PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SON RECURRIBLES LAS DETERMINACIONES QUE LAS CONCEDAN O NIEGUEN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 161/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.
Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.
El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO denunció la posible contradicción de criterios en resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados ya precisados.
SEGUNDO. La denuncia se presentó ante el PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, el que la radicó con el número de contradicción de criterios 161/2024. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, el PLENO declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y lo remitió a este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR.
TERCERO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 161/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.
CUARTO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; así como en lo resuelto en la Contradicción de Criterios 381/2023 por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por Tribunales Colegiados del Primer Circuito, que está comprendido en la Región Centro-Sur, y resolvieron asuntos de naturaleza civil.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por persona con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la LEY DE AMPARO, toda vez que se formuló por el JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, quien emitió las resoluciones fueron impugnadas en los recursos de revisión de donde provienen las sentencias con pretendidos criterios contradictorios, como se advierte en los expedientes electrónicos respectivos.
TERCERO. Antecedentes y consideraciones de los criterios.
Los antecedentes y las consideraciones esenciales de los Tribunales Colegiados son las siguientes
• Amparo en revisión 248/2023 resuelto por el DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL (veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro).
Este asunto proviene de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la falta de emplazamiento y la inmovilización de una cuenta bancaria de una persona jurídica, que fue ordenada como providencia precautoria al admitirse una demanda a juicio oral mercantil.
En la sentencia de amparo se sobreseyó respecto del primer acto porque, al no haberse dictado el fallo que resuelva el juicio natural, lo atinente al emplazamiento debió impugnarse en el curso del procedimiento. En cambio, respecto de la medida precautoria se otorgó la protección constitucional al estimarse que indebidamente se dictó de plano, a pesar de haber sido solicitada una vez iniciado el juicio oral mercantil, lo cual implicaba que debía tramitarse de forma incidental y, en caso de ser procedentes, ordenarse la citación de la parte contraria.
El Tribunal Colegiado revocó la concesión del amparo y resolvió el sobreseimiento en el juicio al estimar, por unanimidad, que el otorgamiento de las medidas precautorias debió impugnarse mediante el recurso ordinario (el de revocación) en observancia al principio de definitividad. Las consideraciones esenciales son:
• El Código de Comercio establece para las determinaciones que decretan medidas precautorias, el recurso de apelación, esto se deprende de los artículos 1,390 Bis 1, 1,183, 1153, 1339 y 1340.
• La interpretación de los citados artículos lleva a inferir que las resoluciones sobre medidas cautelares sí admiten recurso, ya que su tramitación será bajo las reglas del capítulo especial para ese tipo de procedimientos, entre las cuales se prevé la procedencia de medios de impugnación.
• En el caso, al llevarse el trámite en la vía oral, el cual tiene como principio, entre otros, el de celeridad, entonces, el recurso procedente será el de revocación porque éste se tramita por el mismo juzgador que emite el acto impugnable.
• Las medidas cautelares son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del resultado final o del contenido positivo o negativo, el juez puede adoptar para que el resultado de la resolución que en su momento emita pueda surtir efectos plenos, sobre la base de que su objeto, como ya se dijo, es preservar anticipadamente una consecuencia previsible que debe realizarse en el curso del proceso. Por lo consiguiente, las medidas cautelares no se tratan de un juicio de cognición propiamente dicho, cuyas partes son el actor, el demandado y el tercero, sino que son de naturaleza cautelar (prevenir la consecución de un derecho que, en su caso, se reconocerá con posterioridad), en tanto que, cuentan con características propias y diferentes de aquél.
• En consecuencia, con el dictado y ejecución de una medida cautelar, el juez vincula a que el afectado no pueda disponer del bien o del derecho sobre el que se ejecutó. Bajo esa óptica, este Tribunal Colegiado estima que, en la especie, contrario al dicho de la quejosa, es inexacto que le asista el carácter de tercera extraña al procedimiento, pues como ya se dijo, sí es parte en el juicio (demandada), por lo tanto previamente a promover su demandada de amparo indirecto, debieron agotar el recurso ordinario (revocación), en observancia del principio de definitividad del acto reclamado.
• Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1747, registro digital 2018338, del rubro y texto siguientes: “PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN.”
• Amparo en revisión R.C. 152/2024 resuelto por el Décimo Quinto Colegiado en Materia Civil (nueve de mayo de dos mil veinticuatro).
