CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA POR EL HECHO DE QUE UNO DE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA TESIS QUE ELABORÓ SOBRE EL TEMA DE LA DENUNCIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN UN AMPARO DIRECTO Y EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA ENTABLADA POR UN REGIDOR EN LA QUE IMPUGNA LA NEGATIVA DEL AYUNTAMIENTO A PAGARLE DIVERSAS CANTIDADES QUE DEJÓ DE PERCIBIR DURANTE EL TIEMPO EN QUE FUNGIÓ CON ESA CALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA POR EL HECHO DE QUE UNO DE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA TESIS QUE ELABORÓ SOBRE EL TEMA DE LA DENUNCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN UN AMPARO DIRECTO Y EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL.
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA ENTABLADA POR UN REGIDOR EN LA QUE IMPUGNA LA NEGATIVA DEL AYUNTAMIENTO A PAGARLE DIVERSAS CANTIDADES QUE DEJÓ DE PERCIBIR DURANTE EL TIEMPO EN QUE FUNGIÓ CON ESA CALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO ESPARZA ALFARO, VÍCTORINO ROJAS RIVERA Y GILBERTO ROMERO GUZMÁN. DISIDENTES: HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO Y ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. PONENTE: GUILLERMO ESPARZA ALFARO. SECRETARIAS: MARVELLA PÉREZ MARÍN, ISAURA ROMERO MENA Y SONIA SUÁREZ RÍOS.
Morelia, Michoacán. Acuerdo del Pleno del Decimoprimer Circuito, correspondiente a la sesión del seis de octubre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 11/2014, suscitada entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio ST/00068/2014, presentado el quince de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina del Pleno del Decimoprimer Circuito, el Magistrado Fernando López Tovar, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del propio circuito; para lo cual anexó copia certificada y disco que contiene la resolución emitida por aquel tribunal en el conflicto competencial 11/2014.
SEGUNDO.-Por acuerdo de treinta de enero de dos mil quince, el Magistrado Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo, presidente del Pleno del Decimoprimer Circuito mandó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis denunciada, la cual admitió a trámite; ordenó agregar copia certificada de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 11/2014, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y tener disponible su versión electrónica para la debida integración del expediente; solicitar la información de si el criterio sustentado en ese conflicto competencial se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; pedir a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, copia certificada de la ejecutoria que resolvió el amparo directo 539/2009 de su índice, así como la información electrónica relativa e información de si el criterio ahí emitido continuaba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; a su vez, dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación; informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, sobre la admisión de la contradicción y notificar personalmente al denunciante, así como a los Magistrados integrantes del Pleno del Decimoprimer Circuito.
TERCERO.-El once de febrero de dos mil quince se mandó agregar al presente asunto el oficio 1203, de seis del mismo mes y año, mediante el cual, la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito informó que seguía vigente el criterio sustentado, al resolver el amparo directo 539/2009, de cuya ejecutoria adjuntó copia certificada y digital.
CUARTO.-El dieciséis de febrero de dos mil quince, se ordenó agregar a los autos para que surtieran los efectos legales procedentes, la copia del oficio CCST-C-61-02-2015, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el diverso CCST-X-45-02-2015, al cual adjuntó copia del oficio SGA/GVP/097/2015, suscrito por el secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, mediante el cual informa que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente de ese Alto Tribunal durante los últimos seis meses, no se advirtió existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema de la presente.
QUINTO.-Por acuerdo de ocho de abril de dos mil quince, se ordenó agregar a los autos el oficio PGR/SJAI/DGO/064/15, suscrito por la directora general de Constitucionalidad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual formuló su opinión ministerial, respecto de la contradicción de tesis, en el sentido de que fue denunciada por persona legitimada para ello; que sí existía la contradicción de tesis; y que, en cuanto al fondo, debía estimarse que no existe una relación de naturaleza laboral entre un regidor y el Ayuntamiento de que se trate.
