CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE VALIDAMENTE ACREDITAR SUS TERMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESION FICTA, Y NO SOLO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE.
CONTRADICCION DE TESIS 27/94. ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, tiene legitimación para denunciar la contradicción de tesis que se plantea, porque los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A, de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los propios Tribunales que las sustenten.
TERCERO. Corresponde a continuación, como consecuencia, verificar si en el caso existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.
A). El juicio de amparo directo número AD-113/94, radicado en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, tiene como antecedentes, los siguientes:
Carlos Lara Juárez ocurrió ante la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara, demandando de Ferrocarriles Nacionales de México, Región Pacífico:
"a). El pago de la pensión mensual jubilatoria que le corresponde a la base del 100% del salario que percibió el trabajador, al momento de su jubilación y que fue el 1o. de marzo de 1987 como personal de confianza de conformidad a lo establecido por los numerales 9o., 192 y demás relativos de la ley laboral así como en base al Reglamento de Jubilaciones para Empleados de Confianza Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta al promedio del salario integrado mensual de los últimos doce meses anteriores a su jubilación y en el momento del otorgamiento tenía un alcance de $341,539.20 (trescientos cuarenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.) mensuales como salario tabulado y más las prestaciones que forman parte integral del salario para efectos de jubilación de conformidad al Reglamento de Jubilaciones para Empleados de Confianza y de conformidad a la Cláusula 384 del Contrato Colectivo de Trabajo de Ferrocarriles Nacionales de México, Región Pacífico nos dan un salario integrado mensual que percibió el trabajador actor de $527,985.30 cantidad que debió de tomar en cuenta la ahora demandada para cuantificar la pensión mensual jubilatoria del actor, no obstante lo anterior la demandada lo jubiló con la cantidad de $112,321.90 mensuales, esto aplicando indebidamente lo establecido por el contrato colectivo de trabajo en sus Cláusulas 382, fracción II y 386 las que no eran aplicables en el caso de la actora, puesto que las mismas se refieren a personal de escalafón y mi mandante desarrollaba un puesto de confianza como se acreditará oportunamente y en forma por demás indebida, de igual forma la demandada manifestó que `con la de $44,643.08 que le asignó por invalidez el I.M.S.S. se complementa la que le corresponde como empleado de confianza' algo a todas luces indebido puesto que es independiente una pensión por invalidez que la pensión que me correspondía por los años de servicios, sin embargo ni aun sumando las dos cantidades nos dan la pensión que en derecho me correspondía de conformidad al reglamento y a la cláusula del contrato antes invocado, esto sin perjuicio de los subsecuentes incrementos que otorgó la demandada sobre la pensión y los cuales se acreditarán oportunamente de donde se desprende que debido a dichos aumentos actualmente la demandada le debe de cubrir al actor como pensión mensual jubilatoria la suma de $3'033,198.19 y así como los incrementos que se sigan otorgando por la demandada al personal jubilado hasta la total finalización del presente juicio, hago mención que la demandada le cuantificó dice, notificó al trabajador actor su jubilación hasta el día 3 de noviembre de 1987, es decir, casi 8 meses posterior a la fecha en que solicitó el beneficio de su jubilación lo que se acreditará oportunamente, por lo que se hizo acreedor a la pena impuesta por la Cláusula 194, inciso 3) del contrato colectivo de trabajo y que impone una multa del 50% del monto de la pensión en el caso de que la Junta de Jubilaciones (sic) de la demandada no resuelva los casos a revisión en el término máximo de 60 días, lo que en el caso que nos ocupa se excedió en demasía de tal tiempo, por lo que se reclama el pago de tal sanción en favor de mi mandante. b). Por el pago del 53.36% de la pensión mensual jubilatoria a la base señalada en el inciso que antecede como pago de los años que en exceso trabajó al servicio de la demandada de conformidad a la Cláusula Tercera del Reglamento de Jubilaciones para los Empleados de Confianza toda vez que laboró al servicio de la misma durante 38 años, 09 meses, por lo que se excedió en 8 años 09 meses de los 30 necesarios para ser sujeto de jubilación, esto independientemente de la pensión a que se refiere el inciso que antecede. c). Por el exacto cumplimiento de las instrucciones expedidas por la empresa demandada con fecha 27 de enero de 1971 por conducto de su Subgerente de Administración Lic. Francisco O' Reilly Llano, respecto de las reglas que deben atenderse para los efectos del otorgamiento de la pensión mensual jubilatoria en tratándose de trabajadores de confianza aplicables exactamente en el presente caso. d). El pago de las diferencias existentes entre la pensión que se le otorgó de $112,321.92 erróneamente y la que se le debió de haber otorgado de $527,985.30 a partir del 1o. de marzo de 1987, más los incrementos que se han venido otorgando al personal jubilado por la demandada a partir de dicha fecha. e). Se demanda por el pago del 20% de sus salarios por conceptos de renta, conforme a la Cláusula 210 apartado 3, inciso C) y 4, inciso A) del Contrato Colectivo de Trabajo del Ferrocarril del Pacífico. f). Por el exacto cumplimiento de las instrucciones expedidas por el Sr. Ignacio Arreola Leal, Subgerente Regional Administrativo de la demandada, respecto de la forma en que debe calcularse la pensión mensual jubilatoria para empleados de confianza, exactamente aplicables al caso en cuestión. g). Por el pago de 1 mes de salario por concepto de indemnización a que se refieren los artículos 53, fracción I y 54 de la Ley Federal del Trabajo, por la incapacidad física no profesional del trabajador actor."
