ALEGATOS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA PERSONA JUZGADORA NO ESTÁ OBLIGADA A TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL DICTAR SENTENCIA. ALEGATOS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. EL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN IMPIDE QUE EN ESA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SE INCORPOREN CUESTIONES PROBATORIAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 61/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Y MARIANA FLORES VEGA. PONENTE: DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión celebrada el día cinco de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la denuncia de posible contradicción de criterios 61/2025, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
R E S U L T A N D O S :
Primero. Radicación y trámite de la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil veinticinco, se denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito [amparo directo 993/2023] y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito [amparo directo 338/2021].
En proveído de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, la Presidencia del Alto Tribunal tuvo a **** ******** ****** ******, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en el amparo directo 993/2023 -personalidad que dijo se advertía del proveído de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, dictado en el amparo directo en cita-, denunciando la posible contradicción de criterios precisada, cuyo aparente tema de contradicción consistía en determinar si en el juicio oral mercantil el juzgador, al momento de dictar sentencia, debe considerar los alegatos relacionados con la litis, en atención al principio de oralidad que rige en dicho procedimiento.
En el mismo proveído, el Máximo Tribunal determinó que carecía de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la misma Región, por lo que ordenó la remisión de las constancias correspondientes a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por ser el competente por Región y materia para conocer de la posible contradicción denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Segundo. Radicación y turno. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibida la promoción proveniente del Máximo Tribunal; ordenó formar y registrar el expediente con el número 61/2025, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, turnó los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado y solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios contenientes aún se encontraban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, en el propio auto se estimó innecesario solicitar el informe correspondiente a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis, en virtud de lo comunicado por el Alto Tribunal al remitir la contradicción, en el sentido de que, durante los últimos seis meses, no se había radicado alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el planteado en el presente asunto, a saber:
"DETERMINAR SI EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL EL JUZGADOR, AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA, DEBE CONSIDERAR LOS ALEGATOS RELACIONADOS CON LA LITIS, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD QUE RIGE EN DICHO PROCEDIMIENTO."
Tercero. Vigencia de criterios y confirmación de turno. En proveído de siete de agosto del presente año, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes; y se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Cuarto. Nueva integración, returno y confirmación del asunto. Con motivo del "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL" publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco, con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López.
Mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, se returnó el asunto a la segunda de las nombradas y se confirmó el turno del asunto, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, atento a lo decidido por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 1/2024, del propio Pleno, aprobado en sesión de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro]; en relación con el artículo 1, fracción II, punto 2, y el artículo 2, estos del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado a través de Acuerdo General 38/2023, del mismo Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; normatividad que continúa vigente en términos del transitorio Décimo Noveno de la ley orgánica aludida, el cual se transcribe para pronta referencia:
"Décimo Noveno.- Los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la presente Ley hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios Acuerdos".
Ello en virtud de que la contradicción denunciada se suscitó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de ahí que la denuncia en cita se comprende en el territorio asignado a este órgano. Además, la materia de ambas ejecutorias versa sobre una de las especialidades de este Pleno Regional, que es la civil.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, ya que, como fue determinado por el Máximo Tribunal, se trata del autorizado en términos amplios del quejoso en el amparo directo 993/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del que deriva uno de los criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios contendientes. A continuación se precisan, en lo relevante, los antecedentes y ejecutorias de los asuntos de los que derivaron los criterios denunciados.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Amparo directo 993/2023.
Antecedentes
• Una persona física promovió juicio de amparo directo en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se transcriben:
"III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE
C. Juez del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Córdoba, Veracruz, con domicilio en [...]
IV.- ACTO RECLAMADO
Sentencia definitiva dictada en los autos del Juicio Oral Mercantil 110/2022 de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés."
• De dicha demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la registró con el número 993/2023 y la admitió a trámite.
• En sesión ordinaria de once de abril de dos mil veinticinco, el referido tribunal del conocimiento resolvió:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (...), contra el acto que reclamó del Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, consistente en la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintitrés, en el juicio oral mercantil 110/2022."
Determinación que, en lo conducente, el tribunal colegiado en cita sustentó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación que se exponen, son ineficaces.