SEXTO.-Mediante auto de seis de mayo de dos mil quince se ordenó turnar los autos al Magistrado Guillermo Esparza Alfaro, para que elaborara el proyecto de resolución, hecho lo cual, lo remitiera por medio del Sistema Electrónico a la presidencia, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Pleno de Circuito.
SÉPTIMO.-Finalmente, por oficio 045, de dos de junio del año en curso, remitido por el secretario de Acuerdos del Pleno del Decimoprimer Circuito, se allegó al Magistrado ponente el acuerdo dictado en el cuaderno auxiliar formado con motivo de la presente contradicción, mediante el cual se tuvo al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, remitiendo el oficio ST/003/2015, al que anexó el diverso ST-001/2015, por el que los Magistrados que integran dicho órgano colegiado solicitaron a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cancelación de la publicación de la tesis de título: "ES DE NATURALEZA LABORAL LA RELACIÓN QUE UNE TANTO AL PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES CON EL AYUNTAMIENTO.", la cual participa en esta contradicción de tesis.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, y 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de este mismo circuito, donde este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por el Magistrado Fernando López Tovar, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que figura como contendiente, numeral que establece lo siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.-Consideraciones de los órganos contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de establecer la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester tener presentes los hechos y consideraciones relevantes de los asuntos en probable contienda.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (en cuyo órgano se encuentra adscrito el Magistrado denunciante).
Conflicto competencial 11/2014
a) ********** presentó demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en la que reclamó el pago de diversas prestaciones generadas durante el tiempo que fungió como regidor del Ayuntamiento de **********, Michoacán.
Las prestaciones reclamadas consistieron, específicamente, en el pago de salarios devengados y no cubiertos de la primera y segunda quincenas de diciembre de dos mil once, aguinaldo y vacaciones correspondientes a esa anualidad, y la prima vacacional respectiva.
La demanda fue presentada contra el Ayuntamiento de **********, Michoacán, y quien resultara responsable de la fuente de trabajo, con domicilio en el Palacio Municipal, de dicha población.
b) Mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil trece, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán se declaró incompetente para conocer y resolver dicho litigio, debido a que el actor ********** había indicado que se desempeñaba como regidor del Municipio de **********, por lo que no existía una relación laboral entre el actor y el Ayuntamiento demandado, dado que, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, aquél por su función recibía de éste una remuneración, la cual era establecida por el presupuesto de egresos, no así un salario que lo acreditara como trabajador, pues fue designado por el voto del pueblo, como lo señalan los artículos 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; de manera que se declinó la competencia al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para que resolviera lo conducente.
c) El catorce de marzo de dos mil catorce, el Congreso del Estado de Michoacán, a través del director general de Servicios, Asistencia Técnica y Jurídica, rechazó la competencia declinada en razón, principalmente, de que, atendiendo al artículo 44 de la Constitución Política de Michoacán de Ocampo, que establece las facultades del Congreso como depositario del Poder Legislativo, éste no tiene atribuciones para resolver conflictos de los integrantes o ex integrantes de los Ayuntamientos, de manera que no se prevé procedimiento alguno para el tratamiento y resolución de asuntos que se susciten sobre las prestaciones adeudadas a un regidor por un determinado Ayuntamiento.
d) Del conflicto competencial suscitado entre el Congreso y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos de esta entidad federativa, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que, en sesión de siete de noviembre de dos mil catorce, resolvió:
"Conforme a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) los Ayuntamientos se encuentran integrados por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
"Por su parte, el diverso precepto 114 de la Constitución Local prevé lo siguiente:
"‘Artículo 114. Cada Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que la ley determine.
"‘La ley introducirá el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos.
"‘Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’
"Del precepto anterior se advierte que cada Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que la ley determine; y, que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Carta Magna.
"Asimismo, es necesario tener presente los numerales 11 y 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que disponen:
"‘Artículo 11. Los Ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y autónomos electos popularmente de manera directa; constituyen el órgano responsable de gobernar y administrar cada Municipio y representan la autoridad superior en los mismos.’
