SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO SE ADVIERTA FRACTURA O DIVISIÓN FAMILIAR QUE IMPLIQUE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 223/2023. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ. PONENTE: JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN. SECRETARIO: FAUSTO ARMANDO LÓPEZ DELGADO.
Mexicali, Baja California, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.
V I S T O para resolver el incidente en revisión 223/2023-I administrativo, relativo al juicio de amparo indirecto 932/2022-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, (ahora Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana); y,
R E S U L T A N D O:
1. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California (ahora Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana), ********** ********** ********** por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de las autoridades que enseguida se precisan:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
Ostentan el carácter de Autoridades Responsables en el presente Juicio de Amparo Indirecto las siguientes:
III.I AUTORIDADES ORDENADORAS:
a).- EL C. TITULAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO, quien en términos de lo dispuesto por los artículos 11 fracción X y 13 fracción XXV del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, se encuentra facultado para nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar a los servidores públicos adscritos a dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando su actuar sea acorde y de conformidad con las acciones previstas en los ordenamientos aplicables en materia de políticas y condiciones de trabajo de los servidores públicos de confianza adscritos a dicha dependencia.
Lo anterior de conformidad con los artículos 11 fracción X, 13 fracción XXV y 35 fracción XIV del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
III.II. AUTORIDADES EJECUTORAS:
b).- EL C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO, quien en términos de lo dispuesto por los artículos (sic) 13 fracción XXV del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en suplencia del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas, se encuentra facultados para nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar a los servidores públicos adscritos a dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando su actuar sea acorde y de conformidad con las acciones previstas en los ordenamientos aplicables en materia de políticas y condiciones de trabajo de los servidores públicos de confianza adscritos a dicha dependencia.
Lo anterior de conformidad con los artículos 11 fracción X, 13 fracción XXV y 35 fracción XIV del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
c).- El C. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS, quien es el encargado de notificar, ejecutar y llevar a cabo todos los actos administrativos necesarios para efectos de lograr la readscripción de los empleados de confianza de la Agencia Nacional de Aduanas, de conformidad con los artículo 35 inciso 1 y 36 fracción I del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:
IV.I AUTORIDADES ORDENADORAS:
a).- EL C. TITULAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO, se reclama la emisión del oficio número **********, de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó de manera arbitraria, es decir, sin fundamentación ni motivación alguna que atienda a los lineamientos y políticas laborales aplicables a los trabajadores de confianza del Servicio de Administración Tributaria, a cambiar de adscripción aduanal a la concubina y madre de los hoy quejosos de nombre ********** ********** ********** **********.
IV. AUTORIDADES EJECUTORAS:
b).- EL C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO, se reclama la emisión, en suplencia del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas, del oficio número **********, de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó de manera arbitraria, es decir, sin fundamentación ni motivación alguna que atienda a los lineamientos y políticas laborales aplicables a los trabajadores de confianza del Servicio de Administración Tributaria, a cambiar de adscripción aduanal a la concubina y madre de los hoy quejosos de nombre ********** ********** **********.
De igual manera, se reclaman todos y cada uno de los actos administrativos necesarios tendientes a lograr la readscripción aduanal de la C. ********** ********** **********, esposa y madre de los hoy quejosos, de la ciudad de Tijuana a la ciudad de Ensenada, Baja California.
c).- El C. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS, se reclaman todos y cada uno de los actos administrativos tendientes a lograr la readscripción aduanal de la C. ********** ********** **********, esposa y madre de los hoy quejosos, de la ciudad de Tijuana a la ciudad de Ensenada, Baja California.
De igual manera, se reclama a esta Autoridad la inminente validación del cambio de adscripción aduanal de la C. ********** ********** ********** **********, así como la posible suscripción del nombramiento de ********** ********** **********, como oficial de Comercio Exterior adscrita a una aduana distinta a la de Tijuana, Baja California."
2. SEGUNDO. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California (ahora Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana), formó y registró el expediente bajo el número 932/2022-IV; como se ordenó en el juicio principal se admitió a trámite el presente incidente de suspensión; asimismo, solicitó el informe previo de las autoridades responsables; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y otorgó la intervención respectiva al agente del Ministerio Público de la Federación, negando la suspensión provisional solicitada.
