Corpus
Modo: Corpus Pro

FIRMA ELECTRÓNICA (E.FIRMA) DE LA PERSONA MORAL EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. NO ES VÁLIDA PARA SUSCRIBIR ESCRITOS PRESENTADOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO OBSTANTE, DEBE PREVENIRSE A LA QUEJOSA PARA QUE LOS RATIFIQUE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2021. · Registro digital (IUS): 31034
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Pág.1449.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 2 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.

SUMARIO

El tema a resolver consiste en determinar si –en virtud de lo estipulado en el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados digitales, celebrado entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Servicio de Administración Tributaria– la demanda de amparo o los recursos presentados con la firma electrónica expedida a personas morales por la autoridad fiscal, deben reconocerse como válidos, prevenirse para dar oportunidad a que el apoderado o representante legal los suscriba o, en su caso, deben desecharse por falta de firma.

CUESTIONARIO

¿Cuando una persona moral presenta su demanda de amparo o sus recursos con el certificado digital que le fue expedido por el Servicio de Administración Tributaria, deben reconocerse como válidos, prevenirse para dar oportunidad a que el apoderado o representante legal los suscriba y ratifique o, en su caso, deben desecharse por falta de firma?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dos de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la que se dilucida la contradicción de tesis 150/2021, cuyo probable tema consiste en determinar si la demanda de amparo o recurso suscrito con la firma electrónica expedida a personas morales por el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de lo estipulado en el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados digitales de la Firma Electrónica Avanzada, en adelante referida con las siglas (FIEL) por el Consejo de la Judicatura Federal, debe reconocerse como válida, prevenirse para dar oportunidad a que el apoderado o representante legal los suscriba y ratifique o, en su caso, debe desecharse por falta de firma.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción. Mediante oficio 611/2021 recibido el ocho de junio de dos mil veintiuno, a través del MINTERSCJN registrado con el número de folio 28318-MINTER en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el mismo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito; remitiendo para tal efecto la ejecutoria emitida por dicho tribunal el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 114/2021.

2. El Pleno del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que hay divergencia en las posturas sostenidas por los tres Tribunales Colegiados de los Circuitos ya mencionados, en cuanto a si el certificado digital de firma electrónica expedida a una persona moral por el Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debe reconocerse como válida para suscribir una demanda de amparo indirecto o recurso, a fin de cumplir con el principio de parte agraviada, o si debe prevenirse para dar oportunidad a que su apoderado o representante legal la suscriba o ratifique o, de lo contrario, si debe desecharse de plano.

3. Trámite de la contradicción de tesis. Recibida la denuncia de contradicción, mediante auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis (hoy contradicción de criterios) bajo el número 150/2021, se admitió a trámite y dispuso su turno al Ministro ponente.(1)

4. Asimismo, se requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Primer Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito para que, por conducto del Módulo de Intercomunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), remitieran versión digitalizada de las ejecutorias así como del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en el asunto de su índice, respectivamente, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustentaran sus nuevas consideraciones y, de ser así, para que enviaran versión digitalizada de las ejecutorias en las que sustentaran el nuevo criterio.

II. COMPETENCIA

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).".(2) Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito.

III. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentante de uno de los criterios denunciados. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.(3)

IV. EXISTENCIA

7. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(4)

i. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

ii. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

iii. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a aquellos de los que tocó conocer a los Tribunales de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, así como a los criterios que sostuvieron para resolverlos.

9. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple, pues los tres Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos cuyo criterio contiende, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de una interpretación normativa para llegar a una solución determinada de los casos que se sometieron a su consideración, como se expone enseguida.

10. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (denunciante), al resolver el amparo en revisión 114/2021 sustentó lo siguiente:

a) El asunto deriva del recurso interpuesto en contra de la determinación del Juez de Distrito al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., primer párrafo, de la Ley de Amparo, al concluir que la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no cumplía con el principio de instancia de parte agraviada, dado que su promoción ineludiblemente requiere que se encuentre suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa inconforme mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), o mediante lo que ahora se denomina e.firma, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, ambas propias de la citada persona física que representa legalmente a la moral quejosa.

b) El Tribunal Colegiado consideró que el Juez actuó con legalidad pues en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como los numerales 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, se desprende que la demanda de amparo únicamente puede ser promovida por quien sea titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por tanto la expresión de la voluntad se manifiesta a través de la firma de dicha persona como titular del derecho que se estima vulnerado.

