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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 102/2024. · Registro digital (IUS): 32728
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.271.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 102/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JULIO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ANETTE CHARA TANUS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito y el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si procede el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de verificación en materia de aguas nacionales.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por auto de cinco de abril de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el citado órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo directo 735/2023 y el emitido por el Pleno del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la entonces denominada contradicción de tesis 1/2013 de la que derivó la jurisprudencia PC.XIV. J/1 A (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE VERIFICACIÓN Y LOS VICIOS COMETIDOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA DE NATURALEZA DECLARATIVA."(1)

2. Admisión y trámite de la denuncia. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 102/2024, la admitió a trámite y, entre otras cosas, la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales al estimar que la competencia del asunto corresponde a la Segunda Sala a la que se encuentra adscrito. Finalmente, solicitó a los órganos contendientes remitieran las ejecutorias en que emitieron los criterios denunciados e informaran si se encontraban vigentes.

3. Vigencia del criterio y avocamiento. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte instruyó el avocamiento del asunto.

4. Una vez que los órganos contendientes informaron que los criterios sostenidos continúan vigentes, por acuerdo de treinta de abril de dos mil veinticuatro el Presidente de la Segunda Sala ordenó la remisión de los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

5. Esta Segunda Sala es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios al suscitarse entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, así como el artículo segundo transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés,(2) a través del cual se determinó que las contradicciones de criterios entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, así como entre un Pleno Regional y un Pleno de Circuito de una diversa Región, serán resueltas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción fue presentada por parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) al haber sido formulada por el Magistrado Presidente del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que contiende en el presente asunto.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

7. Para estar en aptitud de determinar si existe la presente contradicción de criterios, deben examinarse las ejecutorias que en ella contienden, para lo cual se resaltarán únicamente los hechos y consideraciones que para dicha finalidad resultan relevantes.

8. Criterio del ahora extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito al resolver la contradicción de tesis 01/2013.

A. Antecedentes relevantes

- Denuncia de contradicción. Los magistrados de un Tribunal Colegiado denunciaron que entre su criterio y el adoptado por diversos órganos se configuraba una contradicción de tesis relacionada con la procedencia del juicio de nulidad en contra de la resolución del procedimiento de verificación seguido por el Director de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua.

- Existencia. La contradicción resulta existente porque los tribunales que contienden se basaron en los mismos supuestos, a saber: 1) los asuntos derivan del procedimiento previsto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y; 2) en ellos la pretensión del visitado fue desvirtuar mediante el juicio contencioso administrativo la resolución de verificación en materia de aguas nacionales o los vicios que se cometieron durante ese procedimiento.

Ahora, toda vez que se advierte que ambos criterios son coincidentes en cuanto consideran que la resolución que culmina el procedimiento de verificación sí constituye una resolución definitiva, el tema de la contradicción se centra en dilucidar si dicha resolución es simplemente declarativa o ejecutiva.

B. Ejecutoria contendiente

El criterio que debe prevalecer es el relativo a que el juicio contencioso administrativo procede en contra de la resolución de verificación y las incidencias ocurridas dentro de ese procedimiento, con independencia de que la resolución respectiva conlleve o no una ejecución, pues la sola declaración de que se incurrió en irregularidades causa afectación al visitado.

En el asunto se parte de la base de que la resolución dictada en el procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales debe culminar con una resolución definitiva, aspecto sobre el cual todos los órganos colegiados coinciden.

En efecto, de lo dispuesto por los artículos 182 y 183 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales se obtiene que el procedimiento de verificación tiene como finalidad la inspección y vigilancia del debido cumplimiento de diversas disposiciones legales y reglamentarias aplicables y que se compone por diversas actuaciones que culminan con la emisión de una resolución administrativa, la cual se considera definitiva porque pondrá fin al procedimiento de verificación.

Esta resolución podrá ser meramente declarativa (si únicamente establece la existencia de irregularidades o infracciones) o incluso podrá tener una medida correctiva de urgente aplicación o ejecución para el visitado.

Lo anterior permite advertir que la visita de verificación es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que necesariamente debe concluir con la emisión de una resolución definitiva en la que la autoridad se deberá pronunciar respecto de lo observado en la visita e incluso podrá imponer medidas de aplicación urgentes.

Sobre lo expuesto, debe tomarse en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 100/2009 –de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 190/2009–(4) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el procedimiento administrativo de verificación es diverso e independiente del de la sanción, por lo que cada uno de ellos debe contar con el dictado de una resolución definitiva.

Atendiendo a ello, como quedan firmes los hechos u omisiones observados en la visita y que se plasman en la resolución, es evidente que son susceptibles de impugnación ya sea vía recurso o a través del juicio contencioso administrativo. Por un lado, porque se trata de una resolución definitiva que pone fin a juicio y, por otra parte, porque le afecta al gobernado en cuanto establece la comisión de irregularidades o infracciones que pueden dar lugar a la imposición de sanciones.

