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Modo: Corpus Pro

DATOS OBTENIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. EL ARTÍCULO 684-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 427/2024. · Registro digital (IUS): 32892
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-12-06
Promovente: TOBAHS, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Diciembre de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.386.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 427/2024. TOBAHS, S.A. DE C.V. 21 DE AGOSTO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, QUIEN FORMULARÁ VOTO CONCURRENTE, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

ÍNDICE TEMÁTICO

El problema jurídico que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los datos obtenidos en la etapa prejudicial no pueden servir como prueba o indicio en el procedimiento laboral.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 427/2024, interpuesto contra la sentencia dictada en sesión de uno de diciembre de dos mil veintitrés por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 505/2023.

El problema jurídico que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los datos obtenidos en la etapa prejudicial no pueden servir como prueba o indicio en el procedimiento laboral.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, Gabriela Samano Castellanos presentó demanda laboral en contra de Tobahs, Sociedad Anónima de Capital Variable, por despido injustificado y reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la indemnización constitucional y de los salarios vencidos.

2. De la demanda correspondió conocer al Quinto Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, el cual la registró bajo el expediente 115/2022.

3. Seguidos los trámites conducentes, mediante sentencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, determinó lo siguiente:

a) Es improcedente la excepción de prescripción en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, pues la parte patronal con las pruebas ofrecidas en el juicio no logró desvirtuar que la fecha del despido injustificado ocurrió el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, como la trabajadora adujo en su demanda.

b) Condenó al pago de la indemnización constitucional y los salarios vencidos y, absolvió respecto de diversas prestaciones.

4. Demanda de amparo directo. Inconforme con esa determinación, la demandada promovió juicio de amparo mediante el cual planteó los siguientes conceptos de violación:

a) Omisión de valorar el contenido de la constancia de no conciliación, de uno de diciembre de dos mil veintidós, expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que ocasionó que se declarara improcedente la excepción de prescripción opuesta en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo.

En ese documento aparece como "fecha de conflicto" el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por lo cual, ese dato debió tomarse en consideración como prueba plena para tener por actualizada la excepción de prescripción; sin embargo, la autoridad responsable tomó como fecha del despido la que la parte actora expresó en la demanda, a saber, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.

b) Omisión de analizar la excepción de inexistencia del despido injustificado, no obstante que la parte actora no se presentó al desahogo de la confesional, por tanto, debieron tenerse por ciertos los hechos expuestos en la contestación de la demanda en términos de lo establecido en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

c) Omisión de agotar la etapa de conciliación respecto al conflicto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, pues, en la constancia exhibida se refiere como fecha de conflicto el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por lo que es claro que se trata de un conflicto distinto, del cual no se agotó la etapa prejudicial.

d) Indebida valoración de la prueba testimonial a cargo de Isaac Pucheta Velasco, Antonio Morales Pérez y Blas Guzmán Cruz, que resulta idónea para demostrar lo aducido en la contestación de demanda, en específico, que la última vez que la actora se presentó en la fuente de trabajo fue el dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

e) En la audiencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Juez responsable se comportó de manera arbitraria y autoritaria, lo cual resulta contrario a los derechos fundamentales de debida defensa y correcta administración de justicia; lo que trascendió en el desahogo de las pruebas confesional y testimonial y, en consecuencia, en la valoración y resultado del fallo.

f) Indebida condena de las prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, toda vez que con la confesional ficta debió tenerse por acreditado el pago de éstas.

5. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión de uno de diciembre de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional dictó sentencia mediante la cual negó el amparo, por las siguientes razones:

a) Declaró inoperantes los conceptos relativos a la violación de los principios de debida defensa y correcta administración de justicia, dado que la quejosa omitió precisar la forma en la cual las violaciones procesales trascendieron al resultado del fallo.

b) Se estimaron inoperantes por insuficientes los argumentos relativos a controvertir la determinación de imponerle la carga de la prueba de demostrar la fecha del despido.

c) Respecto a los conceptos de violación relativos a que no se tomó en cuenta la constancia de no conciliación, el Tribunal Colegiado los estimó infundados, para lo cual hizo alusión a la reforma publicada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en la que, entre otras cuestiones, adicionó la fracción XX del artículo 123 de la Constitución Federal, donde se incorpora al sistema de justicia laboral, la instancia conciliatoria previa a acudir ante órganos jurisdiccionales.

Puntualizó que en ese esquema de conciliación, la reforma constitucional estableció que estará a cargo de un órgano descentralizado y la regulación del procedimiento se establecerá en la legislación laboral.

