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I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS QUE PRESIDEN LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA. II. NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. LAS CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA SALA QUE SUSTENTAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO QUINTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LOS INTERESADOS PODRÁN INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE RESULTEN APLICABLES" Y PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE AMNISTÍA, AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN APLICABLE, CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL ESTABLECERSE JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTE OBLIGATORIO EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL NO TRIBUTARIA. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE COMO OBJETO EXPULSAR DEL SISTEMA JURÍDICO LAS NORMAS GENERALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS, A FIN DE EVITAR DESIGUALDADES Y GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. V. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS NORMAS RESPECTIVAS ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. VI. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DÍAS ÚTILES DENTRO DE LOS CUALES DEBERÁ COMPUTARSE EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS MODIFIQUEN O DEROGUEN LA DISPOSICIÓN CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL SON LOS DÍAS HÁBILES DE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. VII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. REQUISITOS PARA SU EMISIÓN. VIII. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI NO SE ALCANZA LA MAYORÍA CALIFICADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE DESESTIMARSE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO QUINTO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LOS INTERESADOS PODRÁN INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE RESULTEN APLICABLES", Y PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE AMNISTÍA). IX. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESESTIMACIÓN NO AFECTA EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN QUE DIO LUGAR A SU TRÁMITE, NI LA JURISPRUDENCIA QUE EMANA DE DICHO PRECEDENTE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO QUINTO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LOS INTERESADOS PODRÁN INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE RESULTEN APLICABLES", Y PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE AMNISTÍA).

Tipo de asunto: DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2023. · Registro digital (IUS): 33416
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-11
Promovente: PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.92.

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2023. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 18 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 317/2022, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafos quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y sexto, de la Ley de Amnistía, que regulaba el procedimiento que las personas interesadas debían llevar a cabo ante la Comisión de Amnistía para solicitar este beneficio, las fases de su procedimiento y los recursos para impugnar las decisiones de la referida Comisión.

La Sala consideró que tal artículo no preveía de forma clara y precisa los medios de defensa aplicables para estar en aptitud de controvertir la negativa del beneficio por parte de la Comisión de Amnistía ni tampoco la legislación específica en la que se encontraban regulados los recursos procedentes, lo cual vulneraba los derechos de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial y acceso a un recurso efectivo de las personas solicitantes de la amnistía.

Posteriormente, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, la Sala emitió una aclaración de sentencia en la que precisó los efectos de la concesión del amparo y se estableció la forma en la que el Juzgado de Distrito, vinculado al cumplimiento de la ejecutoria, debe determinar si la Comisión de Amnistía tiene o no elementos para considerar procedente la petición del beneficio para continuar con la etapa jurisdiccional de la solicitud de amnistía.

En lo que concierne a la inconstitucionalidad de la norma, el amparo en revisión 317/2022 fue aprobado por unanimidad de cinco votos, por lo que constituye jurisprudencia en términos del artículo 223 de la Ley de Amparo.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 317/2022,(1) en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 3°, párrafos quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y sexto, de la Ley de Amnistía, por contravenir los derechos de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial y acceso a un recurso efectivo de las personas solicitantes del beneficio de la amnistía.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DECLARATORIA

1. Emisión de los preceptos impugnados. El veintidós de abril de dos mil veinte, se publicó la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación, la cual concede este beneficio en favor de las personas respecto de las cuales se haya ejercitado acción penal y que hayan sido procesadas o sentenciadas, siempre que no sean reincidentes por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley. El artículo 3° establece los lineamientos para solicitar el beneficio y el procedimiento para solicitarlo ante la Comisión de Amnistía, quien tiene un plazo de cuatro meses para responder y, en caso de no hacerlo, se considerará como negada, por lo que los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables. Este procedimiento se reguló en los siguientes términos:

Artículo 3. La persona interesada o su representante legal, podrá solicitar a la Comisión a que se refiere el párrafo tercero de este artículo la aplicación de esta Ley. Dicha Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que éste, en su caso, la confirme, para lo cual:

I. Tratándose de personas sujetas a proceso, o indiciadas pero prófugas, el juez federal ordenará a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal, y

II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su liberación.

Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 1, fracción VI, de la presente Ley, la Comisión deberá solicitar opinión previa a la Secretaría de Gobernación.

El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 1 de esta Ley.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los procedimientos que determine la Comisión.

