RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA LABORAL. NO SE ACTUALIZA ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y EL PARTICULAR CON QUIEN CELEBRE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERÍA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 149/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADA GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIO: LUIS VARGAS BRAVO PIEDRAS.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 149/2024, suscitada por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco.
I. ANTECEDENTES
Trámite de la denuncia de contradicción.
1. Mediante oficio 124/2024 recibido el seis de noviembre de dos mil veinticuatro, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el citado órgano y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, al resolver los amparos directos 774/2022 y 1323/2019, respectivamente.
2. En proveído de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibida la denuncia indicada y ordenó formar el expediente electrónico de la contradicción de criterios 149/2024; la admitió a trámite y giró los oficios correspondientes a los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, para que: a) remitieran la versión electrónica del auto en el que informaran si el criterio sustentado en los amparos directos 774/2022 y 1323/2019, respectivamente, se encuentran vigentes; b) enviaran las resoluciones de los citados expedientes en copia certificada o su versión electrónica; y, c) pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico respectivo; asimismo, hizo saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la presente contradicción de criterios, para que de no existir inconveniente, comunicara la existencia o no de una diversa, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituya precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal, sobre el tema que se delimitó preliminarmente.
3. Por otra parte, en el citado acuerdo se ordenó remitir la presente contradicción de criterios a la ponencia de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno para su estudio, con la precisión que el turno electrónico sería confirmado una vez que concluyera su integración, en término de lo dispuesto en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
4. En autos de trece y catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibidos los oficios a través de los cuales, los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, informaron que el criterio que sustentaron en los amparos directos que emitieron se encontraban vigentes; asimismo, remitieron las sentencias de los asuntos; y, comunicaron que giraron instrucciones para poner a disposición para su consulta, sus expedientes electrónicos, de cuyo contenido se aprecia que causaron ejecutoria.
5. Por último, en auto de veinte de enero de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional tuvo por recibido el informe rendido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual señaló que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: "Responsabilidad Solidaria entre una Asociación Civil y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Determinar si es suficiente para tenerla por acreditada, que en el respectivo contrato de la Asociación se señale la obligación de la prestación de servicios con personal propio, que depende exclusivamente de dicha Asociación"; y, tomando en consideración que estaba integrado, en término del artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes aludido, se confirmó el turno electrónico de la contradicción de criterios 149/2024.
II. COMPETENCIA
6. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
7. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Décimo Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el amparo directo 774/2022.
10. Demanda laboral. Ocho actoras promovieron juicio laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y una Asociación Civil, donde reclamaron, entre otras prestaciones, la reinstalación, el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
11. Refirieron que fueron contratadas por la Asociación Civil para laborar en una guardería propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las categorías de ********** **********, con labores de ********** **********. Así como que fueron despedidas de su empleo.
12. Indicaron que tanto la Asociación Civil, como ellas, laboraron de forma exclusiva y principal para el Instituto Mexicano del Seguro Social el que resultó beneficiario de los servicios, por lo que lo demandaron como patrón solidario y responsable de las prestaciones reclamadas.
13. Refirieron que la Asociación Civil era insolvente económicamente y no disponía de elementos propios ni suficientes para cumplir con lo reclamado.
14. Contestaciones. La autoridad laboral decretó contestada la demanda en sentido afirmativo a la Asociación Civil, dada su incomparecencia, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, negó las relaciones de trabajo, al señalar que suscribió con la codemandada un contrato de prestación de servicios de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único.
15. Laudo. La Junta Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tabasco condenó a la Asociación Civil a la reinstalación, al pago de salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, intereses legales, al pago de mejoras salariales, a realizar las aportaciones de seguridad social por todo el tiempo que ha durado la relación laboral y absolvió del resto de las prestaciones demandadas.
16. Asimismo, absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social al considerar que no se prestaba la figura del intermediarismo ya que la Asociación Civil se obligó a prestar su función con personal propio.
17. Amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo, radicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco bajo el número 774/2022, en el que se otorgó la protección constitucional, bajo las siguientes consideraciones:
18. El órgano colegiado desestimó el argumento de las quejosas en el sentido de que la incomparecencia a juicio de la Asociación Civil generaba la presunción legal de que ya no existiera, al no encontrarse conferida en la ley ni podía deducirse de otro hecho probado.
