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Modo: Corpus Pro

CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. PROTEGE EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y, POR TANTO, GUARDA ARMONÍA CON LOS MARCOS NORMATIVOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4977/2023. · Registro digital (IUS): 32687
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: RICARDO VIZZUET MARTÍNEZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 2, Pág.1229.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4977/2023. RICARDO VIZZUET MARTÍNEZ. 19 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4977/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 643/2022.

El problema que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si el procedimiento de conciliación prejudicial a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 684-B de la Ley Federal del Trabajo vigente constituye un obstáculo al principio de acceso a la justicia y, por tanto, debe inaplicarse.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio laboral. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Querétaro, Ricardo Vizzuett Martínez por propio derecho demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el pago del incremento en la pensión de cesantía en edad avanzada desde la fecha de inicio de pago hasta la conclusión del juicio.

2. Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria instructora del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Querétaro, a quien correspondió conocer de la demanda, la registró con el número de expediente 399/2022 y al estimar que no se cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 681-B y 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo previno al promovente para que exhibiera la constancia que acreditara que agotó el procedimiento de conciliación prejudicial, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda y se ordenaría su remisión al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Querétaro.

3. En desahogo, por escrito de tres de octubre de dos mil veintidós, el apoderado legal de la promovente manifestó medularmente que en el caso no era obligatorio llevar a cabo el procedimiento conciliatorio y que por lo tanto no le era exigible exhibir la constancia respectiva. En lo conducente, textualmente, indicó:

"1.- No se anexa la constancia de no conciliación, porque se trata de un conflicto de seguridad social y de una interpretación armónica y sistemática del artículo 685-ter de la Ley Federal del Trabajo se considera que mi representado no está obligado a agotar el procedimiento conciliatorio, porque en el presente juicio mi representado está reclamando el incremento de una pensión por cesantía que el demandado es un organismo de seguridad social se ha negado a otorgar.

2.- De igual manera le solicito la aplicación del artículo primero constitucional cuando una norma jurídica atente contra derechos humanos, el principio de convencionalidad, principio propersona en el sentido de hacer valer el control constitucional y no aplicar el artículo 684-B de la ley federal por ser inconstitucional e inconvencional porque este artículo atenta contra el artículo 17 constitucional al retardar y rezagar el acceso a la justicia, entorpece el derecho de acción de acudir a un tribunal en demanda de justicia, ya que este artículo atenta contra los tratados internacionales y la constitución, todo gobernado tiene el derecho de acudir a los tribunales y se imparta justicia y si se le pone alguna traba o un requisito administrativo atenta contra ese derecho fundamental que es el derecho de acción y de acceso a que se imparta justicia, y también no aplique el artículo 123 apartado A) fracción XX segundo párrafo (lo transcribe) por ser INCONVENCIONAL es decir este artículo de la constitución violenta derechos humanos y tratados internacionales, por ende es inconvencional, por lo tanto solicito se pronuncie sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos citados, o en su caso remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice el uso de la facultad de control constitucional en términos del artículo primero constitucional ya se está tratando de la inconvencionalidad de un artículo de la constitución el 123 apartado A) fracción XX segundo párrafo porque es facultad exclusiva del máximo tribunal interpretar la ley fundamental. Y cito el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (lo transcribe).

2.- Y sobre el reclamo de las horas extras son 8 horas.

3.- Sobre el lugar del despido injustificado fue en las instalaciones de la empresa en el domicilio ya precisado en la demanda inicial.

O en su caso la máxima protección posible, en el sentido que el que procedimiento conciliatorio no sea obligatorio sino optativo para las partes y no entorpecer ese derecho fundamental que tiene mi representado de acudir en demanda de justicia en términos del artículo 17 constitucional ...

4. Ante ello, el cinco de octubre de dos mil veintidós, la juzgadora laboral decidió hacer efectivo el apercibimiento decretado y tuvo por no presentada la demanda y ordenó su remisión al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado, con el fin de que se agotara el procedimiento de conciliación prejudicial.

5. Demanda de amparo directo. Inconforme con esa resolución, el promovente presentó demanda de amparo de la que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito y la registró con el número 643/2022.

6. Alegó la violación al contenido de los artículos 1o., 14, 16 y 123 constitucionales, así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo.

7. En su único concepto de violación indicó que la sentencia combatida infringe la garantía de audiencia, así como el principio de legalidad y los derechos sociales; aunado a que carece de fundamentación y motivación puesto que en atención a las prestaciones que demandó no está obligado a agotar el procedimiento de conciliación (prejudicial).

8. Se trata de un conflicto individual de seguridad social ya que se reclama el incremento de una pensión por cesantía; en virtud de ello, indicó, no se debió aplicar el contenido del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo por ser inconstitucional e inconvencional por atentar contra el artículo 17 constitucional por retardar y rezagar el acceso a la justicia, entorpece el derecho de acción de acudir a un tribunal a demandar justicia ya que se ponen trabas o un requisito administrativo que atenta contra ese derecho fundamental de acción.

