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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, PLURALIDAD DE DEMANDADOS. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL LABORAL A TRAVÉS DE LA CUAL ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL CENTRO DE CONCILIACIÓN PARA AGOTAR DICHA FASE Y EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 75/2022. · Registro digital (IUS): 31280
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, Pág.2611.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 75/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK Y LORETTA ORTIZ AHLF MANIFESTARON QUE FORMULARÍAN VOTO CONCURRENTE. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la existencia de una colisión interpretativa en los criterios jurídicos de los órganos jurisdiccionales involucrados y, en su caso, superados los requisitos de procedencia, emitir una decisión que brinde solución a dicho encuentro y proporcione seguridad jurídica.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 63/2022 de dieciséis de marzo de dos mil veintidós que se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al día siguiente, Rafael Alejandro Tapia Sánchez, Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Villahermosa, Tabasco, denunció la posible contradicción de criterios entre la decisión asumida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito al resolver los juicios de amparo directo 141/2021, 164/2021 y 186/2021, de los que derivó el criterio de rubro:

"RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE."

2. Contra lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el acuerdo plenario dictado en el amparo directo 46/2022.

3. La posible contradicción de criterios indicó, radica en determinar la vía constitucional, directa o indirecta, en la que se puede cuestionar la determinación del tribunal laboral de enviar un asunto al centro federal de conciliación para efectos de agotar la etapa de conciliación prejudicial.

4. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, admitió la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 75/2022.

5. Asimismo, entre otros aspectos, ordenó el envío del asunto a la presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que proveyera respecto a la conclusión del trámite e integración del asunto y su turno a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, para su estudio.

6. Se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados involucrados la remisión de las versiones digitalizadas de los originales o, en su caso, de las copias certificadas de las demandas que les dieron origen, así como de las ejecutorias y acuerdo relativos a los juicios de amparo directo 141/2021, 164/2021, 186/2021 y 46/2022, respectivamente; así como el informe de vigencia del criterio que sustentaron. De igual forma, se dio vista a los Plenos en Materia de Trabajo del Décimo y Vigésimo Octavo Circuitos.

7. En proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala, determinó que se avocaba al conocimiento del asunto para la formulación del proyecto de resolución. Concluidos los trámites relativos a la integración del expediente, el nueve de mayo siguiente se ordenó el envío del expediente a esta ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I.Competencia

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año y vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia de trabajo, competencia de esta Segunda Sala.

9. Lo anterior, conforme al artículo transitorio primero, fracción II,(1) del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte aún están pendientes de entrar en vigor las disposiciones jurídicas relativas a los Plenos Regionales.

II. Legitimación

10. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima porque fue formulada por un Juez de Distrito; por tanto, se actualiza el supuesto prescrito en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) abrogada, así como 226, fracción II,(3) y 227, fracción II,(4) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

III. Criterios denunciados

11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 141/2021, 164/2021 y 186/2021, el primero de ellos fallado en sesión de seis de agosto de dos mil veintiuno mientras que los restantes lo fueron el once de ese mes y año.

12. Con independencia de las circunstancias fácticas de cada uno de ellos, las consideraciones que sustentan el sentido de esas determinaciones son similares, razón por la que, para efectos del presente asunto, se destacan las de interés:

13. Así, como antecedentes generales se informa que las demandas de amparo fueron promovidas por trabajadores quienes reclamaron de diversas personas morales múltiples prestaciones.

14. Sin embargo, en cada uno de esos asuntos, la parte actora omitió anexar la constancia de conciliación con cada una de las demandadas. Ello ocasionó que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco previniera(5) a los actores para que, además de aclarar algunos aspectos del contenido de sus respectivos escritos, exhibieran las constancias de no conciliación relativas.

15. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento el expediente se remitiría al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desahogo del procedimiento conciliatorio.

16. Al no cumplir con dicha exigencia, el tribunal laboral procedió en los términos anunciados y una vez que el director de la Oficina Estatal en Tabasco de dicho Centro de Conciliación informó de la recepción del expediente, el Juez de Distrito emitió un acuerdo en el que, al no quedar pendiente de desahogo alguna diligencia o la práctica de alguna actuación, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.

17. Esta última determinación es la que motivó la presentación de las demandas de amparo.

18. Es oportuno señalar que en el caso de las demandas que dieron origen a los juicios de amparo 141/2021 y 164/2021, se promovieron en la vía indirecta y en su momento los Jueces de Distrito se declararon incompetentes para su conocimiento y las remitieron al Tribunal Colegiado afecto.

