COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO LAS AUTORIDADES EJECUTORAS NIEGAN EL ACTO, PERO NO ASÍ LA ORDENADORA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA RESIDE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XIII.P.A. J/1 (10a.)].
CONFLICTO COMPETENCIAL 44/2023. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ Y EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR HUGO CORTÉS SIBAJA. SECRETARIA: TATIANA ISABEL ESTRADA TORRES.
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.
VISTOS; para resolver, los autos del conflicto competencial penal 44/2023, y
RESULTANDO:
...
CONSIDERANDO:
...
TERCERO. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN AL CONFLICTO COMPETENCIAL. El análisis de las constancias que obran en el expediente principal e incidental del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., refleja los antecedentes siguientes:
A) CONSIDERACIONES DEL JUZGADO DECLINANTE. En resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés,(5) el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo presentada por ********** y la radicó bajo el número **********, en la cual se señalaron como actos reclamados la orden de aprehensión librada en la causa penal **********, así como su cumplimiento y ejecución, los cuales atribuyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control y Titulares de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México y Delegación Bahías de Huatulco, respectivamente.
Una vez rendidos los informes justificados y celebrada la audiencia constitucional, determinó carecer de competencia legal por razón de territorio, declinándola a favor de la Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; al actualizarse la hipótesis señalada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, al considerar que era innegable que la ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión por el delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, CON EL FIN DE COMETER DELITOS CONTRA LA SALUD) se haría en un municipio en el que ese órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción, ya que si bien la quejosa señaló una autoridad ejecutora con residencia dentro del ámbito territorial en que ese juzgado de amparo ejerce jurisdicción, ésta negó la ejecución del acto reclamado, sin que se aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, por lo que al convenir el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control, en la existencia de la orden de aprehensión reclamada, que pertenece a la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a éste le correspondía el conocimiento del asunto, al considerar que dentro de su jurisdicción se ejecutaría el acto reclamado.
En su apoyo invocó, entre otras, las jurisprudencias P./J. 8/2001, P./J. 9/2001 y PC.I.P. J/39 P (10a.), de rubros: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO."
B) CONSIDERACIONES DEL JUZGADO DECLINADO. Mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés,(6) el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, registró el asunto bajo el número ********** y no aceptó la competencia declinada al considerar que con apoyo en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, ésta corresponde al Juez que previno en el conocimiento del asunto, pues aun cuando no se cuente con una autoridad ejecutora en el Estado de Oaxaca, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se ubica dentro de la circunscripción territorial del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca declinante (en "la Crucecita", Santa Cruz, Huatulco), aunado a que la diversa autoridad ejecutora (Policía Federal Ministerial), cuenta con jurisdicción en toda la República Mexicana.
Aspectos que apoyó con la cita de la jurisprudencia 1a./J 49/97 y las tesis XIII.1o.P.T.9 P (10a.) y XV.1o.33 P, de rubros: "ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA.", "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN. SI TODAS LAS AUTORIDADES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE DESVIRTÚAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS ANTES DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." y "COMPETENCIA EN AMPARO TRATÁNDOSE DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUYA EJECUCIÓN MATERIAL PUEDE SER EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA EN QUE SE ENCUENTRE EL INCULPADO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA RELATIVA, A PREVENCIÓN, A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE ESAS JURISDICCIONES."
C) INSISTENCIA DEL JUZGADO DECLINANTE. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés,(7) la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca sostuvo el criterio emitido en acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en el sentido que ese órgano es incompetente para conocer y resolver este asunto por los motivos y fundamentos legales ahí puntualizados, invocando también en su apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este propio circuito, al resolver el diverso conflicto competencial **********.
Por ello, ordenó remitir el expediente de amparo indirecto **********, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en turno, para que resolviera el presente conflicto competencial entre dos Jueces de Distrito.
CUARTO. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL. De las constancias que obran en el expediente de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, se advierte que los titulares de dos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como son: la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz y la Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en pleno ejercicio de su autonomía y potestad, expusieron expresamente con base en diversas consideraciones, que no son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo indirecto que promovió **********, en contra de la orden de aprehensión librada en la causa penal **********, su cumplimiento y ejecución, reclamada al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en funciones de Juez de Control y Titulares de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México y Delegación Bahías de Huatulco, respectivamente.
