TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA ENTABLADA POR UN EX REGIDOR EN LA QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAGARLE DIVERSAS CANTIDADES QUE DEJÓ DE PERCIBIR DURANTE EL TIEMPO EN QUE FUNGIÓ CON TAL CALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 2 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA, SONIA ROJAS CASTRO, OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, DIÓGENES CRUZ FIGUEROA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ÓSCAR ESPINOSA DURÁN, MAURICIO TORRES MARTÍNEZ, TITO CONTRERAS PASTRANA, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, ALEJANDRO SOSA ORTIZ, FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN Y JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: SONIA ROJAS CASTRO. SECRETARIO: HUMBERTO GUILLÉN SANTIAGO.
Toluca, Estado de México, Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de diciembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos que integran la contradicción de tesis 15/2013, del índice del Pleno del Segundo Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, recibido el **********, en la Oficialía de Partes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por ser el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito, se denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, al resolver el juicio de amparo directo **********, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Segundo Circuito, al fallar el juicio de amparo directo ********** (foja ********** del expediente).
SEGUNDO.-Admisión. Mediante proveído de **********, el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis denunciada, por lo que ordenó formar el expediente respectivo y registrarlo con el número **********.
En esa actuación, solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo ********** de su índice, y le requirió que informara si el criterio sustentado en aquel expediente se encontraba vigente o, en su caso, si había sido superado o abandonado (fojas ********** del expediente).
TERCERO.-Envío de constancias. A través del oficio **********, signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo ********** (f. ********** del expediente), y se hizo del conocimiento que el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional aún se encuentra vigente.
CUARTO.-Recepción de constancias y turno. En auto de veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito tuvo por recibida la copia certificada enviada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por lo que, de conformidad con el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013 (acuerdo actualmente abrogado por el diverso 11/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce), ordenó turnar los presentes autos al Magistrado ponente, a fin de que procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (f. ********** del expediente).
Cabe destacar que el presente asunto fue sesionado ante el Pleno de Circuito y retirado el tres de junio de dos mil catorce.
Finalmente, mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil catorce, la presidencia dio a conocer la nueva integración del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, y se returnó el asunto a la Magistrada presidenta Sonia Rojas Castro.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1, 3, 9, párrafo segundo, 10, 17, 23, 26 y 27 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su anexo.
SEGUNDO.-Legitimación. De conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se señala a continuación:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
Ahora bien, en virtud de que la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contendientes en la presente contradicción, al resolver el juicio de amparo directo **********.
TERCERO.-Hechos y consideraciones que dieron origen a las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Con el objeto de determinar si, en la especie, se actualiza la existencia de la contradicción de tesis, conviene tener presente, en primer lugar, el hecho o acto jurídico que dio lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, tomó en cuenta los siguientes antecedentes que sirvieron de base para sus consideraciones:
1. Por escrito presentado el **********, ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de **********, Estado de México, ********** solicitó el pago de la cantidad de **********, por concepto de sueldo, aumento de sueldo, parte proporcional de aguinaldos, bono y parte proporcional de prima vacacional, derivado de la prestación de sus servicios que como regidor realizó durante el periodo de administración, correspondiente del dieciocho de agosto de dos mil seis al diecisiete de agosto de dos mil nueve.
2. Por oficio ********** de **********, el presidente Municipal del Ayuntamiento de **********, Estado de México, dio respuesta a la solicitud de **********, en los términos siguientes:
"C. **********
"**********
"Presente
"Por medio del presente vengo a contestar a su petición presentada el día **********, en las Oficinas de la Presidencia Municipal, y en términos del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y en términos de mis atribuciones del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en relación a sus peticiones, es improcedente en virtud de que usted fue parte del H. Ayuntamiento de **********, **********, de la administración **********, como regidor de elección popular, en consecuencia a ello, no se puede dar cumplimiento a su petición solicitada, presidida por **********, y en relación a sus acuerdos y la situación financiera que dejaron la administración que menciona y que usted en su momento debió de haberse opuesto, observado, reclamado o denunciado ante las instancias competentes, como miembro del Cabildo en términos del artículo 55 de la ley orgánica municipal y como autoridad de elección popular, es infundada su petición ya que la Ley Federal del Trabajo no prevé sueldos a los regidores ya que son parte o miembros de un Cabildo que en su momento debió de solicitarle y al ex presidente **********, por lo tanto, consintieron la situación, le manifiesto que usted tiene conocimiento que ejercitó su acción ante la autoridad correspondiente, razón por la cual no es posible contestarle hasta que se resuelva la situación jurídica."
