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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 134/2012. **********. 30 DE AGOSTO DE 2012. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 134/2012. · Registro digital (IUS): 80054
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Versión electrónica, Pág. 8.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de agosto de dos mil doce.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, **********, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los autos de formal prisión de seis de enero y veinte de agosto ambos de dos mil once, dictados en su contra en los autos de las causas penales ********** y **********, respectivamente, por el Juez Primero Militar de la Primera Región.

La parte quejosa invocó como garantías constitucionales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16, 19, 20, 73, 122, de la Constitución Federal; narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil once, la admitió y registró con el número **********, previos los trámites legales respectivos, celebró la audiencia constitucional el veintinueve de diciembre de dos mil once, en la que dictó sentencia -la cual terminó de engrosar el treinta de diciembre de dos mil once-, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando SEXTO.

SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos, autoridad, por las razones y para los efectos precisados en el considerando QUINTO.

TERCERO. Remítase copia certificada de este fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del último considerando."

TERCERO. Inconforme con tal determinación, la quejosa, por medio de su representante y el Agente del Ministerio Público, presentaron recursos de revisión, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, de fechas nueve y trece de enero de dos mil doce, respectivamente.

Mediante proveído de trece de enero de dos mil doce, el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para el conocimiento del referido recurso.

CUARTO. Recibidos los autos, por medio de acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil doce, la Presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público y por la parte quejosa, registrándolos bajo el número **********, de su índice.

QUINTO. Después de analizar las constancias, en fecha dos de diciembre de dos mil once, dicho Tribunal Colegiado, determinó que en el amparo en revisión **********, podría actualizarse uno de los temas analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de catorce de julio de dos mil once, en el expediente varios **********, toda vez que la concesión del amparo se debió a que el Juez de Distrito consideró que los autos de formal prisión reclamados fueron emitidos por una autoridad que carece de competencia legal para su emisión, a saber el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, pues si bien dichas resoluciones fueron dictadas por la comisión de los injustos (corrupción de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y abuso sexual), y que fueron probablemente cometidos por un sujeto activo perteneciente a las fuerzas militares, también lo es que las probables víctimas son menores de edad, los cuales no pertenecen al fuero castrense.

SEXTO. Por auto del seis de marzo de dos mil doce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento del recurso de revisión, asignándole el número ********** turnándolo a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, para su estudio, asimismo ordenó dar vista a las partes y al Procurador General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

Mediante pedimento **********, de fecha trece de enero de dos mil doce, el Agente del Ministerio Público de la Federación, se manifestó en el sentido de revocar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), penúltimo párrafo, de la Constitución Federal; 84, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el párrafo 55 de la resolución dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de julio de dos mil once, en el expediente varios **********; dado que fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías que por tener relación con el tema de la restricción interpretativa del fuero militar, el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil doce, determinó ejercer facultad de atracción.

SEGUNDO. Oportunidad

La sentencia de treinta de diciembre de dos mil once, fue notificada al Agente del Ministerio Público de la Federación el dos de enero de dos mil doce y el recurso de revisión lo interpuso el día trece siguiente, de lo que se advierte que fue presentado dentro del término legal establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surte efectos la notificación de la resolución recurrida, toda vez que éste corrió del día cuatro de enero de dos mil doce al diecisiete del mismo mes y año, pues fueron inhábiles los días siete, ocho, catorce y quince, por ser sábados y domingos.

A la parte quejosa, la misma sentencia le fue notificada el día cinco de enero de dos mil doce y el recurso de revisión lo presentó el día nueve siguiente, por lo que el término para su presentación, establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del nueve al veinte de enero de dos mil doce, pues se descuentan los días siete, ocho, catorce y quince, por ser sábados y domingos.

TERCERO. Síntesis de agravios

1. La quejosa hace valer como agravios, lo siguiente:

1.1 Que el juez a quo fue omiso en hacer la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, puesto que luego de hacer el estudio del artículo 13 de la Constitución Federal y del mencionado artículo 57, fracción II, inciso a), se limitó a señalar que este último vulnera lo dispuesto en el citado artículo 13, por lo que la sentencia recurrida no cumple con los principios de congruencia, fundamentación, motivación, exhaustividad, entre otros.

Que en virtud de que el mencionado artículo 57, particularmente la fracción II, inciso a), es referente a la competencia de actos en el servicio o con motivo de actos en el mismo, resulta un presupuesto procesal el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o convencionalidad del mismo.

1.2 Que no son congruentes los efectos de la sentencia de amparo, toda vez que el juez federal sólo refiere que el juez responsable deje insubsistentes los actos reclamados (autos de formal prisión) y se declare incompetente.