"‘Artículo 14. El Ayuntamiento se integrará con los siguientes miembros:
"‘I. Un presidente municipal, que será el representante del Ayuntamiento y responsable directo del gobierno y de la administración pública municipal, por tanto, encargado de velar por la correcta planeación, programación, ejecución y control de los programas, obras y servicios públicos a cargo de la municipalidad;
"‘II. Un cuerpo de regidores que representarán a la comunidad, cuya función principal será participar en la atención y solución de los asuntos municipales; así como vigilar que el ejercicio de la administración municipal se desarrolle conforme a lo dispuesto en las disposiciones aplicables; y,
"‘III. Un síndico responsable de vigilar la debida administración de erario público y del patrimonio municipal. ...’
"De la anterior transcripción se infiere que: cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa; que el Ayuntamiento se encuentra integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; y que el presidente, síndico y regidores son funcionarios públicos en quienes -por disposiciones constitucional y legal- recae la representación del Ayuntamiento.
"Por otra parte, el artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Michoacán dispone:
"‘Artículo 156. Todos los funcionarios de elección popular, a excepción de aquellos cuyo cargo es concejil, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por los fondos públicos. Esta compensación no es renunciable.’
"En relación con dicha disposición legal, está la contenida en el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que dice:
"‘Artículo 16. Los cargos de presidente municipal, síndico y regidores de un Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos, su remuneración se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes y se publicará en los informes trimestrales.’
"Lo que pone en evidencia, que por la función pública que desempeñan el presidente, síndico y regidores del Ayuntamiento reciben una remuneración (compensación) que se fija en el presupuesto de egresos correspondiente, la cual, como quedará demostrado en párrafos posteriores, es la suma del salario, prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y en servicios, fijas o variables y, en general, toda percepción a que tenga derecho el servidor público, en virtud de su función, empleo, cargo o comisión.
"En ese mismo orden de ideas, los artículos 123 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y 32 de la Ley Orgánica Municipal establecen como facultades de los Ayuntamientos, entre otras, las que siguen:
"‘Artículo 123. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:
"‘...
"‘III. Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la ley.
"‘Entregar al Congreso del Estado los informes trimestrales del ejercicio y a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al que concluya éste, la cuenta pública del ejercicio de la hacienda municipal. ...’
"‘Artículo 32. Los Ayuntamiento tienen las siguientes atribuciones:
"‘...
"‘c) En materia de hacienda pública:
"‘...
"‘IV. Aprobar, en su caso, el presupuesto de egresos que le presente el tesorero municipal y remitirlo al Congreso del Estado para la vigilancia de su ejercicio;
"‘...
"‘Lo que revela que es el propio Ayuntamiento el que aprueba el presupuesto de egresos y, por ende, su remuneración por la función pública que desempeñan las personas en quienes recae su representación (presidente, síndico y regidores).’
"Por su parte, los diversos numerales 44, 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Michoacán establecen cuáles son las facultades del Congreso del Estado, al concertar:
"‘Artículo 44. Son facultades del Congreso:
"‘...
"‘X. Aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales;
"‘...
"‘XI. Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso se apoyará en la entidad de fiscalización superior, que se denominará Auditoría Superior de Michoacán. Si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiere exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. ...’
"‘Artículo 133. La Auditoría Superior de Michoacán, como órgano técnico del Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y decidirá sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
"‘La Auditoría Superior de Michoacán revisará, fiscalizará y evaluará la gestión de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y de todas las demás entidades públicas estatales y municipales que manejen fondos públicos, aun de aquellos organismos que por disposición de la ley se consideren autónomos, bajo los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad de servicio, vigilancia y fiscalización.’
"‘Artículo 134. La Auditoría Superior de Michoacán tendrá a su cargo:
"‘I. Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de las entidades a que se refiere el artículo anterior;
"‘...
"‘VI. Investigar los actos u omisiones que pudieran implicar irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos públicos. ...’
