I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SON APLICABLES A ESTOS PROCEDIMIENTOS LAS NORMAS DE LA LEY DE AMPARO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO QUE LA REFORMA Y LA DEROGA, RESPECTIVAMENTE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2021, SI INICIARON CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE SI SE SUSTENTA EN LA JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES NO TRIBUTARIAS, EMITIDA POR UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN AMPAROS INDIRECTOS EN REVISIÓN. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA FORMULARLA. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. CONSIDERAR COMO DÍAS ÚTILES, REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO AQUELLOS EN QUE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CELEBRAN SUS SESIONES ORDINARIAS CONTRAVENDRÍA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA Y LA FINALIDAD DE ESTA FIGURA. VI. SISTEMA NORMATIVO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL ANÁLISIS EN AMPARO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. VII. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE LA GENERAN Y QUE FUERON DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSTITUYEN UN SISTEMA NORMATIVO. VIII. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. EL PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE LA GENERAN, ADVERTIDO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO SE SUPERÓ CON LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JUNIO DE 2017. IX. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE MARZO DE 2021, CONFIERE AMPLIAS FACULTADES A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA FIJAR SUS EFECTOS. X. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS PORCIONES NORMATIVAS EN LAS QUE SUBSISTE, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 235, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 247, PÁRRAFO ÚLTIMO, QUE INDICAN "SÓLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS Y", DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SURTE EFECTOS GENERALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS A LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN TENER EFECTOS RETROACTIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 235, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 247, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN "SÓLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS Y" DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE NO FUERON OBJETO DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JUNIO DE 2017). XII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DICTADA RESPECTO DE LAS PORCIONES NORMATIVAS EN LAS QUE SUBSISTE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA SE LIMITAN A REMOVER LOS OBSTÁCULOS JURÍDICOS PARA PERMITIR LA AUTORIZACIÓN DEL CONSUMO PERSONAL Y REGULAR CON FINES MERAMENTE LÚDICOS O RECREATIVOS, EXCLUSIVAMENTE DEL ESTUPEFACIENTE CANNABIS (SATIVA, ÍNDICA Y AMERICANA, SU RESINA, PREPARADOS Y SEMILLAS) Y DEL PSICOTRÓPICO THC [TETRAHIDROCANNABINOL, LOS SIGUIENTES ISÓMEROS: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) Y SUS VARIANTES ESTEREOQUÍMICAS], EN CONJUNTO CONOCIDOS COMO "MARIHUANA" (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 235, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 247, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN "SÓLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS Y", DE LA LEY GENERAL DE SALUD). XIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE SE ORDENA NOTIFICAR, INCLUSO, A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE AUTORIZAR EN LO SUCESIVO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AUTOCONSUMO DE, EXCLUSIVAMENTE, CANNABIS Y TETRAHIDROCANNABINOL (THC) CON FINES RECREATIVOS (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 235, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 247, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN "SÓLO PODRÁN REALIZARSE CON FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS Y", DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE NO FUERON OBJETO DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JUNIO DE 2017). XIV. DECLARATORIA GENERAL DE
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 28 DE JUNIO DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
Declaratoria general de inconstitucionalidad
Derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión,(1) en la que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud,(2) que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. TRÁMITE
1. Solicitud. Mediante oficio PS_532/2018 presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández comunicó al presidente de esta Suprema Corte –con fundamento en el punto segundo del Acuerdo General Plenario 15/2013 de veintitrés de septiembre de dos mil trece– que la Primera Sala había resuelto los amparos indirectos en revisión 237/2014 y 1115/2017, en los que determinó la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud,(3) que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por estimarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.(4)
2. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el oficio referido bajo el expediente declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, ordenó notificar a las Cámaras del Congreso de la Unión, con copia certificada de los amparos indirectos en revisión 237/2014 y 1115/2017; asimismo, requirió al secretario de Acuerdos de la Primera Sala para que una vez formada la jurisprudencia respectiva, se lo comunicara y le remitiera las copias certificadas de las sentencias restantes con que fuere integrada la jurisprudencia a efecto de continuar con el procedimiento establecido en el punto tercero del Acuerdo General 15/2013.(5)
3. Por oficio PS_88/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala remitió a la presidencia de esta Suprema Corte copia certificada de las sentencias emitidas en los amparos en revisión 623/2017, 547/2018 y 548/2018.(6)
4. Admisión. En auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por la Primera Sala, ordenó notificar al Congreso de la Unión con copias certificadas de las resoluciones dictadas en los amparos indirectos en revisión 623/2017, 547/2018 y 548/2018; y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
5. Returno. Derivado de la solicitud efectuada por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo;(7) el presidente de esta Suprema Corte, por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, ordenó el returno a fin de que se remitieran los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(8)
II. CONSIDERACIONES
6. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución General,(9) previo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(10) 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) previos a la reforma de la Ley de Amparo y abrogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial efectuada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(12) y en el punto sexto del Acuerdo General Plenario 15/2013,(13) publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece.
