INTERÉS SUSPENSIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LA CLAUSURA DE UN INMUEBLE AFECTO A UN SITIO DE TELECOMUNICACIONES, NO ES EXIGIBLE EXHIBIR LA LICENCIA PREVISTA EN EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 104/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día quince de agosto de dos mil veinticuatro, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, enviado vía interconexión a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y recibido en esa misma fecha, el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Segundo, ambos del Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja 46/2024 y 43/2024, respectivamente, a efecto de determinar si para acreditar el interés suspensional, cuando se reclama la imposición de sellos de clausura, la suspensión del sitio de telecomunicaciones del inmueble afecto, el procedimiento administrativo y la falta de emplazamiento al mismo, por parte de autoridades del municipio de Tijuana, Baja California, debe exhibirse o no la licencia de funcionamiento respectiva.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 104/2024; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, el cual, preliminarmente se identificó como: “DETERMINAR CÓMO DEBE ACREDITARSE EL INTERÉS SUSPENSIONAL CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DEL SITIO DE TELECOMUNICACIONES DEL INMUEBLE AFECTO, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL MISMO, POR PARTE DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
4. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes rindieron los informes solicitados, manifestando la vigencia de los criterios sustentados en los asuntos denunciados en contradicción, por lo que por autos de siete y once de marzo de dos mil veinticuatro se tuvieron por rendidos tales informes.
5. De igual forma por acuerdo de dos de abril de esta anualidad, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
6. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
7. QUINTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
8. SEXTO. Aplazamiento. El asunto se listó primigeniamente para ser visto en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, fecha en que se aplazó para ser visto en sesión posterior.
CONSIDERANDO:
9. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
10. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados del Décimo Quinto Circuito con competencia mixta, en el caso, actuando en materia administrativa; los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
11. Cabe precisar que si bien el tema de la contradicción guarda relación con la materia de telecomunicaciones, dado que lo reclamado en los juicios de amparo que participan en la presente contradicción es precisamente la clausura de sitios de telecomunicaciones, la competencia de este Pleno Regional —en contraposición a la del Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones—, se sustenta en que la materia de estudio radica en el análisis de facultades municipales en lo relativo a desarrollo urbano y construcciones, no así al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico o las redes públicas de telecomunicaciones.
12. Máxime que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 11 del “Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés,(7) según el cual corresponde al Pleno Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, conocer de las contradicciones que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
13. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legitimada, pues fue formulada por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
14. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario exponer el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
15. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(10)
A. Ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 46/2024
17. Juicio de amparo indirecto. El nueve de febrero de dos mil veinticuatro, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en la que señaló como autoridades responsables al Presidente Municipal, al Síndico, el Director de Administración Urbana y al Inspector adscrito a dicha Dirección, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de quienes reclamó:
A. El citatorio de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, colocado en el acceso al sitio de telecomunicaciones de un inmueble ubicado en la Ciudad de Tijuana, Baja California.
B. La imposición de sellos de clausura y suspensión del sitio de telecomunicaciones del inmueble referido.
C. La totalidad del procedimiento administrativo del que deriva el citatorio aludido.
D. La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo.
18. Conoció de la demanda al Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por auto de doce de febrero de dos mil veinticuatro la registró con el número de expediente 293/2024 y requirió a la quejosa para que manifestara bajo protesta de decir verdad lo relativo a su desconocimiento de la existencia del tercero interesado.
19. Previo desahogo, por auto de quince de febrero del mismo año, el juez admitió a trámite la demanda y ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión. Por acuerdo dictado en esa misma fecha en el incidente de suspensión, solicitó de las autoridades responsables sus informes previos, señaló fecha para la audiencia incidental y negó la medida cautelar provisional solicitada, esencialmente bajo la consideración de que la quejosa no acreditó contar con un interés suspensional, ya que no exhibió licencia o permiso de funcionamiento vigente expedido por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que le permitiera operar la torre de telecomunicaciones sobre la cual se impuso el estado de clausura.
20. Interposición del recurso de queja. Inconforme, la quejosa interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo,(11) del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien lo registró con el número de queja 46/2024 y mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, declaró infundado el medio de defensa.
21. En principio, el órgano colegiado determinó que, contrariamente a lo argumentado en los agravios, la quejosa no exhibió las pruebas documentales consistentes en la constancia de factibilidad de uso de suelo y el aviso de terminación de obra, sino solamente licencia de construcción (vencida) y el contrato de arrendamiento celebrado el uno de mayo de dos mil nueve, respecto del inmueble sobre el que se encuentra colocado el sitio de telecomunicaciones cuya clausura se reclama; de ahí que el juez no transgrediera los principios de congruencia y exhaustividad, al no tomar en consideración tales medios de convicción.