(...)
En diverso orden de ideas, alega la parte quejosa una transgresión de carácter formal, que hace consistir en que el juez responsable, al momento de dictar sentencia, no consideró los alegatos que hizo valer [éstos los cuales (sic) deben ser ponderados al emitirse sentencia definitiva, en atención al principio de oralidad rector del juicio natural, y no soslayarse como lo hizo el juzgador estimando que no son parte de la litis], de los que se desprende una confesión de la parte demandada, en el sentido de que si bien el accionante reclamó la nulidad de dos contratos, debía asumirse la existencia de los mismos atendiendo al consentimiento de los pagos realizados por éste; confesión que perjudica a la propia demandada que la hizo, porque los actos carentes de consentimiento no producen efectos legales (y en caso de producirse deben destruirse retroactivamente), ni pueden convalidarse por confirmación, de modo que los pagos y/o cargos efectuados a las cuentas de mérito no producen efectos legales ni las validan; y de no estimarse así se llegaría al absurdo de permitir que las instituciones bancarias, inobservando las normas financieras aplicables, abrieran cuentas a las personas y éstas tuvieran que cumplir los pagos respectivos para evitar un historial crediticio negativo que les cause perjuicio en su ámbito laboral, y que ello se asumiera como su consentimiento con dichos actos; lo que podría llegar al grado de tener abiertas multiplicidad de cuentas que pudieran aplicarse al lavado de dinero, pues las instituciones de crédito no siempre dan aviso de tal apertura a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Motivo de disenso ineficaz, si se pondera que la falta de análisis en la sentencia reclamada, de los alegatos que refiere el quejoso, no pueden estimarse lesivos de su esfera jurídica, pues si bien el artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio prevé que las partes en litigio formulen alegatos, lo cierto es que éstos no forman parte de la litis, ya que ésta, en los juicios orales mercantiles, se integra únicamente con los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas, como se aprecia del artículo 1390 bis 13, del Código de Comercio); de ahí la ineficacia del argumento que se atiende.
Corrobora lo así expresado, dada la idea jurídica sustancial que contiene, la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 35 del Volumen 145-150, Cuarta Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro 240682), de rubro: ‘ALEGATOS. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES LA SENTENCIA QUE OMITE SU ESTUDIO.’
En mérito de lo cual ningún beneficio le genera al quejoso el criterio que cita, de rubro ‘JUICIO ORAL MERCANTIL. LOS ALEGATOS Y MANIFESTACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES EN LAS AUDIENCIAS PRELIMINAR Y DE JUICIO, RELACIONADOS CON LA LITIS, DEBEN CONSIDERARSE POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD QUE RIGE DICHO PROCEDIMIENTO.’, pues se trata de un criterio aislado que en modo alguno obliga a este órgano colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente hasta del siete de julio de dos mil veintiuno.
Máxime que, en todo caso, la confesión de la parte demandada que pretende destacar el actor quejoso, relativa a que si bien el accionante reclamó la nulidad de dos contratos, debía asumirse la existencia de los mismos atendiendo al consentimiento de los pagos realizados por éste, finalmente sí fue analizada por el juez responsable, al abordar la excepción de falta de acción y de derecho opuesta por dicha parte reo, en relación con el contrato de crédito simple número ********, como se verá en párrafos posteriores, en la medida que lo permita la litis constitucional.
(...)
Notifíquese;".
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo directo 338/2021.
Antecedentes
• Una persona física promovió juicio de amparo directo en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se transcriben:
"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Juez Sexto de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con sede en la Ciudad de Zapopan, Jalisco.
IV.- ACTO RECLAMADO.
Lo es el contenido de la Sentencia de fecha 28 de junio de 2021, dictada en el expediente 81/2021-I, del índice del C. Juez Sexto de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, por medio de la cual se absuelve a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas."
• De dicha demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintiuno, la registró con el número 338/2021, y por diverso proveído de dieciséis siguiente, la admitió a trámite.
• Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo adhesivo.
