ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS NO CESA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA PERSONA ACREEDORA HAYA CONCLUIDO SUS ESTUDIOS EN UNA INSTITUCIÓN DE BACHILLERATO TÉCNICO, SI CONTINÚA SU EDUCACIÓN A NIVEL SUPERIOR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 321/2023. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 321/2023, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la conclusión de los estudios en una institución de educación media superior bajo la modalidad de bachillerato técnico es equiparable a la obtención de un título profesional expedido por una institución de educación superior para efectos de la continuación o cesación del derecho alimentario una vez alcanzada la mayoría de edad.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés ante el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Magistrado Germán Martínez Cisneros, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio que sostiene el Tribunal Colegiado del que es integrante al resolver el Amparo Directo Civil 133/2023 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 292/2009 del cual derivó la tesis aislada identificada con el número I.3o.C.808 C.
2. Posteriormente, mediante oficio recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, Presidenta del Pleno Regional mencionado anteriormente, determinó que, toda vez que dicho órgano carece de competencia para conocer de la contradicción, al haberse originado esta por la interpretación realizada por un tribunal perteneciente a una región distinta. En consecuencia, ordenó remitir la contradicción de criterios a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Trámite de la denuncia. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la contradicción de criterios; ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 321/2023. Además, realizó los siguientes requerimientos:
a. A la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por conducto de MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativa al Amparo Directo Civil 133/2023;
b. Al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por conducto de MINTERSCJN, la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en el Amparo en Revisión 292/2009 de su índice, se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, así como la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio; y
c. A la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria relativa al Amparo en Revisión 292/2009 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
4. Finalmente, ordenó el turno del asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
5. En auto de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informó que el criterio sostenido en el Amparo Directo Civil 133/2023 continuaba vigente.
6. Mediante auto de fecha trece de octubre, el Presidente en funciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informó de igual manera que el criterio sostenido en el Amparo en Revisión 292/2009 continuaba vigente.
7. En virtud de lo anterior, mediante auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto, teniendo por integrada la contradicción de criterios, y ordenó enviar los autos al ministro designado como ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
I. Competencia
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción V, del Acuerdo General 1/2023 vigente, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, toda vez que se trata entre criterios de tribunales colegiados de diversos circuitos.
II. Legitimación
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, órgano emisor de uno de los criterios que participan en la misma.
III. Criterios denunciados
10. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: La conclusión del bachillerato técnico basta para considerar que el egresado cuenta con capacidad de obtener ingresos, haciendo cesar, en consecuencia, la obligación alimentaria a cargo de sus progenitores.
11. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito: La obligación alimentaria a cargo de los progenitores no cesa por el solo hecho de que el acreedor mayor de edad haya concluido el bachillerato técnico y se encuentre en condiciones de tramitar el título respectivo, si resulta evidente su intención de proseguir con sus estudios a nivel superior.
IV. Existencia de la contradicción
12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de criterios que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(1)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de criterios, tal como se verá a continuación.
14. Con la finalidad de resolver sí existe o no la contradicción de criterios denunciados y, en su caso, definir el criterio que debe prevalecer, es necesario precisar las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitirlos.
15. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 292/2009, consideró que la argumentación por parte del Juzgado de Distrito que conoció del juicio de amparo, que se sintetiza a continuación, resultó esencialmente correcta:
• Los hijos menores de edad gozan de la presunción de necesitar alimentos, salvo prueba en contrario, carga que corresponde al deudor.(2)
• Si bien la obligación alimentaria puede subsistir una vez alcanzada la mayoría de edad por parte del acreedor, la carga probatoria se invierte, y ahora corresponde a éste acreditar su necesidad.(3)
• Entre las causales para la cesación de la obligación alimentaria se encuentran (a) la mayoría de edad del acreedor, cuando se encuentre en posibilidad de obtener ingresos propios; (b) el matrimonio del acreedor; y (c) la mayoría de edad y conclusión de estudios profesionales del acreedor alimentario.(4)
• Del análisis de las circunstancias particulares, se desprende que la acreedora en el caso concreto contaba con el grado de Técnico Bachiller Asistente Directivo, obtenido con motivo de la conclusión de sus estudios de bachillerato en una institución que ofrece esta modalidad específica, así como una especialidad de Operación en Microcomputadoras, expedida por un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal.(5)
• Por otra parte, resulta irrelevante que la acreedora manifestara su intención de ingresar a una institución de educación superior para continuar sus estudios, pues no acreditó su necesidad para seguir percibiendo los alimentos ni padecer de algún impedimento físico o legal para desempeñar un trabajo remunerado.(6)
• Asimismo, el hecho de contar con dos grados técnicos resulta suficiente para acreditar que cuenta con "conocimientos profesionales suficientes para desenvolverse en un ámbito profesional acorde a sus estudios, con independencia del grado académico al que desee ingresar."(7)
16. Todos estos razonamientos fueron acogidos y confirmados en revisión por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual enfatizó que la "circunstancia de que cuenta con preparación y estudios técnicos suficientes para obtener ingresos con motivo de una actividad remunerada"(8) hacía inaplicables los precedentes relativos a la continuación del derecho alimentario con posterioridad a la mayoría de edad del acreedor.