Así, aun y cuando la resolución pueda ser declarativa por no decretar una medida de urgente aplicación para el visitado, lo cierto es que contiene una decisión determinante para la posible aplicación de sanciones que le podría perjudicar, pues deja firmes los hechos u omisiones que fueron detectados en la inspección y que son la base de la conducta infractora sobre la cual se aplicará una sanción en el procedimiento correspondiente, el cual sólo podría iniciar si se dejaron firmes las conductas infractoras.

Acredita lo anterior lo que consideró uno de los órganos contendientes en cuanto a que la conducta infractora derivada de los hechos u omisiones que se queden firmes en la resolución de verificación se tomaría en cuenta en un nuevo procedimiento para efectos de la reincidencia en la conducta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De esta manera, y toda vez que la materia de aguas nacionales no queda excluida de la aplicación de la norma referida, los afectados por los actos y resoluciones de la Comisión Nacional del Agua, en su oportunidad, podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa en términos del artículo 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que dispone que el juicio de nulidad procede contra actos de la administración pública federal que tengan la característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia, o bien, que resuelvan un expediente.

Es aplicable por analogía la tesis aislada 2a. X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(5)

Por lo anterior, al tratarse de una resolución definitiva que afecta al visitado por dejar firmes los hechos u omisiones observadas en la visita –los cuales no podrán ser discutidos en el procedimiento de imposición de sanciones y que incluso será tomada en su perjuicio en caso de reincidencia– es que se concluye que procede el juicio contencioso administrativo o la revisión en contra de la resolución culminatoria, a fin de controvertir los actos de verificación (la propia resolución culminatoria y los vicios cometidos en el procedimiento, incluyendo la orden misma) aun cuando la resolución definitiva sea declarativa, pues se debe privilegiar el derecho del gobernado a controvertir dichos actos dada la afectación que le causa.

C. Criterio

- De dicha resolución derivó la jurisprudencia PC.XIV. J/1 A (10a.) de contenido siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE VERIFICACIÓN Y LOS VICIOS COMETIDOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA DE NATURALEZA DECLARATIVA. La resolución de verificación declarativa, aun cuando no decreta una medida de urgente aplicación para el visitado, contiene una decisión que es determinante en relación con la existencia de irregularidades o infracciones, pues deja firmes los hechos u omisiones que son base de la conducta infractora sobre la que podría aplicarse a aquél una sanción en el procedimiento de imposición de sanciones una vez que quede firme dicha decisión, por lo que no podrá ser discutida en este último procedimiento dada su firmeza, ya que la conducta infractora derivada de los hechos u omisiones detectados en la diligencia de inspección, puede influir al imponer una sanción, conforme al artículo 73 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que se trata de una resolución definitiva. Ahora bien, acorde con el artículo 1 de la ley mencionada, al no quedar excluida la materia de aguas nacionales de la aplicación de la norma citada, los afectados por los actos y las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua (órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, en su oportunidad, pueden acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien es competente para conocer de esa materia conforme al artículo 14, fracción XI, de su ley orgánica, que prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos de la administración pública federal que tengan la característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia, o bien, que resuelvan un expediente, conforme a lo dispuesto por la ley referida en primer término."(6)

9. Criterio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 735/2023.

A. Antecedentes relevantes

- Juicio de nulidad. Una persona moral demandó la nulidad de la resolución emitida por la Directora de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, a través de la cual se resolvió la visita de verificación e inspección ordinaria contenida en el acta levantada, a efecto de dejar firmes los hechos contenidos en el acta de referencia, teniéndose por no cumplidas las obligaciones señaladas y en la que se ordenó fijar la nueva situación de la empresa actora.

- Desechamiento. La demanda fue desechada por improcedente por el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al considerar que la resolución combatida no reviste el carácter de definitiva y, por lo tanto, no era impugnable porque no pone fin a un procedimiento sino que es de naturaleza meramente declarativa.

- Recurso de reclamación. Al resolver el recurso interpuesto por la actora en contra del desechamiento, la Tercera Sala Regional lo declaró infundado y, por tanto, confirmó el acuerdo combatido.

- Demanda de amparo directo. Inconforme, la persona moral promovió demanda de amparo directo.

B. Ejecutoria contendiente

- El Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a la quejosa a la luz de las siguientes consideraciones:

La resolución emitida por la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (con motivo de la inspección practicada) no es impugnable a través del juicio de nulidad toda vez que es una resolución que no refleja la última voluntad del Estado, ni establece una calidad jurídica específica, pues de ella no se advierte la imposición de sanción o multa alguna.

