ADJUDICACIÓN DE BIEN INMUEBLE POR REMATE JUDICIAL. ES INCONSTITUCIONAL EXIGIR LA ESCRITURA PÚBLICA COMO REQUISITO PARA QUE SE ENTREGUE SU POSESIÓN POR VIOLAR EL DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN CIVIL FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 340/2019. FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. 22 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS, MARIANA AGUILAR AGUILAR Y RICARDO MARTÍNEZ HERRERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (en adelante Financiera Nacional) obtuvo una sentencia favorable en un juicio ejecutivo mercantil, en el que se condenó a la parte demandada al pago de un crédito vencido.
En el procedimiento de remate, el predio embargado durante el juicio se adjudicó en favor de Financiera Nacional. Una vez que el remate quedó firme, la adjudicataria solicitó al Juez de lo Mercantil que emitiera la orden de lanzamiento y la entrega de la posesión material y jurídica del inmueble. El Juez determinó que, antes de poner el bien en posesión del nuevo propietario, debía otorgarse la escritura pública que formalizara la adjudicación.
Inconforme con ese requisito, Financiera Nacional interpuso recurso de apelación. La Sala responsable que conoció del recurso confirmó el auto apelado, pues consideró que sí era necesario el otorgamiento de la escritura antes de que la adjudicataria pudiera tomar posesión del bien. Como fundamento, la Sala responsable se apoyó en los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales consideró de aplicación supletoria al Código de Comercio.
Contra esa determinación, Financiera Nacional promovió juicio de amparo indirecto y su consecuente revisión. En la demanda reclamó los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, porque considera que vulneran el derecho de propiedad, dado que la transmisión de los bienes queda firme desde el momento en que la autoridad jurisdiccional adjudica el bien embargado, de modo que no es razonable limitar la propiedad, mediante el condicionamiento de la orden de ponerlo en su posesión, a un requisito formal.
En la materia de la revisión, competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, subsiste la constitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 340/2019, interpuesto por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (quejosa) en contra del fallo dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho por la Jueza Decimoquinta de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el juicio de amparo indirecto 387/2018-III.(1)
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles que prevé, en materia de remates judiciales, que el tribunal pondrá al comprador en posesión de los bienes rematados previo otorgamiento de la escritura. Al respecto, es importante precisar que la autoridad responsable aplicó el referido precepto en forma supletoria al Código Mercantil.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Contexto. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural(2) y, en lo sucesivo, Financiera Nacional) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objeto coadyuvar al impulso del desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.(3)
2. Para el cumplimiento de dicho objeto, Financiera Nacional otorga créditos de manera sustentable y presta otros servicios financieros a los productores e intermediarios financieros rurales, procurando su mejor organización y mejora continua.(4)
3. Contrato base de la acción. El treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Financiera Nacional —para entonces todavía Financiera Rural— celebró con **********, por propio derecho y como apoderado general de **********, un contrato de apertura de crédito por $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional) para la adquisición de **********. Las partes convinieron que los acreditados dispondrían del crédito en una sola ministración y que su fecha de vencimiento sería el treinta y uno de enero de dos mil cinco. Al efecto, los señores ********** y ********** suscribieron un pagaré por el importe y con la fecha de vencimiento señalados.
4. Juicio ejecutivo mercantil **********. Derivado de que los acreditados omitieron cubrir el pago del crédito en la fecha de vencimiento pactada, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, Financiera Nacional promovió un juicio ejecutivo mercantil en contra de **********, por sí y como apoderado de **********, a quienes demandó el pago de una cantidad equivalente al importe total de los montos adeudados hasta esa fecha, incluidos el capital, los intereses ordinarios y los intereses moratorios.
5. El veintiocho de noviembre de dos mil cinco, el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, radicó el juicio con el número de expediente **********, admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil y ordenó requerir a los demandados el pago de lo reclamado.
6. El veintitrés de noviembre de dos mil seis,(5) tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que, dada la falta de pago, se embargó el inmueble identificado como: "predio formado por las fracciones denominadas **********, ********** y **********, ubicado dentro de la municipalidad de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.".(6) En esa misma diligencia se emplazó al demandado, el señor **********.
7. Por su parte, la señora ********** fue emplazada por edictos.(7) Como la demandada no compareció a dar contestación ni a señalar bienes para garantizar el adeudo reclamado, en acuerdo de doce de enero de dos mil diez, a petición de Financiera Nacional, el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco tuvo como señalado y embargado el inmueble precisado en el párrafo que antecede.