• En sesión ordinaria de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el referido tribunal del conocimiento resolvió:
"Primero. Por vicios de fondo, la Justicia de la Unión ampara y protege a (...), contra el acto del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, consistente en la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el juicio oral mercantil 81/2021, por las razones y para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta ejecutoria, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si se insertaran a la letra en obvio de repeticiones innecesarias.
Requiérase a la autoridad responsable que, dentro del plazo de diez días cumpla con la presente ejecutoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo.
Segundo. Se niega el amparo adhesivo promovido por (...), por conducto de su apoderado, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.".
Decisión que el tribunal colegiado en cita, en lo conducente, sustentó en las consideraciones siguientes:
"Séptimo. Estudio de los conceptos de violación.
(...)
Diverso argumento es el relativo a que, se violó el derecho humano de acceso a la justicia, al considerar que la quejosa no acreditó los elementos de la acción ejercida, por no demostrar la existencia de los cargos impugnados; ello derivado de que las pruebas presentadas, al ser copias simples, solamente tienen el carácter de indicios; por lo cual, se absolvió a la parte demandada; sin embargo, durante las audiencias preliminares y de juicio hubo actuaciones de la demandada que olvidó el juzgador, como el haber utilizado el derecho de adquisición procesal sobre la prueba cinco, consistente en el informe rendido por la demandada, presentado ante la CONDUSEF, en una fase conciliatoria. En el escrito del Banco señaló la imposibilidad de reembolsar los cargos impugnados, porque a su consideración, fueron aprobados por la quejosa. En consecuencia, el escrito de éste, contiene una confesión en la cual señala que los cargos son existentes y supuestamente válidos, lo cual, tampoco se asentó en el acta respectiva.
Además, se violaron sus derechos porque no se analizaron los alegatos de la parte demandada rendidos en la audiencia de juicio, donde señaló que el hecho que no se objetara por la quejosa el alcance y valor probatorio de la prueba cinco ofrecida en el escrito inicial de demanda, no sólo confirma la existencia de los cargos, sino la validez de éstos. Por lo cual, el Banco confirmaba su confesión referente a la existencia de los cargos, lo cual tampoco obra en el acta respectiva, pero sí en la grabación de la audiencia; sin embargo, se consideró que no acreditó el segundo elemento de la acción consistente en la existencia de las operaciones bancarias, cuya nulidad se reclama. En ese sentido, el juzgador consideró que al no haberse adminiculado con diversas pruebas únicamente merecían el valor de indicios, pero soslayó las actuaciones de la parte demandada en las audiencias citadas, en las cuales aceptó de forma expresa la existencia de las operaciones, cuestión que pareciera un elemento de convicción suficiente para demostrar la existencia de las operaciones, lo cual denota que no analizó todos los elementos constitutivos de la litis y decidió con elementos limitados, violando el derecho de acceso a la justicia.
Agrega que, se violó el principio de imparcialidad porque no se discutió la existencia de los cargos no reconocidos, ni sobre si eran válidos o no y si fue la quejosa quien externó su consentimiento para considerar tales operaciones como válidas, lo cual benefició a la demandada, pues no está facultado para suplir la queja en procedimientos orales mercantiles, colocándola en una situación vulnerable, violando el principio de imparcialidad.
También, aduce que se invocó la tesis de rubro: LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE INTEGRA SÓLO CON EL ESCRITO DE DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN. Derivado de lo cual, determinó que los procedimientos mercantiles son de litis cerrada, por lo que, sólo se debe considerar el escrito inicial y las excepciones como parte de la litis, no así los alegatos porque no forman parte de ésta. Empero, considera que se interpretó erróneamente la tesis al caso en concreto, porque sólo es aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles, en segundo lugar, dicha tesis se relaciona con el hecho de que no existen reglas aplicables para el juicio ejecutivo mercantil en materia de alegatos; en tercer lugar, aplicar las reglas especiales de un juicio a otro tipo de procedimiento no es válido. En cuarto lugar, el juicio oral mercantil sí contempla los alegatos como parte del procedimiento, porque hay reglas especiales para este juicio en el tema de alegatos. En ese sentido, debe aplicarse la regla especial de los juicios orales y no el de los juicios ejecutivos, por lo que los alegatos sí forman parte de esta litis y el juzgado debió pronunciarse al respecto; lo cual está previsto en el numeral 1390 bis 38 del Código de Comercio; con lo que se inaplicaron las reglas del juicio, pues se refiere a un juicio distinto.
