Corpus
Modo: Corpus Pro

I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA. II. SENTENCIAS EMITIDAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS RAZONES POR LAS QUE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 1), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR RESTRINGIR A UNA SOLA OCASIÓN LA POSIBILIDAD DE EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS NORMAS RESPECTIVAS ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO DEL DECRETO POR EL QUE SE DEROGA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUMPLE CON EL SENTIDO FORMAL DE UNA REFORMA. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA NORMA IMPLICADA FUE REFORMADA O DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 1), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO].

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2022. · Registro digital (IUS): 33417
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-11
Promovente: MINISTRA PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.109.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2022. MINISTRA PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 18 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la entonces Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, párrafo último, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del día dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, por el que emite la siguiente:

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Derivada del precedente obligatorio fijado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión **********,(1) por el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

TRÁMITE

1. Solicitud. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat(2) comunicó a la Presidencia de esta Suprema Corte que la Primera Sala resolvió el amparo en revisión ********** declarando la inconstitucionalidad del artículo 58 fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, (3) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

2. Admisión. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente declaratoria general de inconstitucionalidad 12/2022; lo turnó a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y con copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión ********** ordenó notificar al Congreso de la Unión para los efectos del plazo de noventa días a que se refieren los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General y 232 de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

3. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General,(4) en relación con los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(5) 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021,(7) publicado el ocho de abril de dos mil veintiuno, y el punto Segundo, fracción IV, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(8) publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés.

II. LEGITIMACIÓN

4. La solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, ya que fue presentada por la entonces Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(9)

III. PROCEDENCIA

5. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente –en términos de lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo–, ya que tiene como sustento un precedente obligatorio emitido por la Primera Sala en el amparo en revisión **********,(10) por el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

6. Al respecto, debe precisarse que el precepto normativo mencionado no corresponde a la materia tributaria, pues se trata de una disposición que regula el recurso de queja que podrá hacerse valer en relación con el cumplimiento dado a las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que tenga relación alguna con la imposición de contribuciones.

7. En efecto, la porción normativa declarada inconstitucional constituye una norma adjetiva que regula un procedimiento para determinar si se ha dado cumplimiento o no a lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo, de ahí que resulte claro que el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no tiene carácter tributario.

IV. ANTECEDENTES

8. En este apartado se resumen los antecedentes y consideraciones del procedimiento previo a la declaratoria general de inconstitucionalidad:

9. Juicio contencioso administrativo. Una persona moral demandó la nulidad de una resolución a través de la cual se le negó la devolución del saldo a favor de $********** (**********), por concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de julio de dos mil nueve. Seguidos los trámites procesales, mediante sentencia de tres de julio de dos mil catorce, la Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinó que la actora acreditó su pretensión y se declaró la nulidad de la resolución impugnada.

10. Incidente innominado de cesión de derechos litigiosos. ********** y ********** manifestaron que, mediante la celebración de un contrato de cesión de derechos, aquella acordó ceder a ********** el derecho de crédito a obtener la devolución del IVA correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, con todos los derechos procesales y litigiosos correspondientes. Dicho incidente fue resuelto mediante sentencia interlocutoria en la que se determinó que la persona moral ********** es la única que cuenta con la titularidad de los derechos cedidos.

11. Inconformes con lo anterior, ********** y **********, promovieron juicio de amparo indirecto, el cual fue radicado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, les concedió el amparo y protección de la justicia.

12. Sentencia en cumplimiento. La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a lo resuelto en el juicio de amparo, resolvió fundado el incidente innominado y reconoció la eficacia del contrato de cesión de derechos procesales y litigiosos celebrados entre las citadas empresas.

13. Recursos de queja. Las referidas empresas morales interpusieron recurso de queja, el cual fue resuelto mediante sentencia de cuatro de agosto de dos mil diecisiete en el sentido de declararla fundada y procedente, concediendo a la autoridad demandada el plazo de tres días para que diera cumplimiento a la sentencia de tres de julio de dos mil catorce.

14. Posteriormente, el doce de octubre de dos mil dieciséis la empresa ********** interpuso queja por el incumplimiento de la sentencia de tres de julio de dos mil catorce, la cual fue resuelta el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el sentido de declararla procedente y fundada.

15. El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el representante legal del acreedor sustituto de la parte actora promovió queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, aduciendo que había transcurrido en exceso el plazo que tenía la autoridad para dar cumplimiento a lo ordenado en el recurso de queja resuelto el nueve de marzo de dos mil diecisiete. En sesión de nueve de enero de dos mil dieciocho, la Segunda Sección de la Sala Superior declaró improcedente la queja en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente hasta el trece de junio de dos mil dieciséis.