Fundó su demanda en los hechos siguientes:
"1). El día 01 de marzo de 1987 el trabajador actor fue jubilado del servicio de la empresa demandada en el puesto de maestro mecánico ayudante personal de confianza, haciendo mención que su jubilación obedeció a la incapacidad física no profesional que dictaminó el I.M.S.S. y fue notificado por la demandada de su jubilación hasta el 3 de noviembre de ese año anterior no obstante el I.M.S.S. le había declarado la invalidez definitiva desde fecha 1o. de marzo de 1987, haciendo de igual forma mención que en la fecha de su jubilación el trabajador actor devengaba un salario promedio integrado durante los últimos doce meses anteriores de $527,985.30 sin embargo la demandada indebidamente le cuantificó su pensión en la cantidad de $112,321.92 (ciento doce mil trescientos veintiún pesos 92/100 M.N.) aplicando indebida y dolosamente el contrato colectivo de trabajo y señalando que su pensión se complementaba con la pensión otorgada por el I.M.S.S., lo que es a todas luces indebido, ya que se trata de dos conceptos totalmente diversos de igual forma manifiesto que mi mandante vino desde 1978 desempeñando diversos puestos de confianza al servicio de la empresa de donde se desprende que la demandada debió aplicar el Reglamento de Jubilaciones de Empleados de Confianza y en base al mismo y a las instrucciones del Lic. Francisco O'Reilly Llano Subgerente de Administración de la demandada expedidas con fecha 27 de enero de 1971, exactamente aplicables en el caso que nos ocupa debió otorgarle su pensión mensual jubilatoria al 100% por haber reunido 38 años 09 meses de servicios prestados con una pensión de $527,985.30 (quinientos veintisiete mil novecientos ochenta y cinco pesos 30/100 M.N.) y no otorgada erróneamente, ya que conforme lo prevé el Reglamento de Jubilaciones para Empleados de Confianza el porcentaje que corresponde a la demandada de haberle otorgado y que debería de haber sido del 100% del salario tomando como base los doce meses anteriores a la misma si el promedio del salario tabulado mensual en esas fechas fue de $341,539.20 más las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima de las mismas, cuotas al I.M.S.S., Infonavit, fondo de ahorro 15% que aporta la empresa y 15% que aporta el trabajador por el mismo concepto incrementaban su salario en la suma de $186,446.10 por lo que para efectos de cuantificar su pensión mensual jubilatoria la demandada debió tomar como base el salario promedio mensual integrado que percibió el trabajador durante los últimos doce meses anteriores a su jubilación, siendo dicho salario integrado de $527,985.30 lo anterior de conformidad a lo establecido por la Cláusula 304 del contrato colectivo de trabajo, independientemente del pago del 53.36% que por exceso en el tiempo de servicios prestados le correspondía. 2. El contrato colectivo de trabajo en su Cláusula 210; apartado 3, inciso C) y 4 apartado A) prevén que es obligación de la empresa construir habitaciones para sus trabajadores en el caso que no lo hiciere pagará por concepto de ayuda de renta el 20% de sus salarios y en el caso que nos ocupa la demandada no dio cumplimiento a tal prestación. 3. En virtud de que las prestaciones reclamadas fueron planteadas por el trabajador en forma extrajudicial a la demandada en forma extrajudicial (sic) y dado que las mismas fueron del todo infructuosas originó acudiese ante su H. Jurisdicción a plantearlas en esta vía."
Seguido el juicio laboral en sus trámites, la citada Junta dictó el laudo correspondiente el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, resolviendo que la parte actora probó parcialmente sus acciones y la demandada no compareció a juicio, absolviendo a ésta, de las prestaciones reclamadas en los incisos a) a la f), ya transcritos y condenándola al pago de un mes de salario por concepto de indemnización constitucional, en los términos de los artículos 53, fracción I y 54, de la Ley Federal del Trabajo.
