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Modo: Corpus Pro

I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCERLA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 231 Y 232 DE LA LEY DE AMPARO Y 10, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DEL PUNTO SEXTO DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 15/2013, PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SU ESTUDIO CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DETERMINAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS DE CARÁCTER CIVIL A TRAVÉS DE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA FUNDADA CUANDO EL PODER LEGISLATIVO OMITE MODIFICAR O DEROGAR LAS NORMAS NO TRIBUTARIAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES EN UN AMPARO EN REVISIÓN DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS ÚTILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU FINALIDAD ES EXCLUIR DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO LAS NORMAS GENERALES QUE CONTRAVIENEN DERECHOS HUMANOS, A FIN DE ERRADICAR LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS, GARANTIZAR LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y PROMOVER LA ECONOMÍA PROCESAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CUANDO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APRUEBA POR MAYORÍA DE OCHO VOTOS, UNA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO OTORGADO AL PODER LEGISLATIVO PARA REFORMAR O DEROGAR LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN UN AMPARO EN REVISIÓN SIN QUE LO HAYA HECHO, O CUANDO, AUN MODIFICÁNDOLA, NO SE CORRIGE EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO PROCEDE DEJARLA SIN MATERIA CUANDO LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE UNA NUEVA LEY DIFIEREN SU ENTRADA EN VIGOR, MANTIENEN VIGENTE LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL Y ESTABLECEN LA APLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA A LOS PROCESOS INICIADOS DURANTE SU VIGENCIA. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. IX. MARCO NORMATIVO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. LA PORCIÓN "DÍAS DE ASUETO" PREVISTA EN EL ACUERDO DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUEDEN EQUIPARARSE A LOS DÍAS FESTIVOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO INTERIOR QUE RIGE A ESE ÓRGANO LEGISLATIVO. X. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO PROCEDE DEJARLA SIN MATERIA AUN CUANDO UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN INFORME AL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APROBACIÓN DE UN DICTAMEN DE REFORMA DE LA NORMA INCONSTITUCIONAL, SI EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO RESPECTIVO NO HA CONCLUIDO POR FALTA DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA CÁMARA REVISORA. XI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EMITIRLA RESPECTO DEL ARTÍCULO 496 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN SU INTEGRIDAD, AL ADVERTIRSE QUE A LA FECHA DE RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO REFORMÓ NI DEROGÓ DICHAS DISPOSICIONES PARA SUPERAR EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD ADVERTIDO EN EL AMPARO EN REVISIÓN 340/2019. XII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 496 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN SU INTEGRIDAD). XIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES A NO APLICAR LAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 496 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN SU INTEGRIDAD). XIV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN TENER EFECTOS RETROACTIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 496 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EN SU INTEGRIDAD). XV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCI

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2023. · Registro digital (IUS): 33411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-11
Promovente: MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.7.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2023. MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 7 DE ENERO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RICARDO LATAPIE ALDANA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Al resolver el amparo en revisión 340/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo obliga a una persona que adquirió un bien en un remate a obtener la escritura del bien antes de que pueda tomar posesión de este. La Sala decidió que este requisito vulnera desproporcionadamente el derecho a la propiedad. Debido a que la decisión se tomó por unanimidad de cinco votos, el asunto se volvió un precedente obligatorio.

La Suprema Corte notificó esta resolución al Congreso de la Unión para que, en el plazo de noventa días, modificara el artículo para eliminar el vicio de inconstitucionalidad detectado por la Primera Sala. El plazo transcurrió del nueve de octubre de dos mil veintitrés al tres de abril de dos mil veinticuatro, sin que el Congreso reformara o derogara el artículo. Por ello se emite la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 340/2019, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece lo siguiente: "Artículo 496. Otorgada la escritura, pondrá el tribunal, al comprador, en posesión de los bienes rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, arrendatarios, aparceros, colonos y demás interesados de que se tenga noticia". Esto, al considerar que vulnera el derecho a la propiedad.

Antecedentes y trámite

1. Emisión del precepto impugnado. El Código Federal de Procedimientos Civiles se publicó el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces se contempló el artículo 496, el cual establece:

Artículo 496. Otorgada la escritura, pondrá el tribunal, al comprador, en posesión de los bienes rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, arrendatarios, aparceros, colonos y demás interesados de que se tenga noticia.

2. Juicio de origen. *************************************************** (en adelante ************************************************) otorgó un crédito a **********************************, representada por su apoderado **************************. Para ello, suscribieron un pagaré. Ni el representante ni su representada pagaron el monto del crédito en la fecha de vencimiento del pagaré.