17. En esta tesitura, se determinó confirmar la resolución del Juez de Distrito, negando por ende el amparo a la quejosa.
18. De la resolución reseñada en párrafos anteriores derivó la siguiente tesis aislada:
PENSIÓN ALIMENTICIA. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL ACREEDOR ES MAYOR DE EDAD Y CUENTA CON PREPARACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA OBTENER INGRESOS PROPIOS, AUN CUANDO SU INTENCIÓN SEA LA DE SEGUIR ESTUDIOS PROFESIONALES.
El artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, en su fracción II, establece la figura de la suspensión o cesación de la obligación de dar alimentos, con motivo de que el acreedor alimentista alcance la mayoría de edad (supuesto en el que la propia ley establece la presunción de que una persona puede disponer libremente de su persona y de sus bienes) sólo por excepción sus padres deben otorgarlos hasta los veinticinco años de edad de dicho acreedor, si él demuestra que sigue estudiando en grado acorde a su edad; sin embargo, si de los elementos probatorios allegados al juicio se advierte que existe constancia de que el acreedor cuenta con preparación y estudios técnicos, debe considerársele capacitado para obtener ingresos, aunque manifieste y demuestre su intención de seguir estudios profesionales, atento a que en el sistema educativo los estudios técnicos evidencian una capacitación educativa plena.(9)
19. Cabe destacar, no obstante, el voto particular emitido por el Magistrado Neófito López Ramos, quien destacó, entre otras cosas, lo siguiente:
• La quejosa, una vez concluidos sus estudios de bachillerato, demostró su intención de continuar con su preparación profesional, participando en concursos de selección para el ingreso a la universidad y participando en un programa de capacitación a fin de no perder continuidad en su preparación.(10)
• Si bien esto no implica que la obligación alimentaria deba prorrogarse indefinidamente hasta que la acreedora sea admitida en un programa de educación superior y lo culmine con éxito, su participación en ellos sí es un factor que debe tomarse en cuenta, y la subsistencia de la obligación deberá quedar condicionada a que la acreedora alimentaria sea aceptada en la universidad y mantenga un desempeño razonable en sus estudios.(11)
• La capacitación correspondiente al título de técnico-bachiller no puede equipararse a la obtención de una profesión acorde con su capacidad, pues se trata de un programa de estudios enfocado principalmente a la adquisición de conocimientos generales que permitan al egresado ingresar a un nivel de educación superior y cursar alguna licenciatura; los conocimientos técnicos adquiridos, en este caso, son un beneficio adicional para el alumnado, pero no constituyen el grueso de sus estudios ni la finalidad esencial de esta fase en su preparación académica.(12)
• En consecuencia, lo procedente era revocar la resolución recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.
20. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el Amparo Directo Civil 133/2023, expresó las siguientes consideraciones:
• Al resolver el juicio de amparo directo iniciado en contra de la resolución de un Juzgado de lo Familiar en el Estado de Aguascalientes, enmarcó el problema –en la parte que resulta relevante para la presente ejecutoria– como la determinación de si la conclusión de los estudios de bachillerato técnico por parte del acreedor alimentario mayor de edad implica que éste "ya no tiene necesidad de recibir alimentos por estar en condiciones de incorporarse al mercado laboral".(13)
• Al analizar la sentencia reclamada, se enfatizó el análisis sobre los requisitos de la obligación alimentaria, identificando los siguientes tres: (i) la existencia de un vínculo familiar específico, (ii) el estado de necesidad del acreedor y (iii) la capacidad económica del deudor.(14)
• Asimismo, se hizo referencia a la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la obligación de ministrar alimentos no culmina con el hecho de alcanzar la mayoría de edad, pues el cambio en las estructuras familiares y sociales ha tendido a extender los ciclos educacionales que deben cumplirse para encontrarse en posibilidad de desempeñarse exitosamente en el mercado laboral.(15)
• En el caso concreto, el actor se encontraba estudiando una licenciatura y carecía de ingresos propios, aunque contaba con un grado técnico en ofimática obtenido en virtud de "las bondades del plan de estudios de la escuela donde cursó" la educación media superior.(16)
• Lo anterior, se destacó, implica que el bachillerato tecnológico ofrece una "modalidad bivalente", en la que "se puede estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera técnica, en el que las materias iniciales son prácticamente las mismas que en el bachillerato general".(17) Esto implica que, al egresar, el estudiante cuenta con dos opciones, a saber: continuar sus estudios en el siguiente nivel educativo (universitario) o bien incorporarse al mercado laboral con ayuda de la certificación técnica obtenida.(18)
• No obstante, se destacó que el cursar estas materias técnicas, en adición a las propias del bachillerato general, no es optativo para el alumnado, sino que constituye un requisito inevitable para la obtención del certificado de estudios de preparatoria.(19)
• Con base en estas consideraciones, aunadas al hecho de que el acreedor había optado activamente por proseguir con su educación universitaria y no ejercer la profesión técnica adquirida durante su educación media superior –absteniéndose inclusive de tramitar el título correspondiente– la Sala responsable consideró evidenciada la intención del acreedor de continuar su educación y, por lo tanto, prolongada la presunción de necesidad de los alimentos hasta la conclusión de sus estudios.(20)
21. Por lo que respecta a los agravios esgrimidos por parte del quejoso consistentes en que el Juzgado responsable había realizado una valoración probatoria indebida, el Tribunal Colegiado los declaró infundados, argumentando, inter alia, que:
• Los estudios de bachillerato técnico cursados por el acreedor constituyen un requisito indispensable para iniciar sus estudios universitarios, mismos que se encontraba cursando a la fecha de la resolución.(21)
• El haber adquirido un grado técnico "no implica que éste deba dedicarse a esa actividad", sino, en todo caso, "es una opción para el estudiante si decide ejercer su carrera técnica o [...] continuar con su carrera profesional."(22)
• El acreedor decidió, en ejercicio de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ingresar a una carrera universitaria en lugar de ingresar al mercado laboral, lo cual delata el estado de necesidad en el que se encuentra.(23)
• Conceder el amparo al quejoso implicaría "generar un plano de desigualdad entre personas estudiantes que cursan su educación media superior con una carrera técnica [...] [y] los que cursan el nivel [medio] superior en una institución que no brinda esta oferta académica", limitando el derecho de los primeros a recibir alimentos con base únicamente en la institución educativa de la que egresaron y no en las circunstancias personales y particulares que los llevaron a ingresar a dichas instituciones, ni al estado de necesidad concreto en que se encuentran.(24)
• Como consecuencia de lo anterior, en caso de favorecer al deudor, se desincentivaría el ingreso de las personas que, habiendo cursado un bachillerato técnico, quisieran realizar estudios profesionales, pues la privación del derecho alimentario obstaculizaría la continuidad de sus estudios. Esto, por su parte, incidiría negativamente en la calidad de vida de dichas personas, repercutiendo severamente en sus ingresos potenciales en el mercado laboral y menoscabando su derecho fundamental a una vida digna.(25)
• Aunque lo anterior no implica soslayar la posibilidad –que en efecto ocurre con frecuencia– de que las personas puedan realizar sus estudios universitarios al mismo tiempo que se desempeñan en el mercado laboral, no se desprende de ello que el acreedor en este caso esté obligado a adoptar este plan de vida, en contra de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, simplemente con base en la institución en donde cursó la preparatoria.(26)
• Finalmente, el Tribunal Colegiado sostuvo, en línea con lo anterior, que no resultaba aplicable al caso concreto lo sostenido por esta Primera Sala en la contradicción de tesis 9/2008-PS, relativo a la cesación del deber alimentario ante la abstención por parte del acreedor de tramitar su título profesional, pues consideró dicho criterio aplicable a los grados expedidos por parte de una institución de educación superior, sin que los grados técnicos obtenidos en el bachillerato resulten equiparables a aquéllos.(27)
• En virtud de las consideraciones anteriores, el Tribunal Colegiado declaró infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, aunque determinó concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, exclusivamente por lo que respecta a la proporcionalidad y cuantificación de la pensión alimentaria, esto al no haberse valorado debidamente los hechos relativos a la capacidad económica del deudor. • Asimismo, procedió a denunciar la posible contradicción de criterios ante el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México.
22. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada, esto por las consideraciones siguientes:
23. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que el título técnico otorgado por una institución de educación media superior bajo la modalidad de bachillerato técnico evidencia, por sí solo, la capacidad del egresado de desempeñarse en el mercado laboral y satisfacer sus propias necesidades, lo que implica una cesación del estado de necesidad que de otro modo justificaría la continuación del derecho alimentario con posterioridad a la mayoría de edad, cuando el acreedor haya optado por llevar a cabo estudios universitarios.
24. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito consideró que la obtención de dicho título no puede equipararse al obtenido como consecuencia de la conclusión de estudios universitarios, pues el primero funge al mismo tiempo como prerrequisito para el segundo, además de no ofrecer las mismas posibilidades de desempeño en el mercado laboral, generando un trato desigual para las personas estudiantes con base exclusivamente en la institución en donde cursaron la educación media superior.
25. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: ¿La conclusión de los estudios en una institución de educación media superior bajo la modalidad de bachillerato técnico es equiparable a la obtención de un título profesional expedido por una institución de educación superior para efectos de la continuación o cesación del derecho alimentario una vez alcanzada la mayoría de edad?
V. Estudio de fondo
V.1. Consideraciones previas
26. Previo a determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, esta Primera Sala estima conveniente destacar algunas generalidades sobre la institución de los alimentos, específicamente entre ascendientes y descendientes, así como la doctrina desarrollada por esta Suprema Corte con respecto a la misma.
V.1.1. Sobre los alimentos entre ascendientes y descendientes y su prolongación tras la mayoría de edad
27. Al ser competencia de las entidades federativas, la regulación de los alimentos se encuentra contemplada en los diversos códigos civiles y familiares locales, y aunque las disposiciones específicas varían entre los treinta y dos ordenamientos legislativos a lo largo del territorio nacional, el contenido sustantivo, particularmente en lo que respecta al asunto que hoy nos ocupa, coincide ampliamente entre éstos. En específico, pueden ubicarse los siguientes puntos comunes:(28)
a. El deber alimentario mutuo entre ascendientes y descendientes;(29)
b. Los elementos que lo integran en general (comida, vestido, habitación y salud, entre otras) y en específico con respecto a las personas menores de edad (gastos de educación y para proporcionarles un oficio, arte o profesión);(30)
c. La modalidad de cumplimiento, ya sea mediante la asignación de una pensión periódica o la incorporación al hogar del deudor;(31)
d. Las reglas de proporcionalidad para la cuantificación de la obligación alimentaria; (32)y
e. La cesación de la obligación alimentaria por imposibilidad del deudor para cumplirla o por la desaparición del estado de necesidad del acreedor.(33)
28. Como puede apreciarse, la estructura tradicional de esta institución contemplaba un deber a cargo de los progenitores de satisfacer las necesidades alimentarias de sus descendientes durante su minoría de edad, aunque algunas legislaciones –como es el caso del Estado de Aguascalientes, citada anteriormente– han sido reformadas para contemplar su continuidad con posterioridad a la mayoría de edad del acreedor, siempre y cuando éste se encuentre cursando estudios de educación superior.
