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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR CAUSA DE MUERTE. EL ARTÍCULO 1915, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, NO ES REGRESIVO NI VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 363/2024. · Registro digital (IUS): 32832
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ALEJANDRO RANGEL ZÚÑIGA Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.589.

AMPARO EN REVISIÓN 363/2024. ALEJANDRO RANGEL ZÚÑIGA Y OTROS. 10 DE JULIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Determinar si el artículo 1915 del Código Civil Federal resulta contrario al principio de progresividad y no regresividad del derecho humano a la reparación del daño.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diez de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 363/2024, interpuesto por Alejandro, Elizabeth y Genaro, todos de apellidos Rangel Zúñiga, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo 1878/2021.

El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si el artículo 1915 del Código Civil Federal, resulta contrario al principio de progresividad y no regresividad del derecho humano a la reparación del daño.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De las constancias que integran los autos del juicio de amparo 1878/2021, se desprenden los antecedentes siguientes:

a. Alejandro, Elizabeth y Genaro, todos de apellidos Rangel Zúñiga, promovieron una queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a las deficiencias en la atención médica que recibió su madre, las cuales tuvieron como consecuencia su fallecimiento.

b. La queja fue resuelta como procedente, por lo que la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Consultivo Delegacional de dicho instituto, emitió el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno número PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575, en el que con base en el artículo 1915 del Código Civil Federal, determinó que había lugar al pago de indemnización por el fallecimiento de la señora Martha Zúñiga González, a quien acreditara el legítimo derecho, por la cantidad de **********, cantidad que resulta del valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha del fallecimiento (84.49) por cinco mil días, previstos en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo.

2. Juicio de amparo. Inconformes con la determinación anterior, Alejandro, Elizabeth y Genaro, todos de apellidos Rangel Zúñiga, promovieron demanda de amparo, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

I. Del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Gobernación, se reclama la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en sus respectivos ámbitos de competencia.

II. De la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, número PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575 (primer acto de aplicación), por medio del cual, y en base al reformado artículo 1915 del Código Civil Federal", se determinó:

"SEGUNDO.- Ha lugar el pago de indemnización con base en la opinión emitida por la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos por la cantidad **********, a quien acredite el legítimo derecho por concepto de indemnización por el fallecimiento de la señora MARTHA ZÚÑIGA GONZÁLEZ, previa firma de convenio de pago y finiquito, esta cantidad resulta del valor de la Unidad de Medida y Actualización (Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en la (sic) Leyes Federales, de las entidades federativas, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores) vigente en la fecha del fallecimiento (84.49) por 5,000 días".

III. De la encargada de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Chihuahua, el oficio de notificación número 08 A16161 0540/3233 de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se notificó el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, número PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575 (primer acto de aplicación).

3. Sustanciación del juicio y sentencia de amparo. Correspondió conocer del asunto, por razón de turno, al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien admitió la demanda con el número 1878/2021.

4. Seguidos los trámites legales, el once de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, y mediante sentencia firmada hasta el ocho de julio de dos mil veintidós, el citado Juez de Distrito negó el amparo a la parte quejosa respecto a la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal impugnada, haciendo extensiva dicha negativa al acto de aplicación de dicha norma consistente en el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575, y por el oficio 08 A1 6161 0540/3233 de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se notificó el primero de los oficios mencionados, en razón de que no se reclamaron por vicios propios.

5. Interposición y resolución del recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia referida en el párrafo precedente, por escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, los quejosos interpusieron recurso de revisión.

6. Por razón de turno, correspondió conocer de ese recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo Presidente, mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y lo registró con el expediente número 1359/2022.

7. Seguidos los trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó resolución el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, donde una vez analizada la causa de improcedencia hecha valer por la Secretaría de Gobernación (artículo 61, fracción XXIII, en relación al artículo 108, fracciones III y VIII de la Ley de Amparo), declarándola fundada por no haberse hecho valer conceptos de invalidez alegando vicios propios contra el refrendo atribuido a la persona titular de la Secretaría de Gobernación); y no advirtiendo otras causas de improcedencia por analizar, remitió el asunto a este Alto Tribunal a efecto de que analizara el tema de constitucionalidad respecto del artículo 1915 del Código Civil Federal, publicado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación.

8. Trámite ante la Suprema Corte. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta determinó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumía su competencia originaria para conocer del asunto, admitió el recurso a trámite y ordenó turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como enviarlo a la Sala de su adscripción para su radicación.