El asunto proviene de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la determinación que negó al actor (peticionario) la providencia precautoria solicitada en el juicio oral mercantil de origen. Dicha determinación fue emitida con posterioridad a la presentación del escrito de demanda del juicio natural.
La resolución de amparo sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, al considerarse que la peticionaria no observó el principio de definitividad, ya que previamente debió interponer recurso de revocación contra el auto que negó la providencia precautoria solicitada.
El Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento y ordenó la reposición del procedimiento al considerar, por mayoría de votos, que el actor no está constreñido a interponer el recurso de revocación cuando la determinación reclamada es dictada dentro del procedimiento oral mercantil, de acuerdo con lo siguiente:
• Tratándose de providencias precautorias relacionadas con los juicios orales mercantiles, la actuación de los juzgadores debe regirse por las disposiciones relativas a este tipo de procedimientos, ya que se trata de actos procesales dictados en el procedimiento oral, no antes, por lo que se encuentran tutelados por la regla de irrecurribilidad.
• Conforme al artículo 1390 Bis del Código de Comercio, contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, por lo que si la negativa de otorgar providencias precautorias se dictó dentro de un juicio oral mercantil, y no como un acto prejudicial; entonces el recurrente no estaba constreñido a interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 1153 del Código de Comercio.
• Sin que para alcanzar dicha conclusión obste lo resuelto por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en la contradicción de tesis 4/2018 de su índice, pues dicha colisión de criterios se refiere exclusivamente a providencias precautorias prejudiciales.
• Efectivamente, en dicho precedente el Pleno de Circuito resolvió que, tratándose de providencias precautorias prejudiciales, no operaba la regla de irrecurribilidad y que, en su lugar, debían observarse las reglas relativas a las medidas cautelares, conforme a las cuales, la resolución que las denegara sí sería recurrible. Ello, en función de que todos los asuntos que participaron en dicha contradicción de tesis emanaban de providencias precautorias solicitadas antes de juicio, no dentro de éste, por lo que la materia de la contradicción se circunscribió solamente a determinar si se debía o no agotar el principio de definitividad tratándose de actos prejudiciales; es decir, que antecedieran al juicio oral mercantil. En tal virtud, lo decidido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito no rige en el caso concreto, pues debe recordarse que el acto reclamado se dictó dentro del juicio oral mercantil, no antes de éste, que fue el supuesto examinado por dicho órgano colegiado; de ahí que el sobreseimiento combatido resulte ilegal.
• No se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado no procede recurso alguno.
• La quejosa solicitó que se decretaran providencias precautorias de retención de bienes en contra de los enjuiciados y el Juez negó la petición de providencias precautorias y las sujetó al emplazamiento de los demandados, por haberse solicitado una vez iniciado el procedimiento
• Los razonamientos dieron origen a las jurisprudencias PC.I.C. J/79 C (10a.) y PC.I.C. J/80 C (10a.) que dicen: “PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS.”, no son aplicables en este caso pues se tratan de hipótesis distintas.
• El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determinó que contra la negativa de las providencias precautorias procede recurso de revocación; sin embargo se refieren a las dictadas prejudicialmente, por lo tanto no pueden ajustarse para medidas cautelares o providencias precautorias solicitadas después de iniciado el juicio oral mercantil.
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.
Para resolver sobre la existencia de contradicción de criterios se toma en cuenta que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN(1) ha sentado los siguientes requisitos:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Estos requisitos se cumplen en el presente caso.
Los dos litigios de origen fueron juicios orales mercantiles, dentro de los cuales se solicitaron providencias precautorias; en un caso se otorgaron y en el otro se negaron. Tales determinaciones fueron reclamadas en amparo indirecto y contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito se interpusieron recursos de revisión.
Los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver si las determinaciones que deciden sobre las providencias precautorias son recurribles cuando son emitidas dentro de juicio oral mercantil y, en torno a ese tema jurídico, arribaron a conclusiones opuestas de acuerdo con el sentido que le dieron a determinadas normas del CÓDIGO DE COMERCIO.
Esto es, mientras que el DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO estimó que las resoluciones descritas sí admiten recurso ordinario en términos de lo dispuesto en los artículos 1,390 BIS 1 y 1,183 de la ley en cita, ya que la tramitación de las providencias precautorias será conforme a las reglas del capítulo especial para ese tipo de procedimientos, el DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO consideró que de acuerdo con los artículos 1390 BIS y 1390 BIS 11, del código en comento, no procede recurso alguno contra las resoluciones dictadas en las providencia precautorias una vez instaurado el juicio oral mercantil, ya que éste inicia con el escrito de demanda; de manera que todas las resoluciones emitidas con posterioridad a ese escrito inicial son las que forman parte de tal proceso y son irrecurribles.