En ese sentido, concluyó que en términos del artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo, los elementos aportados por las partes en esta etapa no podrán constituir prueba o indicio en el procedimiento judicial; por tanto, la constancia no puede servir como prueba o confesión en el proceso ordinario.

d) Se estimaron infundados los argumentos dirigidos a la valoración de la prueba testimonial, pues del análisis de los medios probatorios se advierte su ineficacia, ya que los testimonios no reúnen los requisitos de idoneidad, veracidad y certidumbre, por lo que no consiguen demostrar la inexistencia del despido.

e) Por lo que hace a la excepción de prescripción, se consideraron infundados los argumentos, por estimar correcta la determinación del Juez laboral, pues, éstos se dirigieron únicamente a demostrar que el despido no existió.

f) En cuanto a la indebida condena al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, determinó que ese argumento es inoperante por insuficiente, pues no se combaten las razones en las que la responsable sustentó su conclusión, relativas a que desde la contestación de demanda la patronal expresó que las vacaciones no las había generado y que el aguinaldo se encontraba a disposición de la trabajadora.

6. Recurso de revisión. Contra la sentencia antes mencionada, la quejosa interpuso dicho medio de impugnación a través del cual formuló los agravios siguientes:

a) A pesar de que en la demanda de amparo directo no se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad, resulta procedente el recurso de revisión puesto que el Tribunal Colegiado de Circuito realizó una interpretación inconstitucional del artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo en relación con artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, al haber afirmado que la constancia de no conciliación únicamente constituye un requisito de procedibilidad, por lo que no se debe tomar en cuenta la fecha del conflicto que conste en ese documento.

Esa interpretación resulta contraria al principio de seguridad jurídica, ya que, por un lado, se permite tomar en cuenta la "constancia de no conciliación" para efectos de procedencia de la demanda laboral, pero no pueden considerarse los datos que ésta contiene, como en el caso, la fecha del conflicto.

b) En efecto, el presente asunto serviría para fijar un criterio que establezca que los tribunales laborales deben verificar que la fecha de conflicto plasmada en la constancia de no conciliación coincida con la señalada en el escrito de demanda, puesto que el espíritu de la reforma constitucional en materia laboral fue diseñado para agotar la etapa conciliatoria antes de acudir a la vía jurisdiccional.

c) Estimar correcta la interpretación del Tribunal Colegiado de Circuito equivaldría a reconocer que los tribunales laborales no deben considerar la fecha del conflicto señalada en la constancia de no conciliación y, en consecuencia, dar trámite a una demanda laboral que no fue sujeta a conciliación previa; pues el propio artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo establece que el contenido de la constancia de no conciliación sí constituye prueba en el procedimiento judicial.

d) El Tribunal Colegiado de Circuito no realizó una interpretación del artículo 684-C conforme a los principios de seguridad y certeza jurídica, así como el de conciliación obligatoria previa a instar al órgano judicial, pues la única forma que tiene el tribunal laboral de verificar que el conflicto que se narra en la demanda fue objeto de la instancia conciliatoria es analizando el contenido de la constancia de no conciliación.

e) Las personas juzgadoras tienen la obligación constitucional de impartir justicia de forma eficiente, eficaz, completa y adecuada, por lo que, si la interpretación de un precepto legal establece un impedimento para hacerlo, debe excluirse del sistema jurídico o bien, se debe realizar una interpretación conforme que permita corregir el error judicial.

f) Por tanto, el artículo impugnado debe interpretarse en el sentido de que existe obligación para los órganos judiciales en materia laboral de revisar la fecha del conflicto que fue sujeta a la conciliación prejudicial y en caso de no coincidir con los hechos narrados en la demanda, prevenir al actor.

7. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal formó el expediente relativo al presente asunto, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su remisión a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

8. Avocamiento. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

9. Returno. En sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro, los Ministros integrantes de la Segunda Sala por mayoría de tres votos, desecharon el proyecto de resolución presentado por la Ministra ponente y se acordó que el expediente fuera returnado; mediante auto de trece de junio de dos mil veinticuatro se returnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán.

10. Publicación. El proyecto de sentencia se publicó oportunamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96, de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno y los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, por tratarse de un recurso de revisión en amparo directo derivado de la materia de Trabajo, especialidad de esta Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Pleno para su resolución.

II. OPORTUNIDAD

12. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada el dos de enero de dos mil veinticuatro, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el tres del mes y año referidos. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del cuatro al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, sin considerar los días seis, siete, trece y catorce de enero de dos mil veinticuatro, por haber sido sábados y domingos en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

13. Por lo tanto, si el escrito del recurso de revisión se presentó el ocho de enero de dos mil veinticuatro, se concluye que se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte advierte que el presente medio de impugnación fue interpuesto por parte legitimada para ello, pues el recurso fue signado por el apoderado de la quejosa, quien tiene reconocida la personalidad ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dentro del juicio de amparo directo 505/2023.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el asunto sí reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

16. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Segundo, fracción III, inciso b) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) vigente a la fecha de interposición del presente recurso.

