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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 252/2012. **********. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 252/2012. · Registro digital (IUS): 80059
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Versión electrónica, Pág. 4.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de dos mil doce.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, **********, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades y actos:

"Del Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, se reclama el auto de término constitucional de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, dictado dentro de la causa **********, del índice de ese Juzgado, por medio del cual se resolvió dictar auto de formal prisión en contra del ahora quejoso, por considerarme probable responsable del delito de delitos cometidos en la Administración y Procuración de Justicia, previsto y sancionado en el artículo 224, fracción XXVII del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Del Juez 2/o. Militar adscrito a la Primera Región Militar, se reclama el cumplimiento que da el auto de formal prisión dictado por la primera autoridad, así como el auto denominado reanudación a proceso, dictado dentro de la causa penal **********, del índice de ese Juzgado, causa que se inició con motivo de la declinación de incompetencia por inhibitoria realizada por el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, por medio del cual, el Juez 2/o. Militar adscrito a la Primera Región Militar me sigue proceso penal por considerarme probable responsable de delitos cometidos en la Administración y Procuración de Justicia previsto y sancionado en el artículo 224 fracción XXVII del Código Penal para el Estado de Nuevo León..."

La parte quejosa invocó como garantías constitucionales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Federal; narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, quien mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil once, la admitió y desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el auto de reanudación a proceso, que le impugna al Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, y registró con el número **********.

Cabe señalar que por auto de diecinueve de agosto de dos mil once, en lo que fue materia del desechamiento parcial de la demanda, esto es, por el auto de reanudación a proceso, se declaró firme.

Previos los trámites legales respectivos, dicho juez celebró la audiencia constitucional el treinta de agosto de dos mil once, en la que dictó sentencia -la cual terminó de engrosar el veintiocho de noviembre del mismo año-, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo.

SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando."

TERCERO. Inconforme con tal determinación, el quejoso, en fecha catorce de diciembre de dos mil once, interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

Mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil once, el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para el conocimiento del referido recurso.

CUARTO. Recibidos los autos, por medio de acuerdo de tres de enero de dos mil doce, el Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió el recurso de revisión bajo el número de expediente **********.

QUINTO. Después de analizar las constancias, en fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, dicho Tribunal Colegiado, determinó el envío de los asuntos relativos al amparo en revisión **********, así como del juicio de amparo indirecto **********, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que tal asunto se trata de aquellos a que se refiere la Circular 4/2001-P, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, así como el párrafo 55, de la resolución emitida el catorce de julio de dos mil once, en el expediente varios **********, relativa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso ********** contra los Estados Unidos Mexicanos, pues el quejoso señaló como actos reclamados en el juicio de garantías, a saber el auto de formal prisión, así como su ejecución por parte del Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar y el auto de reanudación a proceso (sic), dictado en la causa **********, por delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia, previstos en el artículo 224, fracción XXVII, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

SEXTO. Por auto del doce de abril de dos mil doce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento del recurso de revisión, asignándole el número ********** turnándolo a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, para su estudio, asimismo ordenó dar vista a las partes y al Procurador General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

Mediante pedimento **********, de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, el Agente del Ministerio Público de la Federación, se manifestó en el sentido de confirmar la resolución impugnada y dejar firme la negativa del amparo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Federal; 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el párrafo 55 de la resolución dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de julio de dos mil once, en el expediente varios **********; dado que fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías que por tener relación con el tema de la restricción interpretativa del fuero militar, el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos mil doce, determinó ejercer facultad de atracción.

SEGUNDO. Oportunidad

La sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil once, fue notificada a la parte quejosa el uno de diciembre siguiente y el recurso de revisión lo interpuso el día catorce del mismo mes, de lo que se advierte que fue presentado dentro del término legal establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surte efectos la notificación de la resolución recurrida, toda vez que éste corrió del día cinco al dieciséis de diciembre de dos mil once, pues fueron inhábiles los días diez y once, por ser sábados y domingos.