9. Aunado a ello, indicó, no obstante que tales aspectos los expuso ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia, ésta se limitó a decir que no se exhibió la constancia de conciliación y remitió el expediente al Centro de Conciliación.

10. Sentencia del tribunal colegiado. Substanciado el procedimiento, en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado emitió sentencia en la que negó el amparo a la parte quejosa por considerar ineficaces los conceptos de violación toda vez que la conciliación prejudicial obligatoria es acorde con el parámetro de regularidad constitucional de acceso a la justicia y determinó negar el amparo al quejoso.

11. Para arribar a esa decisión, el tribunal del conocimiento dividió en dos partes el estudio del concepto de violación formulado; así, en síntesis, expuso:

a) En su primer apartado calificó como infundados los motivos de disenso en torno a que en virtud de que el reclamo se hizo consistir en el pago del incremento a la pensión de cesantía en edad avanzada, de conformidad con el artículo 685 Ter, de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de un conflicto individual de seguridad social, no es obligatorio agotar el procedimiento de conciliación.

Destacó el contenido de los artículos 684-B y 685 Ter, de la Ley Federal del Trabajo y estableció que antes de acudir a tribunales se debe solicitar el inicio del procedimiento de conciliación con excepción cuando se trate de conflictos inherentes a prestaciones de seguridad por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo.

Recordó que esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 360/2021(1) determinó que los conflictos de seguridad social inherentes a pensión y cesantía en edad avanzada y vejez no podían ser considerados como un supuesto de excepción a la vía conciliatoria, de aquellos previstos en el artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.

Decisión que se basó, toralmente, en el hecho de que del análisis comparativo de la iniciativa de reforma y el texto aprobado por la Cámara de Senadores se advertía que dentro del proceso legislativo vinculado con el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo se suprimieron las prestaciones de seguridad social por cesantía en edad avanzada y vejez de los supuestos exceptuados de agotar la instancia conciliatoria.

Con base en ello, concluyó, fue acertado que en atención a la prestación reclamada exige que se agote el procedimiento de conciliación se sigue ajustada a derecho la determinación de tener por no presentada la demanda por no exhibir la constancia que acreditara que se agotó el procedimiento de conciliación prejudicial.

b) En la segunda parte se analizó la afirmación de la parte quejosa en el sentido de que la obligación constitucional establecida en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los trabajadores agoten el procedimiento de conciliación, previo a acudir a los tribunales en materia de trabajo, viola el derecho de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Incluso, añadió, el diverso artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo es contrario al contenido del artículo 17 constitucional toda vez que la medida retarda y rezaga el acceso a la justicia de todas las personas al imponer trabas o requisitos administrativos para que se pueda acudir a los tribunales correspondientes a hacer valer las acciones pertinentes y exigir la impartición de justicia; así, en su opinión, el procedimiento conciliatorio debe ser optativo y no obligatorio.

Ese motivo de inconformidad fue calificado como inoperante al partir de la premisa falsa de que la Constitución Federal y las leyes internas no pueden prever requisitos formales o presupuestos procesales necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, sin que la norma convencional establezca lo contrario.(2)

Agregó que la figura de la conciliación prejudicial obligatoria es acorde con el parámetro de regularidad constitucional, puesto que conforme al criterio jurisprudencial de esta Segunda Sala antes referido, la figura de la conciliación se encuentra reconocida a nivel doctrinal, internacional y nacional como un mecanismo apto para la prevención o solución de conflictos pues busca propiciar el establecimiento de una justicia laboral, efectiva, pronta y expedita, con la visión de dar certeza jurídica, tanto a los trabajadores como empleadores, y ya no una justicia lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable.

De ahí que consideró que la conciliación obligatoria es acorde tanto con el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos como al diverso 17 constitucional.

Por último, reiteró que con base a la jurisprudencia 2a./J. 19/2022, de carácter "obligatorio" esta Segunda Sala ya determinó que con las excepciones previstas en el artículo 685 Ter de la ley de la materia, los trabajadores y patrones, previo a acudir a los tribunales deben agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial, pues de lo contrario se desnaturalizaría esa figura considerada toral por el Poder Reformador para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia laboral de manera expedita y gratuita.

12. Recurso de revisión. En desacuerdo con ese fallo, mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, Ricardo Vizzuett Martínez, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión.

13. Las consideraciones que expuso, a título de agravio, en esencia indican:

• El tribunal colegiado omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad que planteó en sus conceptos de violación y, que, por ello, violó el principio de legalidad y de audiencia al haber aplicado disposiciones legales y contractuales que implican renuncia de derechos.

