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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 133/2012. ********** Y OTRO. 21 DE AGOSTO DE 2012. PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 133/2012. · Registro digital (IUS): 80060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ********** Y OTRO.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Versión electrónica, Pág. 2.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de agosto de dos mil doce.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de **********, ********** y ********** promovieron demanda de amparo indirecto contra actos y autoridades que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

-Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

- Secretario de la Defensa Nacional.

- Secretario de Marina.

- Secretario de Gobernación.

- Director del Diario Oficial de la Federación.

-Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de **********, Guerrero. Justicia Justicia

-Agente del Ministerio Público Fuero Común del Distrito Judicial **********, **********.

-Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********.

-Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la **********Zona Militar.

Asimismo, por escritos de ocho de julio y diecinueve de septiembre ambos de dos mil once, la parte quejosa amplió su demanda y señaló como autoridades responsables a las siguientes:

-Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región Militar.

-Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********.

Actos reclamados:

a) La expedición, refrendo, publicación y aplicación del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, ordenamiento legal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres.

b) La declinación de competencia a favor del Agente del Ministerio Público adscrito a la 35 Zona Militar, realizada por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial ********** de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, dentro de la averiguación previa **********, en aplicación del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

Asimismo, de la demanda de garantías y subsecuentes ampliaciones(1) se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son las siguientes:

1. Artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, que en el respectivo ámbito de su competencia se atribuye al Presidente de la República (emisión); Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina y Secretario de Gobernación (refrendo); así como Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (publicación).

2. La aplicación del precepto señalado en el párrafo que antecede y, consecuentemente la declinatoria de competencia para conocer de la averiguación previa **********, que los quejosos atribuyeron a las siguientes autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********:

2.1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de **********, **********.

2.2. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial **********, **********.

2.3 Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas (a esta autoridad se le reclamó concretamente, el acuerdo ministerial de siete de julio de dos mil nueve, por el cual se declaró la incompetencia por declinatoria para conocer de la averiguación previa en comento).

3. Oficio de siete de julio de dos mil nueve, por el cual se remitieron los autos de la averiguación previa ********** al Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la **********Región Militar; comunicado oficial que se atribuyó al Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********.

4. La determinación de aceptación de competencia para conocer de la Averiguación Previa ********** por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la **********Región Militar.

5. La declaratoria de competencia para conocer de la causa penal 581/2009, emitida por el Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región Militar.

SEGUNDO. Los antecedentes que se advierten de las constancias de la causa penal 581/2009, que en copias certificadas el Juez Sexto Militar, adscrito a la ********** Región Militar exhibió al rendir su informe justificado,(2) son las siguientes:

I. Los hechos que dieron origen a las actuaciones ministeriales consistieron en que siendo aproximadamente las diez horas con treinta minutos del veinte de junio de dos mil nueve, sobre el tramo carretero que comunica a los municipios de ********** y **********, **********, específicamente en el crucero de **********, se encontraba instalado un puesto de control militar (retén) que marcó el alto a un autobús de pasajeros.

- Asimismo, durante la inspección, los elementos del ejército se percataron que un civil portaba botas militares "SEDENA correspondientes a la segunda ministración de dos mil ocho"; el chofer del camión de pasajeros cerró intempestivamente la puerta del camión y lo puso en marcha "intentando arroyar al personal militar". Al darse cuenta de ello, diversos soldados de infantería, entre los que se encontraba **********, dispararon contra la unidad.

- Uno de los disparos realizados por el soldado ********** impactó en el medallón del automotor y penetró por el respaldo del asiento en el que iba sentado el civil **********, lo que le ocasionó lesiones en el cuello y posteriormente le causó la muerte.

II. Con motivo de los hechos anteriores, la Procuraduría General de Justicia del Estado de ********** inició la averiguación previa **********; simultáneamente, el Agente del Ministerio Público Militar de la **********Región Militar tramitó la diversa indagatoria **********. El Ministerio Público del Fuero Común Estatal declinó la competencia para seguir investigando los hechos, remitiendo el expediente a la autoridad militar, que agregó a su expediente la primera de las indagatorias en comento. El Ministerio Público Militar ejerció acción penal en contra del soldado **********.

III. El Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región Militar, con residencia en el Distrito Federal, radicó la causa penal 581/2009 y el tres de agosto de dos mil nueve libró orden de aprehensión en contra del soldado de infantería **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código de Justicia Militar, en correlación con los numerales 302 y 307 del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar.