8. Agotado el procedimiento, el catorce de febrero de dos mil once el citado Juez dictó sentencia definitiva, en la que declaró procedente la acción cambiaria directa ejercida por Financiera Nacional —entonces Financiera Rural— y condenó a la parte demandada al pago de diversas cantidades por concepto de capital vigente, capital vencido, intereses financiados vigentes, intereses financiados vencidos, intereses ordinarios, gastos y costas. En la misma sentencia, el Juez determinó que, previo avalúo y para el caso de que la parte demandada no cumpliera voluntariamente con la condena, se procedería al remate del bien embargado.
9. En acuerdo de nueve de junio de dos mil once, el Juez de lo Mercantil declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria, dado que ninguna de las partes la recurrió.
10. Ejecución forzosa, remate y adjudicación. Ante la falta de cumplimiento voluntario de lo ordenado en la sentencia definitiva condenatoria, por acuerdo de doce de julio de dos mil once, el Juez de lo Mercantil ordenó iniciar la ejecución forzosa de la sentencia y sacar a remate el inmueble embargado, previo avalúo.
11. El seis de noviembre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia de remate, en la que el Juez de lo Mercantil, a falta de otras posturas legales y a petición de Financiera Nacional, fincó el remate definitivo del inmueble embargado en favor de ésta.
12. Acto reclamado. El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, Financiera Nacional solicitó que el remate del bien fincado en su favor se declarara firme y que se emitiera la orden de lanzamiento a efecto de tomar posesión jurídica y material del inmueble adjudicado.
13. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco emitió un acuerdo en el que declaró que la audiencia de remate causó estado, pero determinó que, para acceder a la solicitud de emitir la orden de lanzamiento, Financiera Nacional debía exhibir la escritura pública de adjudicación. El Juez citó como fundamento los artículos 1412 Bis 1 y 1412 Bis 2 del Código de Comercio.(8)
14. Recurso de apelación **********. Inconforme con la anterior determinación, Financiera Nacional interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el que se ordenó su registro con el número de toca **********, acumulado al diverso *********.
15. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Sala de apelación dictó sentencia, en la que confirmó el auto recurrido, ya que consideró correcta la determinación del Juez de primera instancia.
16. En lo esencial, la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco sostuvo que, previo a poner al comprador en posesión del bien adjudicado, es necesario que se otorgue la escritura pública respectiva, como acto conclusivo del procedimiento de ejecución de sentencia. Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,(9) que la autoridad responsable consideró de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 1054.(10)
17. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 387/2018-III. Por escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, Financiera Nacional promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como de su acto de aplicación, consistente en la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en el toca **********.(11)
18. Financiera Nacional consideró violados en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política del país y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sus conceptos de violación argumentó, en esencia, lo siguiente:
• Primer concepto de violación. Fue incorrecta e ilegal la determinación de la Sala responsable de aplicar supletoriamente al Código de Comercio los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que todo lo relativo a la escrituración y posesión de inmuebles adjudicados se encuentra perfectamente regulado en los artículos 1412 Bis 1 y 1412 Bis 2 del Código de Comercio.
• La Sala responsable creó con su ilegal proceder una traba inexistente en el Código de Comercio para la toma de posesión jurídica y material de inmuebles adjudicados en un juicio ejecutivo mercantil. Además, impidió que la sentencia definitiva se ejecute con la mayor expeditez posible, lo cual es un principio del derecho mercantil.
• No son aplicables al caso las tesis I.3o.C.111 C(12) y PC.I.C. J/38 C (10a.),(13) en las que la Sala responsable basó su determinación, ya que la primera tesis se trata de un criterio aislado, aunado a que los preceptos legales que ahí se interpretan no deben considerarse aplicables supletoriamente a la materia mercantil.
• Segundo concepto de violación. La sentencia reclamada adolece de incongruencia interna, ya que la Sala responsable aplicó legislaciones distintas; por un lado, el artículo 1412 Bis 2 del Código de Comercio y, por el otro, los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Si el primer precepto resultaba suficiente para resolver la cuestión planteada, no se justifica la aplicación supletoria de los segundos. Es decir, debió aplicarse una legislación o la otra, pero no las tres al mismo tiempo.
