RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LAS PORCIONES CONDUCENTES A LA VÍA PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN, QUEDÓ DEROGADO A PARTIR DE LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 120/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Ver sinopsis
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Primero y Vigésimo Segundo, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 116/2016, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.
4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 226/2023, en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 116/2016 y el amparo directo administrativo 226/2023, respectivamente.
7. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver característica AR 116/2016
8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver característica AR 226/2023
9. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:
Ver síntesis
10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la aplicabilidad del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria a efecto de definir la vía para solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de los daños y perjuicios causados por la actividad de los servidores públicos de ese órgano desconcentrado.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados, porque ambos se pronunciaron sobre si la norma en comento sigue vigente.
13. Sin embargo, entre los contendientes se generó un diferendo, pues uno consideró que la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil nueve provocó la derogación tácita del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y que, por tanto, la indemnización por la responsabilidad patrimonial que corresponde a este órgano desconcentrado ya no es exigible en la vía referida por el precepto derogado, es decir, directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino ante la entidad presuntamente responsable, para luego intentar el recurso de revisión en sede administrativa o la vía jurisdiccional ante el referido tribunal administrativo; mientras que el otro concluyó que dado que la reforma de mérito no incluyó al artículo 34 en cita, no puede considerarse derogado, además de que este precepto integra un régimen de regulación especial, por lo que la solicitud de indemnización presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente.
14. Importa precisar que aun cuando los tribunales colegiados se refirieron al precepto en comento en general, sus criterios dan pauta para considerar que la materia de la presente disputa está conformada por algunas de sus porciones solamente, a saber, aquellas relacionadas con la vía, pues este tema fue el único que abordaron.
15. En efecto, el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria contiene diversos mandatos como se explica enseguida:
• El párrafo primero, señala que el Servicio de Administración Tributaria es responsable del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de sus atribuciones.
• El párrafo segundo, establece que el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial del Servicio de Administración Tributaria no exime a los servidores públicos que hubieran realizado la conducta dañina de la aplicación de las sanciones administrativas, penales y laborales que procedan.
• El párrafo tercero, refiere que el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial del Servicio de Administración Tributaria será exigible ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sustitución de las acciones propias del derecho federal común.
• El párrafo cuarto, indica que la persona contribuyente que solicite una indemnización deberá probar la lesión, la acción u omisión del Servicio de Administración Tributaria y la relación de causalidad entre ambos; así como la realidad y el monto de los daños y perjuicios.
• El párrafo quinto, apunta que la indemnización se puede pedir en la misma demanda en la que se controvierte una resolución o en otra por separado. Y en relación con la documentación que se debe acompañar, que la persona contribuyente no está obligada a adjuntar el documento en el que conste el acto impugnado o la copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad administrativa ni, en su caso, el contrato administrativo.
• El párrafo sexto, predica que las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en su denominación actual) en materia de responsabilidad patrimonial deben, en su caso, declarar el derecho a la indemnización, determinar el monto de los daños y perjuicios y condenar al Servicio de Administración Tributaria a su pago. Y que cuando no se haya probado el monto de los daños y perjuicios, la persona contribuyente deberá promover incidente de daños y perjuicios ante el propio tribunal una vez que tenga los elementos necesarios para determinarlos.
• El párrafo séptimo, señala que el Servicio de Administración Tributaria debe indemnizar al particular afectado por los gastos y perjuicios en que incurrió cuando se esté ante una falta grave ocurrida al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda. Además, establece los tres supuestos únicos que deben considerarse faltas graves.
• Y el párrafo octavo, dispone la supletoriedad de las disposiciones del derecho federal que rijan materias similares y de los principios generales del derecho.
16. Así se corrobora con la siguiente transcripción de la norma en comento:
Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria será responsable del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan.
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria establecida en el párrafo anterior, no exime a los servidores públicos que hubieran realizado la conducta que originó los daños y perjuicios de la aplicación de las sanciones administrativas que procedan en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de las penales y laborales que, en su caso, se deban imponer.
