Corpus
Modo: Corpus Pro

CONVENIO CELEBRADO ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO 684-E, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE LE DA EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 17 Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1007/2024. · Registro digital (IUS): 32914
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-12-13
Promovente: ALEJANDRO PUEBLA GONZÁLEZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Diciembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.107.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1007/2024. ALEJANDRO PUEBLA GONZÁLEZ. 28 DE AGOSTO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, respecto a si invade o resta derechos laborales al trabajador por establecer que el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1007/2024, interpuesto por el apoderado legal de Alejandro Puebla González, contra la resolución dictada el cinco de enero de dos mil veinticuatro, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo 519/2023.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 684 E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, respecto a si invade o resta derechos laborales al trabajador por establecer que el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda laboral. Alejandro Puebla González, demandó la nulidad parcial del convenio laboral celebrado ante el Centro de Conciliación, por considerar que se encuentra viciado, debido a que el monto que quedó asentado como salario mensual corresponde al catorcenal y no se integraron las horas extras para el pago de la pensión jubilatoria; entre sus argumentos, controvirtió la constitucionalidad del artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los convenios celebrados ante los Centros de Conciliación, adquirirán la condición de cosa juzgada.

2. La demanda fue registrada en el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, bajo el número de expediente 185/2023 y, mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la Jueza del conocimiento desechó la demanda por considerar que el actor pretende impugnar un acto que de conformidad con el artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, tiene el carácter de cosa juzgada.

3. Demanda de amparo directo. Contra esa determinación, el quejoso promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el cual la registró con el número de expediente 519/2023.

4. Conceptos de violación. El quejoso señaló en su único concepto de violación, en síntesis:

a) Que el artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación adquieren el carácter de cosa juzgada, que fue aplicado por la autoridad responsable para desechar la demanda laboral, es contrario a lo previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal.

b) Que el precepto impugnado es inconstitucional, pues contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 17 constitucionales, al invadir y restar derechos laborales del quejoso dado que establece que los convenios celebrados entre partes ante el Centro de Conciliación adquieren el carácter de cosa juzgada, aun cuando ese Centro no se trate de un órgano jurisdiccional.

c) Señaló que los Tribunales Laborales han interpretado de manera incorrecta las disposiciones legales, pues el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo establece los casos de excepción a efecto de agotar la instancia conciliatoria, de cuyo contenido se advierte que no tenía que agotar esa instancia, por lo que fue incorrecto que se determinara que se actualizó la cosa juzgada.

5. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de cinco de enero de dos mil veinticuatro, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito dictó sentencia, en la que al analizar el planteamiento de inconstitucionalidad hecho valer respecto al artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo consideró lo siguiente:

a) Expuso en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el artículo 17, párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Federal, los cuales gozan del mismo tipo de protección constitucional, es decir, tanto acudir a la mediación, conciliación y arbitraje para resolver el conflicto entre los particulares, como acceder a los tribunales.

b) Además, que el artículo 123, apartado A, fracción XX de la Carta Magna, permite que esos mecanismos, es decir, los convenios laborales adquieran la condición de cosa juzgada.

c) Ello, porque el precepto impugnado regula la celebración de convenios ante la autoridad competente, a fin de evitar o concluir una controversia, en estricto cumplimiento al mandato del artículo 17, párrafo quinto de la Constitución, en el sentido de que en las leyes se deben prever mecanismos alternativos de solución de controversias y, en el caso, dicha porción normativa señala que una vez celebrado el convenio, éste adquirirá la categoría de cosa juzgada en acatamiento a lo previsto en el artículo 123, fracción XX, segundo y tercer párrafos de la Constitución Federal.

d) Así, concluyó que el artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, cumple con el mandato constitucional, pues respeta el ejercicio del derecho fundamental de la libertad del gobernado a optar por una solución alternativa para resolver la controversia y es acorde con el derecho de acceso a la justicia, en tanto permite la celebración de convenios para resolver el conflicto de una manera ágil, menos costosa, con el fin de reportar mayores beneficios a las partes. Máxime que la conciliación constituye uno de los ejes centrales que motivaron la reforma en materia de justicia laboral.

e) También adujo que los argumentos planteados por el quejoso en el sentido de que el convenio de terminación de la relación laboral contiene renuncia de derechos, sin demostrarlo, son insuficientes para considerar inconstitucional la referida porción normativa que eleva a categoría de cosa juzgada los convenios debidamente celebrados ante los Centros de Conciliación, por tanto, los declaró infundados.