3. TERCERO. Seguido el juicio de amparo en sus etapas procesales, el Juez de Distrito dictó la interlocutoria respectiva el cuatro de enero de dos mil veintitrés, el cual concluyó bajo el siguiente punto resolutivo:
"Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********** ********** ********** **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo **********., respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos."
4. CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado vía electrónica el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********** ********** ********** ********** por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, interpusieron recurso de revisión.
5. QUINTO. Por acuerdo de Presidencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, este Primer Tribunal Colegiado, al que por turno correspondió conocer del asunto, ordenó formar el expediente respectivo con el número 223/2023-I y admitió a trámite el recurso de revisión.
6. SEXTO. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se ordenó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Juan Manuel García Arreguín para la formulación del proyecto correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
7. PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se interpone en contra de una resolución interlocutoria dictada en audiencia incidental por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California (ahora Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana), cuya sede se encuentra en la jurisdicción de este órgano colegiado, dentro de un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo en materia administrativa.
8. La competencia se fundamenta en lo dispuesto en los preceptos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso a), 83 y 84, de la Ley de Amparo vigente; 38, fracción II y 124, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los artículos 1º, fracción XV, 2º, fracción XV, numerales 1º y 3º, fracción XV, primer párrafo, y tercero transitorio, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del propio año, y que entró en vigor el día de su aprobación.
9. SEGUNDO. La resolución impugnada se notificó a la parte recurrente por medio de lista el cinco de enero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos al día siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.
10. De ahí que, el término de diez días que dispone el artículo 86 de la propia ley para su interposición, inició el nueve y feneció el veinte, ambos de enero de dos mil veintitrés; por ello es inconcuso que si el recurso se presentó vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veinte de enero de dos mil veintitrés, se interpuso dentro del plazo legal.
11. Los días hábiles fueron del nueve al trece y del dieciséis al veinte de enero de dos mil veintitrés; e inhábiles los días siete, ocho, catorce y quince del mes y año en cita, por haber sido sábados y domingos; lo anterior conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
12. Lo que se corrobora con el siguiente cuadro calendario:
Ver calendario
13. TERCERO. La resolución impugnada se apoya en las siguientes consideraciones:
14. "Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
15. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente:
16. La orden de cambio de adscripción de ********** ********** ********** –concubina del quejoso y madre del menor quejoso- y asignación de funciones contenida en el oficio ********** de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, firmado por el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas.
17. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y Director de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con residencia en la Ciudad de México, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa.
18. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita respecto de las autoridades mencionadas en el párrafo que antecede.
19. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con sede en la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe previo. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que el quejoso ********** ********** ********** **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo ********** ********** reclama esencialmente la orden de cambio de adscripción de ********** ********** ********** –concubina del quejoso y madre del menor quejoso- y asignación de funciones contenida en el oficio ********** de veintidós de noviembre de dos mil veintidós.
20. En ese contexto, se estima que en el caso no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 fracción II de la Ley de Amparo y, por tanto, debe negarse la suspensión definitiva solicitada, ya que de otorgarse para el efecto solicitado, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
21. Esto es así, toda vez que del contenido de la orden de cambio o readscripción a la Aduana en Ensenada, Baja California, aquí reclamada, se desprende que ésta fue adoptada por el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas, con sede en la Ciudad de México, en conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 40 y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 21, 22, 57, 59 60, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XVII, XVIII, XX, XXVII, XXX, XXX, 8º, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en relación con lo establecido en los numerales 4, inciso A, y 11 fracción X, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que permite concluir, en forma preliminar, que dicho cambio atendió a las necesidades del servicio que presta ********** ********** ********** en la dependencia a la que pertenece.
22. Entonces, tomando en consideración que las funciones que realiza, de inspección, vigilancia y fiscalización, entre otras informar sobre irregularidades respecto de mercancías no declaradas, restringidas o prohibidas que vulneren la seguridad nacional, lo cual se prevé que es de orden público, por lo que debe evitarse entorpecer las funciones de las Aduanas de México, se estima que de concederse la medida cautelar para el efecto solicitado se afectaría el interés social, porque se impediría realizar las adscripciones y readscripciones que resulten necesarias para cumplir con el deber de las instituciones para mantener la seguridad nacional en el lugar que ello se requiera.
23. Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad jurídica, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a/J. 6/2007 (9a.), visible en la página 670, febrero de 2007, Tomo XXV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Administrativa, con registro digital 173404, de rubro y texto siguiente:
24. "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN".