• Asimismo, señaló que lo que desea es que el tribunal colegiado realice una interpretación a la luz de sus derechos humanos con la finalidad de que se le aumente su pensión, vivir con dignidad y el mínimo vital.

• Manifestó que la autoridad debe proceder a suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de fondo y lograr la protección más amplia de la persona, la certeza jurídica de derechos y su irrenunciabilidad.

• Agregó que las tesis que cita el tribunal colegiado se tratan de indebidas interpretaciones que carecen de sustento constitucional y convencional, por lo que solicita su inaplicación y se resuelva el asunto mediante la aplicación directa de los preceptos constitucionales conforme al artículo 133 constitucional.

• También dijo que no comparte la interpretación del órgano jurisdiccional porque la conciliación debe ser optativa y no obligatoria porque es muy difícil conciliar con el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el incremento a su pensión.

• Por último, señaló que las modificaciones no deben ser regresivas, sino que deben atender a la justicia social y la equidad.

14. Trámite ante esta Suprema Corte. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión, lo registró con el expediente 4977/2023 y ordenó que el asunto se turnara al Ministro Luis María Aguilar Morales integrante de la Segunda Sala para su estudio.

15. Avocamiento. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de la Segunda Sala determinó el avocamiento al conocimiento del asunto y ordenó el envío del expediente a esta ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente una vez que se encuentre debidamente integrado.

I. COMPETENCIA

16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 81, fracción II,(4) de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción IV,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, debido a que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo cuya materia (de trabajo) incide en la especialidad de esta Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. OPORTUNIDAD

18. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada a la parte quejosa el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés por lo que dicha notificación surtió efectos el uno de agosto de ese año.

19. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del dos al quince de agosto de dos mil veintitrés, descontándose los días cinco, seis, doce y trece de agosto por ser sábados y domingos, así como del veinticinco al treinta y uno de julio por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

20. De ahí que, si el escrito de recurso de revisión se presentó ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. LEGITIMACIÓN

22. Esta Suprema Corte considera que Ricardo Vizzuett Martínez y su apoderado Oscar Arturo Delgado Díaz cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que dicho carácter se les reconoció en el juicio de amparo directo.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

24. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones.

25. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo encuentra su fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal;(7) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo,(8) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) así como lo establecido en el punto Primero del Acuerdo General número 9/2015.

26. De tales preceptos se advierte que las sentencias que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que reúnan las características siguientes:

a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad de una norma general, o

b) Que se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de derechos humanos, o bien,

c) Que se haya omitido decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.

27. Los tópicos anteriores son alternativos, pues basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.

28. Aunado a lo anterior, de conformidad con la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, para que el recurso de revisión en amparo directo resulte procedente ahora es necesario, además que, a juicio de este Alto Tribunal, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

29. Para tales efectos, es de recordar que uno de los principales propósitos de la reforma constitucional radica precisamente en apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, razón por la cual, es de notoria relevancia que se avoque al conocimiento de asuntos que constituyan una verdadera oportunidad de emprender estudios novedosos, relevantes, insólitos que tengan un impacto y alcance superior para el orden jurídico nacional y con efectos sociales tangibles.

30. De ahí que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo y por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un tribunal colegiado de circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.

31. Dicho lo anterior, en el caso y en vista de los antecedentes que informan el presente asunto, se observa que se cumple con el primer requisito, en virtud de que en la demanda de amparo se planteó la inaplicación de la fracción XX, del apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo por obstaculizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 32. Argumentos que el tribunal colegiado que conoció del asunto calificó de ineficaces e inoperantes con base en lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 360/2021 en la que se determinó que los conflictos de seguridad social inherentes a la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez no fueron expresamente exceptuados por el legislador federal de agotar la instancia conciliatoria.

33. Decisión que la parte recurrente controvierte en su escrito de agravios al asegurar que se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia toda vez que, en su opinión, el procedimiento conciliatorio debería ser optativo y no obligatorio.

34. De ahí que también se satisface el segundo de los requisitos, a saber, el interés excepcional del asunto, en virtud de que esta Sala Constitucional podrá definir si la conciliación prejudicial guarda consonancia con el derecho de acceso a la justicia a la luz de los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

35. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de cuatro votos. El Ministro Javier Laynez Potisek emitió su voto en contra.

V. ESTUDIO

36. Para abordar adecuadamente el estudio de los agravios formulados por el recurrente metodológicamente se estima procedente en primer lugar emprender un análisis de la figura de la conciliación como un medio alterno de solución de controversias para posteriormente ubicar su regulación en el ámbito internacional como nacional y con ese cimiento tener los elementos eficaces para pronunciarse en torno al caso concreto conforme a los agravios formulados por el recurrente Ricardo Vizzuet Martínez.