La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables.

Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

2. Amparo en revisión 317/2022. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 3°, párrafo quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, al considerar que no señala de manera clara cuáles son los recursos procedentes en contra de la negativa del beneficio de amnistía ni la legislación en la que se prevén los recursos que proceden en contra de dicha negativa, lo que vulnera los derechos de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial y acceso a un recurso efectivo de las personas solicitantes del beneficio de la amnistía.

3. En los efectos, la Sala determinó ordenar la reposición del procedimiento a fin de que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí requiriera a la Comisión de Amnistía, como autoridad responsable, que remitiera el expediente formado con motivo de la solicitud de amnistía del quejoso. Una vez recibido el expediente, procediera al trámite que correspondiera y, con libertad de jurisdicción, emitiera la resolución que conforme a derecho procediera sobre la determinación adoptada por la Comisión de Amnistía, relativa al beneficio solicitado por el quejoso.

4. Aclaración de sentencia del amparo en revisión 317/2022. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí(2) solicitó a la Primera Sala la aclaración de sentencia emitida en el amparo en revisión 317/2022 respecto a los efectos decretados. Esta solicitud también la realizó el Presidente de la Comisión de Amnistía el diez de julio de dos mil veintitrés.(3)

5. El seis de septiembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala aclaró la sentencia únicamente en el apartado de efectos en el sentido de que, como parte de la ejecución de sentencia, el Juzgado de Distrito debía evaluar si la Comisión contó con elementos o no para negar la solicitud. En caso afirmativo, debía conceder el amparo a efecto de ordenar a la Comisión que declarara la procedencia del beneficio y sometiera su decisión a la calificativa del juez federal competente para que éste, en su caso, la confirme de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo primero de la Ley de Amnistía. En caso negativo, debería negar el amparo y confirmar la negativa de la Comisión.(4)

6. Comunicación. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, hizo del conocimiento de la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, que se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafos quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y sexto, de la Ley de Amnistía.

7. Trámite. El once de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta registró el asunto bajo el expediente 10/2023 y ordenó su admisión; turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, por haber sido ponente en el amparo en revisión 317/2022, y ordenó notificar al Congreso de la Unión con copia certificada de la ejecutoria, para los efectos contemplados en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del país(5) y 232 de la Ley de Amparo.(6)

8. Notificación. El cinco de enero de dos mil veinticuatro, la actuaria judicial notificó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del Congreso de la Unión como autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, para que en un plazo de noventa días modificaran o derogaran el precepto a fin de superar el problema de inconstitucionalidad.

II. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del país; 231(7) y 232 de la Ley de Amparo;(8) 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada –aplicable en términos del artículo tercero transitorio de la nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro–,(9) y el punto Segundo, fracción IV, del Acuerdo General número 1/2023,(10) publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés.

III. LEGITIMACIÓN

10. La comunicación sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad proviene de parte legítima, pues fue realizada por el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo(11) y 24, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada –aplicable en términos del artículo tercero transitorio de la nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro–.(12)

IV. PROCEDENCIA

11. La declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo multicitados, ya que deriva de la resolución de un recurso de revisión interpuesto en un juicio de amparo indirecto, en el que se estableció jurisprudencia en relación con la inconstitucionalidad de una norma establecida en la Ley de Amnistía.

12. En particular, la presente declaratoria de inconstitucionalidad deriva de la aprobación por unanimidad de cinco votos del amparo en revisión 317/2022, a través del cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafo quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, por contravenir los derechos de legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial y acceso a un recurso efectivo de las personas solicitantes del beneficio de la amnistía.

13. Al respecto, debe precisarse que el concepto normativo mencionado no corresponde a la materia tributaria, pues se trata de una disposición que regula el procedimiento para solicitar el beneficio de la amnistía, así como los medios de impugnación procedentes para combatir la negativa de la Comisión de Amnistía para otorgar el beneficio, sin que tenga relación alguna con la imposición de contribuciones.

V. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN EL AMPARO EN REVISIÓN Y ACLARACIÓN DE SENTENCIA

AMPARO EN REVISIÓN 317/2022

14. Hechos. El tres de marzo de dos mil diecinueve, un hombre fue detenido por un agente policial quien, al realizar una inspección de su vehículo, encontró cincuenta paquetes de cannabis sativa L (marihuana). Por estos hechos, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Posteriormente, un Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio lo declaró penalmente responsable por la comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos, tipificado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal.(13) Por esta razón, el Juez le impuso una pena privativa de la libertad de siete años.