(se transcribe)
25. Aunado a ello, se estima que la concesión de la suspensión podría fomentar la indisciplina dentro de la administración pública, pues se traduciría en una desobediencia, insubordinación o desacato al mandato de sus superiores, lo que no es propio de un servidor público, ya que éste, al aceptar el cargo, asumió el compromiso de atender, en primer lugar, las necesidades de la sociedad por sobre su interés propio y personal y si no lo hace así causa un perjuicio evidente para la colectividad, quien para percibir la funcionalidad del servicio público, tendría que esperar el examen de validez que sobre esas órdenes realice un Juez Federal, con el consiguiente retraso o perjuicio si éstas llevaran una intención clara, objetiva e inmediata de atender una necesidad.
26. Por tanto, en el caso concreto, si bien el cambio de adscripción reclamado podrá implicar la modificación de las actividades cotidianas que realizan los quejosos en familia, lo cierto es que, precisamente, atendiendo a trascendencia de la función que desempeña ********** ********** ********** dentro de la sociedad (como servidora pública), debe prevalecer el interés colectivo frente al individual de los solicitantes del amparo como integrantes de una familia.
27. Sin que pase inadvertido la manifestación de que el cambio de adscripción de la servidora pública afectaría la convivencia con el menor quejoso y que aún no cuenta con su esquema de vacunación completo por haber nacido en el extranjero, ello en consideración que el acto reclamado no restringe en forma alguna la convivencia entre la servidora pública y el menor quejoso dado que solo se traduce en un cambio de adscripción a una ciudad diversa, sin afectar la libertad personal de la servidora pública, además que al ser dependiente de dicha empleada federal, tiene acceso al servicio de salud para que se le continúen proporcionando las vacunas a que tiene derecho, sin la necesidad de trasladarse al extranjero.
28. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.1o.A.75 A (9a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página mil ochocientos trece, tomo XXV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de marzo de dos mil siete, Novena Época, registro 172880, que señala:
29. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PORQUE DE HACERLO SE AFECTARÍAN EL INTERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO AL FOMENTARSE LA DESOBEDIENCIA, INSUBORDINACIÓN O DESACATO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS EN PERJUICIO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA".
(se transcribe)
30. Por tanto, al no cumplir con el requisito previsto en el artículo 128 fracción II de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada.
31. Por lo expuesto y fundado, se:
32. R E S U E L V E:
33. Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********** ********** ********** **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo ********** **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos."
34. CUARTO. El agravio planteado por los recurrentes, es el siguiente:
35. "ÚNICO.- La sentencia recurrida, viola, en perjuicio de los Quejosos, lo dispuesto por los artículos 128 Fracción I y Fracción II, a contrario sensu, el artículo 129 Fracción VIII y último párrafo a contrario sensu, así como los artículos 131, 138 y 146 Fracciones I y II y 217, todos de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como los principios de Congruencia Externa y de Interés Superior de la Niñez, y los criterios de Jurisprudencia de rubros, "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.", "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE, A LA CALIDAD DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO." y "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE."; y se vulneraron dichos preceptos normativos, principios y criterios jurisprudenciales, en el entendido de que el A Quo no llevó a cabo una debida ponderación de la apariencia del buen derecho en la causa de pedir de los Quejosos, en relación con la posible afectación al interés social y a las disposiciones de orden público que la concesión de la medida efectivamente ocasionaría a la colectividad, sin considerar la fáctica y real afectación al interés social que la negativa de la concesión ocasiona en mayor magnitud a los derechos de menores de edad, determinando así negar a mis representados la suspensión definitiva del Acto Reclamado con sustento en que, "si bien el cambio de adscripción reclamado podrá implicar la modificación de las actividades cotidianas que realizan los quejosos en familia, lo cierto es que, precisamente, atendiendo a trascendencia de la función que desempeña ********** ********** ********** ********** dentro de la sociedad (como servidora pública), debe prevalecer el interés colectivo frente al individual de los solicitantes del amparo como integrantes de una familia."; evidenciándose así que el A Quo determinó, indebidamente, que la concesión de la suspensión afectaría disposiciones de orden público y, con ello, el interés social, en el sentido de que, según su criterio, la medida se traduciría en privar a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o que le inferiría a la colectividad un daño que de otra manera no resentiría, dejando pasar por inadvertido que, en todo caso, el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma, siendo que la Autoridad Judicial debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, lo que en caso que nos ocupa no se actualiza, pues la negativa para conceder la medida vulnera en mayor medida, el interés superior de la niñez que, en esencia, SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE, incluso por encima de que un servidor público no preste sus labores en una adscripción distinta, atendiendo a su situación particular de familia y máxime que, en la especie, la madre y concubina de los Quejosos no es indispensable para que la Responsable pueda cumplir con su objeto, además de que ésta solo puede ser reubicada con base en las políticas de los trabajadores de confianza de la Responsable, y no de manera arbitraria. 