3. Por tales hechos, ****************************** promovió un juicio ejecutivo mercantil en contra de ********************************* y *********************. El juicio se radicó con el número ********************* ante el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Durante el juicio se embargó un inmueble registrado a nombre de los demandados.

4. El catorce de febrero de dos mil once el juez de origen condenó a **************************** y a **************************** al pago de diversas cantidades por concepto de capital vigente, capital vencido, intereses financiados vigentes, intereses financiados vencidos, intereses ordinarios, gastos y costas. Asimismo, determinó que, si la parte demandada no cumplía voluntariamente con la condena, se procedería al remate del bien embargado.

5. Debido a que los demandados no pagaron la condena, se fincó el remate definitivo del inmueble embargado y se adjudicó a la actora. El juez mercantil acordó que, antes de emitir la orden de lanzamiento para que ******************************* pudiera tomar posesión jurídica y material del inmueble adjudicado, ésta debía exhibir la escritura pública de adjudicación.

6. La actora apeló la decisión anterior. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco confirmó la sentencia recurrida en el toca ***/2018. Consideró que, previo a poner al comprador en posesión del bien adjudicado, es necesario que se otorgue la escritura pública respectiva, de acuerdo con el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

7. Amparo indirecto. Inconforme, ************************** promovió amparo indirecto. Reclamó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles y su aplicación en el caso concreto. La Jueza Sexto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco conoció del amparo bajo el expediente ***/2018. En sentencia engrosada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, negó el amparo contra el artículo reclamado, pues determinó que no violaba el derecho de propiedad. Aun así, concedió el amparo contra el acto de aplicación, al considerar que el otorgamiento de la escritura no es un factor para permitir la toma de posesión del bien rematado.

8. Amparo en revisión 340/2019. *********************** interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito conoció inicialmente del recurso bajo el expediente **/2019. Posteriormente, lo remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el ejercicio de su competencia originaria respecto del estudio de constitucionalidad el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

9. La Primera Sala de este Alto Tribunal registró el asunto como el amparo en revisión 340/2019. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés emitió sentencia en la que concedió el amparo a ************************* en contra del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La Primera Sala resolvió que dicho artículo afecta el derecho a la propiedad y no supera un test de proporcionalidad.

10. En primer lugar, determinó que la adjudicación es una parte del remate judicial, mediante la cual se constituye el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. El derecho de propiedad deriva de la adjudicación misma y es susceptible de materializarse, sin que dependa necesariamente de la formalización de la venta mediante escritura. En ese sentido, concluyó que el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles es una medida legislativa que incide y limita el derecho de propiedad, dado que el precepto impide que el adjudicatario posea, goce y disponga del bien rematado hasta en tanto no se formalice el acto de adjudicación en escritura pública.

11. En segundo lugar, llevó a cabo un test de proporcionalidad. Ponderó que el artículo referido sí supera la primera grada del test, pues éste persigue un fin constitucionalmente válido: dar publicidad, certeza y seguridad jurídica a la adjudicación de un bien y, de manera reforzada, a un inmueble. Asimismo, determinó que el precepto supera la segunda grada, ya que prevé una medida idónea para conseguir el fin referido. La medida incentiva al adjudicatario para obtener la escritura pública y con ello se garantiza que las personas involucradas en el acto como y terceros conozcan quién es el legítimo propietario del bien de que se trate, así como los términos y condiciones de la adjudicación.

12. No obstante, la Primera Sala consideró que el artículo no supera la grada de necesidad del test, puesto que la escrituración como requisito previo para la toma de posesión del bien rematado no es necesaria para que la adjudicación tenga certeza y seguridad jurídica y publicidad. El Alto Tribunal recordó que el efecto de la escrituración de un bien es meramente declarativo y no constitutivo del derecho de propiedad. Notó que existen otros mecanismos que, sin restringir el derecho de propiedad del adjudicatario, brindan certeza y publicidad a la adjudicación del bien inmueble, tales como: la existencia misma de las actuaciones judiciales relativas a la aprobación del remate y la consecuente adjudicación, los cuales constituyen el acto por el cual se transmite la propiedad del bien en favor del adjudicatario; la obligación en la que concurren tanto las autoridades jurisdiccionales como las partes, consistente en dar la forma que la ley exige a ese tipo de actos jurídicos, lo que se da de forma independiente a la puesta del bien en posesión del adjudicatario; y la previsibilidad de eventuales consecuencias que pudieran resultar perjudiciales para el adjudicatario del bien por la falta de la escritura.