22. Por otra parte, consideró inoperantes los argumentos de la recurrente, bajo la consideración de que no controvirtió los razonamientos del juez de distrito conforme con los cuales concluyó que la quejosa no justificó contar con autorización, licencia o permiso vigente que acreditara que cuenta con un derecho vigente para operar el sitio de telecomunicaciones objeto de la clausura, particularmente la licencia de funcionamiento, documento que el a quo consideró la prueba idónea para acreditar el interés suspensional en el juicio de amparo, al reclamarse actos que afectan la realización de las actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios.
23. En otro aspecto, el órgano colegiado declaró infundados los agravios de la recurrente, en cuanto sostuvo que el juez de distrito dejó de atender que, para la construcción de una torre de telecomunicaciones, se debe obtener la constancia de factibilidad de uso de suelo, la cual es un requisito para la expedición de la licencia de construcción de la antena, de manera que el juzgador de primer grado desconoció la existencia de la autorización del uso de suelo emitida previamente a la construcción de la torre.
24. Al respecto, el tribunal resolvió que el juez a quo no soslayó que la quejosa contaba con licencia de construcción, sino que advirtió que este se otorgó por una vigencia de un año contado a partir del diez de enero de dos mil dieciocho, sin que se advirtiera prórroga alguna o constancia de terminación de obra. Asimismo, el tribunal colegiado advirtió que en relación con tal probanza, el juez de distrito se pronunció en el sentido de que tenía como finalidad, únicamente, la obra encaminada a la instalación de una antena de telecomunicaciones, sin que tuviera el alcance sustituir los permisos para su operación.
25. En relación con el argumento en el que la recurrente sostuvo que para la concesión de la medida cautelar no se le debió exigir la exhibición de licencia de funcionamiento, dado que no existe fundamento legal alguno que establezca que para operar una antena o torre de telecomunicaciones se requiere de un permiso o licencia de operación, el tribunal lo calificó de infundado.
26. Lo anterior, pues conforme con el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, para la concesión de la medida cautelar el órgano de amparo debe, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, valorar si este se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario, esto es, si con la solicitud de suspensión se pretende preservar una prerrogativa, o bien, incorporar o constituir un derecho cuyo ejercicio no se encontraba conferido al quejoso.
27. El tribunal colegiado contendiente consideró que, ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión, el órgano de amparo debía corroborar la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la medida cautelar, pues el objeto de esta es conservar derechos y no constituir prerrogativas en favor de los gobernados; de manera que el presupuesto lógica del cual debía partir el análisis de procedencia de la suspensión debía ser, precisamente, el acreditamiento del derecho afectado por el acto de autoridad reclamado, esto es, si se ubica o no dentro de la esfera jurídica del quejoso, pues de no ser así la medida cautelar tendría por efecto constituir un derecho.
28. Así, el tribunal determinó que para efectos de la medida cautelar, el quejoso tendría que acreditar al menos de manera indiciaria la afectación que le causa el acto reclamado a sus intereses jurídicos, bastando para ello con la comprobación de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido, por virtud del cual realizando una deducción lógica, el juez pueda válidamente presumir que quien solicita la suspensión efectivamente se encuentra agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que su ejecución le causa daños y perjuicios de difícil reparación.
29. Concluyó entonces que, para la procedencia de la medida cautelar, la quejosa debía acreditar contar con un derecho legítimamente tutelado, susceptible de ser protegido con la concesión de la suspensión, para lo cual debió exhibir los documentos probatorios que lo demuestren, al menos de manera indiciaria.
30. En el caso particular, señaló el tribunal colegiado, el juez federal actuó ajustado a derecho al considerar que para acreditar el interés suspensional, la quejosa debió exhibir la licencia de funcionamiento, dado que tal documental es la que permite conocer si se encuentran satisfechos los requisitos para la apertura y operación del sitio de telecomunicaciones.
31. Refirió que la quejosa solicitó la medida cautelar para el efecto de que se le permitiera dar mantenimiento a la torre, a fin de evitar riesgos en la población aledaña por posibles daños en la estructura pasiva, así como por la disminución en la calidad del servicio de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que se traducía en el levantamiento de los sellos de clausura.