15. Ejecución de la pena. El Juez estableció que de conformidad con el artículo único del Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para ejercer funciones de ejecución de sanciones penales, la ejecución de la sentencia estaría a su cargo hasta la total resolución de los asuntos sobre el tema.

16. Publicación de la Ley de Amnistía. El veintidós de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, la cual concede este beneficio en favor de las personas respecto de las cuales se haya ejercitado acción penal y que hayan sido procesadas o sentenciadas, siempre que no sean reincidentes por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, incluido el delito contra la salud, en su modalidad de transporte de narcóticos.(14)

17. En la Ley se estableció que el Ejecutivo Federal integraría una Comisión con el objeto de coordinar los actos para determinar la procedencia del beneficio de amnistía.(15) Así, el dieciocho de junio de dos mil veinte se emitió en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Amnistía.(16)

18. El citado ordenamiento establece que la persona interesada o su representante legal podrá solicitar a la Comisión el beneficio de amnistía, quien determinará su procedencia y someterá la decisión a la calificación de un juez federal. Esta solicitud deberá ser resuelta por la Comisión en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación; transcurrido ese plazo, se considerará resuelta en sentido negativo y la persona interesada podrá interponer los “medios de defensa que resulten aplicables”.

19. Solicitud de amnistía. El diez de septiembre de dos mil veinte, la persona sentenciada solicitó a la Comisión de Amnistía que se le aplicara en su favor el beneficio. Lo anterior, porque a su consideración cumplía con los requisitos previstos en la ley, pues no era reincidente respecto del delito por el que fue sentenciado, y tenía una discapacidad física permanente en la pierna izquierda.

20. Juicio de amparo indirecto. Después de transcurrido el plazo de cuatro meses que establece la Ley de Amnistía en su artículo 3, el solicitante, por conducto de su Defensor Público Federal, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la improcedencia del beneficio solicitado y, en consecuencia, la negativa de someter su procedencia a la calificación de un juez federal.

21. En la demanda, el quejoso impugnó la constitucionalidad del artículo 3, párrafo quinto, en su porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables” y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, por considerarlo violatorio del principio de legalidad y de seguridad jurídica, así como del derecho a un recurso efectivo, porque si bien se dispone que ante la negativa de la solicitud de amnistía los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables, lo cierto es que no se especifica de manera clara ni precisa cuál es el recurso ni en qué ley se establece.

22. Sentencia de amparo. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar actualizada la causa de improcedencia de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 107, de la Ley de Amparo, relacionada con la falta de agotamiento de los recursos ordinarios para promover el juicio de amparo, pues supuestamente el quejoso debió acudir al juicio contencioso administrativo.

23. Recurso de revisión principal y adhesivo. En contra de esta negativa, la persona solicitante interpuso un recurso de revisión, en el que señaló que el sobreseimiento vulneró su derecho de acceso a la justicia pues, en el caso, se actualizó una excepción al principio de definitividad, ya que la negativa de otorgar el beneficio vulneró su derecho a la libertad. El Presidente de la Comisión de Amnistía interpuso una revisión adhesiva, en la que señaló que el procedimiento de amnistía era de naturaleza meramente administrativa y no penal.

24. Reserva de jurisdicción. El Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que levantó el sobreseimiento decretado y reservó jurisdicción a este alto tribunal para determinar la naturaleza del procedimiento para solicitar la amnistía, así como los recursos que proceden en contra de la negativa de otorgar el beneficio y en qué legislación se encuentran contemplados.

25. Amparo en revisión 317/2022. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Primera Sala emitió sentencia en la que precisó que el beneficio de amnistía debe ser entendido como un mecanismo que permite la reinserción social de aquellas personas que han sido procesadas o sentenciadas por delitos no graves, que no representan una amenaza a la sociedad, y que por su condición de pertenecer a algún grupo en situación de vulnerabilidad y de mayor discriminación y marginación social tienen menores posibilidades de acceso pleno a la justicia.(17)

26. Para ello, se creó la Comisión de Amnistía para recibir las solicitudes y determinar la procedencia del beneficio y para que, en caso de determinarlo procedente, dicha Comisión remitiera su determinación a la persona juzgadora federal designada por el Poder Judicial de la Federación, para que en su caso la confirme y, según corresponda, ordene a la Fiscalía General de la República desistirse de la acción penal, o a la autoridad ejecutora de la pena para que ponga en inmediata libertad a la persona beneficiaria de la amnistía.