13. Por todo lo anterior, se concedió el amparo por unanimidad de cinco votos a ************************ y se declaró la inconstitucionalidad el artículo 496 del Código Federal de Procedimiento Civiles.

14. Comunicación. El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por oficio registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Común, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento de la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal que en el amparo en revisión 340/2019, por unanimidad de cinco votos, la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

15. Admisión. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (i) admitió y registró el asunto bajo el expediente de declaratoria general de inconstitucionalidad 5/2023; (ii) turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, por haber sido la ponente en el amparo en revisión 340/2019; (iii) ordenó notificar al Congreso de la Unión la resolución dictada en el amparo en revisión 340/2019, para los efectos del plazo de noventa días a los que hacen referencia los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del país(1) y 232 de la Ley de Amparo;(2) y (iv) ordenó la certificación por el Secretario General de Acuerdos del inicio y vencimiento del plazo.

16. Notificación. El seis de octubre de dos mil veintitrés, las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión fueron notificadas del acuerdo anterior.

17. Informe del Poder Legislativo Federal. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Común el once de abril de dos mil veinticuatro, la Diputada Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicitó que se tuviera a la mencionada Cámara dando cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 340/2019. Para ello, presentó los siguientes documentos:

a. De la Comisión de Justicia, las iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se deroga el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de posesión de bienes rematados, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 6497-IV, de fecha jueves 4 de abril de 2024

b. Versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de diputados de fecha 4 de abril de 2024, donde se aprueba el referido Dictamen con 435 votos en pro.

18. Asimismo, manifestó que el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

19. Acuerdo sobre el informe. El veintidós de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo a la Cámara de Diputados haciendo las manifestaciones señaladas. Acordó que la ejecución del amparo en revisión 340/2019 correspondía al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco. No obstante, remitió las constancias a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

I. COMPETENCIA

20. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del país;(3) 231 y 232 de la Ley de Amparo,(4) y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) así como en el punto sexto del Acuerdo General Plenario 15/2013,(6) de veintitrés de septiembre de dos mil trece.

II. LEGITIMACIÓN

21. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, pues fue realizada por el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo(7) y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 15/2013(9) de este Tribunal Pleno.

III. PROCEDENCIA

22. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente de conformidad a lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(10) en relación con el artículo 223 de la misma ley,(11) ya que deriva de un amparo en revisión, en el que se estableció jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma general.

23. La presente declaratoria deriva del amparo en revisión 340/2019, mediante el cual se declaró por unanimidad de cinco votos la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque limita de manera desproporcional el derecho a la propiedad.

24. Asimismo, la declaratoria general es procedente porque la disposición declarada como inconstitucional es de materia procesal civil y no de materia tributaria.(12)

IV. ESTUDIO

25. Este Tribunal Pleno resuelve que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad es fundada, ya que el Congreso de la Unión no modificó ni derogó el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles dentro del plazo de noventa días útiles dispuesto para ello.

26. La declaratoria general de inconstitucionalidad tiene el objetivo de expulsar del sistema jurídico las normas generales que vulneran derechos humanos, a fin de evitar desigualdades y garantizar una administración de justicia pronta y expedita.(13)

27. Este mecanismo implementado con la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once buscó garantizar el principio de igualdad ante la ley y el principio de economía procesal. Bajo el principio de relatividad de las sentencias, la norma declarada inconstitucional continúa aplicando a todas aquellas personas que no formaron parte del juicio de amparo. Esto genera una aplicación desigual de la ley, pues hace que las personas promuevan demandas en contra de dichos preceptos para evitar que se les aplique la norma, lo que además genera una carga adicional para el sistema judicial.(14)

28. En ese sentido, la declaratoria general de inconstitucionalidad permite que, una vez que exista una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de un precepto, se brinde una oportunidad a la autoridad emisora de la norma para que subsane el vicio de inconstitucionalidad detectado en un plazo de noventa días. Si la autoridad no usa esta oportunidad para reformar o derogar la norma y evitar que continúe vulnerando derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve obligada a expulsar dicha norma del ordenamiento jurídico. De esta forma, las personas destinatarias de esa norma ya no se ven en la necesidad de recurrir al amparo para evitar que se les aplique el precepto, pues ya fue expulsado del sistema jurídico.

