COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CAUSA PENAL SEGUIDA CONTRA UN MILITAR POR EL DELITO DE EJERCICIO ILÍCITO DE SERVICIO PÚBLICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DEL ORDEN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: DIEGO ALEXIS MORALES GÓMEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de nueve de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, al resolver el amparo en revisión **********, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, al dictar sentencia en el amparo en revisión **********, ambos del Primer Circuito.
2. La problemática jurídica consiste en determinar si se actualiza la competencia del Tribunal Militar, para conocer de una causa penal seguida contra un militar por los hechos constitutivos de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción VI y fraude, previsto en el diverso numeral 386, fracción III ambos del Código Penal Federal.
I. ANTECEDENTES
3. A través del oficio 1921/2024, se comunicó a este Pleno Regional el acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil veinticuatro por el Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por ese órgano judicial, al resolver el amparo en revisión **********, con el diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir fallo en el amparo en revisión **********.
4. En acuerdo de Presidencia de diez de mayo de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional radicó el asunto como contradicción de criterios 98/2024, fue admitido a trámite, se solicitó a los integrantes de los tribunales contendientes que remitieran copia certificada digital de las ejecutorias dictadas en los referidos asuntos e indicaran si sus criterios seguían vigentes.
5. Además, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si tenía radicada alguna contradicción de criterios sobre el mismo tema y se realizó el turno electrónico a la ponencia respectiva.
6. En el proveído de quince de mayo de dos mil veinticuatro se tuvo a los tribunales contendientes informando que sus criterios continúan vigentes.
7. En acuerdo dictado el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, se recibió oficio por el cual la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no encontró alguna contradicción de criterios relacionada con el tema a estudio.
8. En el mismo auto se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
II. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
9. Conforme al contenido del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
10. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla, lo que fue constatado en la sesión respectiva por la secretaria de acuerdos de este órgano jurisdiccional.
III. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 42, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2023.
12. Lo anterior, al tratarse de una contradicción entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados, con competencia en Materia Penal del Primer Circuito, que pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce sus atribuciones.
IV. LEGITIMACIÓN
13. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, así como 227, fracción III de la Ley de Amparo, al formularse por los magistrados que integran el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el dictado de uno de los fallos contendientes.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos jurisdiccionales, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
A. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********
15. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso promovió demanda de amparo contra actos del Juez del Tercer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar en la Ciudad de México, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.
16. La imputación en el proceso penal de origen consistió en que un militar con cargo de Sargento Primero Asistente de Enfermería utilizó ilícitamente información y documentación como son folios de recetas elaboradas en la Unidad de Especialidades Médicas y del Sistema Digital de Sanidad, con los cuales descargó ilícitamente medicamentos del Sistema Digital de Sanidad y el resultado fue la sustracción de mil nueve medicamentos, con un costo de doscientos cinco mil, seiscientos ocho pesos con sesenta y seis centavos. Con lo cual se actualizó el delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionados en el artículo 214, fracción IV del Código Penal Federal.(1)
17. Sumado a lo anterior, se realizó imputación derivado de los mismos hechos, porque al aprovechar su cargo como dispensador de farmacia y almacenista, el militar en comento engañó a un Teniente Coronel de Sanidad –responsable del manejo administrativo y control disciplinario de la farmacia de la Unidad de Especialidades Médicas– haciéndole creer que las descargas de medicamentos que realizó estaban sustentadas y/o soportadas en recetas médicas válidas, que cumplían los requisitos establecidos en el procedimiento normalizado de operación para su surtimiento. Con lo cual se actualizó el delito de fraude, previsto en el artículo 386, fracción III del Código Penal Federal.(2)
18. La demanda de amparo que combatió el auto de vinculación a proceso en comento fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México; en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se admitió a trámite.
19. Seguido el proceso respectivo, el nueve de noviembre siguiente, se concedió el amparo, para el efecto que la autoridad responsable –Juez del Tercer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar en la Ciudad de México– dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar dictara diverso fallo en el cual se declarara incompetente para seguir conociendo de los hechos imputados al quejoso y remitiera el asunto a un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales (sic), para su continuación, quien debía ordenar la reposición del procedimiento desde el inicio de la audiencia inicial con la finalidad de subsanar vicios formales.
20. Inconforme con dicha determinación, el Agente del Ministerio Público Militar –en su carácter de tercero interesado– interpuso recurso de revisión, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo al quejoso para los efectos precisados en el párrafo anterior.
21. El Tribunal Colegiado estimó que la autoridad responsable carecía de competencia para conocer de los hechos, por razón de fuero militar, pues conforme el artículo 13 de la Constitución Federal los tribunales militares únicamente tienen competencia para aquéllos delitos donde el bien jurídico protegido sea la disciplina militar.