19. Ahora bien, para resolver los asuntos sometidos a su potestad y en atención a las circunstancias fácticas, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que lo procedente era resolver la pregunta: ¿el acuerdo reclamado (es decir, aquel en donde se ordenó el archivo del asunto) constituye resolución que puso fin al juicio laboral para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo?

20. Concluyó que la respuesta es en sentido negativo al tratarse de un acto emitido después de concluido el juicio y, por ende, la competencia corresponde a un Juez de Distrito.

21. Para respaldar su conclusión se apoyó en el contenido de los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b); V, inciso d), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción IV y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; así como 37, fracción I, inciso d), y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

22. Luego, analizó qué debe entenderse por una resolución que pone fin al juicio, que en resumen se caracteriza por a) constituir una determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido y b) que en su contra no esté previsto algún recurso ordinario.

23. Incluso ejemplificó con base en pronunciamientos de este Tribunal Constitucional.(6) Destacó parte de las consideraciones expuestas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 38/2001 y que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 40/2002.

24. Con base en ello, puntualizó, el juicio inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que sin decidirlo en lo principal lo dé por concluido impidiendo su continuación; otra característica es que una de las formas en que puede concluir un juicio sin que se resuelva en lo principal, son las decisiones que impiden en forma definitiva o total su continuación por la falta de algún presupuesto procesal.

25. Por tanto, la resolución en la que se determina la conclusión del juicio por falta de un presupuesto procesal, como son los requisitos legales de la demanda dentro de los que se encuentra la constancia de no conciliación, constituye una actuación que sin decidir el juicio en lo principal lo da por terminado ya que paraliza su prosecución definitivamente y, por ende, procede el juicio de amparo directo.

26. Luego, expuso consideraciones en torno a la reforma constitucional en materia laboral y la respectiva legal; efectuó pronunciamientos respecto de la etapa de conciliación; invocó el contenido de los artículos 123, apartado A, párrafos segundo y cuarto, fracción XX, constitucional y 521, fracción I, 590-A, fracción I, 590-B, 590-E, fracción I, 590-F, 684-B, 684-D, 684-E, fracción VIII, tercer párrafo, 684-F, fracción VIII, 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

27. Con base en ello, concluyó, surgió el principio de obligación conciliatoria que significa que, salvo las excepciones consignadas expresamente en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, trabajadores y empleadores deben agotar la instancia conciliatoria antes de promover una acción ante los tribunales laborales tal y como se desprende de la reforma constitucional laboral y del artículo 684-B de la legislación reglamentaria.

28. Así, definió, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, la resolución que pone fin al juicio laboral es aquella donde la autoridad jurisdiccional, ante la falta de exhibición de las constancias de no conciliación, remite el asunto en su integridad al Centro de Conciliación, federal o local, para que desarrolle el procedimiento conducente.

29. Lo que se obtiene de lo siguiente: I) la constancia de no conciliación, en tanto requisito de la demanda laboral, es un presupuesto procesal para el acceso a la vía jurisdiccional y de no presentarse impide la continuación del juicio; II) no está previsto recurso ordinario que pueda modificar o revocar la resolución; III) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, inicia un nuevo procedimiento especial y ajeno al jurisdiccional; IV) no aplican las reglas competenciales sino que se está frente a un presupuesto procesal; y, V) se encuentran inmiscuidos un órgano jurisdiccional y uno administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta.

30. Agregó que la naturaleza de una resolución que pone fin al juicio no atiende a la orden de remitir al archivo el expediente, sino a la determinación que da por concluido el conflicto en la vía jurisdiccional, aun sin resolverlo en lo principal.

31. Es por lo que, el acuerdo en el que se ordena el archivo no comparte la naturaleza de aquella determinación y constituye su consecuencia formal.

32. A partir de lo expuesto, concluyó, toda vez que el acto combatido se emitió después de concluido el juicio, procede el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el Tribunal Colegiado declinó competencia al Juez de Distrito competente en el Estado.

33. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el amparo directo 46/2022. En este caso, los acontecimientos que dieron origen al pronunciamiento del Tribunal Colegiado son:

• Un trabajador solicitó fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación prejudicial; sin embargo, en la data señalada para tales efectos no comparecieron los demandados. En virtud de ello, se expidió constancia de no conciliación.

• En tal contexto, promovió demanda laboral por despido injustificado; correspondió conocer al Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El siete de enero de dos mil veintidós, se radicó el asunto y, al advertir que no se anexó la constancia de no conciliación con la totalidad de los demandados y que tampoco se actualizó alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 685 Ter, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, entre otros aspectos, emitió un acuerdo en el que ordenó remitir los autos al Centro de Conciliación Local para que precisara qué prestaciones fueron objeto del procedimiento de conciliación prejudicial; y se realizara el procedimiento prejudicial correspondiente con el resto de las demandadas.