17. De la lectura a los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones:

a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes;

b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o

c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

18. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso debe analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de interés excepcional, que se actualizan:

a) Cuando se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o

b) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

19. Como se señaló, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX, constitucional, que ahora establece para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, que procede ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

20. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

21. Es decir, se modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

22. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, lo que excluye la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

23. De ese modo, esta Segunda Sala considera que en el caso se satisface el primer requisito para la procedencia de este recurso, ya que subsiste un planteamiento de constitucionalidad, respecto de la interpretación que el Tribunal Colegiado realizó del artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo en relación con el diverso 123, fracción XX, de la Constitución Federal, para concluir que la constancia de no conciliación expedida por la autoridad administrativa correspondiente, constituye un requisito de procedibilidad para acceder a la vía jurisdiccional ante los tribunales laborales, pero que no se puede tomar la fecha del conflicto que aparece en la misma, para demostrar cuándo ocurrió el despido.

24. Interpretación que la recurrente considera contraria al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que la constancia de conciliación es un requisito que debe exhibirse con la demanda laboral, por tanto, resulta violatorio al referido principio que no puedan considerarse los datos que ésta contiene, como en el caso, la fecha del conflicto.

25. Asimismo, se cumple el segundo de los requisitos, pues sobre el tema no existe precedente de esta Segunda Sala, por lo que el presente asunto serviría para fijar un criterio que defina si los datos asentados por la autoridad conciliadora en la constancia de no conciliación pueden tomarse en cuenta como prueba o indicio en el juicio laboral.

V. ESTUDIO

26. Ahora bien, la materia del presente recurso de revisión consiste en establecer si el artículo 684-C de la Ley Federal del Trabajo, interpretado, en razón de la etapa de conciliación prevista en el numeral 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, permite que en el juicio laboral sean tomados en consideración los datos expresados en la constancia de no conciliación, a fin de que sirva como prueba o indicio de la fecha del despido.

27. Al efecto se transcribe el contenido de la disposición constitucional:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (...) XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. (...).

28. En ese sentido, es necesario puntualizar que el citado precepto constitucional derivó de la reforma publicada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, mediante "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral".

29. Al respecto, se considera importante destacar algunas de las consideraciones de la exposición de motivos de la cual surgió la reforma. Se transcribe la parte conducente:

"(...) el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado entre las medidas y expectativas de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia la justicia laboral del siglo XXI.

En ese sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación del sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.

Esta iniciativa está dirigida a acabar con todos los espacios susceptibles de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica.

Se debe eliminar todo elemento que convierta la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la participación, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Para la consecuencia plena de estos objetivos, deben retomarse paradigmas que constituyan obstáculos o desviaciones. Es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes a la realidad laboral nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modernización contribuye a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente, en escenarios de crisis.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y de todo aquel que se encuentre en el país, contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas de justicia y fortalecer el Estado Democrático de Derecho.

Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a los trabajadores y a empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas.

(...) esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir de tres premisas fundamentales:

1) Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.

2) Se propone plantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de una nueva responsabilidad. En tanto, la función conciliatoria estará a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión; mismos que serán organismos descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo determine.

3) Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal. (...).

30. De lo transcrito se advierte que, la intención de la reforma que transformó el sistema de justicia laboral tuvo el propósito de modificar de fondo el procedimiento de trabajo vigente, a fin de erradicar los vicios existentes que evidenciaban una justicia laboral lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable; para lo cual se alternó a un nuevo sistema, compuesto de una etapa prejudicial y la ordinaria a cargo de órganos jurisdiccionales en los distintos ámbitos de competencia.

31. En efecto, la reforma constitucional incorporó la conciliación como eje principal del nuevo paradigma de justicia del trabajo, para lo cual se establece una etapa previa al juicio, obligatoria, a cargo de centros de conciliación locales y uno federal, constituidos como organismos descentralizados, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, especializados e imparciales, con plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión, para hacer más eficaz la posibilidad conciliatoria.

32. Asimismo, su actuación se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

33. Una vez agotada esta instancia, de no lograrse el consenso entre las partes, se podrá acudir al juicio ordinario ya sea en materia federal o local, según corresponda.

34. Es decir, el antiguo sistema de justicia laboral a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se encargaban de la etapa conciliatoria y, en su caso de la solución del conflicto, fue sustituido por dos distintos entes: Centros de Conciliación y Tribunales Laborales.

35. Precisado lo anterior, se considera importante puntualizar que la conciliación como etapa prejudicial es un medio alternativo de solución de una controversia, en este caso, en materia laboral, cuya pertinencia ya se encontraba prevista en el artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Federal, que establece el derecho fundamental de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial.

36. Al efecto se transcribe:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32892-d9bdcfb3/datos-obtenidos-en-el-procedimiento-de-conciliacion-prejudicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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