22. En ese caso, los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y fraude, no tutelan como bien jurídico la disciplina militar. Por ende, deben conocer de los hechos los jueces ordinarios.
23. El tribunal invocó lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 381/2010, donde se estableció que en el fuero militar subyace una norma descriptiva y otra prescriptiva; la primera reconoce la subsistencia de la citada jurisdicción en el texto constitucional, mientras que la segunda delimita los elementos indispensables para su actualización.
24. Dijo que las Fuerzas Armadas tienen el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y satisfacer la defensa militar del Estado democrático. Además, si bien el fuero militar constituye un régimen especial o singular vinculado con ese objetivo, no debía ser visto como un régimen de privilegio, pues está constreñido a rigurosos estándares bajo los cuales, se debe llevar a cabo el análisis de la conducta militar.
25. Concluyó que la subsistencia del citado fuero, en términos del artículo 13 constitucional, constituye una excepción que no se basa en consideraciones especiales a la persona como militar ni a su jerarquía, sino que obedece a razones de orden público y de especial disciplina, que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional y que exigen una rápida y oportuna intervención de quien tienen mayor conocimiento y capacidad, por su adecuada preparación, para juzgar a las personas regidas por la ley militar.
26. Por lo que, el criterio invocado por la Jueza de Distrito al conceder el amparo resultaba aplicable en lo conducente, contenido en la tesis 1a. X/2020 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DELITO DE HOMICIDIO. QUEDA EXCLUIDO DEL FUERO MILITAR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”,(3) en el que sostuvo que la competencia para conocer de un asunto por razón de fuero, en que se protege un bien jurídico distinto a aquellos propios del orden militar, como es la vida, se surte a favor de una autoridad civil.
27. El órgano colegiado consideró tal criterio aplicable al caso en estudio, por lo que calificó como correcta la determinación de la Jueza de Distrito que conoció del juicio de derechos fundamentales, al determinar que la competencia para conocer del asunto no recae en el fuero castrense, sino en un Juez de Distrito del orden penal y confirmó la sentencia concesora de amparo, para los efectos precisados en primera instancia.
B. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********
28. El diez de abril de dos mil veintitrés, la quejosa promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar y otro –El Juez de Control militar en su carácter de ejecutora– la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que revocó el auto de no vinculación a proceso y en su lugar vinculó a proceso a la quejosa, por los hechos con apariencia del delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.(4)
29. Conforme la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado contendiente, la imputación consistió en que una persona militar, con cargo de Sargento Segundo Auxiliar Afanadora, aprovechó su cargo accidental de Encargada del Almacén 3, de la Sección de Consumo Básico, del Departamento de Suministros Médicos de la Subdirección Médica del Hospital Central Militar, para ayudar a diverso personal militar, Teniente de Sanidad, a sustraer insumos médicos utilizados para la atención de pacientes Covid, como son baumanómetros, caretas protectoras, cubrebocas, cubre zapatos, ropa de protección, googles, gel antiséptico, pañales, entre otros.
30. Del juicio de amparo que combatió el auto de vinculación en comento conoció el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, quien en acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, registró y admitió la demanda de derechos fundamentales.
31. Luego del trámite respectivo, la Jueza de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos que dejara insubsistente el acto reclamado y dictara diverso en el que ordenara al Juez Militar de Control declararse legalmente incompetente para conocer de los hechos y remitir el asunto de inmediato a un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en la Ciudad de México.
32. Contra esa determinación, el Agente del Ministerio Público Militar interpuso recurso de revisión, del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el expediente 262/2023, resuelto en sesión de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, donde revocó la sentencia recurrida y, por lo que hace a la competencia del asunto, declaró competente a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar.
33. El Tribunal Colegiado señaló que el Tribunal Militar sí era competente para conocer del asunto sometido a su consideración, porque con la conducta con apariencia de delito reprochada a la quejosa, se vio afectada la disciplina militar, debido a que con su actuar desatendió las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, así como el Reglamento General de Deberes Militares.
34. Lo anterior, dijo el tribunal contendiente, pues la quejosa no observó buen comportamiento y dejó de dar exacto cumplimiento a los deberes que las leyes prescriben, valiéndose de las funciones asignadas, lo cual evidencia su estricta conexión con la disciplina militar, como bien jurídico tutelado.
35. El Tribunal Colegiado puntualizó que en relación al tema de la competencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 14/2018, determinó que para la actualización de la jurisdicción militar no basta que se trate de un delito ordinario cometido por un militar, sino que es necesario que atente contra la disciplina militar, pues de no darse tal supuesto, deberá ser la jurisdicción ordinaria la competente, en términos del artículo 13 de la Constitución Federal.