TERCERO. Antecedentes

En este apartado, para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar los siguientes antecedentes del asunto:

1. El Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, dictó en contra del quejoso auto de formal prisión por el antisocial de delitos cometidos en administración y procuración de justicia, previsto y sancionado por la fracción XXVII del artículo 224, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

2. Dicho juez local, en el mismo auto de formal prisión, se declaró incompetente para conocer de la causa penal respectiva, remitiendo los autos al Juez Militar en turno. El Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, no aceptó la competencia, devolviendo los autos al juez declinante, quien ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Turno a efecto de que resolviera el conflicto competencial.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, determinó en su resolución de fecha treinta de junio de dos mil once, que es el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, quien debe seguir conociendo de la causa, toda vez que en el caso se surten los supuestos que establece el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

El referido órgano colegiado consideró que si bien los activos se encontraban realizando labores de patrullaje preventivo en apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, lo cierto es que por ello no se puede estimar que no cumplieran con funciones militares, toda vez que en autos obra el oficio de veintiuno de enero de dos mil once, suscrito por el General de División Diplomado del Estado Mayor **********, en el que solicita al Comandante de la Tercera Brigada de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, que en apoyo al gobierno del Estado de Nuevo León, se envíe un batallón de operaciones especiales por el término de un año para desempeñar actividades relacionadas con la estructura de Seguridad Pública de dicho Estado, comunicando, que durante tales operaciones, el personal asignado dependerá administrativa y disciplinariamente de la Cuarta Región Militar.

Que el hecho de que en cumplimiento de tales órdenes los procesados portaran uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y viajaran a bordo de vehículos de dicha dependencia, no puede desvincularlos de su función como militares.

3. Con fecha cinco de julio de dos mil once, el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, dictó un auto que denominó "Auto reanudación del procedimiento después de haberse dirimido el conflicto competencial" en el que con fundamento, en los artículos 36, 37, 38, 39, 57, 76, 77, 78, 83, 84, 435, 436, 439, 451, 452, 453, 454, 506 y 508 del Código Castrense, resolvió continuar el procedimiento penal en contra, entre otros, del quejoso como probable responsable de delitos cometidos en la administración y procuración de justicia; asimismo, tuvo por valederas todas y cada una de las actuaciones practicadas por el juez de origen.

4. En contra del auto de formal prisión de diecisiete de mayo de dos mil once, dictado por el Juez Tercero de lo penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, así como del auto de reanudación del procedimiento de cinco de julio del mismo año, emitido por el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, el quejoso interpuso juicio de amparo; conoció de éste la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien por auto de ocho de agosto de dos mil once, admitió parcialmente la demanda de amparo, pues la desechó respecto del referido auto de reanudación de procedimiento al estimar que no tiene ejecución de imposible reparación.

Dicho juzgador, señaló que el tal acto no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tenga sobre las personas o las cosas ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente y no impide la posibilidad de que las violaciones procesales que produce como efectos, sean reparadas en la sentencia definitiva que se pronuncie en la causa que se le instruye, en tanto que la afectación que pretende combatir habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos y, que en caso contrario, estará en condiciones de reclamarla en amparo directo; que tal acto no es en modo alguno irreparable, único supuesto en que sería procedente en contra de tal acto el juicio de amparo indirecto.

5. El quejoso tiene el grado de Soldado Policía Militar y en el momento en que sucedieron los hechos (alterar el lugar de la escena donde fue privado de la vida una persona, colocando en el interior de un vehículo tres casquillos percutidos que se encontraban en el lugar de los hechos) por los que se le considera probablemente responsable de delitos contra la administración y procuración de justicia, se encontraba en activo.

6. El Juez de Distrito negó el amparo solicitado por el quejoso al estimar infundados los conceptos de violación en los que sólo planteó vicios propios del auto de término constitucional.

7. En sus agravios, el quejoso combate el contenido de la sentencia del a quo, esto es, las consideraciones que tuvo en cuenta para estimar la legalidad del auto de formal prisión reclamado.

CUARTO. Materia de la instancia de revisión

Conviene precisar que, como quedó apuntado en el resultando segundo de esta resolución, el juez del conocimiento admitió parcialmente la demanda de amparo, esto es, la admitió respecto del auto de formal prisión de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, dictado por el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León y, la desechó, respecto del acto reclamado consistente en el auto de reanudación a proceso reclamado al Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, al estimar que dicho auto no tiene una ejecución de imposible reparación. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil once, se declaró firme el desechamiento parcial de la demanda.

No obstante lo anterior, es de considerarse que si bien el auto de formal prisión de diecisiete de mayo de dos mil once, dictado por el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, es del que inicialmente derivó la afectación a la libertad personal del quejoso, lo cierto es que posteriormente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito determinó que la competencia para conocer de la causa penal correspondía al Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar y, en virtud de que este último, con fecha cinco de julio de dos mil once, emitió un auto que denominó "Auto reanudación de procedimiento después de haberse dirimido el conflicto competencial", en el que con fundamento, en los artículos 36, 37, 38, 39, 57, 76, 77, 78, 83, 84, 435, 436, 439, 451, 452, 453, 454, 506 y 508 del Código Castrense, resolvió continuar el procedimiento penal en contra, entre otros, del quejoso como probable responsable de delitos cometidos en la administración y procuración de justicia y tuvo por valederas todas y cada una de las actuaciones practicadas por el juez de origen, se impone concluir, para efectos del cumplimiento de la sentencia, que el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, tiene el carácter de autoridad responsable sustituida y el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, de autoridad responsable sustituta.