19. El resto de los conceptos de violación los declaró fundados con base en lo resuelto en la contradicción de tesis 136/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dilucidó quien tenía la carga de probar que la beneficiaria de los servicios de los trabajadores es una persona física o moral distinta de la que los contrató, para efectos de la responsabilidad solidaria, cuando la supuesta beneficiaria negó lisa y llanamente la relación de trabajo. De cuya ejecutoria se originó la jurisprudencia 2a./J. 188/2008 de rubro: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA LABORAL. SI A QUIEN SE ATRIBUYE SER LA BENEFICIARIA EXCLUSIVA O PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS DEL TRABAJADOR NIEGA ESA CIRCUNSTANCIA LISA Y LLANAMENTE, LA CARGA DE PROBAR TAL BENEFICIO CORRESPONDE A ÉSTE."
20. Con base en lo anterior, concluyó que debían acreditarse dos hechos: (a) que las obras o servicios se desarrollen para una persona distinta de la que contrató al trabajador, y (b) que la persona física o moral que realizó esa contratación no disponga de recursos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas del vínculo laboral. En el entendido que el primer hecho (a) corresponde demostrarlo a la parte trabajadora cuando la supuesta beneficiaria lo niegue lisa y llanamente, y por otra, el segundo hecho (b) corresponde al beneficiario quien, una vez demostrada la solvencia económica del contratista, es liberado de la responsabilidad solidaria atribuida, toda vez que el trabajador no tiene al alcance los medios necesarios para demostrar esa insolvencia, al no tener acceso a los documentos que revelan la administración y balance pecuniario del contratista.
21. Invocó la tesis XVII.1o.C.T.67 L (10a.) de rubro: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA LABORAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA SOLVENCIA DEL CONTRATANTE CORRESPONDE A QUIEN SE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE BENEFICIARIO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS DEL TRABAJADOR." Así como la diversa VI.2o. 87 L de rubro: "INTERMEDIARIOS, LA CARGA DE LA PRUEBA SE SU SOLVENCIA CORRESPONDE AL BENEFICIARIO DE LA OBRA O SERVICIO."
22. Concluyó que fue incorrecta la decisión de tener por no demostrada la inexistencia de la responsabilidad solidaria atribuida por las actoras al instituto codemandado.
23. En cuanto al segundo elemento, correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social demostrar que la moral que contrató a las trabajadoras contaba con los medios para responder por las consecuencias de la relación laboral, cuestión que no satisfizo.
24. Determinó que no basta que en las cláusulas décima quinta y décima octava del contrato de prestación de servicios de guardería se señale que la asociación civil codemandada se obligaba a prestar dicha función con personal propio que dependía exclusivamente del prestador, por lo que el Instituto no adquiría alguna obligación de carácter laboral, pues ello no evidencia una verdadera solvencia o tenencia de elementos económicos para hacerse cargo de las prestaciones a que las actoras tuvieron derecho.
25. Sostener lo contrario, resaltó, implicaría que cualquier contratista o patrón se limitara a manifestar que cuenta con personal propio que depende exclusivamente de él para deslindar al beneficiario de los servicios; por lo que, no debe perderse de vista que el objetivo de prever la responsabilidad solidaria en la Ley Federal del Trabajo, es el de establecer un mecanismo tendente a evitar que los trabajadores sean defraudados por las personas que los contrataron y que no tienen los recursos necesarios para cumplir con las prestaciones derivadas de la relación laboral, puesto que proporciona la oportunidad de que aquellas también puedan hacerse efectivas en contra de quien se benefició con sus servicios.
26. Por lo que, si la actora acreditó el primer requisito de la responsabilidad solidaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social no comprobó la solvencia de la empleadora Asociación Civil, el instituto también debe responder por las condenas con motivo del despido injustificado, como responsable solidario.
27. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el amparo directo 1323/2019.
28. Demanda. Las actoras demandaron de una Asociación Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de una persona física, entre otras, la reinstalación, el pago de salarios caídos y aguinaldo.
29. Contestaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que las actoras fueron demandadas por la Asociación Civil, por lo que negó que existiera relación de trabajo y que se actualizarán los supuestos establecidos en los artículos 8, 10, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Adicionó que celebró con la citada asociación un contrato de prestación de servicios de guarderías, quien se obligó a proporcionar tal servicio con personal propio.
30. El codemandado físico negó la relación de trabajo.
31. La Asociación Civil aceptó la relación de trabajo. Y negó que fueran contratadas para laborar conjunta, solidaria o mancomunadamente con los codemandados incluso, señaló, laboran en el domicilio de su titularidad.
32. Primer Laudo. En el juicio laboral se dictó un primer laudo en el que se condenó a la Asociación Civil y al Instituto Mexicano del Seguro Social a cumplir con diversas prestaciones y se absolvió al codemandado físico.