36. El tribunal contendiente precisó que el Tribunal Pleno de la Corte, al resolver el amparo en revisión 605/2014, la problemática consistía en precisar los alcances del referido artículo 13 de la norma fundante, con la conclusión que la subsistencia del fuero de guerra era única y exclusivamente para los delitos de falta cometidos contra la disciplina militar.
37. Por último, el órgano terminal refirió que la Primera Sala de la Corte, al resolver el amparo en revisión 448/2010, estableció que la disciplina militar consistía en un principio organizativo y representa un aspecto esencial para los ejércitos, cuyo contenido varía en razón de las necesidades de la defensa y de los principios jurídicos y sociales de cada contexto histórico. De ahí que la disciplina militar adquiere la connotación de bien jurídico, susceptible de protección penal.
38. De dicha ejecutoria, derivó la tesis aislada 1a. CXC/2011 (9a.), de rubro: “DISCIPLINA EN EL ÁMBITO MILITAR. SU FUNCIÓN Y ALCANCE CONSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS.”(5)
39. Así, el tribunal mencionó que el Pleno de la Corte concluyó que aun y cuando se pudiera creer que cualquier conducta irregular perpetrada por un militar en activo pudiera afectar la disciplina castrense dando lugar con ello a la posible comisión de un delito militar, ello no era así, porque para que esa conducta pudiera reputarse como constitutiva de un delito marcial debía existir una conexión directa entre aquélla y la disciplina castrense como principio organizativo de las fuerzas armadas.
40. Por lo tanto, la actualización del fuero militar está condicionada a la concurrencia de los siguientes factores: i) No debe estar involucrado un civil, ni debe existir una violación de derechos humanos; ii) El sujeto activo debe tener la condición de militar; y iii) La actualización del factor material castrense, como bien jurídico tutelado con motivo o durante actos del servicio (naturaleza del delito o juzgar).
41. Bajo esas directrices, el tribunal sostuvo que para la actualización de la competencia del fuero militar, no bastaba verificar que no esté involucrado un civil, ni que no existiera una violación a derechos humanos, sino que fuera necesaria la afectación directa de la disciplina militar, lo cual exige una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado.
42. El Tribunal Colegiado consideró que los hechos posiblemente constitutivos de delito se realizaron por un integrante activo de las fuerzas armadas, donde no está involucrado un civil ni existe violación a derechos humanos y se vulneró la disciplina militar.
43. Por ende, la competencia para conocer del asunto radicaba en el tribunal militar responsable.
44. El tribunal contendiente consideró que en el caso se actualizó el factor material, relacionado con la puesta en peligro o lesión de la disciplina militar como bien jurídico tutelado, porque con la conducta reprochada se vio afectada, debido a que con su actuar desatendió las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, así como del Reglamento General de Deberes Militares.
45. El tribunal concluyó que la imputada no observó buen comportamiento y dejó de dar exacto cumplimiento a los deberes que las leyes militares prescriben, valiéndose de las funciones asignadas, lo cual evidenció su estricta conexión con la disciplina militar, como bien jurídico tutelado.
46. Entonces, en el caso se actualizaba la competencia del tribunal militar responsable, por lo cual se revocó la sentencia de amparo dictada para los efectos de que se declinara la competencia al Juez de Distrito del orden penal; y se concedió el amparo, por diversos motivos y para efectos específicos diferentes a los indicados en la primera instancia del juicio extraordinario federal.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
47. La contradicción de criterios denunciada sí existe porque los órganos jurisdiccionales terminales resolvieron una cuestión litigiosa en la que tuvieron la necesidad de ejercer el arbitrio judicial y arribaron a conclusiones diferentes a partir del mismo problema jurídico.
48. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. 49. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”,(6) así como la diversa jurisprudencia de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.(7)
50. De acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
51. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente los procesos interpretativos involucrados —no tanto los resultados que arrojen— con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas —no necesariamente contradictorias en términos lógicos—.
52. Para que una contradicción de criterios exista, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
i) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
ii) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
iii) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
53. De acuerdo a lo anterior, en este caso existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes, satisfacen los requisitos, en la medida de que ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron planteadas a través de los recursos de revisión interpuestos en los juicios de amparo sometidos a su conocimiento.
54. Entre los ejercicios interpretativos respectivos existe un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida giró en torno al mismo problema jurídico respecto si se actualiza la competencia del Tribunal Militar, para conocer de una causa penal seguida contra hechos atribuidos a un militar en activo, quien en cumplimiento de sus atribuciones, aparentemente cometió el delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal.
55. Para arribar a sus respectivas conclusiones, los tribunales contendientes analizaron cuestiones fácticas diferentes, por cuanto a los hechos que motivaron las causas penales, pero que en el fondo del problema jurídico tuvieron en común los mismos factores, por lo cual adoptaron criterios discrepantes y tal interpretación da lugar a la formulación de una pregunta genuina que debe resolverse a fin de unificar criterios.