9. Avocamiento. Finalmente, a través del auto de doce de junio de dos mil veinticuatro, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidente, además de que se tuvo por integrado el expediente, por lo que se ordenó su remisión a la ponencia correspondiente a efecto de que se elaborara el proyecto de solución respectivo.

10. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo;(2) y, 21, fracción III,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(4) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante el instrumento normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés; porque fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto por un Juez de Distrito en materia administrativa, en la que subsiste el problema de constitucionalidad respecto de una ley federal.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD

13. En virtud de que el Tribunal Colegiado de conocimiento no se pronunció respecto de la oportunidad del recurso a continuación, se analiza tal aspecto.

14. El recurso de revisión se presentó de manera oportuna, pues la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte quejosa el viernes quince de julio de dos mil veintidós, surtiendo sus efectos el día siguiente, esto es, el lunes dieciocho de julio de esa anualidad.

15. Por tanto, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del martes diecinueve de julio al lunes uno de agosto de dos mil veintidós, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, todos de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos y, por tanto, inhábiles de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

16. De ahí que si el escrito del recurso de revisión se presentó el viernes veintinueve de julio de dos mil veintidós, resulta oportuna su presentación.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. LEGITIMACIÓN

18. En virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, no se pronunció sobre la legitimación de quien presenta el recurso de revisión, enseguida se realiza su análisis.

19. En el caso, el recurso de revisión se interpuso por parte legítima, pues Alejandro, Elizabeth y Genaro, todos de apellidos Rangel Zúñiga, tienen el carácter de parte quejosa en el amparo indirecto 1878/2021 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, personalidad reconocida mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ACTO RECLAMADO

21. El acto impugnado por el quejoso y recurrente principal consiste en:

I. Del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Gobernación, se reclama la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en sus respectivos ámbitos de competencia.

II. De la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, número PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575 (primer acto de aplicación).

III. De la encargada de la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Chihuahua, el oficio de notificación número 08 A16161 0540/3233 de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se notificó el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, número PET-31847180-X5M2V2 QM-CHIH-202109-2575 (primer acto de aplicación).

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. SENTENCIA DE AMPARO DE PRIMERA INSTANCIA

23. El juez de distrito negó el amparo a los quejosos, señalando lo siguiente:

"Si bien el numeral 1915 del Código Civil Federal impugnado, antes de ser reformado, establecía que para calcular la indemnización que correspondiera se tomaría como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que estuviera en vigor en la región; mientras que el texto vigente prevé que para calcular la indemnización se tomará como base la Unidad de Medida y Actualización; es decir, anteriormente, se establecía como base cuatro veces el salario mínimo y actualmente es únicamente una unidad de medida de actualización, lo cierto es que dicha modificación no desconoce derecho humano alguno, reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

En efecto, la indemnización por daño continúa siendo tutelada en la ley civil federal, pero ahora se toma como base la Unidad de Medida y Actualización, es decir, ahora no se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región.

En ese sentido, contrario a lo que alega el inconforme, el artículo 1915 del Código Civil Federal no es regresivo, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido ni suprime la sanción constitucional que impone la obligación de indemnizar con motivo de algún daño, sino que sólo regula de forma distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización.

[...]

Por otro lado, los peticionarios sostienen que la reforma al 1915 del Código Civil Federal no persigue un fin constitucionalmente legítimo y no hay un enunciado en la constitución que le dé legitimidad y tampoco un fin adecuado que ampare la restricción contenida en la reforma de esa norma secundaria.

No es adecuado ni idónea, es decir, no busca una finalidad legítima constitucionalmente.

No es la manera menos perjudicial para proteger los derechos a la progresividad de los derechos fundamentales a la reparación contenidos en los artículos 1 y 109 constitucionales.

No respeta el principio de proporcionalidad, es decir, no se acredita que exista un equilibrio entre los beneficios que se tienen con la medida regresiva restrictiva y limitativa y los perjuicios causados.

Se estima que son inoperantes los citados conceptos de violación, dado que de la lectura de los indicados motivos de inconformidad se desprende que, por una parte, resultan simples manifestaciones sin sustento ni fundamento en las que la parte quejosa se limita de manera dogmática a hacer afirmaciones; es decir, no refiere porque (sic) considera lo establecido.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo que obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental.

Sin embargo, aun cuando no es necesario que los motivos de disenso deban plantearse a manera de silogismo jurídico, lo cierto es que ello no implica que la parte promovente se limite a realizar simples aseveraciones sin sustento legal o fundamento, pues a ellos corresponde exponer razonadamente o ilegales los actos que reclaman o recurren; por qué estiman inconstitucionales máxime que tratándose de normas, éstas gozan de una presunción de constitucionalidad cuya carga probatoria y argumentativa corresponde a quien la impugna.