Es fundado lo anterior, porque atento al artículo 1390- Bis-2, del Código de Comercio, uno de los principios que rige al juicio oral mercantil es, precisamente el de oralidad, conforme al cual, la resolución judicial puede basarse también en el material procesal proferido oralmente, conforme al principio: ‘audiatur et altera pars’ cuya observación es el mínimum de una configuración oral del proceso y conduce al principio de contradicción, es decir, a la audiencia de las alegaciones mutuas de las partes en forma de un juicio oral.
El contraste del principio de la oralidad se representa por el de la escritura, con arreglo al cual la resolución judicial de basarse sólo en el material procesal depuesto por escrito en los autos, por eso aquel principio se llama también principio de la conformidad con los autos (quod non est in actis non est in mundo). El principio de la escritura es adecuado a un procedimiento meramente inquisitivo y favorece un retraso en el proceso. Un principio mediador tiene vigor donde el tribunal puede fundamentar su resolución en el contenido en los autos, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo lo proferido oralmente.´
En efecto, si bien la fijación de la litis en el juicio oral mercantil se realiza con la demanda y su contestación (o falta de ésta), así como con la reconvención y contestación de ésta, conforme a los preceptos 1390 Bis 11 a 1390 Bis-20 del Código de Comercio; cierto es que, no pueden soslayarse las manifestaciones formuladas durante las audiencias por las partes aun a manera de alegatos, pues en la preliminar se puede llegar a acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios de manera verbal. Además, del disco versátil digital en el cual se contienen las audiencias preliminar y de juicio, acompañado a los autos de origen, el cual cuenta con valor probatorio pleno, en términos del artículo 75, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se desprende que, el apoderado de la parte demandada, con posterioridad al minuto ocho de la grabación del desahogo de la audiencia de juicio, dijo hacer suyos los documentos exhibidos por la parte actora y pidió que se tuvieran por reconocidos para ambas partes, conforme a los preceptos 1205 y 1298 del Código de Comercio, así como con base al principio de adquisición procesal; lo cual debió valorarse en términos del numeral 1390 Bis-44 del Código citado, por tratarse de la prueba instrumental de actuaciones, en la cual se denota el reconocimiento de la parte demandada respecto de la existencia de los movimientos bancarios cuestionados por la parte actora.
Esto es, debió adminicularse con las propias documentales exhibidas en copia simple por la parte actora a fin de acreditar sus pretensiones, en términos de los preceptos 1205 y 1298 del Código de Comercio, que dan el carácter de pruebas a las declaraciones de las partes durante las audiencias, así como los documentos reconocidos por la contraria de quien los exhibió, porque de no interpretar dichos preceptos bajo una óptica de flexibilidad y dar carácter material a los alegatos, sino sólo formal, con la finalidad de advertir la veracidad de los hechos discutidos, se desnaturalizaría la finalidad de la oralidad en los juicios mercantiles, mediante los actos procesales de las partes presenciados por el juzgador en las audiencias (inmediación); en la inteligencia que si bien, dichos documentos fueron objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio, por la parte demandada, no fue redargüida su legalidad en la audiencia preliminar; por el contrario, fueron reconocidos por la parte demandada y se pidió su aportación al juicio a través del principio de adquisición procesal en la audiencia de juicio; lo cual evidentemente implica un reconocimiento expreso de los mismos y debió considerarse por el juzgador a fin de tener por acreditado el segundo elemento de la acción en estudio; sin que pueda restársele valor a dichas manifestaciones por considerar que los alegatos no forman parte de la litis, pues si bien en los procedimientos tradicionales o escritos ello ocurre así, atendiendo a su naturaleza eminentemente escrita, porque todos los actos procesales del juicio constan por escrito; ello no sucede de esta manera en los juicios orales, en los cuales únicamente la parte postulatoria (demanda, contestación, reconvención y contestación de ésta), reviste la característica de la escritura, en tanto que las audiencias preliminar y de juicio, se desahogan en forma oral, no obstante que consten en medios ópticos y se reproduzcan por escrito, porque ello permite al juzgador tener conocimiento inmediato de los hechos y la voluntad de las partes de fijar la litis en determinado sentido (acuerdos sobre hechos no controvertidos), o los hechos que serán objeto de prueba; así como los que deberán ser materia de pronunciamiento por parte del juzgador, por haber sido reconocidos de manera oral por alguna de las partes; de ahí que es inexacto soslayar las manifestaciones formuladas por la parte demandada a manera de alegatos, cuando éstas pudieran tener trascendencia sobre la litis planteada en el juicio.