No se opone a la existencia de la contradicción el hecho de que en uno de los casos se haya otorgado la providencia precautoria y en otro se haya negado, toda vez que, sustancialmente, constituyen determinaciones que recaen al ejercicio de la acción cautelar, de modo tal que su otorgamiento o negación son susceptibles de producir efectos lesivos en quien recaen los efectos de tales medidas, o bien, en quien no las obtiene.
La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN se ha referido a la recurribilidad de ambos tipos de determinaciones en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2024 (11a.)(2) de rubro: “RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1183 Y 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, INDISTINTAMENTE DE QUE SE HAYAN OTORGADO O NO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.”. Además, cabe apuntar que ese criterio no hace improcedente la presente contradicción, en virtud de que no se ocupa de la vertiente en la que las providencias precautorias sean dictadas dentro de un juicio oral mercantil, en el cual rige la regla de irrecurribilidad de las determinaciones que en éste se emitan; regla esta última a propósito de la cual surge la contradicción entre los tribunales aquí contendientes.
Así, de las posiciones en disenso surge la cuestión a dilucidar consistente en determinar si la norma de inimpugnabilidad de las resoluciones dictadas en los juicios orales mercantiles, prevista en el artículo 1,390 BIS del CÓDIGO DE COMERCIO, es aplicable a las providencias precautorias dictadas una vez iniciado el juicio, o bien, éstas son recurribles conforme a lo dispuesto en el artículo 1,183 de la ley citada.
QUINTO. Estudio.
Para resolver el disenso entre los órganos jurisdiccionales empezaremos el estudio exponiendo la doctrina y normativa (CÓDIGO DE COMERCIO) relativa a las providencias precautorias y los juicios orales mercantiles, temáticas en las que se incardina la solución al presente caso.
Mucho de ello quedó plasmado en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.)(3) de rubro: “PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN.”; así como la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.)(4) de rubro: “PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS.”. Ejecutoria emitida por el entonces PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO al resolver la contradicción de tesis 4/2018, el dos de octubre de dos mil dieciocho. Dicho fallo contiene una vasta exposición de doctrina sobre la clasificación de las acciones y los procesos de acuerdo con su finalidad (cognitivos, ejecutivos y cautelares) que es de gran utilidad traer aquí a colación, atento a que en esta ocasión tanto las providencias precautorias y el juicio oral mercantil son igualmente las dos figuras jurídicas que aquí conciernen.
Como se explicó prolijamente en dicho fallo, cada una de estas figuras corresponden a acciones y procesos distintos y cada uno tiene sus propios fines y entidad normativa procesal específica. Ahí se expuso que:(5)
En el diccionario procesal(6) de EDUARDO PALLARES se hace el siguiente resumen de la clasificación de los procesos, bajo el concepto “Procesos (Su clasificación)”:
"La clasificación cambia según el autor que la elabora o expone. Predomina, sin embargo, la que se funda en el fin que el proceso está llamado a realizar, clasificación que los autores llaman teleológica y que ahora está en boga. Según ella, los procesos se clasifican en tres grandes grupos: declarativos, ejecutivos y cautelares. Los primeros, que algunos llaman también procesos de cognición, tienen por objeto declarar un derecho dudoso, discutido o negado. Los ejecutivos parten del presupuesto de un derecho ya declarado, y su finalidad es realizarlo, o como se dice ahora, actuarlo. La ejecución consiste en llevar a cabo los actos jurisdiccionales indispensables para hacer efectivo el derecho ya declarado. El tercer término de la clasificación es el del ‘proceso cautelar’, cuyo fin consiste en realizar las medidas de seguridad que sean necesarias para que en lo futuro se pueda hacer efectivo el derecho que, por el momento no es posible realizar, porque la obligación no es aún exigible. A este orden pertenecen las providencias precautorias y los interdictos. Los procesos de cognición se subdividen en declarativos, constitutivos, de condena y dispositivos, según sea la naturaleza de las sentencias que se obtienen por ellos." EDUARDO J. COUTURE(7) se refiere a esa clasificación de la forma siguiente:
"La sola circunstancia de que los términos de esta clasificación coincidan con los distintos tipos de proceso, pone de relieve que ella es, en cierto modo, una clasificación de procesos y no de acciones.
