

11.5. Análisis del amparo adhesivo. Los argumentos esgrimidos en el amparo adhesivo se declaran inoperantes en tanto no expresan violaciones procesales y solo se dirigen a señalar razones por las que se deben desestimar los conceptos de violación de la parte quejosa.

12. Recurso de revisión. GNP, una de las aseguradoras demandadas y tercero interesada en el juicio de amparo, interpuso recurso de revisión en contra de la determinación anterior. Los argumentos de la Recurrente, reseñados a continuación, giran en torno a dos temas: (a) la concurrencia de culpas en la producción del daño, y (b) el hecho de que el Tribunal Colegiado haya estimado que la cuantificación de la condena tiene que hacerse con base en el salario mínimo y no en UMAs.

12.1. Argumentos relativos a la concurrencia de culpas. La Recurrente formula una multiplicidad de aseveraciones en este tópico. En primer lugar, señala que, si bien la falta de señalización en la autopista pudo haber influido en la decisión del peatón de cruzar, no lo exime de su responsabilidad en el accidente; además, no fue materia de periciales si la autopista contaba con señalización adecuada. En segundo lugar, reclama un "sesgo cognitivo" de la autoridad responsable al excluir el suicido como una posible explicación del accidente. En tercer lugar, sostiene que en este asunto no se puede determinar una versión única de los hechos, y que la concurrencia de culpas no significa una solidaridad en el pago de la condena. Afirma también que se debía aplicar un estándar probatorio análogo al de materia penal, pues el resultado de la sentencia puede atentar contra la presunción de inocencia del chofer del camión en un asunto penal derivado de los mismos hechos.

A partir de los puntos anteriores solicita a la Corte realizar un ejercicio de valoración probatoria en el que se responda si es verdad (a) que el peatón no contaba con un vehículo para justificar su presencia en el acotamiento; (b) si es posible que el peatón fuera un vendedor en la caseta y callera por accidente mientras el camión se acercaba; (c) si es posible que al caer el peatón estuviera fuera del campo visual del conductor, y (d) si el peatón no se encontraba en ninguna de las hipótesis de la fracción II del artículo 2 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

12.2. Argumentos relativos a la base para calcular la condena. La pretensión principal de la Recurrente en este tema es que, de sostenerse su condena, se tome a la UMA y no al salario mínimo como base de cuantificación. Al efecto, señala que la reforma constitucional de 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo tiene efectos dentro del contenido del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual continúa refiriendo al salario mínimo como base de cuantificación.

La reforma constitucional de desindexación –sigue el argumento– tuvo como objeto reemplazar al salario mínimo como parámetro utilizado por diversas leyes locales y federales, de modo que ahora sea la UMA el "índice, base o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México". En este sentido, los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma especifican que todas las menciones al salario mínimo en tanto unidad de cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones en leyes federales y locales se entenderán referidas a la UMA, y que las legislaturas locales deberán realizar las reformas necesarias para implementar este cambio normativo.

De lo anterior deriva una "presunción de inconstitucionalidad" del artículo 1915 y aduce que la omisión de la Asamblea Legislativas de la Ciudad de México para reemplazar su referencia al salario mínimo por la UMA no puede jugar en su contra. Esta situación la compara con la ocurrida a nivel federal, en donde se reformó el artículo 1915 del Código Civil Federal para cambiar la referencia al salario mínimo por la UMA.(4)

Asimismo, cita la exposición de motivos de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización para argumentar que solo existen dos excepciones al reemplazo del salario mínimo por la UMA, las cuales se refieren a la materia de seguridad social y de pensiones.(5) En este sentido, señala que el salario mínimo es una herramienta política para proteger a los trabajadores, no un estándar indemnizatorio; los aumentos del primero atienden a una finalidad distinta que la indemnización.

13. Trámite ante esta Suprema Corte. El 13 de junio de 2023, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el recurso, le asignó el número de expediente 3858/2023 y lo admitió a trámite, con reserva de estudio de procedencia. Asimismo, turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de esta Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución.

14. Avocamiento. Finalmente, el 11 de octubre de 2023 el Ministro Presidente de esta Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto y remitió el expediente al Ministro Ponente.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, dado que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, competencia de esta Primera Sala, conforme a lo dispuesto en el punto Segundo, fracción III, inciso B), del Acuerdo General 1/2023 (modificado mediante instrumento normativo del 10 de abril de 2023).

II. OPORTUNIDAD

16. Como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada a la compañía de seguros tercera interesada por medio de lista el 10 de mayo de 2023, por lo que surtió sus efectos al día siguiente, es decir, el 11 de ese mes y año. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del 12 al 25 de mayo de 2023, descontándose los días 13, 14, 20 y 21 del mes y año citados, por ser sábados y domingos. Dado que el recurso de revisión se presentó de manera electrónica el 25 de mayo de 2023, se concluye que se interpuso de manera oportuna, conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 22 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. LEGITIMACIÓN

17. El medio de impugnación fue interpuesto por el apoderado legal de la compañía de seguros tercera interesada, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se satisface el requisito de legitimación.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

18. A partir de los antecedentes del caso y los razonamientos expuestos por el T

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32659-a3e7ca1e/desindexacion-del-salario-minimo-la-reforma-constitucional-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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