36. El artículo 128 Fracciones I y II de la Ley de Amparo establecen que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la medida sea solicitada por el Quejoso y, siempre que la concesión de la misma no siga perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público, como se lee a continuación:
37. (se transcribe)
38. Por su parte, el artículo 129 Fracción VIII y último párrafo de la Ley de Amparo establece que, se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda ocasionar un trastorno emocional o psíquico, mientras que, todo órgano jurisdiccional excepcionalmente puede conceder la suspensión, aun cuando la concesión de la medida afecte dicho interés superior del menor, si a su juicio, con la negativa de la medida se pueda ocasionar una MAYOR afectación al interés social, como en el caso que nos ocupa. A continuación, se cita el precepto normativo aquí citado:
39. (se transcribe)
40. Por lo anterior, es menester precisar que, en el caso que nos ocupa, no solo la concesión de la suspensión solicitada atiende a una protección del interés superior del menor, sino que, además, el hecho de negar la medida VULNERA FÁCTICAMENTE dicho interés superior del menor Quejoso, en una mayor medida que cualquier posible afectación al interés social de la colectividad, pues el cambio de adscripción aduanal de la madre del menor Quejoso, afectaría sin lugar a duda el debido desarrollo del mismo alejándolo de su núcleo familiar y, a la postre, le generará afectaciones psíquicas o emocionales.
41. En relación con lo anterior, el artículo 131 de la Ley de Amparo establece que, cuando el quejoso que solicite la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional concederá la medida cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión, en el caso de que se niegue, y siempre que el interés social justifique el otorgamiento de la medida, como en el caso que nos ocupa. A continuación se cita el precepto normativo citado:
42. (se transcribe)
43. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo establece que, promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, a efecto de proceder a conceder o negar la medida, como se lee a continuación:
44. (Se transcribe)
45. En ese sentido, resulta de explorado derecho que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social que se debe llevar a cabo por el Juzgador para efectos de definir si es procedente o no la concesión de la medida, en la especie consiste en que, el Juzgador debe analizar la verosimilitud y existencia del derecho que el Quejoso alega le fue violentado por el Acto Reclamado, como consecuencia del estudio preliminar sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, de manera simultánea con la inexistencia de afectación al interés social y contravención a disposiciones de orden público, siendo que, si se concluye que sí existe dicho derecho y que la negativa para conceder la medida afectaría al interés social en un mayor grado que la afectación que se pudiera ocasionar con la concesión de la medida, la misma se debe conceder. Robustece lo anterior el siguiente criterio de jurisprudencia:
46. "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". (SE TRANSCRIBE)
47. En relación con todos los preceptos normativos antes citados, es menester señalar que resulta de explorado derecho el que, el orden público constituye la máxima expresión del interés social como bien constitucionalmente protegido, y, a su vez, constituye una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.
48. Así, la finalidad principal de dicho orden público es garantizar la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, Y LA FACULTAD DE OBRAR CON CONCIENCIA Y ACORDE CON LAS FINALIDADES LEGÍTIMAS Y NO DE DESORDEN O QUE ÚNICAMENTE ATIENDAN A INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN, CONSIDERADOS EN ABSTRACTO. Robustece lo anterior el siguiente criterio legal:
49. "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD". (Se transcribe)
50. Bajo ese orden de ideas, también es menester señalar que el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, siendo que, en todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, como se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencia:
51. "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". (se transcribe)
52. En ese sentido, también resulta de explorado derecho el que es erróneo decidir sobre la suspensión definitiva del acto reclamado bajo la premisa esencial de que éste se funda formalmente en una ley de interés público, que en forma expresa regula una actividad de interés social, siendo que el orden público ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas, con el acto concreto de aplicación de la norma; por lo que, para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Robustece lo anterior el siguiente criterio de jurisprudencia:
53. "SUSPENSI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32919-f6d41bb6/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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