32. Que la quejosa ofreció como pruebas, entre otras, su escritura constitutiva, de la que advirtió como objeto social, entre otros, el consistente en construir, detentar la propiedad, operar, mantener, conservar, comercializar y en general llevar a cabo la administración de todo tipo de torres y cualquier tipo de estructuras de soporte, empleadas en la instalación de equipos de telecomunicaciones.
33. Al respecto, citó el artículo 3º del Reglamento para la Construcción, Instalación y Conservación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones en el Municipio de Tijuana, Baja California,(12) del cual advirtió que para la construcción, instalación estaciones de estaciones terrenas y estructuras de telecomunicaciones en el municipio de Tijuana, debe cumplirse con las disposiciones de ese ordenamiento, así como con lo previsto en la Ley de Edificaciones y su Reglamento; y que para su operación, debía contarse con las autorizaciones otorgadas por la autoridad de la materia.
34. En el caso particular, señaló el tribunal contendiente, la quejosa anexó a su demanda el citatorio reclamado, del que advirtió que se citó a la empresa quejosa a comparecer en el Departamento de Edificación de la Dirección de Administración Urbana de Tijuana, ordenando la suspensión total de los trabajos hasta en tanto no se acreditara que cuenta con los permisos, licencias y/o autorizaciones respectivas ante el Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente, con fundamento en los artículos 22 fracciones I y II y 23 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Tijuana, Baja California,(13) relativos a la licencia o permiso de operación con que debía contar. 35. El tribunal colegiado contendiente señaló que, conforme con el numeral 2 del Reglamento último en cita, se considera como giro toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación de servicios, y que son obligaciones de los titulares de los giros comerciales, industriales y de servicios, contar con licencia o permiso para ejercer la actividad comercial, así como su respectiva revalidación del plazo legalmente previsto.
36. Concluyó entonces que, contrariamente a lo argumentado por la recurrente, al operar la torre de telecomunicaciones objeto de la clausura reclamada, la quejosa debía contar con la licencia de funcionamiento que le permitiera operar, es decir, prestar el servicio de telecomunicaciones, de manera que debió exhibirla para acreditar su interés suspensional.
37. Sin que fuera óbice que la quejosa argumentara en sus agravios, que no existe funcionamiento mercantil en una torre de telecomunicaciones, puesto que en términos de los reglamentos previamente mencionados, para operar la estructura de telecomunicación debía contar con permiso, con independencia de que se llevara a cabo o no un funcionamiento mercantil, dado que es la operación del giro lo que hacía necesario contar con la referida licencia.
38. Lo anterior, pues si bien la quejosa pretendía demostrar que su actividad consiste en el despliegue de infraestructura pasiva, como elemento necesario que proporciona el soporte necesario para la implementación de servicios de telecomunicaciones y que suele incluir, entre otros, las torres y postes en estructuras elevadas que sostienen antenas y equipos de transmisión para la comunicación inalámbrica, lo cierto es que desarrolla un servicio de telecomunicaciones.
39. Por tanto, consideró el tribunal, para acreditar el interés suspensional podía exigírsele válidamente una licencia de funcionamiento sobre vías generales de comunicación (torres o estructuras que permiten explotar el espectro radioeléctrico concesionada), en términos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación,(14) pues tal exigencia deriva de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento para la Construcción, Instalación y Conservación de Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicación en el Municipio de Tijuana, Baja California, en cuanto establece que para la operación de estructuras de telecomunicaciones debe cumplirse con las disposiciones establecidas en ese ordenamiento, la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y su Reglamento para el Municipio de Tijuana, así como contar con las autorizaciones otorgadas por la autoridad de la materia.
40. De manera que si la quejosa no demostró ni siquiera indiciariamente contar con el permiso o licencia vigente que le permitiera mantener en operación la torre de telecomunicaciones que defiende, no acreditó contar con un derecho legítimamente tutelado para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
41. Finalmente, señaló que si bien la recurrente alegaba no requerir de licencia de funcionamiento municipal alguna para operar, pues ello implicaría una invasión a la competencia federal, lo cierto es que omitió exhibir algún permiso o autorización expedida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que declaró infundado el recurso interpuesto.
B. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja 43/2024
42. Juicio de amparo indirecto. El treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Presidente Municipal, el Síndico, el Director de Administración Urbana y el Inspector adscrito a dicha Dirección, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de quienes reclamó:
1. El citatorio de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, colocado en el acceso al sitio de telecomunicaciones de un inmueble ubicado en la Ciudad de Tijuana, Baja California.