3. Inconforme con la anterior determinación, ********** demandó la nulidad de la resolución emitida por el presidente municipal del Ayuntamiento de **********, Estado de México, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
4. De la demanda respectiva, correspondió conocer, por razón de turno, a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con el número **********, cuyo Magistrado presidente, por acuerdo de **********, la admitió a trámite y, entre otras determinaciones, ordenó emplazar como autoridades demandadas al presidente municipal y al tesorero, ambos del Ayuntamiento de **********, Estado de **********.
5. Sustanciado el juicio contencioso en sus etapas procesales, el ********** se dictó sentencia, en la que declaró el sobreseimiento del juicio contencioso.
6. El representante legal del actor, **********, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
7. Por auto de **********, la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a quien correspondió conocer del medio de impugnación, admitió el recurso de revisión interpuesto y lo radicó con el número de expediente RR. **********.
8. Seguidos los trámites procesales correspondientes, el **********, la primera sección del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México dictó sentencia, en la que resolvió confirmar el fallo de primer grado, esencialmente, por las razones siguientes:
- Que si bien es cierto la parte actora señaló como acto impugnado la contestación otorgada por el presidente municipal de **********, respecto de la petición que le formuló a través del escrito de **********, también cierto es que dicha petición se encuentra relacionada con prestaciones de índole laboral, como son el pago de sueldos, aumento de éste, parte proporcional de aguinaldo, bonos y prima vacacional;
- Que el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México es incompetente, por razón de materia, para conocer del juicio entablado por **********; y,
- Que se compartía el criterio del órgano jurisdiccional de primer grado, en el sentido de que el acto impugnado es de carácter laboral, lo que implica que el juicio contencioso administrativo resultaba improcedente, de conformidad con el artículo 267, fracción I, del código procesal administrativo.
9. En desacuerdo con la anterior determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien resolvió conceder el amparo solicitado por la parte actora en el juicio contencioso, con base en las siguientes determinaciones:
Amparo directo **********. Al entrar al estudio de los conceptos de violación, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa señaló:
• En el segundo concepto de violación el quejoso sostuvo: "- Que la sentencia reclamada es violatoria de garantías, porque la responsable aplica de forma indebida e inexacta el artículo 267, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al declararse incompetente por razón de materia para conocer del juicio. - Que la responsable argumenta que se trata de cuestiones de naturaleza laboral y no de actos de autoridad de carácter administrativo y fiscal. - Que si bien es cierto que el adeudo deriva de algunas prestaciones laborales, por tratarse de un servidor público de elección popular, específicamente regidor, queda exceptuado de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, tal como lo establece el artículo 10, en su último párrafo. - Que si su función de servidor público siempre fue como autoridad de elección popular, el acto impugnado es de carácter administrativo y no de naturaleza laboral."