Debe tomarse en cuenta que al interpretar el artículo 11, primer párrafo, de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal, la Segunda Sala estableció que el carácter de resolución definitiva no solamente la tiene aquella que no admita recurso o que sea optativo, sino que debe atenderse a la naturaleza jurídica de la resolución, que debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública federal.(7)

De una interpretación armónica de los artículos 16, fracción X, 17, 57, fracción I, 60, y del 62 al 69, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puede concluirse que las visitas de verificación técnico administrativas llevadas a cabo en términos de dicha ley, deben concluir con el dictado de una resolución.

Además, en términos del artículo 77 de dicho ordenamiento, se prevé que la aplicación de sanciones puede derivar de la realización de las visitas de verificación.

Por otra parte, también se contempla el establecimiento de medidas de seguridad para proteger la salud y seguridad pública, las cuales deberán preverse en cada caso por las leyes. Dichas medidas pueden dictarse con base en los resultados de la visita de verificación o de informe de ésta, con el fin de corregir las irregularidades encontradas.

Desde esa perspectiva, el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca un procedimiento administrativo sancionador en el que puede llegarse a decidir si, dado el resultado de la verificación, procede imponer alguna sanción al gobernado, en virtud de que se trata de un procedimiento diverso e independiente al de verificación, éste último no necesariamente debe concluir con la decisión de que procede sancionar al particular, ya que puede suceder que la autoridad determine que lo que procede es dictar medidas de seguridad para proteger la salud y la seguridad pública, con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de ésta, en términos del artículo 82 de dicha legislación, o bien alguna determinación diversa, como podría ser que se ordenara al gobernado ajustarse a las disposiciones legales o reglamentarias cuya contravención se hubiera advertido en la visita.

De esta manera, el juicio administrativo resulta improcedente, pues la resolución únicamente contiene la firmeza de la relación de hechos respecto de determinada situación, sin determinar válidamente la situación jurídica del particular. Por tanto, constituye un acto que, en su caso, servirá para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que se establecerá con la manifestación de la imposición de una obligación, por lo que habrá que esperarse al dictado de la resolución definitiva para poder combatir todas las violaciones que a consideración de la quejosa se verificaron durante el desarrollo del procedimiento administrativo incoado en su contra.

Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 24/2003, de rubro: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO."(8)

Además, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no prevé como consecuencia de la conclusión de la visita el inicio del procedimiento sancionador.

De esta manera, al ser declarativa la resolución de verificación, no contiene una decisión que sea determinante para la posible aplicación de sanciones que le podría perjudicar al visitado, ya que si bien deja firme los hechos u omisiones detectados en la inspección, tal declarativa no necesariamente traerá como consecuencia que proceda sancionar al particular, pues la autoridad puede dictar medidas de seguridad para proteger la salud y la seguridad pública, o bien, alguna determinación diversa, como podría ser que se ordenara ajustarse a las disposiciones legales o reglamentarios cuya contravención se hubiera advertido en la visita.

Por ende, si bien el procedimiento de imposición de sanciones sólo puede iniciar si se encuentran firmes las conductas infractoras del visitado, éste no tiene como consecuencia única el dictado de una resolución definitiva donde se impongan las sanciones correspondientes; de ahí que cualquier vicio en el procedimiento de verificación podrá impugnarse hasta en tanto se dicte la referida resolución.

A la luz de ello, es evidente que la conducta infractora derivada de los hechos u omisiones que queden firmes en la resolución de verificación no afecta al visitado y, por tanto, no es susceptible de impugnarse vía juicio de nulidad, pues será hasta la emisión de una resolución que imponga sanciones al particular cuando éste se verá afectado en forma definitiva en su esfera jurídica. Finalmente, se precisa que si bien conforme al artículo 3o., fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal, dicho órgano conocerá de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cierto es que el procedimiento de verificación seguido ante la Comisión Nacional del Agua no tiene tal carácter, en tanto que se trata de una instancia que, a pesar de que declara firme la relación de hechos respecto de determinada situación que se advirtió por los visitadores, no se determina válidamente la situación del particular sino se trata de un acto que servirá para ilustrar y aportar los datos necesarios para que se emita una decisión final.

Por ello, no se comparte el criterio de la jurisprudencia PC.XIV. J/1 A (10a.) señalado por la quejosa, el cual, además, no es vinculante para la resolutora. Bajo ese contexto, se ordena la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

10. En principio, resulta oportuno puntualizar que, por contradicción de criterios, debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, con independencia de que existan diferencias en las cuestiones fácticas que lo generaron, siempre que éstas no incidan en el punto jurídico analizado.(9)

11. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

12. Para corroborar, entonces, la existencia de una contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, pero sí distintas y discrepantes.