El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria será exigible ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sustitución de las acciones que los particulares puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del derecho federal común.
El contribuyente que solicite una indemnización deberá probar, entre los hechos de los que deriva su derecho, la lesión, la acción u omisión del Servicio de Administración Tributaria y la relación de causalidad entre ambos; así mismo, deberá probar la realidad y el monto de los daños y perjuicios.
En la misma demanda en que se controvierte una resolución o en una por separado, se podrá solicitar la indemnización a que se refiere este artículo. En relación con la documentación que se debe acompañar a la demanda, en los casos de responsabilidad, el contribuyente no estará obligado a adjuntar el documento en que conste el acto impugnado, la copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad ni, en su caso, el contrato administrativo.
Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de responsabilidad, deberán, en su caso, declarar el derecho a la indemnización, determinar el monto de los daños y perjuicios y condenar al Servicio de Administración Tributaria a su pago. Cuando no se haya probado el monto de los daños y perjuicios, la sentencia podrá limitarse a declarar el derecho a la indemnización; en este caso, el contribuyente deberá promover incidente ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que originalmente impugnó, pidiendo la liquidación de los daños y perjuicios, una vez que tenga los elementos necesarios para determinarlos.
El Servicio de Administración Tributaria deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los gastos y perjuicios en que incurrió, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Para estos efectos, únicamente se considera falta grave cuando la resolución impugnada:
I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia.
II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.
III. Se anule por desvío de poder.
En los casos de responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal que rijan materias similares y los principios generales del derecho que mejor se avengan a la naturaleza y fines de la institución.
17. Y, como se ha adelantado, entre los tópicos abordados por esta norma, el punto de contacto en las ejecutorias que contienen las posturas en contienda se actualiza en lo relativo a la vía exclusivamente, la cual se regula en los párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo –las partes conducentes–, como se ilustra con el siguiente cuadro en el que se destacan con negrilla las porciones pertinentes para facilitar la lectura:
Ver cuadro
18. Luego, estas porciones normativas –las destacadas con negrillas– son las que se constituirán como el objeto del presente estudio.
19. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿El artículo 34, párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo, en las partes conducentes, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria fue tácitamente derogado por la reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil nueve en cuanto a la vía para solicitar la indemnización por responsabilidad patrimonial de ese órgano desconcentrado?
20. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 116/2016 y el amparo directo administrativo 226/2023, respectivamente.
21. No es obstáculo para alcanzar esta conclusión que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no haya atendido el requerimiento que se le dirigió para que informara si su criterio continúa vigente, porque de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(7) no se advierte evidencia de que esté superado.
22. Tampoco obsta para tener por existente la contradicción de criterios que en uno de los asuntos –aquel examinado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito–, se haya resuelto un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, y que en el otro –del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito–, la resolución respectiva versara sobre un juicio de amparo directo promovido en contra de un fallo de nulidad emitido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que tales aspectos son secundarios considerando que ambos tribunales colegiados realizaron su estudio con base en los mismos elementos.(8)
23. Finalmente, debe señalarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito informó que el fallo con el que contiende en el presente asunto está firme.
24. En estas condiciones, es existente la contradicción de tesis, como ya se anunció.
V. Estudio
25. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Carta Magna,(9) consignan el principio de seguridad jurídica.
26. En el amparo en revisión 346/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, sobre el principio en comento, que se traduce en que el gobernado conozca de antemano los elementos mínimos de su derecho, de tal manera que no quede en incertidumbre jurídica:
82. Atendiendo a lo establecido en los preceptos constitucionales referidos, es dable señalar que la seguridad jurídica, brinda a los gobernados la certeza de no encontrarse jamás en una incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión.
83. Esto es así, pues la seguridad jurídica se sustenta en la premisa de dar certeza a los gobernados, acerca de saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.
84. Se afirma lo anterior, porque en atención a ese principio, las autoridades están constreñidas a sujetar su actuar a lo establecido en las leyes, fundando y motivando sus determinaciones, a efecto de que los gobernados tengan certeza acerca de la legalidad de esa actuación.