"De los anteriores preceptos legales, se tiene que los cargos de presidente, síndico y regidores de un Ayuntamiento son de elección popular y, además, en ellos recae la representación de éste; por la función que desempeñan aquéllos perciben una remuneración, la cual es fijada -por ellos mismos- en los presupuestos de egresos; el Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior, es el órgano encargado de vigilar el presupuesto de egresos.
"En efecto, dentro de la actuación del mencionado Congreso está la de velar por la correcta y legal canalización de los recursos económicos destinados al Ayuntamiento; no obstante ello, no tiene competencia para conocer y resolver de la falta o incorrecta remuneración que perciben el presidente, síndico y regidores del mismo, esto es, ordenar la retribución correcta, dado que, como se destacó, los ordenamientos legales que rigen a dicho Congreso, no contemplan un procedimiento para ese fin.
"Si bien las remuneraciones reclamadas y que supuestamente fueron generadas en favor de **********, cuando fungió como regidor del Ayuntamiento de **********, en caso de proceder su pago, deberán ser tomadas del presupuesto de egresos que aquellos mismos se autorizaron, en cuanto representantes del citado Ayuntamiento; sin embargo, el Congreso del Estado no tiene competencia para conocer de la demanda presentada por aquél, no obstante que en él recae la facultad de revisar, fiscalizar y dictaminar el presupuesto de egresos, que es de donde dicho funcionario público obtuvo la remuneración por el cargo de elección popular que desempeñó y del que, en caso de resultar procedentes las prestaciones que reclama, obtendrá que les sean cubiertas éstas, pues se reitera, no existe disposición legal que faculte a dicho Congreso, por conducto de la Auditoría Superior, a conocer y resolver de la demanda que presenta **********.
"En todo caso, de encontrar inconsistencias en la correcta y legal canalización de los recursos económicos destinados al Ayuntamiento, por conducto de la Auditoría Superior, el Congreso del Estado de Michoacán, únicamente está facultado para aplicar sanciones por faltas administrativas, en términos de los artículos 1o., 3o., fracción I, 44, fracción III y 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.
"De lo anterior se infiere, que para que surja un conflicto competencial, conforme al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuestiones de competencia, ya sea por razón de la materia o territorial, sólo surgen entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más entidades federativas legalmente constituidos con arreglo a las leyes aplicables.
"Lo anterior conlleva a determinar que no se reúnen, en la especie, los requisitos señalados, puesto que no existe la hipótesis consistente en que un Tribunal Colegiado de Circuito (a quien se le delegaron las facultades que tenía la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) conozca de un conflicto competencial surgido entre un Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y un órgano no jurisdiccional, como en el caso, lo es el Congreso del Estado de Michoacán, que es un organismo legislativo y que, en el caso, únicamente tiene la función de vigilar el presupuesto de egresos, por conducto de la Auditoría Superior, ya que se limita a una decisión administrativa.
"Sin que tenga facultades para emitir y ejecutar alguna decisión, sobre el pago de prestaciones adeudadas a un regidor, de manera que no actúa como autoridad jurisdiccional y, por ende, no puede producirse un conflicto competencial entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Congreso del Estado de Michoacán, para conocer de una demanda laboral.
"Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 120/2003-SS, publicada en la página 426 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, materia común, del rubro y texto siguientes:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA JUDICIAL. NO PUEDE PRODUCIRSE ENTRE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.-Conforme al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuestiones de competencia, ya sea por razón de la materia o territorial, sólo surgen entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más entidades federativas legalmente constituidos con arreglo a las leyes aplicables. En ese sentido, si los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establecen que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con funciones de autoridad administrativa encargada de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, y arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, es evidente que dicho organismo al intervenir en los conflictos que surjan entre los usuarios y las instituciones financieras, lo hace como cualquier árbitro privado designado voluntariamente por las partes, sin que tenga facultades para ejecutar sus decisiones, de manera que no actúa como autoridad jurisdiccional y, por ende, no puede producirse un conflicto competencial entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y la referida comisión para conocer de cualquier controversia judicial.’