29. Sin embargo, la ausencia de disposiciones de este tipo en algunos ordenamientos locales no implica que el derecho alimentario de los descendientes concluya inevitablemente al alcanzar la mayoría de edad, pues, como se verá a continuación, esta Suprema Corte de Justicia ha realizado diversos pronunciamientos con relación a esta institución, ello con base en la conceptualización de los alimentos como una institución de orden público e interés social, cuya tutela goza de protección a nivel constitucional en virtud del mandato de protección a la organización y desarrollo de la familia.(34)
30. En este orden de ideas, esta Primera Sala abordó por primera vez la cuestión que hoy nos ocupa en la Contradicción de tesis 169/2006-PS,(35) en donde debió pronunciarse respecto a la continuidad del derecho alimentario para los acreedores que hubieran cumplido los 18 años de edad y no fueran incapaces.
31. En dicho caso, esta Primera Sala sostuvo que la obligación alimentaria no cesaba necesariamente al cumplir los hijos o hijas los 18 años de edad, sino que podía extenderse en ciertos casos hasta la conclusión de su formación académica. Para arribar a tal conclusión, la Corte acudió a la regla contemplada en la legislación civil que contempla como parte de los alimentos los "gastos necesarios para allegarse de algún oficio, arte o profesión honestos, adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales."(36)
32. Asimismo, esta Primera Sala reconoció que, si bien la etapa formativa y no económicamente activa o productiva de las personas solía cerrarse antes de la mayoría de edad:
"la evolución del mercado laboral y de las estructuras familiares y sociales hace que los ciclos educacionales que una persona debe seguir para estar en aptitud de desarrollar una inmensa cantidad de profesiones y oficios se prolonguen más allá de la mayoría de edad."(37)
33. En esta inteligencia,
"Escaso efecto práctico tendría, en las circunstancias actuales, atribuir legalmente a los menores el derecho a obtener lo necesario para desempeñar una profesión si el límite infranqueable de sus prestaciones fuera la mayoría de edad. La prevalencia rígida de la regla temporal [...], en muchísimas ocasiones, toda virtualidad práctica al derecho a recibir de los padres lo necesario para recibir una educación congruente con las capacidades, necesidades y condicionamientos reales de cada uno."(38)
34. Sin embargo, la Corte también calificó este derecho, condicionándolo a que el acreedor cursara un grado de escolaridad "acorde no sólo con su edad, sino con todas sus condiciones particulares,"(39) reiterando la validez de la regla contenida en la legislación civil según la cual la obligación "no comprende la de proveer de capital a los acreedores alimentarios para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieran dedicado,"(40) y aclarando que el derecho "garantizado por esa vía no es un derecho a la mejor educación posible" por lo que "muy difícilmente va a poder un acreedor alimentario justificar ante el juez de lo familiar que este derecho obliga a sus progenitores a pagarle (contra su voluntad) los estudios hasta cualquier momento futuro".(41)
35. Finalmente, se reiteró la importancia de preservar el principio de proporcionalidad al momento de resolver este tipo de controversias.(42)
36. Posteriormente, al resolver el Amparo en Revisión 31/2008,(43) esta Primera Sala procedió a distinguir, dentro de los gastos inherentes a la obligación alimentaria, entre los correspondientes al rubro de la educación, identificándolos con los relativos a la educación básica obligatoria, que de acuerdo con la redacción vigente en aquel entonces del artículo 3o. constitucional, correspondía a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, arribando por tanto a la conclusión de que existen:
"[D]os rubros distintos, uno, gastos para educación y otro, gastos para proporcionar oficio, arte o profesión. Por tanto, no puede estimarse, [...] que cuando un acreedor alimentario llegue a la mayoría de edad, a fin de continuar recibiendo la pensión correspondiente, deba encontrarse estudiando a efecto de obtener un oficio, arte o profesión."(44)
37. Sin embargo, es importante destacar que la redacción del artículo 3o. constitucional ha sufrido modificaciones desde entonces, tal como se transcribe a continuación:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. [Énfasis añadido] [...]
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
38. Como se verá más adelante, este cambio en la redacción del texto constitucional, si bien no implica necesariamente que el criterio anteriorm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33107-66556e24/alimentos-el-derecho-a-percibirlos-no-cesa-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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