33. Primeros juicios de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió un primer juicio de amparo directo, en el que se otorgó la protección constitucional para efecto de que se repusiera el procedimiento y se admitieran y desahogaran tres informes, así como una inspección ocular en el centro de trabajo. Se negó el amparo adhesivo promovido por la Asociación Civil.
34. Igualmente, en contra del primer laudo, la Asociación Civil promovió juicio de amparo directo el cual fue sobreseído, y se declaró sin materia el amparo adhesivo promovido por las actoras.
35. Por último, el Instituto Mexicano del Seguro Social también interpuso un amparo directo en contra del primer laudo, en el que se negó la protección constitucional y se declaró sin materia el amparo adhesivo promovido por las actoras.
36. Segundo Laudo. En cumplimiento al amparo directo en el que se otorgó la protección constitucional, la Junta del conocimiento proveyó de las pruebas materia de la reposición del procedimiento y, hecho lo anterior, se dictó un segundo laudo en el que se condenó a la Asociación Civil y al Instituto Mexicano del Seguro Social de forma conjunta y solidaria del pago de diversas prestaciones. Y se reiteró la absolución del codemandado físico.
37. Segundo juicio de amparo directo. Inconforme con el laudo condenatorio, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió un segundo juicio de amparo directo (materia de la presente contradicción de criterios), el cual fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito bajo el número 1323/2019, y las actoras promovieron amparo adhesivo, en el que se otorgó la protección constitucional en el amparo principal y se negó en el adhesivo, bajo las consideraciones siguientes:
38. El órgano colegiado calificó de fundados los conceptos de violación, para lo cual transcribió e interpretó los artículos 12, 13 y 20 de la Ley Federal del Trabajo.
39. Asimismo, transcribió el contenido de las cláusulas décima quinta y décima octava del contrato de prestación de servicios de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único, celebrado el tres de diciembre de dos mil trece, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Civil (prestador), ofrecido por el instituto demandado, y especificó que se encontraba debidamente perfeccionado.
40. De su lectura concluyó que el instituto demandado no podía considerarse como patrón ni como patrón sustituto, además, que tal pacto le liberaba de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie.
41. Por lo que, estimó, la Asociación Civil se obligó a prestar dicha función con personal propio y se adjudicó totalmente la calidad de patrón, obligaciones laborales, contractuales y fiscales.
42. Declaró que no se acreditó que existiera una relación de trabajo entre las actoras y el instituto demandado, ya que no existió una prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
43. Otorgó pleno valor probatorio al contrato de prestación de servicios de guardería en su modalidad de esquema comunitario único, del cual advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social no era responsable de la relación de trabajo entre la Asociación Civil y las actoras ni de forma directa o de manera intermediaria.
44. Estimó que existía una relación de carácter civil entre la Asociación Civil y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de la obligación contractual que ahí se pactó.
45. Como apoyo a lo anterior, invocó los criterios jurisprudenciales de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" y "SEGURO SOCIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR PARTICULARES, POR CUENTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO SURGE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL INSTITUTO Y LOS TRABAJADORES DE DICHOS PARTICULARES".
46. El tribunal colegiado desestimó el valor probatorio de las copias simples de cédulas de identificación a nombre de las actoras, al parecer expedidas a su favor por el instituto, para acreditar la relación de trabajo.
47. Máxime, señaló, que el instituto demandado negó la relación de trabajo al contestar la demanda, "por lo cual esa negativa implica la inexistencia de los documentos de los cuales se ofertó como medio de perfeccionamiento el cotejo y la ratificación de contenido y firma."
48. Como apoyo a lo anterior, invocó la tesis aislada de rubro: "RELACIÓN LABORAL. NO SE ACREDITA PRESUNTAMENTE ANTE LA OMISIÓN DE EXHIBIR UN DOCUMENTO ORIGINAL PARA SU COTEJO, SI EL DEMANDADO NEGÓ AQUELLA, Y ESA NEGATIVA IMPLICA LA INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO A COTEJAR".
49. Con base en lo anterior, otorgó la protección constitucional para el efecto de que se determinara que no existe relación de trabajo entre el Instituto demandado y las actoras. 50. Por otro lado, negó la protección constitucional a las quejosas adherentes al declarar inoperante lo alegado dado el estudio realizado en el amparo principal.
V. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
51. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
52. Sirven de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." y tesis aislada P. XLVII/2009 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS", emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
53. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es su unificación y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumpla los requisitos siguientes:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, independientemente del método utilizado.