V.1. La conciliación

37. De conformidad con el diccionario de la Lengua Española, el término conciliación procede del latín: "conciliatio, -onis" que significa acción y efecto de conciliar. Conveniencia o semejanza de una cosa con otra. En derecho lo define como el acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado.

38. Dentro de la teoría general del proceso es reconocida como una figura del litigio y de los medios de solución de controversias como un mecanismo que brinda opciones de arreglos a través de un procedimiento no contencioso.

39. La conciliación es un mecanismo que permite lograr una solución a un conflicto entre dos o más partes. Se trata de una negociación asistida, es decir, dirigida por un tercero ajeno y neutral que incluso puede fungir como un mediador para brindar opciones de solución y así, conseguir de una forma más ágil una salida consensuada a la controversia y con fuerza vinculante para las partes involucradas. En este aspecto, conviene puntualizar, la definición asumida será exclusivamente acordada por las partes interesadas y no por el tercero, él es quien dirige el procedimiento, pero la forma en que habrá de arreglarse está reservada a las partes quienes deberán manifestar su aprobación.

40. En virtud de ello es que la conciliación es reconocida como un mecanismo alterno para la resolución de conflictos que incluso se reconoce en instrumentos internacionales y que tiene vigencia en distintos países (verbigracia: Costa Rica, Perú, Colombia,(10) España y Portugal) y diversas materias. Se insiste es un procedimiento reglado con pleno reconocimiento legal y fuerza vinculante para las partes involucradas pero que no se sujeta a una rigidez como acontece en los procedimientos de carácter contencioso.

41. Manuel Alonso García opina que la conciliación es una forma de solución de los conflictos, en virtud de la cual las partes involucradas, ante un tercero que no decide, contrastan sus respectivas pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial. Bajo su análisis concluyó que los conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes, lo que hace que sus resultados no tengan el carácter decisivo de una sentencia.(11)

V.2. La conciliación en el ámbito internacional

42. La solución amistosa de conflictos en el ámbito internacional es un tópico que se ha desarrollado desde antaño pues se reconoce como una posibilidad de resolver conflictos de manera pronta y ágil.

43. Muestra de ello es que en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas en el preámbulo los pueblos integrantes se han comprometido a:

"... preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar designios.

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas ..."

44. Compromiso que se reiteró en el artículo 33 que indica:

"1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios".

45. Ahora bien, en dicho instrumento se reconocen diversos procedimientos como mecanismos de solución pacífica de conflictos, entre ellos se encuentran: la mediación, la negociación, la investigación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso de organismos regionales.

46. En el ámbito internacional, específicamente cuando surgen controversias entre Estados, la solución amistosa es reconocida como una especie de conciliación y es identificada como un medio para resolver disputas, incluso de carácter obligatorio pues pretende, entre otras cosas, acercar a las partes en disputa con el propósito de alcanzar acuerdos a través de propuestas de solución que sean mutuamente aceptadas.

47. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos no es ajeno a esta figura, pues en el artículo 48.1.f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(12) que se vincula con el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indica:

"1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:

...

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención ..."

48. Con el establecimiento de este tipo de mecanismos se pensó en proporcionar una solución a una controversia sin la necesidad de agotar la vía contenciosa. Para lograr el objetivo es imperioso que las partes manifiesten su voluntad y brinden el consentimiento en las soluciones acordadas de no hacerlo o bien, de no alcanzar la plena satisfacción de los acuerdos se podrá optar por agotar la vía contenciosa.

49. Lo anterior significa que este tipo de solución se erige como un mecanismo alterno(13) para brindar una terminación eficaz y pronta, pero nunca como obstaculizador de la vía jurisdiccional.

50. Por ejemplo, en la solución amistosa petición 12.046 Mónica Carabantes Galleguillos. Chile. 12 de marzo de 2002, se hizo constar que ante la solicitud de las partes involucradas de llegar a una solución amistosa se realizaron reuniones de trabajo en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ellas derivaron propuestas que, con la anuencia de las víctimas, se asumieron medidas concretas que debían ser observadas y con base en ello se arribó a las siguientes conclusiones:

"17. Con base en las particulares características del presente asunto, la Comisión Interamericana ha impulsado activamente el procedimiento de solución amistosa. El presente informe resume la actividad de las partes y refleja el acuerdo logrado para su conclusión.

18. La Comisión Interamericana destaca que el mecanismo contemplado en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana permite la conclusión de las peticiones individuales en forma no contenciosa, como se ha demostrado en casos referentes a diversos países de la región".

51. Con base en esas consideraciones la Comisión Interamericana decidió:

"20. Aprobar el acuerdo de solución amistosa logrado en el presente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32687-49f8065e/conciliacion-como-mecanismo-alterno-de-solucion-de-conflictos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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