85. En efecto, en función de ese derecho, las autoridades están obligadas a sujetar su actuar a los requisitos y condiciones que para cada acto de autoridad establezca la ley aplicable al caso, y para que los gobernados tengan certeza respecto a lo que deben esperar en el actuar de dichas autoridades.
86. Este derecho ya ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha señalado que el principio de seguridad jurídica busca, entre otras cosas, la estabilidad en las situaciones jurídicas, y es parte fundamental de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad democrática, misma que es uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa un Estado de Derecho, siempre que se funde en una real y efectiva certeza de los derechos y libertades fundamentales (8 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2018. Párrafo 122).
87. Por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha fijado los alcances de la garantía de seguridad jurídica, al señalar que debe permitir que el gobernado conozca los elementos mínimos para hacer valer su derecho y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
88. Lo anterior, se ve reflejado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 351, del tenor siguiente:
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando este se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." 27. Tanto en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citado por el Máximo Tribunal en esta ejecutoria, como en otros del propio tribunal regional,(10) en interpretación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(11) se ha dejado sentado que la seguridad jurídica implica que el Estado establezca los elementos indispensables para la definición y defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades, de tal manera que éstos conozcan en todo momento su situación frente a la ley.
28. Así, la seguridad jurídica alude a la necesidad de que las personas tengan certeza sobre su situación legal en cualquier circunstancia y sobre las posibilidades con que cuentan para salvaguardar sus derechos.
29. Un caso que puede generar incumplimiento de ese principio se actualiza cuando dos normas integradoras del orden jurídico se contradicen, es decir, cuando hay una antinomia entre ellas, pues en tal supuesto el gobernado no tiene certeza sobre cuál le resulta aplicable; al respecto es ilustrativa una parte de la ejecutoria constituida como el primer precedente de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2011(12) de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", en la que se señaló lo siguiente:
No pasa inadvertido para esta Primera Sala que los actos de autoridad, incluidos los de creación y vigencia de normas generales, pueden combatirse en la vía de amparo, sobre la base de diversos argumentos, entre los que destaca su confrontación directa con disposiciones constitucionales y también por la infracción de exigencias constitucionales que deben respetar, como son las derivadas del proceso legislativo establecido en la Carta Magna o, incluso, del respeto a la garantía de seguridad jurídica, que alberga las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación y motivación, competencia, retroactividad, audiencia, entre otras muchas; y que la violación de esos derechos públicos subjetivos puede demostrarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino también, mediante la precisión de incongruencias en el orden jurídico que revelen la violación a la seguridad jurídica, lo que podría calificarse como una violación indirecta al texto fundamental.
30. Establecido así que las antinomias trastocan el principio de seguridad jurídica reconocido en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Carta Magna, interesa señalar que, según expuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2015 (10a.)(13) de rubro: "ANTINOMIA. ES INEXISTENTE ENTRE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, Y 22, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, Y 21, FRACCIÓN II, NUMERAL 2, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2011 Y 2012 Y, POR ENDE, CON SU CONTENIDO NO SE PROVOCA INSEGURIDAD JURÍDICA.", para que aquellas se actualicen es necesario que las normas que se dicen contradictorias pertenezcan al mismo sistema jurídico, concurran en el mismo ámbito temporal, espacial, personal y material de validez y establezcan consecuencias jurídicas incompatibles, a tal grado que no sea posible su aplicación simultánea.
31. La ejecutoria de referencia, en la parte que interesa, dice así:
76. La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyendo consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico que impide su aplicación simultánea.
77. El encargado de aplicar normas abstractas a situaciones particulares sólo se enfrenta a una antinomia auténtica cuando el conflicto entre la prohibición y el facultamiento condiciona la absoluta incompatibilidad de la norma que prohíbe y la que faculta, o lo que es igual, cuando, en virtud de tal incompatibilidad, la aplicación simultánea de esos preceptos resulta imposible.