2. La imposición de sellos de clausura y suspensión del Sitio de Telecomunicaciones del inmueble referido.
3. La totalidad del procedimiento administrativo del deriva el citatorio aludido.
4. La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo.
43. Conoció de la demanda el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien por auto de doce de febrero de dos mil veinticuatro la registró bajo el número 294/2024 y previno a la quejosa; previo desahogo, por auto de quince de febrero del mismo año, el juez admitió a trámite la demanda y ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión. Por acuerdo dictado en esa misma fecha en el incidente de suspensión, solicitó de las autoridades responsables sus informes previos, señaló fecha para la audiencia incidental y negó la medida cautelar provisional solicitada, esencialmente bajo la consideración de que la quejosa no acreditó contar con un interés suspensional, ya que no exhibió licencia o permiso de funcionamiento vigente expedido por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que le permitiera operar la torre de telecomunicaciones sobre la cual se impuso el estado de clausura.
44. Interposición del recurso de queja. Inconforme, la quejosa interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien lo registró con el número 43/2024 y mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro declaró fundado el medio de impugnación.
45. Dicho órgano jurisdiccional consideró que, del contenido de las documentales que la quejosa anexó a la demanda, logró acreditar de manera indiciaria su interés suspensional. Lo anterior, tomando en consideración que acudió a la vía de amparo doliéndose de que no se le permitía el acceso a la torre de telecomunicaciones que defiende, a fin de darle mantenimiento, más no para explotar las vías generales de comunicación.
46. Señaló que para la explotación de las vías de telecomunicación, sí se requería concesión o permiso de autoridad competente, mas no para realizar trabajos de mantenimiento a una torre, pues ello no requería mayor requisito que el contar con algún derecho sobre ella.
47. Que en el caso particular, ese derecho se encontraba acreditado, pues la quejosa anexó a su escrito de demanda la factibilidad de uso de suelo, el contrato de arrendamiento celebrado con el propietario del inmueble clausurado, la licencia de construcción de una torre de telecomunicaciones y el aviso de terminación de obra, las cuales, adminiculadas, permitían concluir que la quejosa contaba con un derecho sobre la torre sobre la que fueron colocados sellos de clausura.
48. Que del caudal probatorio allegado por la quejosa se logró advertir que la torre de telecomunicaciones objeto del acto de clausura, fue construida por una determinada empresa (persona moral), a la cual se le otorgó la factibilidad de uso de suelo, así como licencia de construcción y aviso de terminación de obra, los cuales fueron expedidos por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y que mediante escritura pública, se protocolizó la escisión de dicha empresa y la creación de una nueva persona moral escindida —quejosa en el juicio de amparo—, a quien se le cedieron los derechos y bienes de la escindente, necesarios para el desarrollo del negocio de torres de telecomunicaciones.
49. De ahí que, si la empresa a quien se otorgaron los permisos para construir la torre de telecomunicaciones, los cedió conjuntamente con sus bienes a la empresa quejosa, es esta quien cuenta con interés para solicitar la suspensión contra los actos de clausura que reclama, a fin de obtener el acceso necesario para realizar los trabajos de mantenimiento requeridos, sin que resulte necesario contar con un permiso o licencia de funcionamiento.
50. Así, al resultar fundados los agravios, revocó el auto recurrido y asumió jurisdicción, en cuyo ejercicio concedió la suspensión provisional solicitada.
51. Señaló que conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.
52. Que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podría tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, pues el objeto de la medida cautelar es mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente, evitando que se causen perjuicios con su ejecución.
53. Que ante tal exigencia, al resolver sobre la suspensión debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener, ya que el objeto de esa medida cautelar es el de conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, de manera que debe acreditarse fehacientemente la existencia del derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, y que este se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de la medida suspensional, ya que de lo contrario, ésta tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende.
54. En ese sentido, el órgano colegiado advirtió que, en el caso particular, la persona moral quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que se ordenara el retiro de los sellos de clausura colocados en la torre de telecomunicaciones y, en consecuencia, se permitiera el acceso a su personal para dar mantenimiento a la antena de telecomunicaciones ahí instalada, por lo que si en el caso se encontraba acreditado al menos indiciariamente el interés suspensional para acceder a la torre y poder realizar el mantenimiento requerido, toda vez que con su otorgamiento no se seguían perjuicios al interés socia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33089-9363ea7e/interes-suspensional-en-amparo-indirecto-para-acreditarlo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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