7. Lo anterior, porque, a juicio de este Tribunal Pleno, las reformas mencionadas al artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución General no son aplicables en este caso que empezó su tramitación antes de la entrada en vigor de las mismas, pues si bien el decreto de reformas no estableció un régimen transitorio específico para las declaratorias generales de inconstitucionalidad en trámite, de acuerdo con el segundo artículo transitorio del decreto, el Congreso de la Unión debía aprobar la legislación secundaria necesaria para implementar esas reformas dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor, y mediante diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se reformó la Ley de Amparo, cuyo artículo transitorio quinto(14) estableció que los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, continuarán tramitándose hasta su conclusión con base en las normas vigentes al momento de su inicio. Por tanto, son aplicables las normas de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.
8. Procedencia. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia por reiteración emitida por la Primera Sala en amparos indirectos en revisión, en la que se determinó la inconstitucionalidad de las porciones normativas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud(15) que prevén el sistema de prohibiciones administrativas que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud la expedición de autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, en términos de lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo,(16) vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.
9. Al respecto, debe precisarse que los preceptos normativos mencionados no corresponden a la materia tributaria, pues se trata de la prohibición absoluta para autorizar el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, sin que tengan relación alguna con la imposición de contribuciones.
10. Legitimación. La declaratoria general de inconstitucionalidad fue formulada por parte legítima, pues la presentó la presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 232 de la Ley de Amparo y 25, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 15/2013.(18)
11. Antecedentes. Como antecedentes destacan los siguientes:
12. Distintas personas solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la expedición de una autorización que les permitiera el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana".
13. La Cofepris negó en todos los casos la autorización, con fundamento en las porciones normativas de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud(19) que prevén el sistema de prohibiciones administrativas que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud la expedición de autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos.
14. Con motivo de ese acto de aplicación, esas personas promovieron los juicios de amparo indirecto precisados, en los que reclamaron los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud(20) que prevén el sistema de prohibiciones administrativas que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud la expedición de autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos.
15. De los juicios de amparo conocieron los Juzgados Primero, Séptimo, Décimo Primero y Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Las sentencias que en su momento emitieron los Jueces fueron impugnadas mediante recurso de revisión, de los que conocieron el Quinto y Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes reservaron jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las normas generales reclamadas.
16. Los amparos en revisión fueron radicados en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los expedientes 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018, y resueltos por la Primera Sala por mayoría de cuatro votos(21) en sesiones de cuatro de noviembre de dos mil quince (237/2014); once de abril de dos mil dieciocho (1115/2017); trece de junio de dos mil dieciocho (623/2017); y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (547/2018 y 548/2018); en el sentido de revocar las sentencias recurridas y otorgar la protección constitucional.
17. Al resolver esos amparos en revisión, la Primera Sala consideró, en síntesis, que el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud,(22) que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, es inconstitucional.
18. Lo anterior, porque provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado a ese derecho fundamental, y la prohibición absoluta ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.
19. En consecuencia, la Primera Sala concedió el amparo para el efecto de vincular a la autoridad responsable de la Cofepris a otorgar a los quejosos la autorización a que se refieren los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud (entonces vigentes), para realizar las actividades necesarias para el autoconsumo lúdico de marihuana y THC, como son la adquisición (sólo en los amparos en revisión 623/2017, 547/2018 y 548/2018), siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como marihuana, sin aplicar las porciones normativas de las disposiciones reclamadas declaradas inconstitucionales, y vinculó a la Cofepris (en los amparos en revisión precisados) a establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado.
20. La Primera Sala aclaró que esa autorización no incluía en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas.
21. Asimismo, la Primera Sala fue enfática en precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdico-recreativos en ningún caso podía hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no debía ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encontraran terceros que no hubieran brindado su autorización, ni estaba permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, por ejemplo.