• Tercer concepto de violación. La responsable interpretó erróneamente el artículo 1412 Bis 2 del Código de Comercio, en la parte que refiere: "e dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al adjudicatario.". De ahí no se desprende que para la toma de la posesión primero se debe escriturar la adjudicación y exhibir el instrumento correspondiente a la autoridad juzgadora.
• Cuarto concepto de violación. La Sala responsable debió considerar que, al momento en que quedó firme la adjudicación del inmueble embargado, se perfeccionó la transmisión de la propiedad. Por tanto, en términos del artículo 830 del Código Civil Federal,(14) no debe existir impedimento para que el propietario de la cosa pueda gozar y disponer de ella, ya que el derecho de propiedad no emana de la escrituración, sino de la resolución firme de adjudicación.
• Quinto concepto de violación. En el supuesto no concedido de que los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco sí se consideren aplicables supletoriamente al Código de Comercio, entonces tales preceptos deben declararse inconstitucionales y violatorios del derecho de propiedad.
• Los preceptos reclamados establecen el requisito de escrituración como una formalidad previa a la entrega del bien adjudicado. Este requisito impide injustificadamente que se pueda disponer, usar y gozar de la cosa de la que ya se es propietario.
• Si la quejosa ya es propietaria del bien, la formalización en escritura pública es un aspecto secundario, cuya finalidad sólo consiste en inscribir la venta en el Registro Público de la Propiedad. Dicho registro no constituye derechos de propiedad, únicamente tiene efectos declarativos y permite que el acto surta efectos contra terceros.
• Sexto concepto de violación. La autoridad responsable indebidamente omitió someter las normas reclamadas a un control de constitucionalidad difuso. De haberlo hecho, habría inaplicado los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
19. Correspondió conocer del juicio de amparo a la entonces Jueza Sexta de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (actualmente Jueza Decimoquinta de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan),(15) quien ordenó su registro con el número de expediente **********, admitió a trámite la demanda y tuvo como terceros interesados a ********** y **********.
20. Agotado el procedimiento, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho la Jueza de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, terminada de engrosar el veintiuno de diciembre siguiente, en la que:
a) Sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en la publicación de las normas reclamadas, atribuidas, respectivamente, al Director del Diario Oficial de la Federación y al Director de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, ya que dicha publicación no se impugnó por vicios propios.
b) Negó el amparo contra los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues consideró que estos preceptos no violan el derecho de propiedad.
c) Concedió el amparo contra el acto de aplicación de las normas señaladas, consistente en la resolución dictada por la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al considerar que el otorgamiento de la escritura no es un factor para permitir la toma de la posesión del bien embargado.
21. Las consideraciones esenciales que sustentan la sentencia de amparo recurrida son las siguientes:
• Considerando séptimo. El quinto concepto de violación, tendente a demostrar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, es infundado.
• Los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no prevén un requisito que constituya un acto privativo de la propiedad, en términos del artículo 14 constitucional. En su caso, la medida que prevén constituye un acto de molestia, cuya constitucionalidad se satisface con los requisitos de fundamentación y motivación, en términos del artículo 16 constitucional, ya que limita temporalmente la posesión del bien adjudicado hasta en tanto se obtenga la escritura correspondiente.
• Ambas normas establecen el requisito de escrituración de la adjudicación, antes de poner el bien embargado a disposición del comprador, ya que el conocimiento de ese dominio frente a terceros tiene como finalidad otorgar publicidad al acto de adjudicación.
• Sin embargo, no existe una necesidad lógica de que la escrituración deba ser anterior a la entrega del bien, porque, en el juicio, el deudor ya ha perdido la propiedad del bien por la venta forzosa y, desde ese momento, ya no tiene derecho a poseerlo. Por tal razón, debe entenderse que lo que tutela la norma es un derecho en favor del nuevo adjudicatario, a efecto de que la transmisión de la propiedad goce de seguridad jurídica y se le proteja de cualquier riesgo.
• En otras palabras, el cumplimiento del requisito reclamado es un derecho que opera en favor del adjudicatario, para que su propiedad sea conocida por terceros. Esto revela el carácter disponible del derecho, pues de otro modo la inscripción del acta tendría efectos constitutivos y esto es contrario a los principios que rigen la institución registral.
• Lo anterior significa que la entrega de los títulos de propiedad o la toma de la posesión es una consecuencia automática y necesaria de la adjudicación, de modo que no puede oponerse a la ejecución del fallo la falta de la inscripción de la escritura.
• Por ende, la falta de protocolización e inscripción de la escritura que formaliza la adjudicación por remate judicial constituye un aspecto que únicamente perjudica al adquirente que fue omiso en ejercer un derecho disponible, aunque sólo en cuanto al acto de publicidad, no así en el derecho de propiedad.
• En las normas reclamadas, el legislador advirtió que el procedimiento de remate de bienes embargados se realiza en varias fases. Así, el cumplimiento del fallo definitivo se colma con la orden de otorgar la escritura, donde se formaliza la venta judicial de los bienes y la entrega de la posesión de éstos.
• Consecuentemente, los preceptos reclamados no contravienen el derecho de propiedad, ya que sólo disponen una restricción temporal para obtener la posesión de un bien adjudicado, sin que ello signifique una expropiación o una modalidad de la propiedad para restringirla.
• Lo anterior es así porque, si bien el remate se perfecciona al causar estado la resolución que lo declaró, el remate no es un requisito suficiente para que la venta judicial surta sus efectos legales, ya que para ello la ley exige un requisito de forma, que consiste en el otorgamiento de la escritura pública para que entonces pueda existir el derecho de propiedad. • En otras palabras, los artículos reclamados perfeccionan el derecho de propiedad privada.
• Considerando octavo. El concepto de violación en el que la quejosa sostuvo que la transmisión de la propiedad se perfeccionó en el momento en que quedó firme la adjudicación del inmueble embargado y que, por ende, ya tiene derecho a gozar y disponer de él (cuarto concepto de violación), es fundado y suficiente para conceder el amparo.
• La Sala responsable indebidamente dejó de atender lo dispuesto en el artículo 830 del Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, ya que desconoció que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella.
• La responsable aplicó erróneamente los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues, si bien el artículo 1054 del Código de Comercio prevé la supletoriedad de aquellos ordenamientos para que rijan el procedimiento mercantil, lo cierto es que el artículo 2 del Código de Comercio dispone que también serán aplicables a los actos de comercio las reglas del derecho común contenidas en el Código Civil Federal.(16) Entre estas reglas se encuentra precisamente la prevista en el artículo 830 del Código Civil Federal, que no fue observada por la Sala responsable.
• Además, la interpretación conforme en sentido estricto de los artículos 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco lleva a sostener que no existe una prohibición expresa para entregar el bien adjudicado en caso de que no se cuente con la escritura correspondiente. Lo único que se establece es un orden secuencial de los eventos que se presentan en un procedimiento de remate.
• La propiedad y el dominio del bien adjudicado se consolida en favor del ejecutante y sale del patrimonio del deudor precisamente por la adjudicación en favor del primero. Esto, con independencia de que se haya otorgado o no la escritura pública correspondiente.
• Por ello, si el ejecutante ya tiene la propiedad del inmueble con motivo de la declaratoria judicial, la entrega del bien no puede condicionarse a que la adjudicación esté formalizada a través de escritura pública, porque el efecto de la escrituración e inscripción sólo es declarativo y no constitutivo, y la eventual omisión del requisito operará sólo en perjuicio del adquirente.
• De supeditar la entrega de la posesión del bien adjudicado al cumplimiento del requisito reclamado, se desconocerían los efectos legales que produce la adjudicación judicial y se afectaría el derecho legítimo y fundamental del ejecutante.
• La publicidad de la adjudicación que se da mediante su escrituración y protocolización únicamente puede beneficiar o perjudicar al nuevo dueño frente a terceros, pero no hace que los efectos jurídicos de la adjudicación queden en suspenso para el ejecutante hasta en tanto se otorgue la escritura.
• Por tanto, es innegable que la Sala responsable contravino el derecho de propiedad, al negar la entrega del inmueble al adjudicatario, por falta de escritura.
• Por los motivos expuestos, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación restantes.
22. Los efectos de la concesión del amparo en contra de la resolución reclamada fueron que la Sala responsable:
a) Deje insubsistente la resolución reclamada.
b) Dicte otra en la que lleve a cabo una interpretación conforme en sentido estricto de los artículos 496 Código Federal de Procedimientos Civiles y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, declare fundados los agravios de la apelación y ordene la entrega de la posesión del inmueble rematado a Financiera Nacional, sin condicionarla al otorgamiento de la escritura.
23. Recurso de revisión 42/2019. Inconforme con la sentencia anterior, Financiera Nacional interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en el que planteó los siguientes agravios:
• Primer agravio. La sentencia recurrida es incongruente porque en los conceptos de violación no se alegó la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, sino que sus fundamentos normativos son inconstitucionales.