En efecto, los alegatos verbales son uno de los momentos más importantes en el juicio oral; porque toda prueba ha sido presentada de cara a las alegaciones de las partes formuladas de forma oral en las audiencias. Esto es, ‘...la prueba no habla por sí sola; está llena de detalles, inconsistencias, concordancias, versiones y matices que arrojan diversos elementos para valorarla y para que, a partir de dicha valoración, los jueces construyan el relato que servirá de base a la sentencia. Durante todo el debate, los jueces habrán conocido evidencia cuyo sentido no necesariamente ha sido clara en todo momento: algunas porciones de la prueba parecen en principio detalles sin importancia, otras sólo tienen sentido a la luz de su relación con otras pruebas; la credibilidad o descrédito de la evidencia se asienta en un sinnúmero de elementos que no necesariamente apuntan en un mismo sentido y las partes tienen diferentes interpretaciones acerca de qué conclusiones pueden ser extraídas de cada prueba en particular y de todas ellas en su conjunto. El alegato final es el gran –y el únicomomento en el cual, el abogado sugiere al tribunal qué conclusiones debe extraer de lo ocurrido durante el debate, además, retroalimenta al juez acerca de qué conclusiones deben extraerse de la información aportada al juicio.’
En esa lógica, de no considerarse lo manifestado en los alegatos formulados en vía oral por las partes en la audiencia de juicio, se desnaturalizaría su sentido material y se le daría únicamente carácter formal, violando así el derecho a la tutela judicial efectiva, transgrediendo las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se permitiría a las partes ser oídas en sentido estricto, cuando el procedimiento lo permite y se rige por el principio de oralidad, lo cual, también es contrario al principio de inmediación que permite al juzgador nutrirse del conocimiento de los hechos que pueden aportar las partes en las audiencias de forma oral.
Es orientadora la tesis P. XXXV/98, con registro digital 196510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de 1998, página 21, de rubro y texto:
‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL (se transcribe)’.
Del mismo modo, apoya lo anterior, por analogía, la tesis III.4o.T.13 L (10a.), con registro digital 2004638, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, octubre de 2013, tomo 3, página 1729, de rubro y texto:
‘ALEGATOS EN EL JUICIO LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE BRINDAR A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD EN LA AUDIENCIA PARA QUE MATERIALMENTE LO HAGAN, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA ADECUADA, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y ORALIDAD QUE RIGEN EN EL PROCEDIMIENTO (se transcribe)’.
En esa tesitura, no debe perderse de vista que aun cuando en el juicio oral existían escritos como el de demanda, contestación a la misma, reconvención y contestación de ésta; no se excluye la necesidad de la escritura, la cual tiene una doble misión:
‘a) La primera es preparar el tratamiento del pleito. El primer escrito preparatorio es el que contiene la demanda judicial, y ésta debe indicar los elementos de la demanda y los medios de prueba, de modo tan preciso y determinado que pongan al demandado en situación de defenderse; en otro caso se declarará improcedente la demanda:
A su vez, el demandado debe anunciar sus declaraciones de hecho, sus excepciones, los medios de prueba que quiere proponer mediante un escrito preparatorio. Y podrá haber un escrito de réplica y dúplica. Pero estos escritos no tienen que ver con los escritos, documentos y diligencias del proceso escrito.
En el proceso escrito, la escritura es la forma de las deducciones; una demanda, una excepción, una proposición de prueba no es válida si n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33805-ce520d63/alegatos-en-el-juicio-oral-mercantil-la-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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