- El trece de agosto de dos mil nueve se cumplimentó la orden de aprehensión librada en contra del soldado de infantería **********; el quince del mes y año en comento se decretó auto de formal prisión en contra del inculpado, por el delito de violencia contra las personas causando homicidio.

IV. Inconforme contra dicha resolución, el dieciocho de agosto de dos mil nueve, la Defensora de Oficio Militar adscrita, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en el efecto devolutivo, mismo que fue sustanciado ante el Tribunal de Alzada, correspondiéndole el Toca 124/2009.

acreditó acreditó

V. El Supremo Tribunal Militar, en sesión plenaria de fecha ocho de febrero del año de dos mil nueve, resolvió el Toca indicado, confirmando el auto de formal prisión materia de la apelación, resolución que fue impugnada en la vía de amparo por el inculpado, de cuyo conocimiento tocó conocer al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, bajo el número de amparo 217/2010.

VI. El Juzgado de Distrito citado, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, para efectos de dejar insubsistente la resolución emitida por el Supremo Tribunal Militar y en su lugar dictará una nueva donde precisara que no se acreditó el cuerpo del delito de violencia contra las personas causando homicidio, ni la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, reservándole plenitud de jurisdicción para en su caso reclasificara el delito por el cual se ejerció la acción penal.

VII. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diez, el Supremo Tribunal Militar, cumplimentó la ejecutoria dictada por el Tribunal de Amparo, por lo que dejó insubsistente el acto reclamado de ocho de febrero del año dos mil diez, relativo al Toca de apelación número 124/2009, deducido de la causa penal 581/2009, y en su lugar dictó una nueva resolución, en la que precisó que no se acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en el ilícito de violencia contra las personas causando homicidio; y advirtió que su conducta se encuadró al tipo penal de homicidio culposo previsto y sancionado por los numerales 302 y 307 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 60 del mismo ordenamiento, aplicado por competencia atrayente acorde con lo dispuesto por los numerales 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar, delito por el que se le instruye proceso.

TERCERO. Los quejosos señalaron como garantías violadas las consagradas por los artículos 13, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal; expresaron los antecedentes del acto reclamado e hicieron valer como conceptos de violación, en síntesis los siguientes:

Los peticionarios de garantías manifestaron que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar vulnera lo dispuesto por el numeral 13 de la Constitución Federal, porque faculta a los Tribunales Militares para que extiendan su jurisdicción sobre personas que no pertenecen a las fuerzas armadas.

Es decir, a su juicio el constituyente estableció límites precisos a la jurisdicción castrense también denominada fuero de guerra y ordenó que ésta se acotara a los delitos y a las faltas contra la disciplina militar, de modo de que no se extienda sobre personas que no pertenezcan al ejército; razón por la que cuando los militares cometan un delito en contra de un civil, la competencia para conocer del asunto radicará en una autoridad judicial.

Asimismo, alegaron que el numeral impugnado es inconstitucional por el sólo hecho de que establece que delitos del orden común o federal serán conocidos por las instancias castrenses por el solo hecho de que éstos sean cometidos en el momento de estar en servicio o con motivo de actos del mismo ilícito, no obstante que el Código de Justicia Militar es una Ley secundaria que no puede ir más allá de las hipótesis que el legislador autorizó con respecto de la aplicación del fuero militar.

Igualmente, aducen que para interpretar debidamente el artículo 13 de la Constitución debe atenderse tanto a su redacción como a sus antecedentes históricos conforme a los cuales durante la Época de la Colonia el Fuero Militar no se limitaba a la jurisdicción concedida a Tribunales Penales especiales para juzgar los delitos o faltas cometidas por miembros del ejército, sino que comprendía un conjunto de privilegios y exenciones, tanto en materia penal como en materia civil a favor de los militares y aún de los miembros de sus familias, por lo que una vez consumada la independencia la relevancia del ejército fue preponderante en la vida política de la Nación; de ahí, que el constituyente del diecisiete estimó conveniente que subsistiera el fuero de guerra en respuesta a las necesidades sociales, lo que fue para mantener la disciplina castrense, pero no como privilegio para la clase militar.

En ese orden de ideas, los quejosos alegaron que la intención del legislador al redactar el artículo 13 constitucional y ubicarlo dentro de la parte dogmática de la Carta Magna consistió en fijar límites precisos a los alcances de la justicia militar de modo que ésta no se extendiera sobre personas ajenas del ámbito castrense y por tanto de acuerdo con el texto de nuestra constitución vigente, el fuero de guerra subsiste pero únicamente es aplicable cuando sin estar implicado un civil se satisfagan dos condiciones: 1) que se haya cometido un delito relacionado con la disciplina militar y 2) que el presunto responsable de dicho ilícito sea miembro del ejército.