13. Por ende, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación y no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de criterios sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

14. A la luz de lo anterior, esta Segunda Sala considera que existe la contradicción de criterios denunciada, pues en ejercicio de su arbitrio judicial, los órganos contendientes examinaron un mismo problema jurídico y arribaron a conclusiones disímiles, de las cuales se deriva la formulación de un genuino punto de contradicción a resolver en el presente asunto.

15. Mismo problema jurídico. Por principio de cuentas, es necesario aclarar que no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción el hecho de que el extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito emitiera su criterio al resolver una contradicción de tesis y el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en un amparo directo, dado que lo relevante es que los criterios adoptados versen sobre un mismo problema jurídico, con independencia de que hayan sido emitidos en la resolución de procedimientos o juicios diversos.

16. Sirve de sustento a lo anterior la tesis P. V/2011, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO."(10)

17. Para demostrar que los órganos contendientes se enfrentaron a un mismo problema jurídico es conveniente recordar que la contradicción de tesis resuelta por el Pleno de Circuito se configuró entre diversos órganos colegiados que adoptaron posturas contrarias sobre la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de verificación emitida por la persona titular de la Dirección de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, pues mientras que algunos consideraron que el juicio resulta improcedente dada la naturaleza declarativa de la resolución, otros concluyeron lo contrario, en esencia, al estimar que de no combatirse las irregularidades cometidas en el procedimiento de verificación, éstas quedarían firmes.

18. En ese sentido, y si bien en la ejecutoria contendiente se precisó que el "tema de la controversia se centra en dilucidar si dicha resolución es simplemente declarativa o ejecutiva por causar afectación al visitado" lo cierto es que de su lectura integral puede advertirse que la materia de análisis no versó –o al menos no exclusivamente– en determinar la naturaleza de la resolución del procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales, sino si en su contra procede o no algún medio de defensa.

19. Por su parte, el juicio de amparo directo resuelto por el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue promovido en contra de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que confirmó el desechamiento de una demanda de nulidad promovida en contra de la resolución emitida por la Directora de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua a través de la cual resolvió la visita de verificación de la quejosa en aquél asunto, por lo que la litis del juicio de amparo se centró en determinar precisamente si el referido desechamiento resultó correcto, o bien, si como lo refería la quejosa, el juicio contencioso administrativo sí resultaba procedente.

20. Arbitrio judicial. Así, frente a un mismo problema jurídico, los órganos contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a fin de determinar si resulta procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales.

21. Conclusiones discrepantes. Al respecto, los órganos contendientes arribaron a conclusiones jurídicas disímiles, pues mientras que el extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito consideró que el juicio contencioso administrativo resulta procedente en contra de la resolución dictada en el procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que no. Dichas conclusiones fueron sustentadas, en esencia, en las siguientes consideraciones:

22. El extinto Pleno del Décimo Cuarto Circuito resolvió que el juicio contencioso resulta procedente "con independencia de que la resolución respectiva conlleve o no una ejecución" ya que la sola declaración de que se incurrió en irregularidades es susceptible de causarle afectación al visitado.

23. Para sostener su conclusión, manifestó partir de la base de que la resolución emitida en el procedimiento de verificación en materia de aguas nacionales es una resolución definitiva, lo cual derivó de lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Ley de Aguas Nacionales, pues con esa resolución se pone fin al procedimiento de verificación. Además, refirió que podrá ser meramente declarativa si únicamente establece la existencia de irregularidades o infracciones, o bien, podrá contener una medida correctiva de urgente aplicación para el visitado.

24. De lo anterior, el Pleno de Circuito consideró que la verificación es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que necesariamente debe culminar con la emisión de una resolución en la que la autoridad administrativa se pronunciará sobre lo observado en la visita e incluso podrá imponer medidas de aplicación urgente.

25. Sobre ello, resaltó que al resolver la contradicción de tesis 100/2009, esta Segunda Sala consideró que el procedimiento de verificación es diverso e independiente del procedimiento en el que se impone la sanción, por lo que cada uno de ellos debe contar con el dictado de una resolución definitiva.

26. Tomando en cuenta lo anterior y al considerar que con la emisión de la resolución definitiva necesariamente quedan firmes los hechos u omisiones observados en la visita, concluyó se trata de una resolución susceptible de impugnarse vía recurso, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo, por dos razones principales. Por un lado, porque se trata de una resolución definitiva que pone fin a un procedimiento y, por otra parte, en cuanto establece la comisión de irregularidades por parte del visitado.

27. De manera destacada, aclaró que no es relevante el hecho de que la resolución sea declarativa por no contener alguna medida de urgente aplicación para el visitado, pues lo cierto es que en ella se contiene una decisión que es determinante para la posible aplicación de sanciones y que le podría perjudicar, ya qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32728-26c56de8/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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