Bajo esa tesitura, la parte quejosa fue omisa en formular argumento alguno en el que exprese cuáles son los motivos por los que el procedimiento legislativo por el que fue aprobado el decreto impugnado es inconstitucional; por lo que deben declararse inoperantes por insuficientes los argumentos que esgrime en los conceptos de violación referidos anteriormente.

[...]

Máxime que aun y cuando los conceptos de violación, esgrimidos por los quejosos fueran fundados, existiría una imposibilidad de conceder el amparo, en razón de que la parte quejosa no combatió que el artículo impugnado establece que la indemnización se calculará con base en unidades de medida y actualización y no en salarios mínimos como lo disponía anteriormente, circunstancia que quedó incólume y que forma parte del cálculo de la indemnización.

Aunado a que la utilización de la Unidad de Medida y Actualización en lugar de salarios mínimos, proviene de la aplicación concreta del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran ‘REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO’ publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis (que no es objeto de impugnación en esta vía), en el cual se establece que la sustitución de la referencia al salario mínimo con las Unidades de Medida y Actualización en tratándose de leyes federales, como en el caso acontece, pues se trata del artículo 1915 del Código Civil Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, así como el artículo único transitorio, en que se establece la forma en que se calcula la indemnización por reparación del daño".

VI. FALLO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

24. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se pronunció al tenor de las consideraciones torales siguientes:

A. Declaró infundada la causa de improcedencia hecha valer por la Cámara de Senadores prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo (inexistencia del acto reclamado), al considerar que dicha autoridad responsable refirió como cierta la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reformó el artículo 1915 del Código Civil Federal y de su artículo transitorio único, puntualizando que no es necesario acreditar la existencia de la ley o de sus reformas, pues basta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que las mismas resulten obligatorias y sea notoria su existencia. Además, precisó que el argumento de sobreseimiento de la autoridad se centró en la inconstitucionalidad que se atribuye a los actos reclamados, lo cual constituye el fondo de la litis constitucional.

B. Declaró fundada la causa de improcedencia invocada por la Secretaría de Gobernación con sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII de la Ley de Amparo, al no advertir que la parte quejosa haya hecho valer algún concepto de violación cuestionando vicios propios al refrendo atribuido al titular de la referida Secretaría.

C. Al no advertir la actualización de alguna otra causa de improcedencia, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de fondo de constitucionalidad respecto del artículo 1915 del Código Civil Federal reformado mediante Decreto publicado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación.

VII. CONCEPTOS DE AGRAVIO

25. La parte quejosa, en su único agravio señaló, en síntesis, lo siguiente:

• Contrario a lo señalado por el juez de distrito, la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal sí es regresiva, aun cuando siga reconociendo el derecho a la reparación o indemnización. • La reforma en cuestión resulta contraria al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos contenido en el artículo 1 constitucional, debido a que el Congreso de la Unión lejos de cumplir con su obligación positiva de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible para lograr su plena efectividad, limitó y redujo de forma sensible e importante el monto de la reparación por muerte.

• El juez federal no tomó en cuenta ni valoró la prueba relativa a la exposición de motivos de la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal, de donde se desprende que lo que generó esa reforma fueron meras consideraciones de índole económico mercantil, dándole más peso y valor a la situación económica de la industria del transporte que a la vida humana.

• El juzgador federal señaló de forma incorrecta que el artículo reformado no es regresivo, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido ni suprime la sanción constitucional que impone la obligación de indemnizar con motivo de algún daño, sino que solo regula de forma distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización, sin considerar que esa forma distinta de calcular la indemnización redujo el monto en términos reales el valor de la indemnización por muerte.

• El juez federal omitió analizar, estudiar y resolver la demanda de amparo planteada de forma correcta, al decir que los quejosos no combatimos la parte del artículo 1915 del Código Civil Federal que establece que la indemnización se calculará con base en Unidades de Medida y Actualización y no en salarios mínimos como lo disponía anteriormente.

• Lo anterior es incorrecto, pues lo que causa agravio a los quejosos no es que la reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal establezca que, para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base la Unidad de Medida y Actualización, sino que dicha reforma, con base en ese nuevo método de cálculo, debió guardar equivalencia en términos reales y monetarios con los montos que establecía el artículo en cuestión antes de ser modificado.

• Dicho de otro modo, sin violar los principios de progresividad y no regresividad establecidos en el artículo 1 constitucional, se puede contemplar como base de cálculo la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando se estableciera en la reforma un monto equivalente al cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región, como se ordenaba en el dispositivo legal antes de ser reformado.