22. Finalmente, la Primera Sala aclaró que las personas que ejercieran el derecho de autoconsumo de cannabis y THC, al amparo de la autorización que la Cofepris estaba obligada a expedir con las limitaciones y modulaciones precisadas, con motivo de esos amparos, no incurrirían en las conductas delictivas contra la salud previstas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal,(23) pues todas ellas exigían la concurrencia de un elemento típico de carácter normativo, consistente en que se realicen "sin la autorización correspondiente".
23. De esas cinco sentencias consecutivas, sin otra en contrario, derivaron las siguientes jurisprudencias:
"Registro digital: 2019365
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias: constitucional
"Tesis: 1a./J. 10/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 493
"Tipo: jurisprudencia
"INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos –sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar– del estupefaciente ‘cannabis’ (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico ‘THC’ [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como ‘marihuana’, son inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no es necesaria debido a que existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.
"Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.
"Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.
"Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
"Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y otro. 31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y José Ignacio Morales Simón.
"Amparo en revisión 547/2018. Zara Ashely Snapp Hartman y otros. 31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.
"Tesis de jurisprudencia 10/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil diecinueve.
"Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."
"Registro digital: 2019511
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias administrativa
"Tesis: 1a./J. 25/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1127
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas»
"PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA NECESARIA PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. La prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana prevista por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no constituye una medida necesaria para proteger los fines constitucionales que persigue el legislador, toda vez que existen medidas alternativas que son igualmente idóneas para alcanzar dichos fines, pero que afectan en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados prohíbe una ‘clase genérica de actos’ (cualquier acto de consumo), mientras que una medida alternativa podría implicar únicamente prohibir ‘una subclase más específica’ de esos actos (actos de consumo en circunstancias específicas). En este orden de ideas, la medida legislativa impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia, cuando para alcanzar los fines que pretende podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman. Dicho de otro modo, el ‘sistema de prohibiciones administrativas’ configurado por los artículos que prohíben de forma absoluta el consumo lúdico de la marihuana es altamente suprainclusivo, al regular circunstancias que no encuentran fundamento en la protección de los derechos de terceros o del orden público. Consecuentemente, se trata de una medida innecesaria en la consecución de su fin." "Registro digital: 2019382
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias constitucional
"Tesis: 1a./J. 9/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 496
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas»
"PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el ‘sistema de prohibiciones administrativas’ consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este ‘sistema de prohibiciones administrativas’ puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el ‘sistema de prohibiciones administrativas’ ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida."
"Registro digital: 2019381
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia constitucional
"Tesis: 1a./J. 7/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 495
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas»
"PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. ÉSTA PERSIGUE FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS. La finalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana prevista en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, consiste en proteger la ‘salud’ y el ‘orden público’, puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general. Al respecto, hay que destacar que ambas finalidades son constitucionalmente válidas. Por un lado, es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por otro lado, la Constitución reconoce como interés legítimo del Estado la protección del conglomerado social. Así, no hay duda de que resulta de orden público la persecución de objetivos sociales colectivos a través de decisiones legislativas o políticas públicas. No obstante lo anterior, conviene precisar que el test de proporcionalidad no se satisface únicamente con verificar que la medida legislativa persiga finalidades válidas, sino que además es preciso que la misma sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto."
"Registro digital: 2019359
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia constitucional
"Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 492
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas»
"DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto."
"Registro digital: 2019358
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia constitucional
"Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 486
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas»
"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras."
"Registro digital: 2019357
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia constitucional
"Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 491
"Tipo: jurisprudencia
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas»
"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad ‘indefinida’ que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la ‘esfera personal’ que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica ‘libertad de acción’ que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una ‘esfera de privacidad’ del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30704-74c3929d/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-son-aplicables-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL MINISTRO O LA MINISTRA QUE PRESIDE UNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA FORMULA (DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITA (DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITA (DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA SU PROCEDENCIA, SÓLO ES NECESARIA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, (DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 231, 232 Y 233 DE LA LEY DE AMPARO SON ACORDES CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO (2a. XXIII/2019 (10a.))
- AMPARO CONTRA LA REFORMA A LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI NO SE LLAMÓ A JUICIO TANTO A LAS AU (XVII.1o.P.A.42 K)
- DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA CUMPLI (P./J. 1/2024 (11a.))
- REVISION, INCOMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA CONOCER DEL RECURSO DE, CUANDO NO SUBSISTA EN ESTA EL PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LE (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis