INTERDICTOS DE RETENER O RECUPERAR LA POSESIÓN. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LOS DECIDE ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, CONTRA LA QUE PROCEDE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 130/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.
Ciudad de México. Sentencia del PLENO REGIONAL EN Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, correspondiente a la sesión de dieciséis de enero de dos mil veinticinco.
VISTOS, los autos para dictar sentencia en la contradicción de criterios 130/2024, conforme a lo que en lo sucesivo se expone:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El autorizado del recurrente en el amparo en revisión RC 211/2023, del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, denunció la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por el referido órgano y el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, al resolver el recurso de reclamación 12/2024.
SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 130/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veinticuatro de junio del año en curso.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
CUARTO. Asunto aplazado. El asunto fue visto en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, en donde se acordó que sería aplazado para la reconsideración de algunos aspectos que surgieron de la discusión del asunto.
La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
En términos de lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN vigente, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por parte legitima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el autorizado del recurrente en el amparo en revisión RC 211/2023, del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, como se advierte del respectivo expediente electrónico vinculado.
TERCERO.
Posturas contendientes. Los posicionamientos de los tribunales se describen a continuación:
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Amparo en revisión R.C. 211/2023, que informa lo siguiente:
1.1. Actos reclamados. La resolución definitiva de segunda instancia que confirmó la sentencia que estimó el interdicto de retener la posesión; así como su ejecución.
1.2. Amparo directo ***/2022. Los demandados promovieron amparo directo y el presidente del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO(1) declinó su competencia a un juez de distrito, al no tratarse de una sentencia definitiva.
1.3. Amparo indirecto ***/2022. El JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ se avocó al conocimiento del asunto y en la audiencia constitucional dictó sentencia que sobreseyó y concedió el amparo solicitado.
1.4. Amparo en revisión 211/2023. En ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la materia de la revisión, el tribunal revisor revocó la sentencia recurrida y negó el amparo.
1.4.1. En lo conducente, para esta contradicción de criterios, no cuestionó que el acto reclamado constituyera una resolución susceptible de impugnación en la vía indirecta.
2. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA Civil DEL SÉPTIMO CIRCUITO.(2) Recurso de reclamación 12/2024, que informa lo siguiente:
2.1. Acto reclamado. Resolución definitiva recaída en el incidente relativo al interdicto para recuperar la posesión.
2.2. Amparo indirecto *** /2023. EL juzgado de distrito del conocimiento se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo indirecto, al considerar que dicho acto era reclamable en amparo directo, por tratarse de una resolución que pone fin al juicio tramitado en la vía incidental.
2.3. Amparo directo 296/2024. El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO aceptó la competencia y admitió la demanda, al reconocer que el acto constituía una sentencia definitiva.
2.2.2. Recurso de reclamación 12/2024. En contra del auto de admisión la quejosa interpuso recurso de reclamación, que se declaró infundado, por estas razones:
2.2.2.1. El amparo directo procede contras sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio, al tenor de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA y 170, fracción I, de la LEY DE AMPARO.
2.2.2.2. La sentencia judicial recaída en el interdicto de recuperar la posesión, puso fin a una controversia entre las partes, relativa a la posesión interina o momentánea, cumpliéndose el objeto de ese tipo de juicios, que tienen un carácter autónomo, tramitado en la vía incidental, porque no se encuentra previsto un juicio sumario para ventilarlo.
2.2.2.3. La resolución de fondo sobre la posesión interina de la posesión, materia del interdicto, permite que después de esa protección, pueda discutirse sobre la posesión definitiva o la propiedad en diverso juicio reivindicatorio, inclusive.
CUARTO.
Existencia de la contradicción de criterios.
El TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza cuando los TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO adoptan criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.(3)
En esa línea, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la colisión de criterios exige que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de la PRIMERA SALA número 1a./J. 23/2010, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.”, (registro digital 165076), y 1a./J. 22/2010, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.” (registro digital 165077).