"También, cabe citar como fundamento, por analogía, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 54 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época, que dice:
"‘COMPETENCIA EN MATERIA JUDICIAL. SÓLO PUEDE PRODUCIRSE ENTRE TRIBUNALES, NO ENTRE UN JUEZ Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-Las cuestiones de competencia, ya sea por razón de la materia o territorial, sólo se dan entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas, o de los tribunales de dos o más entidades federativas legalmente constituidos con arreglo a las leyes aplicables, cuestión de competencia que, además, sólo puede promoverse mediante declinatoria o inhibitoria. Ahora bien, el artículo 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, teniendo entre sus facultades representar a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales, previo el mandato correspondiente, cuando a juicio de la Procuraduría la resolución que pueda darse al caso planteado llegare a trascender el tratamiento de intereses colectivos, (artículo 59 fracción III) especificándose, en el artículo 59 Bis, que, tratándose de inmuebles destinados a la habitación ubicados en el Distrito Federal, la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá las mismas atribuciones a que se refiere el artículo anterior, de representación, vigilancia y tutela de los derechos de los arrendadores. De la misma manera, en la fracción VIII del invocado artículo 59, en sus diversos incisos, establece un procedimiento conciliatorio y arbitral para dirimir las quejas y reclamaciones de los consumidores, siempre como amigable componedor, siendo necesaria la intervención de los tribunales competentes, para la ejecución de los laudos que llegase a pronunciar (inciso e). Es evidente, en estas condiciones, que la Procuraduría Federal del Consumidor al intervenir en los conflictos que surjan entre los arrendatarios y los arrendadores, lo hace como cualquier árbitro privado designado voluntariamente por las partes, sin que, en ningún caso, el procurador tenga facultades para ejecutar sus decisiones, de donde se concluye que no actúa como autoridad jurisdiccional; luego carece de competencia para conocer de cualquier controversia judicial, ello porque únicamente a las autoridades judiciales, atenta la división de poderes consagrada en la Constitución General de la República y las de los Estados que la integran compete, acorde con su organización, dirimir las controversias que pudieran surgir entre los gobernados y entre éstos y las distintas autoridades. Es verdad, por otra parte, que la Ley Federal de Protección al Consumidor en el invocado artículo 59, fracción VIII, inciso h), dispone que cuando se haya presentado alguna reclamación en la Procuraduría Federal del Consumidor o se esté sustanciando el procedimiento a que se refiere esa fracción, resultará improcedente, en otra vía, cualquier juicio para dirimir las diferencias entre proveedor y consumidor por los mismos hechos, pero no lo es menos que esa circunstancia en manera alguna le otorga a aquélla funciones jurisdiccionales, constituyendo tan sólo una causa de improcedencia que, como tal, debe ser opuesta en determinado proceso civil en defensa de sus derechos, por la parte que se considera afectada.’
"No obsta para arribar a la referida conclusión el hecho de que la extinta Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sustentado el criterio que enseguida se menciona:
"Tesis número 4a. XXII/94, publicada en la página 211 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, noviembre de 1994, Octava Época, del contenido literal siguiente:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PUEDE VÁLIDAMENTE DARSE ENTRE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL Y UNO ADMINISTRATIVO. (REGISTRO DE ORGANIZACIONES SINDICALES).-La lectura e interpretación puramente gramatical de los artículos 698 y 705 de la Ley Federal del Trabajo, conduce a concluir que las cuestiones competenciales que regulan sólo se dan entre tribunales u órganos jurisdiccionales, pero ello resultaría jurídicamente inaceptable tratándose del registro de una organización sindical, en que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cada órgano en su respectiva competencia, tienen la obligación de efectuar el registro y se niegan a hacerlo, ya que se dejaría a los promoventes en estado de indefensión, porque las organizaciones sindicales tienen derecho a registrarse para formalizar su representación ante todas las autoridades, como establece
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26212-6cbb67b0/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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