32. Sobre el mismo tema, la Primera Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria correspondiente a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2022 (11a.)(14) de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, AL ESTABLECER DIVERSAS ACTUACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA, NO CONFIGURAN UNA ANTINOMIA, NI SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 113).", indicó lo siguiente:
37. Al respecto, este Máximo Tribunal ha estimado que la existencia de incongruencias o antinomias se comprueba cuando se descubre que un mismo hecho ha sido objeto de una regulación contradictoria; y que, para sostener que dos normas regulan contradictoriamente un hecho, no basta, naturalmente, que cada una le atribuya consecuencias jurídicas distintas, pues la simple discrepancia de sus partes dispositivas no implica contradicción; por lo que es necesario que las disposiciones que se contradicen sean discrepantes de manera sui generis, es decir, que una de ellas prohíba la misma conducta permitida por la otra. Por lo que la antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyendo consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico que impide su aplicación simultánea.
38. También se ha considerado que el encargado de aplicar normas abstractas a situaciones particulares sólo se enfrenta a una antinomia auténtica cuando el conflicto entre la prohibición y el facultamiento condiciona la absoluta incompatibilidad de la norma que prohíbe y la que faculta, o lo que es igual, cuando, en virtud de tal incompatibilidad, la aplicación simultánea de esos preceptos resulta imposible.
33. Además, el Alto Tribunal ha sostenido que una forma de subsanar supuestas colisiones normativas es a través de la interpretación y que solo cuando esta no alcance para armonizar los preceptos de que se trate debe considerarse actualizada la antinomia; así deriva de la ejecutoria constituida como el primer precedente de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2019 (10a.)(15) de rubro: "TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INTERPRETACIÓN DE SU REGULACIÓN CUANDO COEXISTA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL.", que se transcribe a continuación en la porción que interesa:
20. En efecto, todo ordenamiento jurídico adquiere su validez a partir de una norma fundamental que es la Constitución del Estado y a partir de ahí se desprenden una serie de normas que, perdiendo generalidad, ganan en determinación, pero siempre la norma individualizada encontrará su validez en una norma de mayor jerarquía que la condiciona.
21. Así, cuando exista una norma jurídica individualizada que vincule a una o varias personas por concretar en ellas sus efectos, es claro que se convierte en un centro de imputación jurídica sujeto de derechos y obligaciones derivados precisamente de esa norma individualizada que encuentra fundamento en el propio sistema jurídico.
22. Esta circunstancia justifica, por ejemplo, el uso del criterio de especialidad de la ley (ley especial deroga a la ley general) para solucionar casos en que existan antinomias, es decir, casos en que el intérprete de la ley considere que en un mismo sistema jurídico existen dos normas que, concurriendo en ámbitos temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyan consecuencias jurídicas distintas e incompatibles entre sí a una misma hipótesis normativa o fáctica que impide su aplicación simultánea.
23. Si todo ordenamiento jurídico adquiere validez a partir de una norma fundamental que es la Constitución –de la que se desprenden una serie de normas que, debiendo ser conformes con el texto constitucional, van perdiendo generalidad y ganando en determinación y especificidad– resulta claro que, ante una aparente incompatibilidad entre normas, el intérprete de la ley deberá definir primero si efectivamente existe tal colisión normativa insubsanable (ni siquiera por la vía interpretativa). De concluir que sí existe la antinomia, entonces tendrá que acudir a los métodos interpretativos para la solución de conflictos de normas para decidir lo que conforme a derecho corresponda en el caso concreto sometido a su conocimiento.
34. Dos ejemplos de cómo superar aparentes antinomias a través de ejercicios interpretativos se advierten de las tesis siguientes:
DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A CUANDO SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY APLICADA O QUE SE DEBIÓ APLICAR EN EL ACTO PROCESAL. El precepto legal citado, al establecer que no será exigible el requisito de impugnar mediante el recurso o medio de defensa legal las violaciones procesales que se hagan valer en el juicio de amparo directo, cuando se alegue que la ley aplicada o que debió aplicarse en el acto procesal es contraria a la Constitución Política de los Es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33187-dc2f09d0/responsabilidad-patrimonial-del-estado-el-articulo-34-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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