Del análisis de las posiciones adoptadas por los tribunales colegiados contendientes, se advierte que ambos adoptaron posturas contradictorias frente a la vía para promover el amparo en contra de la resolución definitiva que resuelve un incidente de interdicto de retener o recuperar la posesión previsto en el artículo 16 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.(4)
Un tribunal consideró que la resolución definitiva recaída al incidente de interdicto de recuperar la posesión, es reclamable en amparo directo, porque constituye un juicio autónomo, tramitado en la vía incidental (no se encuentra regulado el juicio sumario), en el que se resuelve una controversia entre partes, sobre la posesión interina y momentánea.
En cambio, el diverso tribunal resolvió el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional por un juzgado de distrito, en el que se reclamó la resolución definitiva pronunciada en el incidente relativo al interdicto de retener la posesión, y al examinar la regularidad de la sentencia recurrida, si bien no se posicionó explícitamente sobre la vía, al afirmar su competencia y entrar directo al estudio de la materia de la revisión, implícitamente reconoció que se trataba de un asunto reclamable en amparo en la vía indirecta.
Lo anterior es así, porque el Pleno de ese tribunal contendiente se encontraba en condiciones normativas de analizar y pronunciarse oficiosamente sobre si el asunto que resolvía, debió o no tramitarse en la vía indirecta. Ello, porque la decisión del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que previno y reencauzó a la vía indirecta,(5) que eventualmente les llegó en revisión, sólo resultaba vinculante para el juzgado de distrito, ya que éste no puede objetar o rechazar la competencia que le declina un órgano superior; pero eso no ocurre para el Pleno del órgano revisor homólogo al momento de conocer de la revisión interpuesta contra la sentencia dictada por tal Juez en la audiencia constitucional.
En efecto, en conformidad con lo razonado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el fallo del que derivó la jurisprudencia P./J. 20/2020, del TRIBUNAL PLENO, de rubro: “RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL QUE DECLARA QUE DICHO ÓRGANO CARECE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO O VÍA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO Y, POR ENDE, DECLINA EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO A UN JUEZ DE DISTRITO” (registro digital: 2022608),(6) cuando la CORTE admitió la procedencia de la reclamación en contra del mencionado auto de presidencia, ello lo justificó al reconocer que “causa una afectación a la esfera jurídica de la quejosa por el hecho de que tiene efectos definitivos, en razón de que vincula de forma terminante al Juez de Distrito para conocer y resolver el asunto, sin que éste pueda rechazar u objetar la competencia declinada por su superior, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Amparo, aunado a que la misma impone un cambio de vía con requisitos y tramitación distintos que cumplir, lo cual no sería revisado de forma inmediata, pues habría que esperar hasta que el Juez de Distrito dicte sentencia para que las partes interpongan el recurso de revisión, en el cual hagan valer o el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del mismo advierta de oficio, que el asunto debió tramitarse en la vía directa, después de un largo procedimiento, lo cual contravendría la finalidad del principio de seguridad jurídica y del derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita”; lo que corroboraba que, normativamente, ni había cosa juzgada oponible al Colegiado y, más bien estaba en aptitud de corregir la vía.
De ahí, que si ese Tribunal, a pesar de tener la atribución jurídica de analizar si el asunto debía o no tramitarse en la vía indirecta, asintió su competencia para conocer de la revisión implícitamente reconoció que se trataba de un asunto reclamable en amparo indirecto.
Todo lo cual permite deducir que hay una contradicción implícita entre los contendientes, conforme a la jurisprudencia P./J. 93/2006 del TRIBUNAL PLENO, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO” (registro digital: 169334).
Por otro lado, no obsta la circunstancia de que un tribunal se refiera al interdicto de retener la posesión y el otro al diverso interdicto de recuperar la posesión, porque ambos interdictos se encuentran regulados en el artículo 16 de la mencionada codificación y fueron sustanciados en la vía incidental, al no existir una vía sumaria para deducirlos; de ahí, que la colisión de criterios exija unificarlos a efecto de dotar de certeza jurídica la vía para su impugnación en amparo.
Por tanto, debe determinarse si procede o no el amparo directo en contra de la resolución definitiva recaída en el incidente relativo al interdicto de retener o recuperar la posesión, previsto en el artículo 16 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.