Inconforme con dicho laudo el trabajador demandante promovió demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mismo que dictó sentencia el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, negando la protección federal solicitada, con base en las consideraciones que en lo que interesa, en seguida se transcriben:
"En otro aspecto, no conculca las garantías del inconforme, la absolución decretada por la Junta responsable, por lo que ve a las diversas prestaciones reclamadas cuyas pretensiones consistieron, por una parte, la de obtener una cuantificación y pago mayor de la pensión jubilatoria otorgada, porque, en concepto del reclamante, la que le fue concedida no se ajusta a las disposiciones contractuales que, como empleado de confianza, y dados sus años de servicios, adujo le eran aplicables; y por otra, el pago de la prestación prevista por la Cláusula 210 del Contrato Colectivo de Trabajo del Ferrocarril del Pacífico, dado que, la conclusión a que arribó, -de absolver de tales prestaciones-, por acertada, no conculca las garantías individuales del quejoso, porque es inexacto que dicha autoridad pudiera condenar a la demandada a su pago, dado que, las Juntas, ante todo, deben examinar la procedencia de la acción y si de los hechos expuestos o pruebas rendidas advierten que es improcedente la acción puesta en movimiento, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones hechas valer o inclusive ninguna se haya opuesto, en acatamiento a la jurisprudencia número 20, sustentada por la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: `ACCION, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos so pena de que su ejercicio se considere ineficaz'; sin que ello signifique que la Junta, se convierta en `coadyuvante' de la empresa ferroviaria tercera perjudicada. En efecto, las prestaciones reclamadas, puntualizadas líneas atrás, constituyen prestaciones extralegales, cuya reglamentación no se encuentra en la ley, sino en el contrato colectivo de trabajo, reglamentos o disposiciones aplicables, por lo que, al no estar regidas por el artículo 123 constitucional y ser su otorgamiento de origen extralegal, la carga de probar en el juicio laboral su procedencia, de manera plena, compete exclusivamente a la parte trabajadora, como lo ha clarificado este Tribunal Colegiado en la Jurisprudencia número 43 que puede consultarse en la Gaceta número 70 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, que dice: `PRESTACIONES EXTRALEGALES. CARGA DE LA PRUEBA. Si bien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto del contrato de trabajo, tal exigencia se refiere a la demostración de las condiciones individuales de labores o garantías mínimas del contrato individual de trabajo, bajo las cuales el subordinado ha de prestar sus servicios, relacionados en el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, a cuyo caso no puede asimilarse la obligación de probar las condiciones de trabajo previstas en un contrato colectivo de trabajo, porque éstas no encuentran su origen en la ley, sino en el acuerdo de voluntades tenido entre el patrón y el sindicato que representa el interés profesional de sus trabajadores, así que tratándose de prestaciones previstas en el pacto colectivo, es el actor y no el demandado quien debe soportar la carga de probar.'; `... para acreditar la procedencia del derecho, traducido en la procedencia de las prestaciones extralegales reclamadas con base en la exposición de hechos relativos, en razón de que, en tratándose de la deducción de esta clase de pretensiones jurídicas, debe probarse, de manera indubitable, su procedencia, para lo cual, tiene que suministrarse al juicio laboral copias certificadas o simples para ser cotejadas con su original, que contengan las disposiciones extralegales en que se funda tales pretensiones, para que sólo de esta manera el juzgador esté en aptitud jurídica de constatar si hubo desacato por parte del patrón a lo que establecen las normas contractuales atinentes invocadas y cuyo texto, inclusive, en concepto del actor, reprodujo en la demanda laboral, pues de no ser así, no obstante de que se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, deberá dictarse laudo absolutorio, .'."b). En lo correspondiente al juicio de amparo directo número 74/91, radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, tiene como antecedentes los que se relatan a continuación.
Manuel Bugarini Caballero, en su carácter de apoderado de Sergio Lucero Bernal, ocurrió ante la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad capital, demandando de la Comisión Federal de Electricidad diversas prestaciones derivadas de la reinstalación del actor en el puesto que venía desempeñando, a que fue condenada la demandada con motivo del despido injustificado de dicha parte. Seguido el juicio en sus trámites la Junta mencionada dictó el laudo correspondiente, en el que absolvió a la demandada, entre otras prestaciones que le fueron reclamadas, del pago de aquéllas deducidas del contrato colectivo.
Inconforme con el referido laudo, el actor en el juicio laboral, promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el que pronunció sentencia el trece de mayo de mil novecientos noventa y uno, en el que concedió al quejoso la protección federal solicitada.