También, refirieron que en virtud de los antecedentes históricos del fuero de guerra en México, es incuestionable que las condiciones que la Carta Magna prevé para que un delito sea conocido por la justicia militar deben ser comprobadas plenamente en cada caso concreto; además de que, el artículo combatido es claramente violatorio de la letra y del espíritu del artículo 13 constitucional, porque reiteraron exceden los límites impuestos por la norma constitucional al establecer que son delitos contra la disciplina militar los que fueron cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo.

Además, señalaron que la inconstitucionalidad de la norma secundaria es evidente, porque la Constitución acota el fuero de guerra para aquellos delitos y faltas que atenten contra la disciplina militar; en tanto que, el Código de Justicia Militar introduce supuestos diversos ajenos con lo previsto por nuestra Carta Magna, pues condiciona la aplicación del fuero militar a la afectación de bienes jurídicos comprendidos en la esfera del ámbito castrense.

II) Los quejosos manifestaron que la aplicación del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar conculca lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el caso concreto se extiende la jurisdicción castrense sobre personas que no pertenecen a las fuerzas armadas sin satisfacer las exigencias de fundamentación y motivación, en contravención a sus garantías de seguridad jurídica, porque dicha ley secundaria somete a civiles a la jurisdicción carente de imparcialidad.

CUARTO. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de **********, el cual mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil once, la admitió y registró con el número 818/2011-VII.(3)

Asimismo, por proveídos de trece de julio(4) y veintisiete de septiembre,(5) ambos de dos mil once el Juez de Distrito tuvo por ampliada la demanda de garantías y como nuevas autoridades responsables, respectivamente al Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región Militar con sede en el Distrito Federal y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********.

Una vez, que se realizaron los trámites legales correspondientes, el Juez Federal celebró la audiencia constitucional el tres de noviembre de dos mil once.(6)

Posteriormente, mediante acuerdo de catorce de noviembre del año citado,(7) en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicho juzgador federal determinó enviar las constancias del amparo indirecto 818/2011-VIII, al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el cual dictó sentencia el dos de diciembre del mismo año,(8) al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos III y V.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, en contra de los actos, autoridades, por las razones y para los efectos precisados en el considerando VIII.

TERCERO. Remítase copia certificada de este fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del último considerando."

QUINTO. Las consideraciones medulares en que se sustentó el fallo recurrido en esencia son:

En el considerando III, el Juez de Distrito consideró que no eran ciertos los actos que se reclamaron al Secretario de Marina, consistentes en el refrendo del Código de Justicia Militar, en virtud de que lo negó en su informe con justificación, lo que además tuvo por corroborado con el análisis que hizo de la norma impugnada.

Asimismo, estimó que no eran ciertos los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial **********, **********, por así haberlo señalado en su informe justificado; además de que, del cúmulo probatorio no advirtió la participación de dicha autoridad en los hechos materia de ese amparo.

Por último, consideró que no eran ciertos los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de **********, **********, consistentes en haber aplicado el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar y, en consecuencia, haberse declarado incompetente para conocer de la averiguación previa **********; puesto que del análisis detallado de las constancias que obraban en autos, advirtió que tal autoridad ministerial emitió el acuerdo de dos de julio de dos mil nueve, por el cual ordenó remitir la indagatoria en comento a la Dirección General de Averiguaciones Previas "a efecto de continuar con la integración y perfeccionamiento de la misma"; es decir, estimó que el citado servidor público no declaró su incompetencia a favor del fuero militar para conocer del expediente.

En ese tenor, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, el Juez Federal sobreseyó, respecto de los actos y autoridades antes señaladas.

En el considerando IV, el Juez de Distrito estimó que son ciertos los actos reclamados al Presidente de la República, Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la emisión, refrendo y publicación del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, pues a su juicio su existencia es un hecho notorio, no sujeto a prueba, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

También, tuvo como cierto el acto reclamado al Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, pues advirtió que a foja 106, del juicio de amparo, obra el oficio 3643, suscrito por dicha autoridad el siete de julio de dos mil nueve, por el cual remitió, por incompetencia, los autos de la averiguación previa **********, al Agente del Ministerio Público adscrito a la **********Región Militar.