29. Como ya se mencionó, la declaratoria general de inconstitucionalidad procede en los juicios de amparo indirecto en revisión en los que se haya conformado jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma general. Cuando el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emitan este tipo de jurisprudencia, el Presidente o Presidenta de la Sala o del Pleno deberá notificarlo a la autoridad emisora de la norma para que ésta subsane el vicio de inconstitucionalidad en un plazo de noventa días útiles.(15)

30. La declaratoria general de inconstitucionalidad se puede resolver de distintas maneras, según sea la actividad del órgano emisor de la norma inconstitucional.

31. Un primer supuesto ocurre cuando el órgano modifica la norma antes de que corra el plazo de noventa días. Si a juicio del Tribunal Pleno la nueva disposición modifica la norma declarada inconstitucional, la declaratoria general de inconstitucionalidad quedará sin materia.(16)

32. Un segundo supuesto sucede cuando, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de noventa días, el órgano emisor de la norma no modifica ni deroga la norma, o bien, la modifica pero no supera el vicio de inconstitucionalidad. En este caso, se decretará la declaratoria general de inconstitucionalidad de la norma y deberá votarse, por lo menos, por una mayoría de ocho votos.(17)

33. En el presente caso, se analizará la conducta del Congreso de la Unión, órgano emisor del Código Federal de Procedimientos Civiles. En primer lugar, se revisará si el artículo 496 del Código referido fue modificado antes del plazo de noventa días útiles. De no ser así, se procederá a analizar si el artículo fue modificado o derogado y si se superó el vicio de inconstitucionalidad.

34. Las Cámaras de Diputados y de Senadores fueron notificadas del amparo en revisión 340/2019 el seis de octubre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, el plazo de noventa días útiles comenzó a correr al día hábil siguiente, el nueve de octubre de dos mil veintitrés y feneció el tres de abril de dos mil veinticuatro, conforme al cómputo que se detalla en el apartado IV.2.

IV.1. Modificaciones antes del plazo de noventa días

35. Este Tribunal Pleno advierte que el siete de junio de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se abroga al Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del Decreto, la entrada en vigor del Código Nacional será gradual.(18) En el orden federal, dicho Código entrará en vigor por la Declaratoria que realicen las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. Esta Declaratoria no puede exceder del primero de abril de dos mil veintisiete, ya que Código Nacional entrará en vigor automáticamente en esa fecha si no se emite la Declaratoria.

36. De conformidad con el artículo tercero transitorio del Decreto, el Código Federal de Procedimientos Civiles se abrogará hasta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.(19) Esto quiere decir que el Código Federal seguirá vigente hasta que se emita la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional, o bien, hasta el primero de abril de dos mil veintisiete.

37. Asimismo, el artículo cuatro transitorio del Decreto dispone que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del Código Nacional continuarán tramitándose bajo la legislación aplicable en el momento en el que iniciaron, salvo que las partes acuerden lo contrario.(20) En ese sentido, el Código Federal de Procedimientos Civiles seguirá vigente para los procesos que se hayan iniciado bajo su régimen.

38. De lo anterior se concluye que, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se expidió antes del nueve de octubre de dos mil veintitrés, fecha en la que inició el plazo de noventa días otorgado al Congreso de la Unión para modificar o derogar el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que éste último sigue vigente hasta que entre en vigor el Código Nacional. Incluso, seguirá vigente después de la entrada en vigor del Código Nacional, ya que le será aplicable a los procedimientos iniciados bajo el Código Federal.

39. Por lo tanto, este Alto Tribunal no puede dejar sin materia el asunto, sino que deberá emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente. Entonces, se continuará con el estudio del asunto.

IV.2. Modificaciones durante y después del plazo de noventa días

40. Para efectos del plazo de noventa días útiles de la declaración general de inconstitucionalidad, este Tribunal Pleno ha interpretado el vocablo "días útiles". La línea jurisprudencial en este sentido ha entendido a los "días útiles" como aquellos días hábiles destinados por el Congreso federal o local al desarrollo de los trabajos legislativos dentro de los periodos ordinarios de sesiones conforme a su normatividad aplicable.(21) De esta forma, se ha reconocido la facultad de las Cámaras de Diputados y Senadores de emitir los reglamentos y acuerdos necesarios para su organización y funcionamiento,(22) así como las facultad de la Junta de Coordinación Política de cada Cámara de elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones y el calendario de trabajo para su desahogo.(23)

41. Conforme a lo anterior, el plazo comenzó el nueve de octubre de dos mil veintitrés, pues fue el día hábil siguiente al que se notificó la resolución del amparo en revisión 340/2019 al Congreso de la Unión. Los noventa días útiles transcurrieron hasta el tres de abril de dos mil veinticuatro, sin tomar en cuenta los días inhábiles declarados por el Congreso de la Unión.