Las consideraciones en que se apoyó dicha resolución, en lo conducente, son las siguientes:
"TERCERO. Como primer motivo de inconformidad se alega que la autoridad responsable en el laudo que constituye el acto reclamado indebidamente absolvió a la demandada Comisión Federal de Electricidad de pagar al actor aquí quejoso las prestaciones que reclamó en los incisos a), b), c), d), e) y f), de su escrito de demanda consistentes en fondo de ahorro, ayuda de renta, servicios eléctricos, cuota de transporte, ayuda de despensas y fondo de previsión social respectivamente, basándose la citada autoridad en que tales reclamaciones fueron hechas conforme al contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales dentro de la empresa demandada y éste no fue aportado como prueba; sin embargo dice el quejoso, la autoridad responsable debió tomar en cuenta que en la especie al no haber comparecido la parte demandada a dar contestación a la demanda, ésta se le tuvo por contestada en sentido afirmativo, en los términos del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, y en esas condiciones le correspondió a dicha demandada en todo caso probar, que, de acuerdo con el contrato colectivo el actor no tiene derecho al pago de las prestaciones antes citadas, pero como la referida parte patronal tampoco ofreció pruebas al no haber comparecido a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, consecuentemente quedaron sin controvertir los hechos de la demanda, quedando como verdad legal entre otras cosas lo siguiente: Que el actor es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad desde abril de 1962; que fue despedido de su trabajo en febrero de 1978, siendo reinstalado en julio de 1989; que en dicho período la empresa omitió pagarle las prestaciones que se reclamaron en los incisos a), b), c), d), e) y f) del escrito de demanda y a las que tiene derecho conforme al contrato colectivo de trabajo, que la empresa tiene celebrado con el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana al cual pertenece el actor; que por tal motivo, al no haberse controvertido los hechos anteriores, la Junta debió condenar a la demandada al pago de las multicitadas prestaciones. Es fundado el anterior motivo de inconformidad porque contrario a lo que consideró la autoridad responsable en el laudo que se le impugna y como bien lo alega el quejoso, en el caso que nos ocupa debió haberse condenado a la parte demandada al pago de las prestaciones a que hace referencia el amparista en su motivo de inconformidad, porque aun cuando es cierto que tales reclamaciones, tienen su fundamento de procedencia en el contrato colectivo que rige las relaciones laborales con la empresa demandada y que tal contrato no fue exhibido como prueba, también es cierto que la exhibición de dicho documento se hace necesaria cuando existe controversia sobre la procedencia de tales reclamaciones, pero como en la especie al no haber comparecido la parte patronal a contestar su demanda en la etapa procesal correspondiente, como se aprecia a fojas 53 y 54 de los autos del juicio laboral con fundamento en el artículo 879 de la Ley del Trabajo, se tuvieron por ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos contenidos en la demanda como fueron entre otros los siguientes: a). Que el actor es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad desde el mes de abril de 1962. b). Que en febrero de 1978 fue despedido de su trabajo y posteriormente en julio de 1989 fue reinstalado en el mismo. c). Que en el período de febrero de 1978 a julio de 1979 la empresa omitió pagarle las prestaciones que reclamó en los incisos a), b), c), d), e) y f) de su escrito inicial de demanda, a las cuales tiene derecho conforme al contrato colectivo de trabajo y por ser miembro del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; y toda vez que, la empresa en cuestión, tampoco ofreció pruebas que desvirtuaran tales hechos, pues no compareció a la etapa procesal respectiva (fojas 54) es incuestionable que con ello quedó demostrado el derecho del actor a percibir el pago de las prestaciones que reclamó en los apartados a que aquí se ha hecho referencia sin que tuviera necesidad de exhibir el contrato colectivo de trabajo; al no haberlo estimado así la autoridad responsable es indudable que violó en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, de ahí que se estima fundado el presente motivo de inconformidad."
Atento a los antecedentes relatados y con el fin de dilucidar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, se advierte, previamente, que al pronunciarse los Tribunales Colegiados de que se trata en las ejecutorias respectivas, en cada caso se refieren a dos aspectos distintos: Uno, la parte en el juicio laboral a la que corresponde la carga de probar los términos del contrato colectivo tratándose de prestaciones deducidas de dicho contrato; y otro, la posibilidad de que tal extremo se pruebe con elementos distintos de la exhibición del contrato colectivo, como cuando ante la incomparecencia de la demandada a juicio, se le tienen por contestados en sentido afirmativo los hechos de la demanda.