Además, concluyó lo siguiente:
• Concepto de violación que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito declaró fundado y sustentó que, conforme al concepto de violación formulado por el quejoso, la litis constitucional se circunscribía a determinar la naturaleza del acto impugnado ante el tribunal responsable, derivado de que el actor reclamó el pago de diversas prestaciones derivadas de su actuación como regidor, en el periodo de **********;
• Que para dilucidar la anterior interrogante, resultaba necesario analizar los artículos 1, 2, 10, 184 y 185 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cuyo objeto esencial es regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios, los tribunales administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen, y sus respectivos servidores públicos;
• Que el artículo 10 de aquella legislación (Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios) es categórico en establecer que no son sujetos de tal legislación quienes ocupen cargos de elección popular;
• Que el artículo 184 de la legislación en comento señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo (de justicia delegada) que conocerá de los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esa ley;
• Que conforme a los precitados numerales, debía concluirse que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo no puede considerarse de naturaleza laboral, en tanto que el referido artículo 10 excluye de la regulación estatal a los servidores públicos que ocupen cargos de elección popular;
• Que conforme a los artículos 114 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los regidores de los Ayuntamientos son servidores públicos que ocupan cargos de elección popular;
• Que si la resolución impugnada en el juicio de origen se emitió como respuesta a la petición del quejoso de que se le pagaran diversas prestaciones que tienen su origen en el desempeño de un cargo de elección popular, no podía considerarse que se trata de un acto de naturaleza laboral; de modo tal, que la autoridad responsable incurrió en una transgresión al principio de legalidad inmerso en el artículo 16 constitucional;
• Que resultaba aplicable, por compartirse el criterio, la jurisprudencia II.T. J/34, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 2121, de rubro: "TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE ASUNTOS EN LOS QUE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS DERIVEN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."; y,
• Concluyó que debía concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, de no advertir diversa causa de improcedencia, procediera a analizar el fondo de la cuestión que le fue propuesta.
De lo anterior se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al declarar fundado el segundo concepto de violación citado, implícitamente reconoció que la materia de la litis versaba sobre un acto de naturaleza administrativa y que, por ende, correspondía su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo.
En efecto, si bien no señaló expresamente que el acto reclamado tuviera naturaleza administrativa, lo cierto es que eso se desprende de las conclusiones antes sintetizadas, porque sostuvo que tal acto no tenía naturaleza laboral, que era fundado el segundo concepto de violación antes sintetizado y que, por tanto, debía concederse el amparo para que el Tribunal Contencioso Administrativo, de no advertir diversa causa de improcedencia (es decir, ya no podría analizar la improcedencia por incompetencia), debía analizar el fondo de la cuestión que le fue propuesta.
B) El Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, tomó en consideración los siguientes antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el **********, ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, **********, por su propio derecho, formuló demanda administrativa en contra del presidente municipal del Ayuntamiento de **********, Estado de México, en la que señaló como acto impugnado:
"La negativa de pago que consta en el oficio número **********, respecto del escrito de pago presentado y recibido por el Ayuntamiento de **********, en fecha **********, relativo al cumplimiento del acuerdo de Cabildo de fecha **********, asentado en el libro de actas, mediante la cual se acordó el pago de la cantidad de **********."
2. Sustanciado el proceso contencioso, el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dictó sentencia el **********, en la que declaró la invalidez del acto impugnado.
3. Mediante escritos presentados el **********, ante la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, el licenciado **********, en su carácter de representante autorizado de **********, y el presidente municipal del Ayuntamiento de **********, Estado de México, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia anterior.
4. Por acuerdos de ********** de **********, la presidenta de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, admitió los recursos de revisión interpuestos.
5. Previas las actuaciones procesales respectivas, la Sala responsable dictó sentencia definitiva en los recursos de revisión ********** y su acumulado **********, en la que resolvió revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, sobreseer en el juicio contencioso administrativo, esencialmente, por las siguientes razones:
- Que el acto impugnado se originó con motivo de la petición realizada por la parte actora, quien solicitó al presidente municipal del Ayuntamiento de **********, el cumplimiento al acuerdo de Cabildo de **********, en el que se estableció el pago de la cantidad de **********, por concepto de quincenas que no le fueron cubiertas en su totalidad, cuando desempeñó el cargo de primer regidor durante el periodo **********.