Cabe señalar que en los términos referidos, el propio juez federal en la sentencia que se revisa así lo precisó.

La precisión referida, se realiza con la finalidad de que el cumplimiento de la sentencia de amparo sea posible por parte de quien tiene la calidad de autoridad responsable sustituta.

Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis:

Novena Época

Registro: 192836

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 133/99

Página: 36

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

QUINTO. Suplencia de la queja deficiente

En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal en el que el quejoso tiene la calidad de inculpado, en virtud de que fue considerado como probable responsable en el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, el análisis en esta instancia se realizará bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, conforme el cual aún en el caso de que no se hubiese expresado razonamiento alguno para demostrar alguna violación a sus derechos fundamentales, este órgano de control constitucional lo hará valer de oficio; esto es, a pesar de la omisión en su planteamiento, siempre que ello se traduzca en un beneficio para la situación jurídica del quejoso.

Así, debe analizarse cuál es la jurisdicción competente para conocer de la causa penal de que se trata, y por ende, para afectar la libertad personal del quejoso.

Conviene precisar que si bien es verdad que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito al resolver el conflicto competencial suscitado entre el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León y el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, determinó que debía ser este último quien conociera de la causa penal en la que se tuvo al quejoso como probable responsable de delitos contra la administración y procuración de justicia, lo cierto es que ello no es obstáculo para que en esta instancia constitucional, se analice si es la jurisdicción militar la competente para conocer de la referida causa penal.

Lo anterior en virtud de que para efectos de un juicio de amparo, lo resuelto en un conflicto competencial no constituye un pronunciamiento de cosa juzgada, ya que al emitirse la resolución correspondiente no se ejerció una jurisdicción constitucional ni se realizó un análisis de constitucionalidad o convencionalidad del marco legal aplicable.

En efecto, conforme al artículo 21, fracción VI,(1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el conocimiento de las controversias que por razón de competencia se susciten, entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, entre los de un Estado y los del Distrito Federal, entre cualquiera de éstos y los militares, son de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, tales conflictos son de la competencia originaria de las Salas. Sin embargo, por Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, Punto Quinto, fracción II,(2) se delegó el conocimiento de tales conflictos competenciales a los Tribunales Colegiados de Circuito, con excepción de los que se susciten entre ellos.

En esas condiciones, resulta evidente que la competencia que se delegó a dichos órganos colegiados se limita al conocimiento de conflictos por razón de competencia, sin que por tanto, pueda entenderse que en este tipo de asuntos los colegiados estén facultados para realizar control de constitucionalidad, es decir, para pronunciarse sobre la constitucionalidad de alguna norma.

De acuerdo a lo anterior, es claro que si bien el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, citó el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que lo hizo, como lo indicó en la propia sentencia, como preámbulo para determinar el alcance del artículo 57 del Código de Justicia Militar, por lo que ello no puede considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad, y por tanto, no puede constituir cosa juzgada para efectos del juicio de amparo que ahora se revisa, además de estimarse lo contrario, dicho pronunciamiento iría más allá de la facultad delegada, otorgada a dicho órgano jurisdiccional tratándose de conflictos competenciales.

SEXTO. Estudio de la competencia

En este apartado se analizará si el tribunal militar es la autoridad competente para conocer de la causa penal en la que al quejoso se le tuvo como probable responsable en la comisión del delitos cometidos en la administración y procuración de justicia, previsto y sancionado por el artículo 224, fracción XXVII, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

El artículo 13, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."

Como se advierte, el anterior precepto establece, por un lado, el principio de igualdad ante la ley, prohibiendo la expedición de normas privativas y marcando el carácter de generalidad y abstracción de las mismas. Es decir, prohíbe el establecimiento de tribunales especiales para juzgar o aplicar sanciones a un grupo social determinado. Y, por otro, prevé el establecimiento de tribunales militares, a fin de que conozcan de los delitos y faltas contra la disciplina militar, que sean cometidos por militares, sin distinguir su situación particular en las fuerzas armadas.