• Ello en atención a que la autoridad laboral debe tener certeza jurídica sobre la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y las prescripciones de conformidad con los artículos 5, fracción XIII, 516, 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo.

• Hecho lo anterior, dijo, y una vez que se realice la notificación al promovente y que sean remitidos los autos y anexos al Centro de Conciliación Laboral, se ordenará el archivo administrativo del expediente.

• Inconforme con esa decisión, el trabajador promovió juicio de amparo indirecto pues consideró que infringe el contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puesto que son contrarios a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica e impartición de justicia; de igual forma, contraviene las formalidades esenciales que debe regir todo procedimiento y la impartición de justicia completa; asimismo, lo dejó en pleno estado de indefensión.

• El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala radicó la demanda de amparo con el consecutivo 68/2022 y declinó competencia al Tribunal Colegiado al considerar que el acto que se controvierte en la demanda de amparo es una resolución que, sin decidirlo en lo principal, pone fin al juicio, debido a la falta de un presupuesto procesal y el cual impide su continuación, por lo que no es procedente la vía bi-instancial.

• Apoyó su decisión en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, de rubro: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL. PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE."

• Por tanto, consideró, que la Ley Federal del Trabajo posterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve no prevé recurso ordinario que pueda modificar o revocar esa decisión; aunado a que el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que inicia un nuevo procedimiento especial y ajeno al jurisdiccional y ante un órgano administrativo. Es decir, no se trata de un conflicto competencial.

• Consecuentemente, con fundamento en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento del asunto corresponde al Tribunal Colegiado en la vía directa.

• Sin embargo, el dos de febrero de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en acuerdo plenario, determinó que la determinación combatida no es de aquellas que puedan clasificarse como sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, razón por la que no es de su competencia el conocimiento de la demanda; en consecuencia, no aceptó la competencia declinada y ordenó la remisión de la demanda de amparo y sus anexos a la Jueza federal declinante.

IV. Existencia de la contradicción

34. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(7)

35. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

36. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

37. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(8) a saber:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y, c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

38. En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se explicitan las razones de esa conclusión.

39. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de la síntesis realizada con antelación de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados involucrados en la denuncia que dio origen a este asunto.

40. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes existe un punto de toque entre los criterios contendientes, decisión a la que se arriba con base en las siguientes consideraciones.

41. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, resolvió los amparos directos 141/2021, 164/2021 y 186/2021, en ellos y salvo algunas diferencias fácticas que no trascienden en el estudio del presente asunto, se enfrentó a la problemática de responder la pregunta: ¿el acuerdo reclamado (es decir, aquel en donde se ordenó el archivo del asunto) constituye resolución que puso fin al juicio laboral para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo?; lo anterior, precisamente en atención al acto reclamado por los quejosos en cada una de esas demandas.

42. Conviene señalar que de la revisión de los hechos que se analizaron en cada uno de esos asuntos, se obtiene que los tribunales laborales que intervinieron en ellos emitieron distintos acuerdos, a saber: en dos de esos asuntos, un acuerdo de prevención para que el actor exhibiera las constancias de no conciliación faltantes; otro, mediante el que el tribunal remitió el juicio laboral al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; finalmente, en el que se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido.

43. Luego, no obstante que la materia de la litis en esos asuntos se centró en determinar si el juicio de amparo directo es procedente contra el acuerdo en el que se ordenó el archivo del asunto, al emprender el análisis, el Tribunal Colegiado del conocimiento emitió consideraciones en torno a la procedencia de ese juicio, pero contra el acuerdo mediante el que el tribunal laboral remite el asunto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

44. Este aspecto es el que se destaca pues precisamente en él se centra el punto de contradicción que esta Segunda Sala identifica.

45. En efecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento estableció que el amparo directo procede contra la resolución que pone fin al juicio laboral, en el particular, es aquella donde la autoridad jurisdiccional, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, remite el asunto en su integridad al Centro de Conciliación, federal o local, para que desarrolle el procedimiento conducente.

46. Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, conoció de un asunto en el que la autoridad laboral en el acuerdo en el que ordenó la remisión del expediente al Centro de Conciliación del Estado también ordenó el archivo de ese asunto.