- Que de acuerdo al acto impugnado, se tenía certeza jurídica de que el Tribunal de Justicia Administrativa no es competente para analizar el contenido del oficio impugnado, ya que si bien era cierto que éste deriva de un escrito de petición, no menos era cierto que su contenido es de carácter laboral;
- Que, por lo anterior, se actualizó la causal de improcedencia prevista en artículo 267, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dado que se trataba de una ex integrante del Ayuntamiento, y el pago que reclamaba al presidente municipal del Ayuntamiento de **********, consiste en quincenas que no le fueron cubiertas cuando se desempeñó como ********** de dicho Ayuntamiento, durante el periodo **********, por lo que ese órgano colegiado no es competente para analizarlo;
- Que resultaba innecesario estudiar el fondo del asunto, con el objeto de demostrar que el acto impugnado es de naturaleza laboral y no administrativa y fiscal, pues, por una parte, la quejosa reclamó prestaciones laborales y, por otra, del escrito de nueve de septiembre de dos mil once y de los hechos del escrito de demanda, se desprende que la recurrente desempeñó funciones ostentando el cargo de ********** del Ayuntamiento de **********, por lo cual, resultaba evidente que el Tribunal Contencioso Administrativo se encontraba impedido para analizarlo por cuestión de competencia en razón de la materia; y,
- Que el acto impugnado implicó un conflicto entre integrantes del Ayuntamiento de **********, Estado de México, en el que uno de ellos reclamaba el pago de quincenas por el cargo que ostentó como regidora, circunstancia que, en todo caso, se vincula con el ámbito laboral.
6. En desacuerdo con la anterior determinación, la parte actora promovió juicio de amparo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien resolvió negar el amparo solicitado, bajo las consideraciones siguientes:
Juicio de amparo directo **********.
• Calificó como infundado el segundo concepto de violación, en el que la quejosa adujo que la Sala responsable aplicó, indebidamente, el artículo 267, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al declararse incompetente para conocer del asunto, puesto que resultó inexacto que resolviera que reclamó prestaciones de carácter laboral y no actos de autoridad de carácter administrativo;
• Para sostener lo infundado del citado concepto de violación, el Tribunal Colegiado de Circuito invocó los artículos 1, primero y segundo párrafos, del título primero y 199 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que disponen que el proceso administrativo seguido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, salvo disposición en contrario, no es aplicable, entre otros supuestos, a los conflictos suscitados entre los integrantes del Ayuntamiento;
• Que aun cuando la quejosa haya argumentado que el artículo 10, último párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios estipule que quienes ocupen cargos de elección popular no serán sujetos de esa ley, lo cierto es que la norma que regula la actuación de la autoridad responsable (Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México), no le autoriza a conocer de un asunto suscitado en un conflicto entre integrantes de los Ayuntamientos;
• Que si la parte actora y demandada (regidora y presidente) son integrantes del Ayuntamiento Constitucional de **********, Estado de México, de conformidad con el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es evidente que operó uno de los supuestos a que se refiere el diverso numeral 1, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para que la Sala responsable se declarara legalmente incompetente para conocer del conflicto;
• Que la norma no distingue que las partes deban encontrarse en activo (para que opere aquella causal de improcedencia), sino únicamente alude a que el problema se presente entre integrantes de un Ayuntamiento, calidad ésta que, en la especie, se actualiza;
• Que aun cuando la responsable adujo que el acto impugnado involucra prestaciones de naturaleza laboral, sin tener en cuenta que el acto impugnado deriva también de funciones de elección popular, lo cierto es que no podía conocer de la demanda planteada, dado que el conflicto se suscita entre integrantes del Ayuntamiento;
• Que el hecho de que el artículo 10, último párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios estipule que quienes ocupen cargos de elección popular no serán sujetos de esa ley, de ninguna manera altera la naturaleza laboral de las prestaciones reclamadas, pues lo que excluye tal precepto es la persona que tenga esa calidad (elegido popularmente), no así la eventual relación y sus implicaciones, cuenta habida que ante tal eventualidad, en todo caso, la quejosa debió optar por agotar un medio de impugnación extraordinario, lo que, en la especie, no ocurrió;
• Que de los artículos 15, 16 y 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México se desprende que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo tienen a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, sin señalar excepción alguna, es decir, entre entes que entablan una relación de supra-subordinación, en donde una parte actúa como autoridad (administración pública) y, la otra, como particular, sin imperio;
• Que, en el caso concreto se trata de un conflicto suscitado entre entes con igual carácter; esto es, una controversia entre figuras jurídicas con igualdad de condiciones, sin ser una relación subordinada por alguna de las partes, en virtud de que la quejosa acudió a demandar al presidente municipal del Ayuntamiento de **********, el cumplimiento al acuerdo de Cabildo de **********, en el que se estableció el pago de la cantidad de **********, por concepto de las quincenas que no le fueron cubiertas en su totalidad, cuando desempeñó el cargo de primera regidora, durante el periodo **********, es decir, con el carácter de funcionario público;
• Que los integrantes de un Ayuntamiento se encuentran en igualdad de condiciones, amén de que la fuente de su legitimación deriva del mandato popular, por lo cual, se trata de entes con igualdad de carácter, situación que de por sí torna a la autoridad responsable en legalmente incompetente para conocer del asunto;
• Que no se soslaya que, para dirimir controversias similares a la planteada por la quejosa, no se prevé algún medio ordinario de defensa; sin embargo, tal circunstancia no implica dejarla en estado de indefensión, pues en todo caso tendría a su alcance un diverso medio extraordinario de defensa que puede hacer valer; y,
• Concluyó que por los anteriores motivos y fundamentos, procedía negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Este Pleno de Circuito considera que, en la especie, se configuran los elementos necesarios para declarar la existencia de la contradicción de criterios denunciada.