f) En relación a la nulidad del convenio celebrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, oficina Estatal Chihuahua, determinó que el mismo se hizo conforme a la voluntad de las partes, es decir, sin contener renuncia de derechos, tal como lo dispone el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el cual adquirió la condición de cosa juzgada, por lo que no es posible que con posterioridad a ello, se solicite sea revocado o modificado; por tanto, estimó jurídicamente correcta la determinación de la Juez laboral en el acuerdo impugnado.

g) Concluyó que la acción de nulidad pretendida vulneraría el principio de certeza jurídica de las partes intervinientes, con relación a la cosa juzgada, por lo que también declaró infundado ese argumento.

h) Destacó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2021, determinó que la conciliación como instancia prejudicial obligatoria, elevada a rango constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los ejes centrales que motivaron la reforma en materia de justicia laboral, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, acorde a la realidad nacional e internacional en esa materia, con el propósito de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, de difícil acceso y cuestionable. De la citada contradicción emergió el criterio de rubro: “PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN Y PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SE CONSIDERAN EXCEPCIONES PARA AGOTAR LA INSTANCIA CONCILIATORIA PREJUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 TER, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.

Consecuentemente, determinó que el proceder de la Juez responsable al desechar la demanda es legal y ajustado a derecho, al no ser violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, por lo que, en consecuencia, negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada.

6. Interposición del recurso de revisión. Contra esa sentencia el quejoso interpuso recurso de revisión por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

7. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el presente recurso y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala, para la elaboración del proyecto correspondiente.

8. Avocamiento. Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala avocó el presente asunto y remitió los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo.

9. Publicación. El proyecto de sentencia se publicó oportunamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II , y 96 de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno; así como los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado el diez de abril siguiente emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo directo cuya materia laboral es de su competencia y se considera innecesaria la intervención del tribunal pleno.

II. OPORTUNIDAD

11. El recurso se presentó de manera oportuna, pues, la sentencia de amparo se notificó por lista a la parte quejosa el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, por lo que dicha notificación surtió efectos el veinticuatro siguiente, por tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veinticinco de enero al ocho de febrero de dos mil veinticuatro, descontándose los días veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de febrero de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

12. Por lo que, si el escrito del recurso de revisión se presentó el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se concluye que se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurrente cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo directo.

IV. AGRAVIOS

14. El recurrente expuso esencialmente los siguientes agravios:

a) La sentencia resulta violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues no resolvió el planteamiento relativo a que el artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo es contrario a lo establecido en los preceptos 17 y 123, apartado A, de la Norma Fundamental, y si bien, para resolver citó la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.) de rubro: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS", lo cierto es que esa jurisprudencia es aplicable para los convenios celebrados dentro del juicio laboral por las juntas.

b) En el caso, se trata de una autoridad administrativa y no jurisdiccional, por tanto, ese criterio jurisprudencial en lugar de ser aplicable, es contrario a la decisión arribada por el órgano colegiado.

c) No tomó en consideración que el artículo 1 de la Constitución Federal y el 18 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en el caso de la interpretación de las normas prevalecerá lo más favorable para el trabajador.

d) El Tribunal Colegiado omitió tomar en consideración que sólo se reclamó la nulidad parcial del convenio en lo relativo al salario que debió servir de base para el pago de la pensión por jubilación, rubro respecto del que existió renuncia de derechos, toda vez que el trabajador lo celebró sin el conocimiento necesario, pues no es perito en derecho laboral.

e) El Centro de Conciliación no es un Tribunal y si bien el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, dispone que los convenios celebrados ante el mismo sí pueden adquirir el carácter de cosa juzgada, pues de no ser así el estado de derecho se vería incierto, pero no se puede ignorar que existen casos en materia de seguridad social, colectivos o de pensiones jubilatorias, que pueden adolecer de nulidad por existir renuncia de derechos en el convenio respecto al cálculo correcto de la pensión.

V. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

15. La procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulada en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015 emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil quince.

16. De lo anterior se desprende que, las resoluciones que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que se cumplan los siguientes requisitos:

a. Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;

b. Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,

c. Hayan omitido dicho estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.

17. Estos supuestos son alternativos, pues basta con que se actualice uno u otro para que resulte procedente el recurso de revisión.

18. Superado el primer paso, existe una segunda exigencia que se vincula con la excepcionalidad, es decir, resulta necesario que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

19. Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia en los términos del Acuerdo General 9/2015, emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:

I. Se trate de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o

II. Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

20. Con motivo de la reforma referida en el párrafo anterior, se modificó el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, para establecer la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

21. De la exposición de motivos respectiva, se desprende que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de esta Suprema Corte como tribunal constitucional permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

22. Así, la razón de modificar el citado precepto constitucional radica en, darle mayor discrecionalidad al Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente, cuando a su consideración el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

23. En ese sentido, resulta patente que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito, únicamente, en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad, en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

24. En el caso se satisface el primer requisito para la procedencia de este recurso, ya que subsiste un planteamiento de constitucionalidad.