• De tal manera, la reforma combatida sí limitó y restringió un derecho previamente establecido al reducir una cuarta parte el monto de las indemnizaciones por muerte, lo cual pudo haberse evitado si la nueva reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal hubiese establecido en Unidades de Medida y Actualización una suma similar y/o equivalente a los montos antes previstos en ese numeral, y no restringirlos y disminuirlos en franca violación al artículo 1 de la Constitución Federal.

• La desindexación del salario mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación no era motivo para la reducción de los montos de indemnización por muerte establecidos en el Código Civil y era perfectamente posible que, en la reforma legal impugnada, no se disminuyera ni restringiera el derecho previamente establecido en el artículo en cuestión.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

26. Del escrito de agravios, se advierte que los recurrentes impugnan el artículo 1915 del Código Civil Federal, reformado mediante Decreto publicado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación pues a su juicio tal precepto transgrede los principios de progresividad y no regresividad.

27. Señala que no es la utilización de la Unidad de Medida y Actualización referida en el tercer párrafo del precepto en cuestión lo que le causa agravio, sino que el legislador, al realizar la reforma al artículo en comento, actuó en contra de dichos principios al no fijar una fórmula que diera como resultado una indemnización equivalente a la que estaba prevista en el texto anterior del artículo 1915 del Código Civil Federal para determinar el monto de la indemnización por causa de muerte, la cual preveía que ésta debía cubrirse a razón del cuádruple del salario mínimo más alto de la región.

28. El artículo impugnado es del texto siguiente (se resalta en negrillas la parte del párrafo cuestionado):

Código Civil Federal

"Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerta, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base la Unidad de Medida y Actualización y se extenderá al número de unidades que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código."

29. En el amparo directo en revisión 2425/2015,(5) esta Segunda Sala señaló que el artículo 1 de la Constitución Federal reconoce expresamente el principio de progresividad al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos "de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

30. El principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección.

31. En efecto, el aludido principio resulta relevante en tanto que los derechos humanos, sobre todo los plasmados en instrumentos internacionales, no son más que un mínimo que los Estados deben respetar, esto es, constituyen un mero punto de partida respecto de principios fundamentales o límites morales infranqueables para las autoridades, por lo que, como auténticos mandatos de optimización, exigen la mejor conducta posible según las posibilidades jurídicas y fácticas, de ahí que los Estados cuentan con una obligación de lograr de manera progresiva su pleno ejercicio por todos los medios apropiados.

32. Así, la progresividad conlleva tanto gradualidad, como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no se logra, generalmente, de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.

33. El principio de progresividad ha sido entendido y desarrollado particularmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, al ser considerados como prerrogativas humanas que para su disfrute requieren de la designación y toma de decisiones presupuestarias, de ahí que se ha entendido que si bien los Estados cuentan con obligaciones de contenido – referentes a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones que derivan de tales derechos – también cuentan con obligaciones de resultado o mediatas, que se relacionan con el principio de progresividad, "el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales".

34. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) que se lee bajo el rubro: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO".(6)

35. Sin embargo, por lo que hace al Estado Mexicano, el principio de progresividad se predica a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el mismo, no sólo porque el artículo 1 constitucional no distingue su aplicación entre los derechos civiles y políticos, y los diversos económicos y sociales, sino porque esa fue la intención del Constituyente Permanente al reformar la norma constitucional, tal y como se desprende de los procesos legislativos respectivos:

"Hoy, a nadie escapa la relevancia de los derechos humanos como principios constitucionales, ubicados en la cúspide del sistema jurídico, desde la cual son auténticos límites a la actuación de los poderes públicos y de los órganos de gobierno.

Sin embargo, la responsabilidad estatal no debe constreñirse a un conjunto de abstenciones frente a los llamados derechos políticos y civiles; por el contrario, es tarea permanente y progresiva del Estado, que implica el despliegue de todas las facultades de que se encuentra investido, con objeto garantizar el respeto de todos los derechos".(7)

36. Asimismo, se estableció que "[a]unque el principio de progresividad se ha vinculado de manera más estrecha a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la propuesta considera que en su acepción de ‘no regresividad’ puede emplearse como un principio rector para todos los derechos humanos. En este sentido, el Estado no sólo adquiere la obligación de establecer las medidas necesarias para realizar los derechos humanos, sino, además, la de no poder dar marcha atrás en aquellos estándares o niveles de cumplimiento ya alcanzados."(8)

37. Así, el principio de progresividad irradia a l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32832-a77a48e8/indemnizacion-por-causa-de-muerte-el-articulo-1915 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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