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista, al menos, un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
54. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y, en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
55. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
56. Por otro lado, no es obstáculo para que este Pleno Regional se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que ninguno de los criterios contendientes constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 27/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES." y tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
57. En atención a lo anterior, se analiza si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
58. Este Pleno Regional considera que se acredita el primer requisito toda vez que los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como se expuso con antelación, los tribunales contendientes realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias que sustentaron.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
59. Este Pleno Regional considera que el segundo requisito sí se cumple, toda vez que ambos tribunales colegiados contendientes se pronunciaron sobre un mismo problema jurídico, atinente a determinar si la celebración de un contrato de prestación de servicio de guardería, suscitado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y una Asociación Civil, genera responsabilidad solidaria para el primero de los nombrados y si resulta beneficiario de los servicios prestados por los trabajadores del centro de cuidado.
60. Sin embargo, arribaron a conclusiones divergentes, en virtud que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, determinó que existía una responsabilidad solidaria entre la Asociación Civil y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de las obligaciones surgidas con motivo de la relación laboral existente entre la primera de las mencionadas con sus trabajadores.
61. Lo anterior, al analizar lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único, celebrado el tres de diciembre de dos mil trece, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Civil (prestador) y la interpretación de los artículos 12, 13 y 20 de la Ley Federal del Trabajo.
62. Sustentándose en la jurisprudencia 2a./J. 188/2008, determinó que a la parte actora le correspondía acreditar que las obras o servicios se desarrollen para una persona distinta de la que contrató al trabajador, lo cual se comprobó con el contrato exhibido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
63. En tanto que, al mencionado instituto demandado le correspondía demostrar la solvencia económica del contratista para ser liberado de la responsabilidad solidaria, ya que la parte trabajadora no tiene los medios necesarios para demostrar tal extremo. Concluyó que el que se estipulara en el citado pacto, en las cláusulas décima quinta y décima octava, que la asociación civil se obligaba a prestar dicha función con personal propio que dependía exclusivamente del prestador, por lo que el instituto no adquiría alguna obligación de carácter laboral, no evidenciaba una verdadera solvencia o tenencia de elementos económicos para hacerse cargo de las prestaciones a que las actoras tuvieron derecho.
64. Así como tampoco era suficiente que en el contrato se le eximiera de responsabilidad ya que, de atender a lo pactado, implicaría que cualquier contratista o patrón se limitara a manifestar que cuenta con personal propio que depende exclusivamente de él para deslindar al beneficiario de los servicios y así evadir la responsabilidad solidaria prevista en la Ley Federal del Trabajo, defraudando a los trabajadores.
65. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, analizó el mismo contrato de prestación de servicios de guardería con base en los mismos preceptos legales, 12, 13 y 20 de la Ley Federal del Trabajo y arribó a una conclusión contraria.
66. Apuntó que las cláusulas décima quinta y décima octava del contrato de prestación de servicios de guardería establecían que el instituto demandado no podía considerarse como patrón ni como sustituto, además, que tal pacto le liberaba de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie.
67. Destacó que, si la Asociación Civil se obligó a prestar dicha función con personal propio y se adjudicó totalmente la calidad de patrón, debía de eximirle de la generación de cualquier responsabilidad laboral, contractual y fiscal, era suficiente para acreditar la inexistencia de una relación de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y las actoras, al no existir una prestación de trabajo personal y subordinado a cambio de un salario con este último.
68. Por último, señaló que el citado contrato comprobaba que existía una relación de carácter civil entre la Asociación Civil y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de la obligación contractual que ahí se pactó.
69. En tanto que estimó que, si el Instituto demandado negó la relación de trabajo, ello implicaba la inexistencia de los documentos ofertados, en copia simple por la parte trabajadora, con los que pretendía acreditar la prestación de servicios, consistentes en cédulas de identificación a nombre de las actoras presuntamente expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
70. Lo anterior evidencia que ambos órganos colegiados se pronunciaron sobre la conformación de la responsabilidad solidaria entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Civil con la cual celebró un contrato con la finalidad de brindar el servicio de guardería, con motivo de las obligaciones generadas de la relación laboral existentes entre ésta última con sus trabajadores.
71. Lo cual se resolvió analizando el mismo acuerdo de voluntades e idénticos preceptos legales. Arribaron a conclusiones divergentes, en cuanto a que si lo pactado en un contrato para brindar el servicio de guardería puede o no tornar al Instituto Mexicano del Seguro Social como responsable solidario de las prestaciones laborales surgidas con motivo de las relaciones de trabajo que sostienen la Asociación Civil con sus empleados.
72. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33159-485b93a3/responsabilidad-solidaria-en-materia-laboral-no-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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