25. En efecto, en la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo (posterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), al resultar contrario a lo que disponen los artículos 14, 17 y 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Federal porque considera que el Centro de Conciliación Laboral no está facultado para ejercer funciones jurisdiccionales por no tratarse de una autoridad de esa naturaleza, por tanto, no puede otorgarse a un convenio celebrado ante la autoridad conciliadora la calidad de cosa juzgada.

26. Al respecto, el tribunal colegiado calificó como infundados esos argumentos por estimar que la naturaleza de cosa juzgada de los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación, constituye uno de los ejes centrales que motivaron la reforma en materia de justicia laboral, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, acorde a la realidad nacional e internacional en esa materia, con el propósito de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, de difícil acceso y cuestionable.

27. Dicha determinación se combate en los agravios planteados por el recurrente, por lo que, al ser impugnado ese pronunciamiento en esta instancia, subsiste una cuestión constitucional.

28. De igual manera se cumple con el segundo de los requisitos mencionados, ya que el asunto reviste interés excepcional, porque el análisis del fallo recurrido servirá para establecer el criterio respectivo en el marco de la reforma laboral de uno de mayo de dos mil diecinueve, cuestión de la cual no existe jurisprudencia ni precedente obligatorio.

VI. ESTUDIO

29. La materia del presente recurso de revisión radica en analizar la constitucionalidad del artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo (posterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), a partir del contenido de la sentencia impugnada y en función de los agravios formulados.

30. Al efecto, se transcribe el contenido de la disposición constitucional que se estima transgredida:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (...).

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia.

(...).

31. El citado precepto constitucional derivó de la reforma publicada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, mediante "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral".

32. Al respecto, es importante destacar algunas de las consideraciones de la exposición de motivos de la cual surgió la reforma, así, se transcribe la parte conducente:

"(...) el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado entre las medidas y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia la justicia laboral del siglo XXI.

En ese sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación del sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.

Esta iniciativa está dirigida a acabar con todos los espacios susceptibles de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica.

Se debe eliminar todo elemento que convierta la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la participación, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Para la consecuencia plena de estos objetivos, deben retomarse paradigmas que constituyan obstáculos o desviaciones. Es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes a la realidad laboral nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modernización contribuye a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente, en escenarios de crisis.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y de todo aquel que se encuentre en el país, contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas de justicia y fortalecer el Estado Democrático de Derecho.

Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a los trabajadores y a empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas.

(...) esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir de tres premisas fundamentales:

1) Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.

2) Se propone plantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de una nueva responsabilidad. En tanto, la función conciliatoria estará a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión; mismos que serán organismos descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo determine.

3) Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal.

(...).

33. De lo transcrito se advierte que la intención de la reforma que transformó el sistema de justicia laboral tuvo el propósito de modificar de fondo el procedimiento de trabajo vigente, a fin de erradicar los vicios existentes que evidenciaban una justicia laboral lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable; para lo cual se incorporó un nuevo sistema, compuesto de una etapa prejudicial y la ordinaria a cargo de órganos jurisdiccionales en los distintos ámbitos de competencia.

34. En efecto, la reforma constitucional incorporó la conciliación como eje principal del nuevo paradigma de justicia del trabajo, para lo cual se establece una etapa previa al juicio, obligatoria, a cargo de centros de conciliación locales y uno federal, constituidos como organismos descentralizados, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, especializados e imparciales, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, para hacer más eficaz la posibilidad conciliatoria.

35. Asimismo, su actuación se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

36. Una vez agotada esta instancia, de no lograrse el consenso entre las partes, se podrá acudir al juicio ordinario ya sea en materia federal o local, según corresponda.

37. Es decir, el antiguo sistema de justicia laboral a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se encargaban de la etapa conciliatoria y, en su caso de la solución del conflicto, fue sustituido por dos distintos entes: Centros de Conciliación y Tribunales Laborales.

38. Precisado lo anterior, se considera importante puntualizar que la conciliación como etapa prejudicial es un medio alternativo de solución de una controversia, en este caso, en materia laboral, cuya pertinencia ya se encontraba prevista en el artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Federal, que establece el derecho fundamental de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial.

39. Al efecto se transcribe:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32914-a362f004/convenio-celebrado-ante-el-centro-de-conciliacion-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.