27. Respecto de la naturaleza jurídica de la amnistía, se estableció que la figura es intrínsecamente penal porque su objetivo es extinguir la acción penal por la comisión de determinados delitos. En tal sentido, sería inviable considerarla como una figura de derecho administrativo porque si bien la Comisión que recibe las solicitudes y determina su procedencia es un órgano administrativo, lo cierto es que dicha Comisión surgió por una necesidad de neutralidad e imparcialidad en el conocimiento y determinación de las solicitudes, no con la finalidad de desnaturalizar la amnistía de su esencia penal. Incluso, la competencia para conocer de estos asuntos quedó contenida en los juzgados federales penales.

28. Ahora, en cuanto al artículo 3, párrafo quinto en su porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables” y párrafo sexto de la Ley de Amnistía, la Primera Sala determinó que el precepto no precisa con claridad cuál es el medio de defensa aplicable, las autoridades que intervienen, sus facultades, las resoluciones que debieran emitir, la tramitación del recurso, ni lo demás relativo al mismo, para impugnar la negativa del beneficio de amnistía derivada de la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Comisión, ni tampoco refiere en qué ley se establece.

29. Lo anterior ocasiona que las personas que solicitan el beneficio de la amnistía se vean imposibilitadas de tener conocimiento sobre a qué atenerse y las consecuencias jurídicas que deriven, lo que encima redunda en un obstáculo para acceder a un recurso efectivo. Ello, pues no basta su existencia formal en la ley, ya que lo relevante es que el sistema permita efectivamente la tutela de los derechos de las personas. 30. En ese sentido, la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 3°, párrafo quinto, en su porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables” y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, al trasgredir los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo. Lo anterior por no prever de manera clara ni precisa los medios de defensa que resultan aplicables para que la persona interesada controvierta la negativa del beneficio de amnistía, proveniente de la Comisión ni la ley en la que se prevén. Ante ello, se estableció la posibilidad de que la persona solicitante, una vez transcurridos cuatro meses desde que se presentó la solicitud, pueda acudir al juicio de amparo indirecto, con lo cual se dota al justiciable de un recurso efectivo.

31. Así, la Primera Sala concedió el amparo para efectos de ordenar la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito requiriera a la Comisión de Amnistía la remisión del expediente para analizar, con libertad de jurisdicción, la negativa de procedencia del beneficio. También lo conminó a que, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, procediera al trámite correspondiente y, con libertad de jurisdicción, emitiera la resolución sobre la determinación adoptada por la Comisión, relativa al beneficio solicitado.

32. Aclaración de sentencia. El seis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la solicitud hecha por el Juez de Distrito que conoció del asunto que dio origen al amparo en revisión 317/2022, y el Presidente de la Comisión de Amnistía, la Primera Sala procedió a aclarar el apartado de efectos de la referida sentencia, sin que esto tuviera repercusión alguna en el análisis de constitucionalidad de la norma.

33. En este sentido, la Primera Sala determinó que, como parte de la ejecución de sentencia, el Juzgado de Distrito debía evaluar si la Comisión contó con elementos o no para negar la solicitud y, con base en ello, determinar si lo procedente sería otorgar el amparo para efecto de ordenar a la Comisión que declarara la procedencia del beneficio, para someterlo a la calificativa de una persona juzgadora federal o, en su caso, negarlo.

34. La decisión adoptada en el amparo en revisión 317/2022 fue aprobada por unanimidad de cinco votos, por lo que sus consideraciones constituyen jurisprudencia, en términos del artículo 223 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(18)

VI. ESTUDIO

35. En principio, conviene tener presente que la declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como propósito expulsar del sistema jurídico aquellas normas generales no tributarias que pugnan con los derechos humanos que conforman el parámetro de regularidad constitucional, a fin de preservar su congruencia, evitar desigualdades y garantizar una administración de justicia pronta y expedita.