Así se tiene, que para que subsista el fuero de guerra, es decir, para que resulte competente la jurisdicción militar es necesario que se actualicen los siguientes elementos: a) que se trate de un delito o falta cometido por un militar y, b) que esos se cometan contra la disciplina militar. En ese orden, la justicia militar sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que atenten contra bienes jurídicos propios de la justicia militar, pues esos son los bienes que tutela el citado artículo 13, al establecer de manera excepcional y restrictiva el fuero militar.

De manera tal que no es correcto estimar que un delito del fuero común, se convierta en militar, por el hecho de ser cometido por un miembro de las fuerzas armadas. Porque ello, convertiría el fuero de guerra en un privilegio y en un sistema punitivo parcial, en detrimento del principio de igualdad ante la ley y del principio de división de poderes, que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional y de la garantía de debido proceso establecida en el artículo 14 de la propia Constitución. Con ello, además de garantizar la disciplina y la función militar, se garantiza el respeto a las libertades y derechos que los militares deben tener durante un proceso penal, tratándose de delitos del fuero común.

En conclusión, la jurisdicción militar debe atender únicamente a lo dispuesto por el artículo 13 constitucional en cuanto al bien jurídico protegido, sin que pueda ser un elemento para la determinación de esa jurisdicción ni la calidad del sujeto pasivo del delito, ni la del sujeto activo.

Ahora bien, en el caso el delito por el que se consideró como probablemente responsable al quejoso es el relativo a delitos cometidos en la administración y procuración de justicia, previsto y sancionado por el artículo 224, fracción XXVII, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Dicho precepto establece:

"ARTÍCULO 224. Se impondrán las sanciones previstas en este capítulo a los servidores públicos, empleados o auxiliares de la administración y procuración de justicia y de los tribunales administrativos, que cometan alguno de los siguientes delitos:

(...)

XXVII. Alterar dolosamente el lugar en donde se cometió un delito, ya sea moviendo, ocultando, alterando, destruyendo, manipulando, obstruyendo o modificando, instrumentos, objetos, indicios, huellas, vestigios o cualesquier evidencia involucrada en su comisión, así como violando el acordonamiento del lugar o permitir el ingreso al interior del mismo a personas no autorizadas."

Es de señalarse que el bien jurídico protegido por el delito referido en la anterior reproducción, es la prestación adecuada y correcta del servicio público de administración y procuración de justicia conforme a los principios de prontitud, expedites, gratuidad, imparcialidad y probidad.

Por tanto, no es la disciplina militar el bien protegido por el delito que, en grado de probabilidad, se le atribuye al quejoso.

Además, de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Competencia de la Jurisdicción militar, se desprende lo siguiente:

El papel de la jurisdicción militar ha sido un tema frecuente y trascendente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues aquella ha jugado un papel determinante a lo largo de la historia de gran parte de los países que conforman las Américas. Asimismo, se trata de un tema de la mayor trascendencia para la consolidación democrática de los Estados del hemisferio. En este sentido, este documento presenta un desarrollo sobre los principales estándares establecidos por la Corte en esta materia, los cuales se pueden resumir en los siguientes puntos: a) en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional y juzgar sólo a militares activos por la comisión de delitos relacionados con la propia función militar; b) el conocimiento de casos de violaciones a derechos humanos por parte del fuero castrense viola el derecho al juez natural; c) la jurisdicción militar bajo ninguna circunstancia debe conocer de situaciones que vulneren derechos humanos de civiles; y d) en casos de violaciones a derechos humanos, se deben proteger los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas civiles, quienes tienen derecho a participar en el proceso penal para hacer efectivos sus respectivos derechos, lo cual deben hacer ante el fuero civil.(3)

La Corte Interamericana ha advertido desde sus primeras sentencias que la jurisdicción militar se ha establecido por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas,(4) pero ha reconocido que la tendencia actual en los Estados democráticos ha sido reducirla en tiempos de paz, llegando incluso a desaparecer. Así, la Corte ha establecido que, en los Estados que la conserven, su aplicación debe ser mínima y encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.(5)

Partiendo de esa premisa, el Tribunal ha establecido que la competencia de la jurisdicción militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo por faltas a la disciplina militar(6) y, en este sentido, ha resaltado que si bien en diversas legislaciones se prevé la competencia de la jurisdicción militar sobre delitos que tengan origen en el fuero ordinario cuando son cometidos por militares en activo, es necesario que se establezca claramente la relación directa y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80059-42344ed4/amparo-en-revision-252-2012-11-de-septiembre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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