En efecto, de acuerdo con los hechos y consideraciones que fueron expuestas en el considerando que precede (tercero), se advierte que los órganos colegiados, al resolver los juicios de amparo ante ellos sometidos, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, consistentes en:
a) Derivaron de juicios contenciosos promovidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por personas que fueron regidores de **********, del Ayuntamiento de **********, Estado de México, quienes reclamaron del presidente municipal de dicho Ayuntamiento, la respuesta otorgada a sus escritos petitorios, a través de los cuales, solicitaron el pago de diversas cantidades que dejaron de percibir durante el lapso que fungieron como servidores públicos (regidores) de aquel Ayuntamiento;
b) Las Salas responsables, en ambos juicios, llegaron a la conclusión de que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 267, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, puesto que el Tribunal Contencioso Administrativo carecía de competencia legal, por razón de la materia, para conocer de las demandas entabladas, en virtud de que fueron promovidas con el objeto de obtener el pago de diversas cantidades que no les fueron cubiertas cuando se desempeñaron como regidores del Ayuntamiento, esto es, que la naturaleza de las prestaciones reclamadas encontraban su origen en la materia laboral y no en la administrativa;
c) En desacuerdo con la determinación, en cada uno de los procesos contenciosos, la parte actora promovió juicio de amparo, de los cuales correspondió conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la presente contradicción, quienes sostienen posturas contradictorias en torno a la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, para conocer de una demanda entablada por una persona que fungió como regidor de un Ayuntamiento contra el presidente municipal, con el objeto de que le sean pagadas diversas cantidades de dinero que no percibió en el lapso en que desempeñó aquel servicio público (regidor), puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito otorgó el amparo para el efecto de que la Sala responsable, en el supuesto de que no advirtiera diversa causa de improcedencia, procediera al análisis del fondo de la controversia, esto es, al declarar fundado el segundo concepto de violación planteado por el quejoso en el que, esencialmente, aducía que el acto impugnado era de carácter administrativo y no de naturaleza laboral, reconoció implícitamente que la vía contenciosa administrativa sí resultaba procedente, pues sostuvo que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo no podía considerarse de naturaleza laboral, en tanto que el referido artículo 10 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios excluía de la regulación estatal a los servidores públicos que ocuparan cargos de elección popular y, en otro de los juicios de garantías, se negó la protección constitucional solicitada, con base en consideraciones contrarias, esto es, que el Tribunal Contencioso Administrativo resultaba incompetente para conocer del asunto ante él planteado, por tratarse de un conflicto suscitado entre integrantes del Ayuntamiento, supuesto éste que excluía la competencia de aquel tribunal para conocer del conflicto.
Cabe destacar que el Pleno del Máximo Tribunal del País ha establecido que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, puesto que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos, respecto de un tema similar, sea discordante en lo esencial.
Sobre este aspecto se invoca la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consultable en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, del Sem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25659-3f6d4edb/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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