c) Que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, por lo que, conforme al artículo 25 del Código Civil Federal, para que las personas morales ejerzan sus derechos, lo deben realizar a través de los órganos que, conforme a las disposiciones de sus escrituras o actas constitutivas, las presentan, mismas que serán personas físicas.

d) Consecuentemente refirió que, tratándose de personas morales, la promoción de la demanda de amparo, ineludiblemente debe realizarla quien o quienes ostenten su representación legal o su apoderado con facultades suficientes para ello, pero de ninguna manera actuando por sí misma la persona jurídica afectada. Soportando su argumento en la jurisprudencia 1a./J. 62/98,(5) emitida por esta Primera Sala, así como lo resuelto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 210/2010.

e) A partir de lo contenido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, señala que existe la posibilidad de que los justiciables presenten su demanda de amparo en forma impresa o electrónica, y en caso de que se decida hacerlo de manera electrónica, deben hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando para ello, la firma electrónica conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual fueron expedidos el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 y Acuerdo General Número 12/2020.

f) Por lo que destacó que la firma electrónica sustituye a la firma autógrafa, de ahí que, si el juicio se pretende tramitar en línea, será a través de la firma electrónica como deba signarse o suscribirse la demanda de amparo respectiva.

g) Refirió que los artículos 1, 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, y numerales 2, fracción XVI, del Acuerdo General Número 12/2020, tienen por objeto regular las bases para la creación, otorgamiento y uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como parte de la regulación que menciona el artículo 3o. de la Ley de Amparo, sobre que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la FIREL conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

h) Que el acuerdo general conjunto expresamente dispone que el certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas. Que podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado y, en el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente.

i) Así, concluyó que esto es aplicable cuando se firme con cualquier certificado digital de firma electrónica expedida por otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad correspondiente, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable; y especialmente impone que, tratándose de personas morales, este último certificado debe corresponder a la persona física que legalmente las represente.

j) Señalando que, para cumplir con el principio de instancia agraviada, tratándose de este tipo de personas jurídicas por ser entes abstractos y ficciones legales, compuestas por personas físicas, deben comparecer al juicio de amparo a través de su representante legal y no por sí mismas. Sustentando lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala.(6)

k) Refiriendo incluso, que el convenio de colaboración celebrado entre el Poder Judicial de la Federación con el Servicio de Administración Tributaria, fue firmado con la intención de establecer acciones necesarias y mecanismos de colaboración para el uso gratuito de la FIEL, de personas físicas que expide el Servicio de Administración Tributaria, de lo que se sigue que el convenio sólo fue suscrito respecto de la firma de las personas físicas, no así de las personas morales, por lo que no puede establecerse la validez de sus firmas electrónicas para efectos de su intervención por sí mismas en los juicios de amparo.

l) De esta forma, y aludiendo la cláusula segunda, párrafo primero del convenio aludido, concluyó que no es factible reconocer como válida la actuación de las personas morales cuando suscriben sus demandas, recursos, promociones o cualquier otra constancia, con la e.firma que corresponde a la propia persona jurídica, por más que sean las directamente agraviadas.

m) Señaló que el Pleno de este Alto Tribunal, al emitir la jurisprudencia P./J.32/2018 (10a.),(7) consideró que lo contenido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo buscó simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, modernizando el sistema de impartición de justicia, a fin de otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de los medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, garantizando con ello una justicia más expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Federal.

n) Descartando con ello la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la Juez de Distrito realizó una incorrecta interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo y de los numerales 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de referencia, pues la demanda de amparo había sido presentada con la firma electrónica avanzada de la persona moral quejosa, de ahí que no había sido presentada sin firma.

o) Ya que las disposiciones dependerán de lo contenido en los antecitados acuerdos, y que aplican de manera especial para la promoción del juicio de amparo al establecer las bases de operación y la manera en que se empleará la firma electrónica avanzada cuando se opte por presentar los medios de defensa a través de medios tecnológicos, aplicando la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.),(8) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 45/2018.

p) De la ejecutoria en mención resaltó que este Alto Tribunal consideró que la acción de amparo por vía electrónica también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada y, por esa razón, debe estar firmada electrónicamente. Destacó que la falta de firma electrónica de quien promueve el amparo no constituye una irregularidad susceptible de subsanarse, por lo que la inobservancia de dicho requisito origina el desechamiento de plano de la demanda, dado que carece de la voluntad de la persona que aparece como promovente del amparo; esto es, no hay instancia de parte y, en ese sentido, no cabe prevención alguna.