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Este órgano colegiado determina que la competencia radica en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
En efecto, ********** reclamó la orden de aprehensión librada en la causa penal **********, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, así como su cumplimiento y ejecución a los Titulares de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México y Delegación Bahías de Huatulco, precisándose posteriormente de esta última que su denominación correcta es Jefe de la Subsede en el Municipio de Bahías de Huatulco, de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Oaxaca (foja 41 del juicio de amparo indirecto), e incluso fue materia de la ampliación de la demanda de la quejosa, señalando a dicha autoridad ejecutora con su correcta denominación (fojas 73 a 81), la cual se admitió (fojas 82 a 85).
La Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, quien admitió inicialmente la demanda y le dio trámite, una vez recibidos los informes justificados, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés celebró la audiencia constitucional y dictó resolución en la que determinó que carecía de competencia legal por razón de territorio para dictar sentencia en ese juicio de amparo; esto, porque las autoridades ejecutoras al rendir su informe justificado (fojas 36, 98, 132 y 133) negaron la existencia del acto que se les reclamó.
Ahora, al hacer lo propio la autoridad ordenadora Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, aceptó la existencia del mandato de captura.
Pues bien, a fin de demostrar la proposición anunciada, conviene precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción VII,(8) dispone como norma general de competencia, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciado en la audiencia la sentencia.
Así, el contenido de dicho precepto evidencia el propósito del legislador constituyente de facilitar a las personas el acceso al amparo, al prever que podrá presentarse la demanda ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.
Razones que reprodujo el artículo 37 de la Ley de Amparo,(9) que establece tres hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito:
a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 7/2015, destacó que en dicho precepto se alude a "ejecución material", como criterio único para asignar la competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.
Dicha Sala destacó que lo que distingue a las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en distritos diferentes.
Por ende, se tiene como regla general que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo.
De ahí que en la Ley de Amparo se da preeminencia a la ejecución del acto para fijar las reglas de competencia, a fin de que el peticionario pueda contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción pueda o deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida.
Ahora, al reclamarse una orden de aprehensión las autoridades ejecutoras juegan un papel preponderante en la determinación de la competencia, con base en diversos criterios jurisprudenciales del Máximo Tribunal del País.
En efecto, el Pleno en las jurisprudencias P./J. 8/2001 y P./J. 9/2001, visibles en la página 5 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, con registros digitales: 190372 y 190373, con los rubros: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." y "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", respectivamente, reconoció la importancia que juegan las autoridades ejecutoras para fijar la competencia del Juez de Distrito, incluso, se sostuvo que el sentido negativo de su informe con justificación sería un factor determinante para que el Juez de Distrito, cuya residencia compartiera con la responsable, se declarara legalmente incompetente.
De la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen a los referidos criterios, se advierte que se resolvió con base en el texto del precepto 36 de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al del numeral 37 vigente,(10) afirmando que cuando se reclama una orden de aprehensión, debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y, en todo caso, la autoridad ejecutora, por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito, es la que finca competencia al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda.
La ejecutoria informa en lo conducente:
"... si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras que hacían competente al Juez de Distrito, niegan el acto a ellas atribuido, sin que el quejoso desvirtúe dicha negativa, al celebrarse la audiencia constitucional en su totalidad, y tampoco en autos queda demostrada su existencia; entonces, el Tribunal Colegiado debe dejar insubsistente la determinación recurrida –en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el Juez de amparo–, al advertir de oficio o a petición de parte la incompetencia sobrevenida del Juez, ya que las autoridades señaladas como ejecutoras negaron la existencia del acto reclamado y el peticionario de amparo no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa."
Ello, a efecto de ordenar la remisión de los autos al Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que sea éste quien dicte la sentencia, toda vez que lo actuado por el Juez de Distrito incompetente únicamente es válido hasta la audiencia constitucional.
Es decir, en ese asunto el Tribunal Pleno se pronunció en un caso en el que en la demanda se señalaron autoridades responsables ejecutoras dentro de la circunscripción territorial de la jurisdicción del órgano de amparo, y adopta esa postura, para la fase del procedimiento en la que se completó el desahogo de la audiencia constitucional, donde el quejoso tuvo la oportunidad de desvirtuar los informes con justificación de las autoridades responsables ejecutoras que negaron el acto.
Esta contradicción presenta la variante relativa a que el texto del numeral 37 de la Ley de Amparo actual, que es el análogo al del 36 de la abrogada, incluye un nuevo supuesto de ejecución en grado de posibilidad.