47. Sin embargo, el órgano colegiado indicó que la determinación combatida no encuadra en alguna de las hipótesis para ser clasificada como una sentencia definitiva, acuerdo o resolución que haya puesto fin a un juicio dado que ordenó la remisión de los autos al Centro de Conciliación Laboral a fin de que la autoridad laboral tuviera certeza jurídica sobre qué prestaciones fueron objeto de conciliación prejudicial con el demandado y para que se acreditara la conclusión de la etapa de conciliación prejudicial con los demás enjuiciados; razón por la que no procede el juicio de amparo directo.

48. Ello fue el sustento para no aceptar la competencia planteada y devolver los autos al Juez de Distrito.

49. Como se advierte, los órganos colegiados arribaron a conclusiones jurídicas divergentes, a pesar de que analizaron elementos fácticos similares ya que, uno de los tribunales consideró que la demanda de amparo a través de la que se combate la decisión del tribunal laboral de remitir el expediente al Centro de Conciliación como consecuencia de que la parte actora no exhibió la totalidad de las constancias de no conciliación con cada una de las demandadas, es competencia de un Tribunal Colegiado al tratarse de una resolución que puso fin al juicio; mientras que el otro, dijo, es competencia de un Juez de Distrito.

50. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que, como se expuso con antelación, en los asuntos que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, la materia central de la litis haya sido la vía en que debe combatirse el acuerdo que ordenó el archivo del expediente laboral como asunto total y legalmente concluido, pues como se destacó de la revisión de las ejecutorias que emitió y que forman parte de la denuncia analizada, se obtienen consideraciones vinculadas con la procedencia del juicio de amparo directo contra el acuerdo que ordena la remisión de dicho asunto al Centro de Conciliación con el objeto de sustanciar el procedimiento de conciliación.

51. Tampoco lo es, en el caso del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el hecho de que en el propio acuerdo en que se ordenó la remisión del expediente a la autoridad conciliadora se haya ordenado el archivo del asunto pues del análisis de la decisión asumida por ese tribunal, se advierte que expresamente indicó que la remisión del asunto al Centro de Conciliación, en este caso local, no constituye una determinación que ponga fin al juicio.

52. Particularidades que esta Sala considera adyacentes al problema jurídico central perfectamente identificable y que es menester resolver, así como aprovechar la oportunidad para hacer las aclaraciones necesarias con el fin de otorgar seguridad jurídica a los operadores jurídicos y con ello preservar la unidad en la interpretación de la norma.

53. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba al convencimiento de que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicciones en sus razonamientos genera la necesidad de brindar certeza jurídica y, por ende, determinar: I) en los casos en que exista pluralidad de demandados y la actora no exhiba la constancia expedida por el Centro de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial ¿de qué manera debe proceder el tribunal laboral?; II) ¿quién debe emitir esa determinación?, el secretario instructor o el Juez laboral; y, III) ¿existe la posibilidad de que esa resolución sea controvertida? ¿cuál es la vía?

V. Estudio de fondo

54. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la decisión del tribunal laboral de remitir al Centro de Conciliación, federal o local, el expediente con el objeto de iniciar el procedimiento de conciliación y consecuentemente ordenar el archivo como asunto definitivamente concluido, debe emitirse por el Juez laboral y, por tanto, puede ser impugnada a través del juicio de amparo directo.

55. Para dar sustento a esa conclusión se destacan las siguientes consideraciones.

I. Procedimiento de conciliación prejudicial

56. En principio es de recordarse que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tuvo oportunidad de analizar y pronunciarse en torno a la figura de la conciliación en materia laboral; lo anterior, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintidós, al resolver la contradicción de tesis 360/2021(9) y de la que se emitió el criterio de rubro:

"PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN Y PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SE CONSIDERAN EXCEPCIONES PARA AGOTAR LA INSTANCIA CONCILIATORIA PREJUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 TER, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."(10)

57. Se expusieron diversas acepciones, se citaron los pronunciamientos efectuados por entidades como la Organización Internacional del Trabajo, así como la facultad que otorga la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busque soluciones amistosas.

58. Aunado a ello, se asentó que los Medios Alternativos de Solución de Conflictos se encuentran reconocidos en nuestro máximo ordenamiento nacional, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En ese sentido, constituyen una herramienta adicional para el acceso a la justicia y entre estos se encuentran: la mediación, la conciliación y el arbitraje.

59. Se ejemplificó que, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se define a la conciliación como el mecanismo voluntario por el que los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados.

60. Con base en esos elementos se destacó que, a nivel doctrinal, internacional y nacional, existe coincidencia en considerar a la figura de conciliación como un mecanismo apto para la prevención o solución de conflictos.

61. Posterior

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31280-a2d37d8d/procedimiento-de-conciliacion-prejudicial-pluralidad-de-demandados-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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