Conforme a este criterio y tratando de hacer prevalecer en la ordenación de las acciones la forma procesal de los trámites, la clasificación correcta sería la de distinguir entre:
a) Acciones (procesos) de conocimiento, en que se procura tan sólo la declaración o determinación del derecho,
b) Acciones (procesos) de ejecución, en que se procura la efectividad de un derecho ya reconocido en una sentencia o en un título ejecutivo, con las medidas de coacción consiguientes;
c) Acciones (procesos) cautelares, en que se proveerá, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un proceso ulterior."
También respecto de esa clasificación, HUGO ALSINA(8) cita a CARNELUTTI así:
"Cualquiera advierte, dice Carnelutti, la razón de ser de tres tipos fundamentales de procesos: una cosa es que el acreedor a quien se niega su crédito pida al Juez la declaración de su existencia; otra que el acreedor reconocido a quien no se paga pida la satisfacción de su crédito, y otra que cualquiera que tema que su deudor substraiga un bien pida el secuestro para garantizar su crédito. En el primer caso hay una pretensión jurídica contestada; en el segundo hay una pretensión jurídica reconocida, pero no satisfecha; en el tercero, la duración del proceso puede poner en peligro la satisfacción de la pretensión jurídica. A estas situaciones corresponden tres procesos distintos: de conocimiento, ejecución y conservación.
ENRICO T. LIEBMAN(9) realiza una clasificación similar de las acciones y procesos:
"Pero en el sistema del derecho procesal la única clasificación legítima e importante es aquella que hace referencia a la especie y a la naturaleza de la providencia que se pide.
Desde este punto de vista, las acciones se distinguen en tres categorías:
a) Las acciones de cognición;
b) Las acciones ejecutivas;
c) Las acciones cautelares.
A estas categorías de acciones corresponden otras tantas categorías de procesos, cada uno con características formales diversas, adaptadas al diverso tipo de providencia pedida por quien propone la demanda y a la diversa función que el órgano judicial está llamado a desarrollar. El estudio de las acciones implica por eso, el de las diversas formas en que la autoridad judicial puede ejercitar sus funciones y de la diversa configuración y de los diversos efectos que pueden tener sus providencias.”
Hasta aquí las referencias doctrinales expuestas en la referida ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2018.
Como se aprecia, la doctrina en general es uniforme en cuanto a la clasificación de las acciones y procesos en cognitivos, ejecutivos y cautelares, lo cual permite distinguir la clasificación en la que se ubican tanto el juicio oral mercantil como las providencias precautorias.
Esto es, el juicio oral mercantil se ubica en la clasificación de las acciones y procesos de cognición, que en esencia son en lo que se ejerce y sustancia una controversia generalmente conformada por la pretensión de una parte, la oposición de otra y, en atención a ello, la declaración del derecho; por lo que la respectiva regulación legal responde a las finalidades de esa clase de procesos.
En el caso de la acción y el proceso cautelar en el que se ubican las providencias precautorias no se persigue la dilucidación de un derecho o resolución de una controversia, sino prevenir las situaciones que se pudieran acarrear con motivo del litigio, o bien, prevenir las dificultades de hacer efectiva una eventual sentencia estimatoria del derecho reclamado.
En este sentido, las providencias precautorias no forman parte del juicio oral mercantil, ya que cada uno pertenece a diferente clasificación de acciones y procesos; el primero a los cautelares, y el segundo a los de cognición; procesos que, aunque estén relacionados y aunque en el curso y a propósito de uno surge el otro, no por ello pierden su identidad y autonomía procesal, consecuencia de la propia naturaleza de cada cual. Así, las normas procesales que regulan a una clase de acción y proceso (el cognitivo) no son aplicables al otro tipo de proceso (el cautelar), viceversa; salvo que la propia ley así lo establezca expresamente, lo cual no acontece en el caso, como se explicará más adelante.