De igual manera, estimó como cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, ya que a fojas 656 a 660 del juicio de amparo, apreció que aparece el acuerdo ministerial de siete de julio de dos mil nueve, por el cual declinó la competencia para conocer de la averiguación previa **********, al Agente del Ministerio Público adscrito a la **********Región Militar.

En cuanto a los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la **********Región Militar, estimó que también son ciertos, por haber recibido los autos de la averiguación previa **********, la cual agregó a la diversa **********.

Finalmente, el Juez de Distrito tuvo por cierto el acto reclamado al Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región, ya que éste aceptó estar tramitando la causa penal 581/2009, derivada de la averiguación previa **********; además de que, advirtió que en autos del juicio de amparo, obra la orden de aprehensión librada por dicha autoridad en contra de **********, en cuyo considerando Primero declaró ser competente para conocer del asunto, en términos del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

En el considerando V, el Juez de Distrito sobreseyó respecto de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público y Director, ambos adscritos a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de **********, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la **********Región Militar, por considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo.

Lo expuesto, por que a juicio del Juzgador Federal operó la causa de improcedencia citada consistente en el cambio de situación jurídica en virtud que de las autoridades dependientes del fuero común se combate el haber declinado la competencia para conocer de la averiguación previa **********, mientras que de la autoridad investigadora militar se le atribuye el haber conocido de aquella, la cual agregó a la diversa **********; además de que desprendió que a foja 638 a 745, el Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la **********Región Militar, ejerció acción penal por los hechos derivados de la indagatoria citada.

Con base en lo anterior, el Juez de Distrito consideró que las actuaciones ministeriales se han consumado de manera irreparable con motivo del ejercicio de la acción penal.

En el considerando VI, el Juez de Distrito desestimó por infundadas las causales de improcedencia que el Secretario de la Defensa Nacional hizo valer, porque estimó que no se actualizó la hipótesis prevista por el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, ya que a su juicio, los peticionarios de garantías no reclamaron el refrendo del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar atribuyéndole vicios propios, sino como parte del procedimiento legislativo del cual emanó.

Además, consideró que con independencia de lo anterior, los peticionarios de amparo ********** y **********, con las copias certificadas de sus respectivas actas de nacimiento (que obran a fojas 66 y 67) acreditaron ser padre y hermano, respectivamente, de la víctima del delito de homicidio que dio origen a los actos reclamados, de nombre **********; además de que destacó que **********, el veintitrés de junio de dos mil nueve, compareció antes la representación social a reconocer el cuerpo de su finado hermano ********** (fojas 535); y el Agente del Ministerio Público del Fuero del Distrito Judicial de **********, por auto de esa fecha ordenó la entrega del cadáver de **********a su hermano **********, es decir, ya se tenía reconocida su personalidad en autos.

En ese orden de ideas, el Juez Federal consideró que los ahora quejosos tienen interés jurídico para impugnar la declaratoria de competencia realizada por el Juez Militar para conocer de la causa penal, pues en términos del artículo 20, apartado C, fracción II de la Constitución Federal, estimó que los promoventes cuentan con legitimación para instar la presente acción de control constitucional en su carácter de ofendidos del delito de homicidio que se investiga ante la jurisdicción penal militar.

Por otra parte, el Juez Federal destacó que si bien es cierto había sido criterio reiterado de ese juzgado que los ofendidos o víctimas en los procesos penales carecen de legitimación para impugnar en amparo indirecto las resoluciones que son favorables a los procesados; sin embargo, señaló que el presente asunto es distinto de aquéllos previamente resueltos, pues en este caso no se impugna una resolución favorable al inculpado sino lo que se reclama es el conocimiento de un asunto ante la justicia militar cuando se alega que debió de conocer del expediente una autoridad civil.

En tal circunstancia consideró que, a fin de hacer efectivo el principio de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, si en este asunto se alegó que la causa penal debió de permanecer en el ámbito de la justicia civil, no militar, es evidente que si existe el interés jurídico de los quejosos para acudir al juicio de amparo; máxime que a su juicio el Juez Militar responsable no demostró fehacientemente haberles dado a los ahora peticionarios de garantías participación alguna en la causa penal militar 581/2009, a efecto de que éstos hicieran valer sus derechos.

Por otra parte, el Juez de Distrito consideró infundada la causa de improcedencia que el Secretario de la Defensa Nacional señaló relativa a que el juicio de amparo es improcedente en términos de artículo 73, fracción XVIII en relación con el artículo 116, fracción V, ambas de la Ley de la Materia, en virtud de que los quejosos no expresaron conceptos de violación en contra del refrendo de la norma impugnada.