En principio, siguiendo lo sustentado por este PLENO REGIONAL (contradicción de tesis 120/2024, ejecutoria de 7 de agosto de 2024), debe tenerse en consideración que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS dispone que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, el amparo sólo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
El mismo precepto prevé que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando se haya observado el principio de definitividad; lo cual denota que en el amparo directo no se revisan exclusivamente y de manera aislada las decisiones de fondo del asunto, sino también las de carácter procedimental debidamente impugnadas en su momento oportuno.
Desde estas normas constitucionales se desprende que el juicio de amparo directo fue concebido para que proceda únicamente contra la resolución final que resuelve la controversia, mediante el acogimiento o desestimación de las pretensiones deducidas en el respectivo proceso o las resoluciones que, sin decidirlas, le ponen fin a éste.
La finalidad de esa configuración prevista en la CARTA MAGNA consiste en establecer, por regla general, que la revisión de los actos judiciales que pretendidamente son violatorios de derechos –procesales y sustantivos– se realice en su totalidad mediante el juicio de amparo directo, una vez que se emita la resolución final a través de la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; momento en el cual es factible examinar tanto las cuestiones procesales que fueron impugnadas oportunamente, así como las determinaciones que resuelvan el fondo de las pretensiones deducidas en el juicio. Con lo cual también se busca evitar que, en los procesos judiciales, se promuevan indiscriminadamente tantos juicios de amparo por cada uno de los actos de procedimiento que se tildaran violatorios de derechos de las personas.
La excepción a esa regla general se actualiza solamente cuando la afectación a los derechos sustantivos se produce durante el desarrollo del procedimiento, de tal modo que la violación a esa clase de derechos (sustantivos) pudiera quedar consumada irreparablemente antes de que se emita el fallo final. Por ello se erigió el juicio de amparo indirecto, esto es, para que en esos casos no deba esperarse indefectiblemente a que el proceso llegue a su fin, sino que es pertinente y también necesaria la revisión a través del medio de control constitucional del acto que reúna las características apuntadas, lo cual está previsto en el citado artículo 107, fracción III, inciso b), de la CONSTITUCIÓN, al prever que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.
Ahora, retomando las notas esenciales sobre la viabilidad del juicio de amparo directo, el artículo 170, fracción I, párrafo primero, de la LEY DE AMPARO reitera que éste procede en la vía directa contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
El párrafo segundo del precepto en cita dispone que se entenderá por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.
Las normas contenidas en los párrafos primero y segundo del precepto en cita son importantes para inteligir el alcance normativo de las resoluciones contra las que procede el juicio de amparo directo, concretamente, bajo el concepto de sentencias definitivas, ya que el párrafo segundo, al emplear la expresión que éstas son las que “decidan el juicio en lo principal”, no se está refiriendo a las decisiones aisladas sobre las pretensiones que se hicieron valer en el proceso, sino que al armonizarse con el párrafo primero, debe entenderse en el sentido de que es la sentencia que final, sustancial e integralmente resuelve el litigio, tomando en consideración las cuestiones surgidas durante el procedimiento que fueron debidamente impugnadas y que incidieron es las decisiones de fondo. De acuerdo con ello, en el juicio de amparo directo es factible examinar, además de los aspectos de fondo, las cuestiones y decisiones procesales que las partes aleguen.
La explicación que antecede se estima pertinente para evidenciar que el concepto de sentencia definitiva al que se refiere la ley no debe ser interpretado de forma restrictiva, ya que, en su justa dimensión, ese concepto puede comprender los elementos que integralmente inciden en la emisión del fallo final con carácter definitivo, así sean procesales y/o de fondo. Complementariamente, debe considerarse que la PRIMERA SALA ha reconocido que la sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, no deriva esencialmente del tipo de procedimiento o trámite que el legislador ha previsto para tramitar el juicio en que se emita la resolución.
En efecto, la CORTE se ha pronunciado en el sentido de que, a pesar de preverse la sustanciación en forma de incidente de un procedimiento, la resolución que los dirime tiene la calidad de sentencia definitiva reclamable en amparo directo.
Tal es el caso del procedimiento para ejercer la acción relativa a la convocatoria de asamblea de accionistas prevista en el artículo 185 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
Al resolver la contradicción de tesis 63/2005-PS, (ejecutoria de 17 de agosto de 2005), se refirió a la conceptualización de juicio, para calificar si una resolución judicial tiene la calidad de sentencia definitiva.