Que la quejosa al haber sido sometida a un juicio penal ante una autoridad incompetente, es obligado que el juez de Distrito se pronuncie respecto a la calidad en que quedará la procesada una vez que el juez Militar responsable deje insubsistentes los autos de formal prisión y declare su incompetencia, ordenando la inmediata libertad de dicha quejosa.

Lo anterior en virtud de que al haberse dejado insubsistente los autos de formal prisión, no existe auto que justifique la legal detención de la quejosa.

1.3 Que el juez de Distrito se debe pronunciar respecto de las violaciones de fondo contenidas en el escrito inicial de demanda, sin limitarse sólo limitándose a la cuestión competencial, toda vez que se violan en perjuicio de la quejosa las garantías judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

1.4 Que el juez de Distrito debe realizar en el estudio de fondo, donde sin menoscabo del interés superior del menor, garantice el principio de presunción de inocencia.

2. Por su parte, el Agente de Ministerio Público de la Federación, planteó como agravios, los siguientes:

2.1 Que la resolución dictada por esta Suprema Corte relacionada con el caso **********, es de aplicación retroactiva a favor de la quejosa, siendo que dicha sentencia rige para determinados delitos, pero no para los que se le siguen a la quejosa; por lo que los efectos jurídicos de dicho caso no son de observancia general a la causa penal de la quejosa.

Que el juez federal dejó de considerar que el principio de irretroactividad tiene su excepción en el aspecto adjetivo o procedimental.

Que al emitirse los autos de formal prisión (seis de enero y veinte de agosto, ambos de dos mil once), no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución emitida en el expediente varios **********, del caso **********, toda vez que se publicó hasta el cuatro de octubre de dos mil once.

Que por tanto, es el juez militar la autoridad competente, ya que sus actos están regidos por leyes vigentes, por lo que no operan los argumentos esgrimidos por la autoridad que concedió el amparo en el sentido de remitir la causa a otro juez.

2.2 Que el efecto que señala el a quo, en el sentido de que la responsable deje insubsistentes los autos de formal prisión y se declare incompetente, transgrede los intereses de esa fiscalía federal, en especial los derechos consagrados en el artículo 20, apartado C, de las víctimas y ofendidos, toda vez que dejar insubsistentes los autos de formal prisión, equivale a dejar libre a la quejosa, la cual puede sustraerse a la acción de la justicia, lo que constituye una franca violación a las garantías de seguridad jurídica para las víctimas u ofendidos.

2.3 Que dejar insubsistentes los autos de formal prisión, obliga a la responsable a eludir una obligación constitucional que incluso tiene consecuencias penales relacionadas con delitos de administración de justicia, además que con ello se viola el artículo 17 constitucional.

2.4 Que es incorrecto el argumento del juez de Distrito en el sentido de que, si quien conoce del asunto es un juez militar, las garantías de las víctimas u ofendidos se ven afectados, toda vez que dicho juez pasa por alto que no son los tribunales militares, ni los de orden común o federal los que garantizan los derechos de las víctimas así como la reparación del daño, sino la propia Constitución así como las leyes que rigen la materia.

2.5 Que causa agravio que el a quo considere que el artículo 13 constitucional, en relación con el 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, tienen alcance para las víctimas del delito y por esa razón, al ser civiles las víctimas en el presente asunto, considere que este asunto no puede ser de la competencia de los tribunales militares.

Que la correcta interpretación del artículo 13 constitucional estima que las personas civiles o paisanos que se menciona en su contenido y que cometen algún ilícito no pueden ser juzgados por el fuero castrense, pues en este caso es la jurisdicción ordinaria la que los juzgará y en ningún momento refiere a que los paisanos o civiles sean víctimas u ofendidos, lo que de manera indebida considera el juez de amparo, al considerar que dicho precepto constitucional también lleva inmerso a los civiles víctimas del delito, argumentación a todas luces indebida.

Cabe señalar, que los agravios se contestaran en distinto orden al que fueron planteados por razón de orden lógico.

CUARTO. Firmeza de resolutivo no recurrido

Debe quedar firme el resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por el considerando sexto de la misma, al no existir agravio formulado en su contra.

QUINTO. Estudio de agravios

Falta de declaratoria en la sentencia recurrida de la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

Es infundado el agravio de la quejosa, sintetizado en el número 1.1, del considerando tercero de este fallo, en el que se duele que en la sentencia recurrida no hay una declaratoria de inconstitucionalidad respecto del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

Es de precisarse que la quejosa en su demanda de amparo no se señaló como acto reclamado el referido artículo 57, fracción II, inciso a), ni tampoco como autoridad responsable a aquélla que emitió tal ordenamiento, ni del estudio integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir se advierte que la quejosa haya planteado la inconstitucionalidad de ese precepto.