Lo expuesto, el Juez de Distrito lo consideró infundado porque el procedimiento legislativo es un acto complejo en el que intervienen distintas autoridades en diferentes tiempos; por lo tanto los gobernados pueden impugnar la norma señalando a las autoridades que participaron en ella haciendo valer conceptos de violación respecto de cuestiones de fondo que, de resultar fundados afectarán a todos el procedimiento legislativo. En algunos casos los justiciables podrán optar por impugnar no solo cuestiones de fondo de la norma, sino también del proceso legislativo, atacando cuestiones inherentes a cada parte del citado procedimiento.

En tal virtud, consideró que si los quejosos expresaron conceptos de violación tendentes a refutar la constitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, expresando razonamientos de fondo, es evidente que combatieron la norma en su integridad, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad afectaría invariablemente el refrendo de la misma, de ahí que estimó, que no se actualiza la causa de improcedencia invocada.

En el considerando VII, el Juez de Distrito indicó los hechos relevantes que advirtió de las constancias de autos, los cuales resumió de la forma siguiente:

A las veintidós horas con treinta minutos del veinte de junio de dos mil nueve, sobre el tramo carretero que comunica a los municipios de ********** y **********, **********, específicamente en el crucero de **********, se encontraba instalado un puesto de control militar (retén), que marcó el alto a un autobús de pasajeros.

Durante la inspección, los elementos del ejército se percataron que un civil portaba botas militares "SEDENA correspondientes a la segunda ministración de dos mil ocho"; el chofer del camión de pasajeros cerró intempestivamente la puerta del camión y lo puso en marcha "intentando arroyar al personal militar". Al darse cuenta de ello, diversos soldados de infantería, entre los que se encontraba **********, dispararon contra la unidad.

Uno de los disparos realizados por el soldado ********** impactó en el medallón del automotor y penetró por el respaldo del asiento en el que iba sentado el civil **********, lo que le ocasionó lesiones en el cuello y posteriormente le causó la muerte.

Con motivo de los hechos anteriores, la Procuraduría General de Justicia del Estado de ********** inició la averiguación previa **********; simultáneamente, el Agente del Ministerio Público Militar de la **********Región Militar tramitó la diversa indagatoria **********. El Ministerio Público del Fuero Común Estatal declinó la competencia para seguir investigando los hechos, remitiendo el expediente a la autoridad militar, que agregó a su expediente la primera de las indagatorias en comento. El Ministerio Público Militar ejerció acción penal en contra del soldado **********.

Del asunto conoció el Juez Sexto Militar adscrito a la ********** Región Militar, con residencia en el Distrito Federal, radicó la causa penal 581/2009 y el tres de agosto de dos mil nueve libró orden de aprehensión en contra del soldado de infantería **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código de Justicia Militar, en correlación con los numerales 302 y 307 del Código Penal Federal, aplicado de manera supletoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar.

El trece de agosto de dos mil nueve, se cumplimentó la orden de aprehensión librada en contra del soldado de infantería **********; el quince del mes y año citado se decretó auto de formal prisión en contra del inculpado, por el delito mencionado en el párrafo que antecede.

Finalmente, el veintiuno de abril de dos mil diez, el Pleno del Supremo Tribunal Militar modificó el auto de formal prisión dictado pro el Juez Sexto Militar, reclasificando el delito por el de homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302 y 307 de Código Penal Federal, aplicado por competencia atrayente de conformidad con los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar.

El Juez Militar responsable al rendir su informe justificado señaló que todavía se encontraba en instrucción la causa penal en contra del soldado de infantería **********.

En el considerando VIII, el Juez de Distrito realizó el estudio de fondo y declaró fundado el concepto de violación planteado por los quejosos en el sentido de que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar vulneró lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, ya que éste acota la jurisdicción militar para delitos y faltas a la disciplina militar de modo que no se extienda a personas que no pertenezcan al ejército.

Lo anterior, porque consideró que de la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisdicción militar está acotada única y exclusivamente a los delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar, pues debido a lo concreto del término "disciplina militar", se evidencia que su especificación y alcance corresponderá al legislador ordinario, quien deberá precisar cuáles son esas faltas y delitos; sin embargo, señaló que la determinación de los supuestos hipotéticos legales no permite una libre configuración legislativa, puesto que el mandato constitucional establece dos importantes restricciones: a) Está prohibida la j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80060-e621321d/amparo-en-revision-133-2012-y-otro-21 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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