En esa ocasión, la CORTE sostuvo que la sentencia es la resolución del órgano jurisdiccional que dirime, con fuerza vinculativa una controversia entre partes, respecto de la cual la ley común no establece algún recurso o medio del cual pueda ser revocada o modificada.
Asimismo, puntualizó que el elemento característico del juicio, cuando termina en forma natural con la emisión de una sentencia definitiva, es la existencia de una contienda, controversia, litigio o disputa entre partes con intereses opuestos, por ende, para efectos de la procedencia del amparo directo, el juicio “es el conjunto de relaciones jurídica entre las partes, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto, susceptible de ser dirimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.”
A esos efectos, dijo la CORTE, interesa que el legislador prevea que una determinada acción para disputar en un litigio, los intereses jurídicos entre las partes, en que sea respetado el principio de contradicción del que subyace el derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante; aun cuando el procedimiento se siga a través de las reglas previstas para los incidentes.
Otro de los casos en que la resolución dictada en un incidente ha sido catalogada como sentencia definitiva, se encuentra la relativa a la acción separatoria (equivalente a una tercería excluyente de dominio), en un procedimiento concursal.
La PRIMERA SALA resolvió la contradicción de tesis 337/2010 (ejecutoria de 2 de marzo de 2011), y determinó que la resolución que dirime esa acción, aunque se tramite en la vía incidental, tiene la calidad de sentencia definitiva, para efectos de la procedencia del amparo directo.
En esa ocasión, la CORTE estableció que para determinar la naturaleza de la acción ejercida y sentencia recaída al incidente, debía atenderse a las pretensiones planteadas y el fin perseguido con ese trámite incidental.
Así, identificó que (i) el objeto litigioso de ese incidente constituye un juicio con sustantividad propia que resuelve derechos sustantivos del promovente (son distintos a la finalidad del juicio concursal); (ii) el trámite incidental obedece a cuestiones de economía procesal, pero versa sobre derechos sustantivos y no adjetivos o procesales, propios de los incidentes); y (iii) dirime un conflicto en lo principal.
Como se ve, la CORTE no ha categorizado a las sentencias definitivas porque una determinada acción sea o no tramitada con las reglas de los incidentes. Lo relevante es el examen del tipo de pretensiones que suscita un conflicto entre partes, necesariamente de naturaleza sustantiva y no adjetiva o procesal, que exige del órgano jurisdiccional la emisión de una sentencia que dirima el litigio.
En el caso, debe determinarse la naturaleza jurídica de la resolución de segunda instancia relativa a la acción de retener o recuperar la posesión, prevista en el artículo 16 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, que dispone:
“ARTÍCULO 16.
Al perturbado en la posesión jurídica, o derivada de un bien inmueble, compete la acción para retener la posesión contra el perturbador, contra el que ordenó tal perturbación o contra el que, a sabiendas y directamente, se aprovechó de ella, y contra el sucesor del despojante. El objeto de esta acción, es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor, y que el demandado afiance no volver a perturbar y sea conminado con multa, o arresto para el caso de reincidencia.
La procedencia de esta acción requiere que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho, y que se reclame dentro de un año.
La acción de recuperar la posesión, se deducirá dentro del año siguiente a los actos de violencia o de ejecución causantes del despojo.”
En este precepto legal se encuentran reconocidas dos acciones de tutela directa de la posesión: (a) la acción de recuperar la posesión y (b) la acción de retener la posesión. Ambas se tratan de acciones posesorias. La primera se refiere a la protección de la privación de la posesión, a efecto de obtenerla de nuevo y la segunda, la protección comprende la mera perturbación, a fin de lograr el cese de los hechos perturbadores y a evitarlos en lo sucesivo.
Al respecto, Hernández Gil comenta que en la LEY DE ENJUICIAMIENTO ESPAÑOLA, las acciones de retener o recobrar la posesión tenían un cauce especial y sumario en los interdictos del mismo nombre, cuyas acciones suelen llamarse interdictales, (La Posesión, Editorial Civitas, Madrid 1980, página 693).