En el quinto concepto de violación, dicha quejosa pidió la "inconvencionalidad" del señalado artículo 57, fracción II, por contravenir los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no así la declaratoria de inconstitucionalidad por vulnerar el artículo 13 constitucional.

En esas condiciones, al no haberse planteado la inconstitucionalidad del referido precepto legal, es claro lo infundado del argumento de la quejosa recurrente en el sentido de la falta de declaratoria, en la sentencia recurrida, de dicha inconstitucionalidad.

SEXTO. Falta de pronunciamiento del a quo respecto de otras cuestiones planteadas en la demanda.

Por otra parte, debe desestimarse lo aducido por la quejosa, en su agravio sintetizado con el número 1.3, del considerando tercero, en el sentido de que el juez de Distrito debió pronunciarse respecto de las violaciones de fondo contenidas en el escrito inicial de demanda y no sólo limitarse a la cuestión competencial.

Si bien es verdad que el a quo omitió el estudio de todos los planteamientos que la quejosa efectuó en su demanda, limitándose a analizar la cuestión de competencia, lo cierto es que ello obedeció a que el estudio de la competencia constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, que de resultar fundada hace innecesario el análisis de los demás planteamientos. Así, al haber resultado fundada la incompetencia del juez militar responsable, resultaba ocioso que el juez se ocupara de los demás conceptos de violación que la quejosa hizo valer en su demanda, en los que combatió por vicios propios los autos de formal prisión, pues al haberse determinado que el juez militar que los emitió era incompetente, resultaba innecesario su estudio.

Por otro lado y aplicando las mismas razones, es infundado el agravio sintetizado en el número 1.4, del tercer considerando, en donde la quejosa señala que el juez de Distrito debió realizar el estudio de fondo garantizando el principio de presunción de inocencia, sin menoscabo del interés superior del menor.

Es de señalarse que el a quo, únicamente se pronunció respecto a la cuestión de competencia para conocer del asunto de la quejosa, lo cual justificó la falta de estudio del fondo del asunto, debiendo señalarse que tal pronunciamiento de ninguna manera puede estimarse que menoscabe el principio de presunción de inocencia.

SÉPTIMO. Incongruencia de la sentencia.

Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, este Tribunal Pleno, al advertir de oficio una incongruencia en la sentencia que se revisa, procede a corregirla.

Este supremo órgano colegiado, advierte que el juez federal excedió la litis, toda vez que nunca se le planteó la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, pues sólo se le demandó la inconvencionalidad de dicho precepto.

No obstante, el Juez de Distrito en suplencia de queja, introdujo de oficio el estudio de la inconstitucionalidad del señalado precepto determinando en las consideraciones que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar vulnera lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, aunque ello no lo reflejó en los puntos resolutivos.

En efecto, no obstante que en la demanda de amparo no se realizó planteamiento de inconstitucionalidad, el juez federal hizo pronunciamiento al respecto.

Conviene precisar que de ninguna manera puede considerarse que en la demanda de amparo haya existido planteamiento de inconstitucionalidad, pues además que no se formularon argumentos de los que así se desprenda, no se señaló como acto reclamado tal precepto, ni como autoridades responsables a quienes intervinieron en el proceso legislativo que dio origen al ordenamiento que lo contiene.

La quejosa en su demanda se limitó a solicitar la declaratoria de inconvencionalidad de referido artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, para lo cual resultaba innecesario precisar las autoridades que intervinieron en su emisión.

En tales condiciones, resulta claro que el juez de Distrito se pronunció respecto de un planteamiento que no fue realizado por la parte quejosa, esto es, respecto a la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar y, omitió resolver con relación a la inconvencionalidad del mismo artículo 57, hecha valer de manera expresa en el quinto concepto de violación.

No es óbice para estimar lo anterior el hecho de que en el último párrafo de la foja 6 vuelta y segundo párrafo de la foja 7 de la sentencia que se recurre, el juez a quo haya señalado que los razonamientos que tuvo en cuenta, encuentran sustento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso **********, toda vez que se limita a aplicar el criterio de la indicada Corte internacional para llegar a la conclusión de que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar vulnera lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, por lo que de modo alguno puede considerarse que haya existido pronunciamiento de inconvencionalidad.

Resulta ilustrativa para el caso, la siguiente tesis:

Novena Época

Registro: 194156

Instancia: Segunda Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IX, Abril de 1999,

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 32/99

Página: 174

"SENTENCIA INCONGRUENTE EN AMPARO. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA CUANDO ADVIERTA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL POR UN ACTO NO RECLAMADO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, publicada bajo el rubro "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO.", existe la posibilidad de corregir el error que se haya cometido en una "sentencia documento". De ahí que, cuando la protección federal se extienda a ordenamientos o actos que no fueron reclamados por el quejoso, es evidente que dicho fallo resulta incongruente, al resolver cuestiones no reclamadas. Por tanto, cuando el tribunal revisor advierta tal incongruencia, debe regularizar la sentencia recurrida ajustándola a la litis constitucional."