Se explica, en el segundo párrafo del dispositivo abrogado se decía que "si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente", en tanto que en el texto vigente, dicho párrafo indica "si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda", lo que evidencia que prevé una posibilidad de ejecución.
Desde esa perspectiva, si en un escrito inicial de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra, así como autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales y en el lugar que corresponde a la circunscripción del Juez de Distrito ante quien se promueve, pero niegan el acto y el quejoso no lo desvirtúa en la audiencia constitucional, esa posibilidad de que el acto reclamado sea ejecutado en más de un distrito desaparece; siempre y cuando no existan datos ciertos y objetivos que demuestren lo contrario.
En tal sentido, para resolver esa problemática debe acudirse a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, específicamente en donde se dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, ya que al haber negado el acto reclamado todas las autoridades ejecutoras (fojas 36, 98, 132 y 133), no puede suponerse, por ese solo hecho, que aquél podrá tener ejecución en más de un distrito.
Es decir, la posibilidad a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 37, no puede afirmarse a partir de una suposición genérica sustentada en la sola manifestación del quejoso o en el domicilio señalado en la demanda de amparo,(11) pues se corre el riesgo de dejar a su arbitrio la competencia para conocer de su demanda, sino que debe tener apoyo en datos ciertos y objetivos que así lo demuestren.
Entonces, si esos datos no existen, quien debe conocer del amparo es el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde resida la autoridad ordenadora, pues se entenderá que será en ese lugar en donde deba tener ejecución el acto que emitió, ante la negativa de las ejecutoras con diversa residencia.
En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio sostenido por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) en la tesis de rubro y texto:
"COMPETENCIA EN AMPARO. Si la única autoridad responsable a la que se atribuye el carácter de ejecutora, niega en su informe previo los actos reclamados que le atribuye el quejoso, es manifiesta la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción radica la autoridad ordenadora, para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo prevenido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo y en el artículo 50 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
Luego, si en el caso que nos ocupa, al celebrarse la audiencia constitucional sólo se tiene como dato cierto y objetivo el lugar donde radica la autoridad que emitió la orden de aprehensión, que aceptó el acto reclamado, ante la negativa no desvirtuada de las dos autoridades ejecutoras Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México y Jefe de la Subsede en el Municipio de Bahías de Huatulco, de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Oaxaca, por lo cual es inconcuso que debe conocer del amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en que radica la autoridad ordenadora Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, pues es en ese sitio en donde se entiende deberá tener ejecución el acto reclamado, atendiendo a la regla general contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, ya que la orden de aprehensión es por su naturaleza un acto que sí amerita ejecución material, por lo que al descartarse su ejecución en los lugares de residencia de las autoridades ejecutoras, ante su negativa no desvirtuada y sólo contarse con el dato cierto y objetivo de la aceptación de la autoridad ordenadora, entonces se entiende que será en su lugar de residencia en donde se ejecutará.
Al caso, resulta ilustrativa la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito,(13) cuyo criterio comparte este Órgano Colegiado y es del tenor siguiente:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución."
En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo,(14) procede declarar que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es el legalmente competente para resolver el juicio de amparo promovido por **********; por tanto, remítansele los autos del juicio de amparo ********** de su índice, en que obran las constancia de lo actuado en el diverso ********** del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que se avoque a su conocimiento y dicte la sentencia que conforme a derecho proceda.
Cabe destacar, dadas las consideraciones anteriores y el sentido de fallo, que este órgano colegiado, bajo esa nueva reflexión, abandona el criterio sustentado en su anterior denominación (Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito) e integración, en la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.),(15) de contenido siguiente:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo."
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. SÍ existe conflicto competencial.
SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo promovido por **********, a quien se ordena remitirle los autos respectivos para que se avoque a su conocimiento.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución hágase del conocimiento a los jueces contendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrados Fabricio Fabio Villegas Estudillo (Presidente), Elizabeth Franco Cervantes y Víctor Hugo Cortés Sibaja. Fue ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 113 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 116 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
5. Fojas 145 a 150 del juicio de amparo indirecto.
6. Fojas 159 a 166 ibídem.
7. Fojas 171 a 175 ibídem.
8. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)
VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
(...)".
9. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.
Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32913-66926fd0/competencia-por-territorio-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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