q) Por lo que concluyó que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se encuentra ajustado a derecho porque en el asunto en estudio se observó que al promover el juicio de amparo indirecto, la demanda en línea fue firmada de manera electrónica únicamente por la persona moral, es decir, no firmó la persona física que se ostenta como su representante legal, siendo que la promoción del amparo de las personas morales debe ser por conducto de su representante legal o apoderado, para cumplir con el principio de "instancia de parte agraviada" tratándose de este tipo de personas jurídicas.

r) Asimismo, que la falta de firma electrónica de quien promovió la demanda de amparo por vía electrónica, origina que deba sobreseerse en el juicio de amparo, ya que se trata de un requisito legal que no es subsanable, por lo que no da lugar a prevención alguna, pues como se señala en las diversas disposiciones referidas con antelación, tratándose de personas morales, el certificado digital de la firma electrónica para promover los juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente la representa, motivo por el cual, si no aparece la firma electrónica del representante legal de la persona moral, es claro que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia.

11. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 33/2019 sustentó el criterio siguiente:

a) El recurso de reclamación fue interpuesto en contra del auto emitido por el presidente del Tribunal Colegiado, en el que se requirió a la persona física en su carácter de apoderada de la sociedad recurrente para que ratificara la interposición del medio de impugnación, ya que el recurso de revisión fue firmado con certificado digital a nombre de la empresa tercero interesada, no de la persona física que se ostentó como su autora.

b) El Tribunal Colegiado señaló que de la respuesta a la consulta efectuada por la Magistrada ponente a la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del "Convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados digitales de la FIEL", se advierte que tal dirección implícitamente aceptó que conforme a dicho convenio, el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal que proporciona los servicios en línea para la presentación y recepción de promociones en formato electrónico dirigidas a los juicios de amparo, reconoce la validez de la FIEL como certificado digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria, aunado a que ese organismo fiscal posibilita que las personas morales contribuyentes sean titulares de su propia FIEL, distinta a la de las personas físicas que las representan. c) Por lo que sostuvo que, desde el punto de vista tecnológico y administrativo, no existe impedimento para que las personas morales hagan uso de su propia FIEL, para presentar promociones en general, demandas y recursos a través del portal de Internet de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal.

d) En el ámbito jurídico sostuvo que en términos de los artículo 3o. y 6o. de la Ley de Amparo, las partes pueden promover por sí, por su representante legal o apoderado, o cualquier persona en los términos previstos por dicho ordenamiento; asimismo que las promociones de las partes que se presenten en formato electrónico, deben suscribirse mediante el uso de la firma electrónica, y que la utilización de dicha firma produce los mismos efectos jurídicos, siendo el Consejo de la Judicatura Federal el encargado de regular las bases y el uso correcto de esa tecnología de la información.

e) Que el artículo 4o., inciso a), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, establece que la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación [FIREL] únicamente puede asignarse a las personas físicas, con independencia de que éstas representen a personas morales o a otras físicas.

f) Que a primera vista la antecitada regulación, pareciera sugerir que las promociones, demandas y recursos en el juicio de amparo presentados en formato electrónico, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, cuando sean firmadas mediante el uso de la firma electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria, ésta tendría que ser de una persona física, pues así se estipuló en el convenio de coordinación suscrito entre la autoridad exactora y el Consejo de la Judicatura Federal, inclusive si se trata de personas morales.

g) No obstante, estimó que esa interpretación literal resulta carente de funcionalidad, pues las tecnologías de la información evolucionan de manera fluida, de modo que la normatividad que las regula se ve precisada a implementar ajustes tendentes a incorporar esos avances tecnológicos, aludiendo lo que regula el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Firma Electrónica Avanzada sobre el uso de los medios electrónicos y la firma electrónica y la posibilidad de suscribir convenios de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados con el Ejecutivo, a través del Servicio de Administración Tributaria con los Poderes Legislativo y Judicial, federales.

h) Sosteniendo con lo anterior, que hoy día las normas fiscales establecen que las personas morales pueden contar con su propia firma electrónica, que es distinta a la de sus representantes legales, la cual para su validez ha de contar con un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que vincule al firmante con los datos de creación de esa clase de signatura.

i) De esta forma concluyó que, bajo una interpretación funcional del convenio aludido, los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito están obligados a reconocer como válidas las firmas de las personas morales que promuevan en los juicios de amparo mediante el uso de su propia firma electrónica, siempre y cuando ésta se encuentre certificada por el Servicio de Administración Tributaria y esté vigente.