Ahora bien, de manera previa a la corrección de la incongruencia antes destacada, es decir, al análisis de la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, se hacen las siguientes consideraciones en torno al control de convencionalidad.

En materia de derechos humanos, la contradicción entre una norma general interna y lo establecido en un tratado internacional, es posible analizarla a través del juicio de amparo, pues con motivo del contenido del artículo 1° constitucional reformado mediante Decreto de diez de junio de dos mil once, así como de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, relativa al caso **********y también, de la resolución de este Pleno respecto al mismo caso en el varios **********, los jueces federales, también están obligados a realizar control de convencionalidad.

Si bien los juzgadores federales tienen facultades constitucionales para hacer control concentrado en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también las tienen para realizar control de convencionalidad en términos de los artículos 1° y última parte del 133 de la propia Carta Magna.

Así, los juzgadores de amparo al advertir la inconvencionalidad de un precepto legal que sustente el acto reclamado, deberán otorgar la protección constitucional respecto del acto en el que se concretó lo dispuesto en él, inaplicando este último y dando preferencia a la Constitución y los Tratados Internacionales.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

Décima Época

Registro: 160589

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXVII/2011(9a.)

Página: 535

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

Es decir, una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad, estableciendo que la norma interna es contraria a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e incluso, en interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizará el acto reclamado, prescindiendo o inaplicando el precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos.

Debe resaltarse que este Alto Tribunal al resolver el varios **********, relativo al caso **********, estableció el parámetro de análisis que deben ejercer los juzgadores para este tipo de control de convencionalidad, el cual se contiene en la siguiente tesis:

Décima Época

Registro: 160526

Instancia: Pleno

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.)

Página: 551

"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte."

Ahora bien, la inconvencionalidad de una norma de derecho interno, no es necesario reflejarla en los puntos resolutivos, pues el pronunciamiento de inconvencionalidad sólo trasciende al acto de aplicación, pues tal control no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico.

En efecto, el acto reclamado no lo es la ley, sino el acto en el que se aplica la norma interna cuya inconvencionalidad se demanda, por ello resulta innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma, pues no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sino sólo una inaplicación de ésta en el acto reclamado; esto es, la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado.

Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal Pleno procede a corregir la incongruencia destacada al inicio del presente considerando.

OCTAVO. Estudio de la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar.

Ante la incongruencia de la sentencia destacada en el anterior apartado, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno procede a analizar el quinto concepto de violación de la manera en que efectivamente fue planteado.

En dicho concepto de violación la quejosa expresamente pide la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, toda vez que contraviene los artículos 2 y 8.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Señala dicha quejosa, que lo anterior se sostiene en virtud de que en la causa penal, las presuntas víctimas menores de edad son civiles, por lo que de conformidad con lo resuelto por este Alto Tribunal en el expediente varios **********, la competencia no puede surtirse a favor de un juez militar, pues ejercería competencia sobre presuntas víctimas civiles.

Lo anterior es fundado como se pasa a demostrar.

De las constancias que integran los autos de las causas penales ********** y **********, de las que deriva el presente asunto, se pone de manifiesto que el Juez Militar señalado como autoridad responsable en el juicio de garantías, dictó los autos de formal prisión de seis de enero y veinte de agosto, ambos de dos mil once, en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de:

a) CORRUPCIÓN DE PERSONAS QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD DE COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO, previsto y sancionado por los artículos 201, inciso f) y 205 bis, inciso e), del Código Penal Federal, aplicados por competencia atrayente de conformidad con los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58, del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 50, fracción f, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; y,

b) ABUSO SEXUAL, previsto y sancionado por los artículos 261 primera parte y 266 bis, fracción III, del Código Penal Federal, aplicados por competencia atrayente en términos de los preceptos del Código de Justicia Militar y de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal antes precisados, en agravio de diversos menores de edad.

Asimismo se advierte, que quien es probable responsable de la comisión de los señalados delitos tiene la calidad de militar y que las víctimas son civiles.

Así, en ejercicio de la atribución derivada de los artículos 1º y 133(1) de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno se pronuncia sobre la inconvencionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de rubro "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD", la cual quedó transcrita en el considerando anterior.

El artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, es del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I...;

II. los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a). Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;..."

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 2 y 8.1, señala:

"Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80054-00e133a2/amparo-en-revision-134-2012-30-de-agosto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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