56. Efectivamente, como se precisó en el considerando anterior, los Tribunales Colegiados contendientes conocieron de los recursos de revisión en los que se impugnaron sentencias dictadas en juicios de amparo, que a su vez combatían resoluciones de primera o segunda instancia, dictados por juzgadores militares –un Juez de Control Militar y un Magistrado del Tribunal Superior Militar–, en los que se dictaron autos de vinculación a proceso contra personal del Ejército que en activo y realizando sus funciones, se les atribuyeron conductas con apariencia de delitos previstos en el Código Penal Federal.
57. Inicialmente, los Jueces de Distrito concedieron la protección constitucional para efectos de que los juzgadores del orden militar dejaran insubsistentes los autos de vinculación a proceso, así como todo lo actuado y se declararan incompetentes, a fin de remitir los asuntos a Jueces de Distrito del orden penal quienes debían resolver la situación jurídica de los imputados.
58. En ambos casos, los Agentes del Ministerio Público Militar, respectivamente, interpusieron el recurso de revisión.
59. Así, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que las conductas con apariencia de delitos de ejercicio ilícito del servicio público y fraude, previstos en los artículos 214, fracción IV y 386, fracción III ambos del Código Penal Federal, no tutelan como bien jurídico la disciplina militar, por lo cual deben conocer los jueces del orden penal federal. Y confirmó la sentencia de amparo concesora en sus términos.
60. Mientras que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que la conducta con apariencia de delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal sí lesiona o pone en peligro la disciplina militar como bien jurídico tutelado, por desatender las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Militar del Ejército y Fuerza Aérea, así como el Reglamento General de Deberes Militares.
61. Con lo anterior, se actualizan los requisitos identificados como i) y ii) para la existencia de la contradicción de criterios, esto es, los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa puesta a su consideración al resolver los recursos de revisión en los que el Agente del Ministerio Público Militar combatió la competencia legal por razón de fuero, para conocer del proceso penal de origen y a partir de la interpretación de la normativa que rige el fuero militar, llegaron a conclusiones diferentes.
62. Efectivamente, luego de realizar un ejercicio interpretativo, los tribunales contendientes arribaron a conclusiones disímiles, pues uno consideró que la competencia radica en los juzgadores del orden penal federal y el contendiente resolvió que debe conocer del asunto los juzgadores del orden militar.
63. Lo expuesto hasta estos momentos, únicamente respecto de los hechos con apariencia del delito previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, pues es la cuestión fáctica que tuvieron en común los asuntos que motivaron esta contradicción de criterios.
64. No así respecto el delito de fraude, previsto en el artículo 386, fracción III del Código Penal Federal, que únicamente fue analizado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sin que el diverso órgano judicial contendiente realizara algún pronunciamiento.
65. Por ende, en esta resolución únicamente será analizada la contradicción efectivamente surgida entre ambos tribunales al emitir criterio respecto el mismo delito.
66. Con ello, surge la pregunta genuina que este Pleno Regional debe resolver:
¿Se actualiza la competencia del Tribunal Militar, para conocer de una causa penal seguida contra un militar quien se encontraba en activo al momento de la conducta imputada, la cual actualiza el delito de ejercicio ilícito de servicio público, previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal?
VII. DECISIÓN
67. Este Pleno Regional en Materias Penal y del Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que en aquellos asuntos en los cuales está involucrado un militar en activo, que con motivo de sus funciones, es imputado de cometer hechos constitutivos del delito de ejercicio ilícito de servicio público, previsto y sancionado, en el artículo 214 del Código Penal Federal, debe conocer la causa penal un Juez de Distrito con competencia en materia penal, pues no se actualiza el fuero militar.
68. Para dar claridad a lo anterior, serán desarrollados los siguientes temas: A. Regulación del fuero militar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes reglamentarias; B. Asuntos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abordan el tema; C. Evolución de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto el fuero militar; D. Doctrina sobre el tipo penal previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal que contempla el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público; y E. Conclusiones.
A. Regulación del fuero militar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias
69. A efecto de identificar la normativa que rige el fuero militar, en principio se tiene al artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
“Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” Énfasis añadido.
70. Conviene precisar que el texto recién transcrito se encuentra en su redacción original desde la promulgación de la norma fundante, en febrero de mil novecientos diecisiete, es decir, no ha sido reformado hasta el día de hoy. Lo cual cobra relevancia, pues implica que la Corte realizó su interpretación en distintos momentos, partiendo de la misma redacción.
71. El precepto establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, lo cual se entiende como la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32954-29deea49/competencia-para-conocer-de-la-causa-penal-seguida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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