j) Por lo que determinó que no se transgredieron en perjuicio de la recurrente, las normas reguladoras de la Ley de Amparo que rigen la presentación de promociones en formato electrónico mediante el uso de las tecnologías de la información, pues con la circunstancia de haber requerido a la representante de la persona moral para que compareciera a dicho órgano jurisdiccional a ratificar el escrito en que la empresa tercera interesada hizo valer la revisión, no se puso en duda la validez de la firma electrónica que muestra la evidencia criptográfica, sino más bien, que la carga procesal que se impuso a la representante de la persona moral recurrente tiene como finalidad generar mayor certeza en cuanto a que la autoría de los agravios es atribuible a la sociedad mercantil tercera interesada.

k) Determinando que toda vez que la interposición de la revisión sí cuenta con firma electrónica de la sociedad tercera interesada, no puede tenérsele como no interpuesta, ni tampoco desecharla por la ausencia de ese signo criptográfico, pues interpretar lo contrario constituiría un obstáculo al acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional. Criterio que motivó la tesis I.3o.C.117 K (10a.), de rubro: "FIRMA ELECTRÓNICA EXPEDIDA A PERSONAS MORALES POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (FIEL O E.FIRMA). LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A RECONOCERLA COMO VÁLIDA EN LOS JUICIOS DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA SE ENCUENTRE CERTIFICADA Y VIGENTE."(9)

l) Con acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, remitió a este Alto Tribunal la ejecutoria relativa al recurso de reclamación de mérito, informando que no se había apartado del criterio sustentado.

12. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 79/2020 sustentó el criterio siguiente:

a) Que de las constancias se observó que en la demanda de amparo indirecto presentado, aparece como promovente una persona física, no obstante, no se aprecia firma autógrafa ni electrónica de ésta, sino la firma electrónica de la persona moral a la que representa.

b) Por ello, en el auto inicial el Juez de Distrito determinó desechar la demanda de amparo promovida por la recurrente, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3o. y 6o., de la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, las personas morales pueden utilizar la FIREL para promover cualquier asunto, pero en ese caso, el certificado digital de firma electrónica deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente.

c) Y toda vez que la demanda no cuenta con la firma electrónica del representante legal, entonces éste no expresó su voluntad de instar la vía jurisdiccional. Por tanto, procedió el desechamiento conforme a la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2019715, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."

d) El Tribunal Colegiado declaró que los agravios de la recurrente eran infundados toda vez que no es aplicable el artículo 19-A del Código Fiscal de la Federación, pues resultó evidente que la tramitación del amparo se rige conforme a la Ley de Amparo, cuyo artículo 3o. establece que los escritos en forma electrónica se presentarán utilizando la firma electrónica conforme a la regulación expedida por el Consejo de la Judicatura Federal.

e) Que el artículo 4 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, prevé los procedimientos para obtener el certificado digital de firma electrónica, entre ellos, que sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas. Asimismo, el artículo 6 señala que las personas físicas legalmente legitimadas, podrán utilizar la FIREL para promover por su propio derecho cualquier asunto, pero tratándose de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente.

f) Consideró lo contenido en la contradicción de tesis 45/2018 que originó la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aludiendo que en ella se precisó que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada"; que por ello, si la demanda de amparo fue presentada electrónicamente y no está firmada con la FIREL del quejoso, ésta no cumple con el destacado principio, pues al no existir la voluntad del que aparece como promovente, no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención.

g) Sostuvo que lo mismo sucede y debe desecharse, cuando la demanda es firmada por el autorizado de la parte quejosa, pues igualmente carece de la voluntad de la persona que aparece como promovente del amparo. De donde se advierte que lo relevante es que la demanda esté firmada por la parte agraviada. Por lo que infirió que al referirse al "promovente", aludió a la persona física que de acuerdo con el contenido de la demanda es quien la relata.

h) Que en el caso particular, la persona moral quejosa cuenta con una firma electrónica validada por el Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que conforme al artículo 4, inciso a), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, sólo puede ser autorizado a personas físicas, lo que se entiende, pues sólo éstas podrían cumplir con los requisitos previstos en dicho artículo.

i) No obstante, la autoridad certificadora es la del Servicio de Administración Tributaria, aspecto que se ajustó a lo establecido en el artículo 5 del señalado Acuerdo General Conjunto, al existir convenio de reconocimiento de certificados digitales de e.firma emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, lo que se advierte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31034-5ad77f5a/firma-electronica-e-firma-de-la-persona-moral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.