Incluso, como las providencias precautorias constituyen un proceso cautelar, son un instrumento que puede hacerse valer en las otras clases de procesos, en este caso procesos mercantiles, previstos en la ley, ante la necesidad de garantizar que las partes se mantengan presentes en el litigio, por sí o a través de representante, o bien, que los bienes que pudieran responder al pago de una eventual sentencia estimatoria no sean enajenados, ocultados o dilapidados. Esto es, se pueden presentar no sólo previamente al inicio de los litigios (como el caso que resolvió el extinto PLENO DE CIRCUITO); sino también ya en el desarrollo de cualquiera de los distintos tipos de juicios mercantiles; y ello no lleva a que se desdibuje su fisonomía y autonomía procesal, ni a que se confunda con la diversa del distinto proceso en el que se inserten.
Al respecto se destaca la explicación que realiza Liebman(10) sobre la autonomía de la acción cautelar:
“La acción cautelar está siempre vinculada por una relación de complementariedad respecto de una acción principal, ya propuesta o de la cual se anuncia la próxima proposición. Esta relación está dada por esto: que la cautela que se pide tiene la finalidad de garantizar el proficuo resultado de la acción principal. No obstante, la acción cautelar es autónoma y puede ser aceptada o rechazada según que se presente por su contenido fundada o infundada; incluso, las condiciones a las que está subordinada su aceptación son diversas por cada medida cautelar y es la doctrina la que se ha esforzado en deducir de las disposiciones de ley concepto unitario de las condiciones que se exigen para su aceptación” (...)
En esa misma línea es ilustrativo lo que JOSÉ OVALLE FAVELA(11) expresa respecto a algunas características de las medidas cautelares en relación con el proceso principal:
“Las medidas cautelares se pueden decretar antes o durante el proceso principal. Sólo en el primer caso constituirán una fase preliminar. Pero en ninguno de los dos casos la tramitación de la medida cautelar tiene incidencia sobre el proceso principal o afecta su desarrollo. Esto es lo que denomina Briseño Sierra el carácter accidental de las medidas cautelares. Para este autor ‘la pretensión de la medida cautelar no impide, no prolonga ni interrumpe el procedimiento principal’. Esta medida debe seguirse por separado, lo que no obsta para que en su día lo actuado caiga, acceda al procedimiento principal. Este acceder, este caer en el procedimiento conexo es lo que origina el carácter accidental”
Con lo hasta aquí expuesto quedan patentizadas la clasificación y las diferencias del proceso cognitivo y el cautelar, por las que, en principio, no es factible identificarlos o asimilarlos procesalmente, sino que por su propia naturaleza deben diferenciarse en atención a sus características particulares que, en esencia, han quedado descritas; diferenciación que se aprecia en la configuración legal con la que en nuestro sistema mercantil han sido diseñados esos procesos.
En efecto, estas diferenciaciones están recogidas en la ley, cuando prevé los procesos que pueden ser instaurados en materia comercial, entre los que desde luego se encuentran las providencias precautorias y el juicio oral mercantil. El LIBRO QUINTO de la ley regula esos procesos por separado a través de los siguientes apartados:
LIBRO QUINTO.
DE LOS JUICIOS MERCANTILES.
- TITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES (Capítulos I al XXX; artículos 1,049 al 1,376 Bis). El Capítulo XI de este Título corresponde a la regulación de las providencias precautorias, que va de los preceptos 1,168 al 1,189).
- TITULO SEGUNDO.
DE LOS JUICIOS ORDINARIOS (del artículo 1,377 al 1,390).
TÍTULO ESPECIAL.
DEL JUICIO ORAL MERCANTIL (Capítulos I al IV; del artículo 1,390 Bis al 1,390 Bis 50).
- TITULO ESPECIAL BIS.
DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL
(Capítulos I al V; del artículo 1,390 TER al 1,390 TER 14).
- TITULO TERCERO.
DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS (del artículo 1,391 al 1,414).
TITULO TERCERO BIS.
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LA PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA (Capítulos I y II; artículos 1,414 BIS al 1,414 BIS 20).
- TITULO CUARTO.
DEL ARBITRAJE COMERCIAL (Capítulos I al X; artículos 1,415 al 1,480)
En la ley se observan las distintas clases de procesos judiciales, así como el arbitral, que pueden instaurarse en materia mercantil, los cuales se encuentran separados en títulos a fin de establecer por cada uno su propia regulación.
Concretamente, tanto las providencias precautorias como el juicio oral mercantil tienen prevista una normativa específica en apartados diferentes, lo cual se explica en atención a que, como ha sido expuesto en el apartado que precede, responden a diferentes clases de acciones y procesos: la primera es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33005-bc33fc7b/providencias-precautorias-son-recurribles-las-determinaciones-que-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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