En esa línea, la otrora TERCERA SALA ha establecido que los interdictos de retener o recuperar la posesión tienen por objeto decidir interinamente sobre la actual y momentánea posesión o sobre el hecho de la tenencia, que constituye precisamente su fin, mediante el dictado de una sentencia judicial que proteja al interesado. Por ende, no interesa ni es su materia ni definir cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, los cuales pueden posteriormente y, por separado, ser objeto de debate en un juicio ordinario (plenario o reivindicatorio, según sea el caso).
Tienen aplicación las tesis que siguen:
• INTERDICTOS, NATURALEZA DE LOS. Los interdictos no preocupan cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, sino sólo de posesión interina; pero esta preocupación no es el medio sino el fin de los interdictos. O dicho de otro modo: a lo que todo interdicto tiende es a proteger la posesión interina del promovente, bien que se trate de adquirir, de retener o de recuperar tal posesión, puesto que su real y positiva finalidad no es resolver en definitiva acerca de la posesión a favor del que obtiene el interdicto, sino sólo momentánea, actual e interinamente, dado que después de la protección así obtenida mediante sentencia judicial, puede muy bien discutirse la posesión definitiva en el juicio plenario correspondiente, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio, sin que en forma alguna la resolución interdictal pueda invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada.(7)
• INTERDICTOS. Los interdictos son juicios sumarísimos que tienen por objeto: decidir, interinamente, sobre la actual y momentánea posesión, o sea, sobre el hecho de la tenencia, sin perjuicio de los derechos de los interesados, y también suspender o evitar un hecho que perjudica o puede causar daño. El interdicto de recuperar la posesión tiene por finalidad que se ampare o reintegre al quejoso en la posesión o tenencia de que ha sido despojado, de acuerdo con los medios especiales que, al efecto, establece la ley. Como consecuencia, para la procedencia de este interdicto, es necesario que se acredite que el que reclama o su causante, hayan estado en posesión o tenido la tenencia de la cosa y que hayan sido despojados con o sin violencia, y de allí la prevención terminante de la ley, de no ser admisible, en estos juicios sumarísimos, pruebas sobre la propiedad, sino solamente las que versen sobre el hecho de la posesión. Es de explorado derecho que los interdictos no preocupan las cuestiones de propiedad o posesión definitiva, pues estas cuestiones deben dejarse para definirlas en el juicio ordinario que corresponda. En la legislación de Chiapas, para la procedencia del interdicto de recuperar la posesión basta que se haya estado en posesión pacífica de una cosa o de alguno de los derechos a que se refieren los artículos 1132 y 1133 del Código Civil de esa entidad, aun cuando no se tenga título de propiedad, cuando se ha sido despojado por otro y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la fecha del despojo.(8)
En el marco de la legislación procesal civil de la Ciudad de México, la PRIMERA SALA (amparo directo en revisión 977/2016, ejecutoria de 24 de agosto de 2016,), determinó que los interdictos tutelan la posesión provisional o interina, esto es, constituyen una protección de un determinado estado posesorio en contra de perturbaciones o amenazas, por lo que las decisiones que se adopten “no gozan de calidad de cosa juzgada respecto de quién tiene mejor derecho a poseer en definitiva”, ya que esos aspectos deben ventilarse en la acción publiciana, o sobre quién es el propietario a quien debe restituirse la posesión, materia de la acción reivindicatoria. Esto explica y contextualiza la expresión relacionada a que las resoluciones de los interdictos posesorios no constituyen cosa juzgada, pero en lo que ve a la propiedad o la posesión definitiva, aspectos que le son ajenos a las acciones posesorias de retener o recuperar la posesión.
La CORTE refirió que los interdictos, según la doctrina de los procesalistas, deberían sustanciarse en procesos sumarios, para que su tramitación fuera lo más ágil posible y pudiera emitirse la decisión a la brevedad por la urgencia de los casos que se ventilan en ellos. De ahí, estimó que, para que fuera funcional la vía interdictal, era necesario que no se profundi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33048-c7c98070/interdictos-de-retener-o-recuperar-la-posesion-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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