36. Este mecanismo implementado con la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once buscó garantizar el principio de igualdad ante la ley y el principio de economía procesal, ya que, bajo el principio de relatividad de las sentencias, la norma declarada inconstitucional continuaba aplicando a todas aquellas personas que no formaron parte del juicio de amparo, generando una aplicación desigual de la ley y llegando al absurdo de que se siguieran promoviendo demandas en contra de dichos preceptos en un sinnúmero de ocasiones, lo que además generaba una carga adicional para el sistema judicial.(19)

37. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional y en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, en relación con el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 1/2021,(20) es conveniente precisar que la declaratoria general de inconstitucionalidad únicamente procede en los juicios de amparo indirecto en revisión, en los que se haya conformado jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de una norma general.

38. En particular, en los amparos en revisión substanciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, en los que se haya establecido jurisprudencia por precedente en relación con la inconstitucionalidad de una norma general, el Presidente o la Presidenta deberá informarlo a la autoridad emisora de la norma,(21) a fin de que ésta sea quien subsane el vicio de inconstitucionalidad.

39. Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, en la que fijará sus alcances y condiciones, siempre que sea aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.(22)

40. En este punto, es importante precisar que cuando el órgano emisor de la norma declarada inconstitucional es el órgano legislativo federal o local, el plazo de noventa días referido con anterioridad se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Política del país o en la Constitución local, según corresponda.(23)

41. En este sentido, para efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad, este Tribunal Pleno ha entendido a los “días útiles” como aquellos que son hábiles, es decir, aquellos destinados por el Congreso federal o local al desarrollo de los trabajos legislativos dentro de los periodos ordinarios de sesiones conforme a su normatividad aplicable.(24)

42. En ese sentido, para que las declaratorias generales de inconstitucionalidad puedan realizarse deben:

a) Partir de un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la resolución de un amparo en revisión, por el cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general;

b) Notificar a la autoridad emisora de la norma impugnada a través de la Presidencia de este alto tribunal; y

c) Otorgar el plazo de noventa días naturales para que se supere el problema de inconstitucionalidad.

43. Cumplidos estos tres requisitos, la Suprema Corte de Justicia del Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos, ocho votos.

44. A partir de los requisitos anteriores, se propuso al Tribunal Pleno la emisión de la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 3, párrafo quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, por haberse cumplido con los tres requisitos, toda vez que:

a) El amparo en revisión 317/2022 constituye un precedente obligatorio pues fue resuelto por la Primera Sala en la sesión de treinta de noviembre de dos mil veintidós, y aprobado por unanimidad de cinco votos respecto de la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafo quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía, al no contemplar un recurso efectivo.

b) La Ministra Presidenta admitió a trámite este expediente el once de diciembre de dos mil veintitrés y, en el mismo acuerdo, ordenó notificar al Congreso de la Unión con copia certificada de la ejecutoria recaída en el amparo en revisión 317/2022. En cumplimiento de lo anterior, el ocho de enero de dos mil veinticuatro se notificó a la autoridad legislativa federal la emisión de la jurisprudencia la cual surtió efectos el mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo.(25)

c) De acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(26) 4, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(27) 182, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados,(28) 5 del Reglamento del Senado de la República,(29) y 74 fracciones II, III y VI de la Ley Federal del Trabajo,(30) el plazo de noventa días concedido al Congreso de la Unión para subsanar los vicios de inconstitucionalidad de las normas referidas con anterioridad transcurrió del uno de febrero al diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.(31)

No obstante, el Congreso de la Unión no reformó ni derogó el artículo 3, párrafo quinto, en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables”, y párrafo sexto, de la Ley de Amnistía.

45. De igual forma, se propuso que no bastaba con hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad para resolver el vicio detectado consistente en que el Congreso de la Unión no estableció cuál es el recurso que procede en contra de la negativa ficta de la Comisión de Amnistía, pasado el plazo de cuatro meses para responder. Por ello, se precisó que era necesario establecer el medio de impugnación procedente a fin de dotar a las personas de un recurso efectivo, el cual sería a través de la vía ordinaria ante el juez de ejecución o acudir inmediatamente a la vía extraordinaria del juicio de amparo.

46. Sin embargo, sometida a votación la propuesta, se expresó una mayoría de seis votos a favor de la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafo quinto en la porción normativa “los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables” de la Ley de Amnistía, y un empate de cuatro votos por el párrafo sexto.

47. Por lo que, al no haberse alcanzado la mayoría calificada que exige el artículo 107, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Política del país,(32) este Alto Tribunal determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33416-e9c760a7/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-los-ministros-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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