16. Juicio de amparo indirecto. ********** y **********, promovió juicio de amparo en contra de la referida sentencia interlocutoria, así como en contra de la constitucionalidad de la referida porción normativa. Seguidos los trámites el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo respecto de la promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no haber sido controvertidos por vicios propios; en segundo término, determinó negar el amparo contra el artículo 58, primer párrafo, fracción II, inciso a), numerales 1 al 4, inciso b y último párrafo, de dicha ley; y en tercer lugar, determinó conceder el amparo a la quejosa respecto al último párrafo del artículo 58 de la ley impugnada.

17. Recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve en el sentido de declararse incompetente para pronunciarse sobre el planteamiento constitucional subsistente relativo al artículo 58, fracción II, inciso a, subinciso 1, párrafo segundo (sic),(11) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

18. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, ordenó formar el expediente registrándolo con el número **********, determinando turnar el asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto respectivo, asunto que fue avocado ante la Primera Sala.

19. Al resolver el amparo en revisión, la Primera Sala determinó que el último párrafo del subinciso 1, del inciso a), de la fracción II, del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es contrario al principio de acceso a la tutela judicial efectiva, en las vertientes de plena ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que reconocen los artículos 17 de la Constitución General y 25.2, inciso c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al restringir a que el interesado exija una sola vez el cumplimiento de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin razón jurídica válida.

20. Se determinó que la limitación impuesta por el legislador para presentar la queja por incumplimiento por una sola ocasión carece de sustento jurídico, ya que no se advierte razón por la cual se impida ocurrir en queja más de una ocasión ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Restricción injustificada que impide a la persona que ha obtenido sentencia favorable, gozar de un derecho a la tutela judicial efectiva completo en el entendido de que este derecho se perfecciona cuando se garantiza la ejecución, cumplimiento y efectiva reparación por parte de quien fue obligado a ello.

21. Se precisó que tampoco es posible validar la constitucionalidad de la norma con base en que es posible impugnar la nueva determinación derivada de la queja fundada con la presentación de una nueva demanda de nulidad porque esta disposición se traduce en una carga desmedida para el justiciable, quien exclusivamente busca el cumplimiento de la resolución que le favorece y no volver a someterse a un juicio, con todo lo que ello implica; por lo que esta previsión sólo redunda en una evidente demora en el cumplimiento de un derecho que ya se ha declarado en beneficio del particular, violando así el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.

22. Igual consideración se tuvo en cuanto a que en contra de lo resuelto en el recurso de queja, la parte agraviada puede accionar el juicio de amparo indirecto —como ocurrió en el caso—, pues ello ocurre como única alternativa para hacer valer violaciones a derechos fundamentales en relación con la aplicación de normas que pudieran resultar inconstitucionales, pero no sustituye la falta de razonabilidad para que el legislador limitara la interposición del recurso de queja en el juicio contencioso administrativo para el cumplimiento de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a una sola ocasión y obligando al justiciable a instar, en su caso, de nuevo el juicio contencioso administrativo cuando únicamente se pretenda insistir en el pleno acatamiento de la sentencia en los términos propuestos.

23. Por los motivos anteriores, la Primera Sala determinó conceder el amparo a la parte quejosa al haber resultado inconstitucional el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

V. SIN MATERIA

24. De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional y en los artículos 232 y 233 de la Ley de Amparo, en relación con el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021,(12) las declaratorias generales de inconstitucionalidad pueden realizarse a partir de un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de la resolución de un amparo en revisión, por el cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general.

25. Al respecto, el artículo 232 de la Ley de Amparo señala que, cuando el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una norma general, se deberá notificar al órgano emisor de la norma, de conformidad con la fracción II del artículo 107 constitucional.

26. Asimismo, dispone que, una vez notificado el órgano emisor y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente. No obstante, la Ley de Amparo aclara que, cuando el órgano emisor de dicha norma es el órgano legislativo federal o local, el plazo referido se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la normatividad correspondiente.

27. En el presente caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad se admitió a trámite el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Dicho expediente deriva del amparo en revisión **********, resuelto por la Primera Sala en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno por unanimidad de cuatro votos, y por el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

28. Posteriormente, el Congreso de la Unión, quien expidió la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fue notificado sobre el trámite de la declaratoria general de inconstitucionalidad 12/2022 relacionada con el amparo en revisión **********, el uno de diciembre de dos mil veintidós,(13) por lo que surtió sus efectos ese mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo.(14)

29. Así, el plazo de noventa días transcurrió del dos de diciembre de dos mil veintidós al cuatro de octubre de dos mil veintitrés,(15) sin tomar en cuenta los periodos de receso del primer y segundo periodos de sesiones ordinarias, sábados y domingos, así como los días seis de febrero, veinte de marzo, del tres al siete de abril, todos de dos mil veintitrés, en términos de los acuerdos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores anteriormente referidos.