42. No se toman en cuenta los sábados y domingos ni los días veinte de noviembre de dos mil veintitrés, cinco de febrero de dos mil veinticuatro y dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles en términos de los artículos 4, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 182, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 5 del Reglamento del Senado de la República, y 74, fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo.(24) Tampoco se cuenta el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, por no ser parte del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (esto es, corresponde al periodo receso).(25)

43. Por último, se consideran como días inhábiles el veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil veinticuatro, dado que fueron declarados como "días de asueto" por la Cámara de Diputados en el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de ocho de febrero de dos mil veinticuatro, y por la Cámara de Senadores en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

44. La normatividad que rige al Congreso de la Unión no menciona los "días de asueto". No obstante, el artículo 182, numeral 5, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados establece que los días inhábiles son también los días festivos.(26) Por lo tanto, los "días de asueto" pueden equipararse a los días festivos.

45. Además, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 no se tomaron en cuenta como días útiles el dieciocho y diecinueve de abril de dos mil diecinueve,(27) los cuales aparecen como días de asueto en el calendario legislativo del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

46. Por todo lo anterior, esta Suprema Corte concluye que el plazo de noventa días útiles corrió del nueve de octubre de dos mil veintitrés al tres de abril de dos mil veinticuatro. Este plazo se ilustra de la siguiente manera:

Ver plazo

47. Mediante escrito de once de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitó a esta Suprema Corte que se tuviera por cumplido el amparo en revisión 340/2019. Para ello, remitió las iniciativas de decreto para derogar el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, remitió la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, en la que se aprobó por mayoría de 435 votos un dictamen en el que se propuso derogar el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por último, informó que dicho dictamen había sido turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. La Cámara de Senadores no informó ni remitió ningún tipo de documentación a este Alto Tribunal.

48. De lo anterior se advierte que el Congreso de la Unión no reformó ni derogó el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles en el plazo de noventa días otorgado para ello. Además, es un hecho notorio para esta Suprema Corte que, a la fecha en la que se emite la presente ejecutoria, no se ha publicado ningún decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se modifique en algún sentido el artículo referido.

49. Aunque la Presidenta de la Cámara de Diputados informó que el Pleno de dicha Cámara aprobó un dictamen mediante el cual se propone derogar el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que el procedimiento legislativo aún no concluye. La reforma propuesta todavía no se ha discutido ni aprobado en la Cámara de Senadores.

50. En consecuencia, problema de inconstitucionalidad subsiste. El artículo 496 referido, declarado como inconstitucional por la Primera Sala de esta Suprema Corte en el amparo en revisión 340/2019, sigue vigente.

51. Por esta razón, con fundamento en el artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Política del país, este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su integridad, en los términos del apartado siguiente.

V. EFECTOS

52. El artículo 107, fracción II, párrafo tercero, constitucional confiere a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación amplias facultades para fijar los alcances y condiciones de una declaratoria general de inconstitucionalidad con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas así declaradas en sus precedentes obligatorios.(28)

53. Además, en términos del artículo 234 de la Ley de Amparo, la declaratoria general de inconstitucionalidad en ningún caso podrá modificar el sentido de la resolución que le dio origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y no serán retroactivos, salvo en materia penal, y se establecerá la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, así como sus alcances y condiciones.(29)

54. Por lo anterior, este Tribunal Pleno considera que, para poder superar el vicio de inconstitucionalidad, se deberá hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su integridad, que establece:

Artículo 496. Otorgada la escritura, pondrá el tribunal, al comprador, en posesión de los bienes rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, arrendatarios, aparceros, colonos y demás interesados de que se tenga noticia.

55. Con fundamento en el artículo 234 referido con anterioridad, la presente declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso de la Unión, y tiene el alcance de que la norma declarada inconstitucional no sea aplicada a persona alguna por parte cualquier autoridad.

56. Finalmente, con base en el artículo 235 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Diario Oficial de la Federación con copia de esta sentencia para efectos de su publicación en siete días hábiles.

57. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, para los efectos precisados en el apartado V de esta determinación.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación y a la procedencia.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama separándose de la metodología, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 25, del 29 al 34 y del 40 al 46, respecto del apartado IV, relativo al estudio, consistente en declarar la inconstitucionalidad del artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La señora Ministra Ortiz Ahlf votó en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Presidenta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33411-1dfb5b59/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-el-tribunal-pleno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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