• Asimismo, la sentencia recurrida es incongruente porque primero se sostuvo que, una vez que cause estado la adjudicación del bien embargado, ya se tiene el derecho de propiedad; pero luego se refirió que la adjudicación no es suficiente para el perfeccionamiento de la venta judicial, dado que la ley exige un requisito de forma previo (escrituración) para que pueda existir el derecho de propiedad.
• Si se considera que no se puede proceder a la entrega del bien adjudicado hasta que se otorgue la escrituración, porque el derecho de propiedad no está perfeccionado, entonces el requisito legal reclamado sí restringe y limita el derecho de propiedad.
• Contrario a lo señalado en la sentencia recurrida, la propiedad no se perfecciona con la escrituración, ni tampoco surte sus efectos sólo a partir de que se formaliza. La propiedad se consuma y perfecciona desde que queda firme la adjudicación, sin necesidad de la formalización.
• Segundo agravio. La sentencia recurrida es incongruente porque las consideraciones que sostuvo el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco para desestimar los argumentos de constitucionalidad de los artículos reclamados son totalmente contradictorias y opuestas a las que emitió para conceder el amparo en contra del acto de aplicación.
• Los mismos argumentos que sirvieron de base a la Jueza de Distrito para conceder el amparo en contra del acto de aplicación reclamado debieron servirle para también concederlo en contra de las normas reclamadas.
• Tercer agravio. La Jueza de Distrito incurrió en falta de exhaustividad al analizar el tema de la inconstitucionalidad de los artículos reclamados, debido a que no analizó los argumentos expuestos en el quinto concepto de violación. La Jueza consideró que la escrituración es un requisito previo indispensable para poner al adjudicatario en posesión del inmueble, sin desestimar los razonamientos relativos a que el derecho de propiedad se adquiere con la firmeza de la adjudicación judicial.
24. Correspondió conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuya Magistrada Presidenta ordenó su registro con el número de toca 42/2019 y lo admitió a trámite.
25. En la sesión celebrada el tres de abril de dos mil diecinueve, el citado órgano colegiado dictó sentencia, en la que:
a) Dejó firmes los puntos resolutivos primero y tercero, en los que la Jueza de Distrito sobreseyó respecto de la publicación de las normas reclamadas y concedió el amparo contra su acto de aplicación, atribuido a la Tercera Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ya que las consideraciones que sustentan tal sobreseimiento y concesión no fueron recurridas.
b) Analizó la congruencia de la sentencia recurrida y declaró que no se actualiza la contradicción alegada, ya que el hecho de que se negara el amparo respecto de los artículos reclamados y al mismo tiempo se concediera por el acto de aplicación obedece a las reglas del amparo contra leyes, en el que primero debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y, sólo en caso de que se resuelva negar el amparo respecto de ellas, corresponde entonces analizar el acto de aplicación por vicios propios.
c) Declaró que no es competente para resolver el recurso de revisión respecto del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el análisis de su constitucionalidad es competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de una norma federal.
d) Reservó jurisdicción a este alto tribunal para que resuelva sobre el planteamiento de constitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
e) Precisó que, si bien a él le corresponde resolver sobre la constitucionalidad del artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por tratarse de una ley local, se encuentra impedido para hacerlo hasta en tanto esta Suprema Corte defina la regularidad constitucional del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, reservó ese análisis hasta que este alto tribunal resuelva sobre las cuestiones de su competencia originaria.
26. Trámite ante la Suprema Corte. En acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Presidente de este alto tribunal tuvo por recibidos los autos, ordenó el registro del amparo en revisión con el número de toca 340/2019, asumió la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del citado recurso, radicó el asunto en la Primera Sala y ordenó su turno al Ministro Luis María Aguilar Morales.
27. Avocamiento, turno y returno. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve, el entonces Presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó la remisión de los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.
28. Posteriormente, en auto de seis de enero de dos mil veinte, el entonces Presidente de la Primera Sala ordenó el returno del asunto a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a fin de que formulara el proyecto de resolución.(17)
I. COMPETENCIA
29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de marzo dos mil veintiuno, 83 de la Ley de Amparo, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 47 en relación con los diversos 14 a 17 y 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Punto Tercero, en relación con el Segundo, fracción III, del Acuerdo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32680-3c18ee78/adjudicacion-de-bien-inmueble-por-remate-judicial-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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