30. Ahora bien, el once de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en representación de dicha Cámara, remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas constancias a fin de que se le tuviera dando cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión **********.(16) Dichas constancias consistieron en:

a. Minuta de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número **********, de fecha cuatro de abril de dos mil veinticuatro. (17)

b. Versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de fecha cuatro de abril de dos mil veinticuatro, donde se aprueba el referido Dictamen.

31. De las constancias referidas se advierte que en sesión de doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el “Dictamen de las Comisiones de justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 12/2022”.

32. En sesión de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del Oficio por el cual la Cámara de Senadores, remite el expediente que contiene la “Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo”, minuta que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y la elaboración del Dictamen correspondiente, la cual fue aprobada en sus términos y sometida a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

33. En este orden, en sesión de fecha de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con 440 votos a favor y se pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

34. Así, el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación:

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE DEROGA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo Único.- Se deroga el último párrafo del inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 58. ...

I. ...

II. ...

a) ...

1. a 4. ...

Se deroga

b) a g)

III. y IV. ...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

35. Así, conforme al artículo 72 constitucional, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

36. Cuando se apruebe un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

37. De ahí que, este Tribunal en Pleno estime que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, del Decreto por el que se deroga un párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cumple con el sentido formal de una reforma, pues fue emitido por autoridad competente y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

38. En tal contexto, se debe tener en cuenta que la resolución emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del artículo 58 fracción II, inciso a), subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

39. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se supera con la supresión de la referida porción normativa, siendo conveniente realizar un análisis comparativo del contenido de la porción normativa declarada inconstitucional, en relación con su texto vigente:

Ver normativa

40. En esta tesitura, este Tribunal Pleno estima que la presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia debido a que se derogó la porción normativa declarada inconstitucional en el amparo en revisión **********.

41. Por lo expuesto y fundado,

SE RESUELVE

ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose del párrafo 29.

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la señora Ministra Lenia Batres Guadarrama no asistieron a la sesión de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, el primero por desempeñar una comisión oficial y la segunda previo aviso a la Presidencia.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Doy fe.

Firman la señora Ministra Presidenta y el Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO EL ACUERDO GENERAL 11/2017, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADO EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN ESTA VERSIÓN PÚBLICA SE SUPRIME LA INFORMACIÓN CONSIDERADA LEGALMENTE COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE ENCUADRA EN ESOS SUPUESTOS NORMATIVOS.

________________

1. Resuelto en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de cuatro votos, de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat (Presidenta), y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente). Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

2. Mediante oficio presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. “Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

[...]

II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) Procederá en contra de los siguientes actos:

1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.

2. ...

3. ...

4. ...

La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.”

4. “Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

[...]

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.”

5. “Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente o la presidenta de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá informarlo a la autoridad emisora de la norma en un plazo de quince días.

Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria.”

“Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.“

6. “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno: [...]

V. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

7. “SEGUNDO. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencia dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno del presente Acuerdo General.”

8. “SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]

IV. Los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad; [...].”

9. “Artículo 24. Son atribuciones de los presidentes de las Salas: [...]

VII. Ejercer las demás atribuciones que le asigne esta Ley, los reglamentos interiores y los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

10. Resuelto en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por unanimidad de cuatro votos, de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente) y la Ministra presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

11. A foja 43 de la sentencia, se precisó en el considerando sexto: “Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para resolver el fondo del presente recurso de revisión, respecto de los temas de inconstitucionalidad de la ley que subsisten respecto al artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.”

12. “SEGUNDO. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencia dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno del presente Acuerdo General.”

13. Expediente electrónico de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 12/2022.

14. “Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas; [...].”

15. Ley de Amparo. “Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.”

16. Mediante acuerdo de veintidós de abril siguiente; la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a la Cámara de Diputados por presentada haciendo diversas manifestaciones relacionadas con su actuación para modificar o derogar la normativa declarada inconstitucional en el amparo en revisión en cita.

17. En el Apartado C relativo a las Consideraciones, se precisó lo siguiente: “SEXTA. CUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2022. Esta Comisión no omite mencionar que con fecha 18 de enero de 2024 se recibió el Oficio No. SGA/FAOT/52/2024.-, de fecha 14 de diciembre de 2023, mediante el cual la Secretaría General de Acuerdo de la Suprema Corte de Justici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33417-e3f39f7a/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-los-ministros-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.