Por lo que hace a la cuestión primeramente mencionada, conviene realizar un análisis comparativo de las invocadas tesis emitidas por los citados Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Primero del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido se transcribe a fojas dos y tres de este fallo, respectivamente.
Pues bien, del estudio del texto de las referidas tesis, ha de concluirse que a ese respecto no existe la contradicción que se denuncia, por las razones siguientes:
La tesis citada en primer término, esto es, la que sustenta el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo número 113/94, enfatiza que la carga procesal de probar las prestaciones extralegales corresponde al actor en el juicio laboral, ello, porque estas prestaciones encuentran su origen en un acuerdo de voluntades entre el patrón y el sindicato que representa el interés profesional y no en las condiciones individuales de trabajo del contrato, las que conforme al artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde su demostración al patrón.
Como se ve, esta tesis plantea un supuesto genérico que se reduce a establecer la parte a la que se impone dicha carga procesal, deducida de la regulación excepcional a que se contrae el artículo 784 invocado.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis en que se apoya la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo número 74/91, aunque también acepta que a la parte actora corresponde exhibir el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero patronales si demanda prestaciones extralegales, aclara que ello es necesario cuando se suscita controversia al respecto, pero no cuando a la parte demandada, por no comparecer a juicio, se le tuvieron por ciertos los hechos relativos de la demanda.
Como se ve, esta tesis no difiere substancialmente en el primer aspecto de la analizada en primer lugar, ya que admite la misma conclusión, esto es, que corresponde al actor la demostración de las prestaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo, por lo cual se considera que en la primera parte señalada, no existe la contradicción planteada, atento a lo sostenido por la anterior Cuarta Sala de este alto Tribunal en la Jurisprudencia número 22/92 publicada en la página 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de losmismos elementos."
En relación con el segundo aspecto de la contradicción denunciada que se deduce de los antecedentes relatados, debe considerarse que en el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis.
En efecto, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, sostiene que si el trabajador actor no exhibe el contrato colectivo (o las cláusulas respectivas, se entiende), no puede demostrar los extremos de la acción que se base en él, aunque a la demandada, por no comparecer, se le tengan por contestados en sentido afirmativo los hechos de la demanda; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, sostiene que en el caso referido no se hace necesaria la exhibición a cargo del actor del documento que justifique las prestaciones contractuales, por no existir controversia sobre los hechos en que se basan dichas reclamaciones.
En las relacionadas condiciones y de acuerdo con la tesis de la anterior Cuarta Sala antes invocada, queda configurada la contradicción de tesis al respecto.
CUARTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que con el carácter de jurisprudencia debe prevalecer, en lo esencial, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
Los artículos 776 a 783, de la Ley Federal del Trabajo, disponen:
"Art. 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V. Inspección; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y VIII. Fotografías y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."
"Art. 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes."
"Art. 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos."
"Art. 779. La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles, o intrascendentes, expresando el motivo de ello."
"Art. 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo."
"Art. 781. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban."
"Art. 782. La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate."
"Art. 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación y Arbitraje."
De las disposiciones legales antes transcritas cabe destacar por su importancia, en primer lugar, la amplitud que en materia de pruebas existe en el procedimiento laboral, ya que hace admisibles todos los medios probatorios que permitan llegar a la verdad real, pues establece los elementos de convicción especiales y las reglas generales y específicas que han de aplicarse en cada caso, tanto en su admisión y preparación, como en su desahogo; más todavía, la ley establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional ocurra, de oficio, a la procuración de cualquier medio probatorio que pueda conducir al esclarecimiento de los hechos, inclusive obligando a otras autoridades o personas ajenas al juicio.
La Suprema Corte ha estimado que tan amplia apertura en materia probatoria, que tiene la finalidad de descubrir la verdad, redunda en beneficio de las partes en el juicio laboral, criterio que rige aun cuando la ley, en algunos casos, atribuye al patrón la carga probatoria de ciertos hechos en términos del artículo 784. Así, en las tesis jurisprudenciales 10/91 y 11/91, ambas derivadas de la contradicción de tesis 14/89, se establece lo siguiente, respectivamente:
"INSPECCION, PRUEBA DE. PROCEDE SU ADMISION PARA DEMOSTRAR HECHOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRON TIENE OBLIGACION LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. De los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la parte patronal tiene determinadas cargas probatorias y la obligación de conservar y exhibir en juicio diversos documentos relacionados con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral. Además, que en caso de controversia sobre alguno de los puntos alegados, si el patrón incumple con dicha obligación, se genera en su contra una sanción, consistente en que se tendrán por presuntivame
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3296-7fe2a015/contrato-colectivo-de-trabajo-prestaciones-deducidas-del-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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