I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE TRANSFERIR AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE TIENE ASIGNADOS EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 23, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA LO TIENE LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL, PRONUNCIADO EL ACTO O INCURRIDO EN LA OMISIÓN QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 111 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL RELATIVA A QUE SÓLO SE HICIERON VALER VIOLACIONES DE LEGALIDAD DERIVADAS DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN LOCAL GENERADAS CON MOTIVO DE LA OMISIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PLANTEADO POR EL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR ARGUMENTOS EN TORNO A LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. DEBEN SER ENVIADOS AL PODER EJECUTIVO LOCAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PERIÓDICO OFICIAL EN LA ENTIDAD, PROCEDA A SU PUBLICACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, 2, 5 Y 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL, TODAS DE ESA ENTIDAD. XI. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL DECRETO 341 APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL Y PUBLICADO EN SU GACETA LEGISLATIVA, POR EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y SE ESTABLECIÓ, ENTRE OTRAS COSAS, QUE EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO SERÁ UN ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL LOCAL Y SU TITULAR SERÁ DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CARECE DE VALIDEZ LEGAL Y EFECTOS VINCULANTES, EN TANTO QUE NO SE HA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y, POR ENDE, NO HA ENTRADO EN VIGOR (SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. GACETA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES EL INSTRUMENTO DE PUBLICIDAD DEL CONGRESO LOCAL Y LAS PUBLICACIONES EFECTUADAS ÚNICAMENTE TIENEN EFECTOS INFORMATIVOS SIN QUE SE CONSIDEREN CON VALIDEZ LEGAL Y EFECTO VINCULATORIO, PUES PARA ELLO SE REQUIERE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 5 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL, AMBAS DEL ESTADO. XIII. LEYES Y DECRETOS APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL DECRETO 341 APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL Y PUBLICADO EN SU GACETA LEGISLATIVA, POR EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y SE ESTABLECIÓ, ENTRE OTRAS COSAS, QUE EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO SERÁ UN ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL LOCAL Y SU TITULAR SERÁ DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CARECE DE VALIDEZ LEGAL Y EFECTOS VINCULANTES, EN TANTO QUE NO SE HA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y, POR ENDE, NO HA ENTRADO EN VIGOR (SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 343/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: a) la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, encabezada por el Secretario de Gobierno del estado, como encargado del despacho del Gobernador del estado y Presidente Honorario de la referida junta; y b) la omisión del Poder Ejecutivo local de transferir al Poder Judicial del estado todos los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 343/2023, promovida por el Poder Judicial del estado de Nuevo León en contra de: a) La designación de Héctor Viniegra Hernández como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, realizada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés por la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, como órgano del Poder Ejecutivo del estado; y b) La omisión del Poder Ejecutivo local de transferir al Poder Judicial del estado todos los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
I. Antecedentes de la designación de Héctor Viniegra Hernández como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León
1. El seis de febrero de dos mil nueve se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León. En ésta, se creó a un organismo público descentralizado denominado “Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León” con el propósito de garantizar la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa y el acceso a la justicia como parte del debido proceso.(1)
2. Además, entre otras cosas, en esta ley se estableció su organización y se previó que su órgano de gobierno –denominado Junta–, sería presidido por un Presidente Honorario que recaería en el Titular del Poder Ejecutivo del estado.(2)
3. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el decreto número 341, por el que se adicionaron ocho párrafos al artículo 17 de la Constitución Política de esa entidad, a efecto de establecer, entre otras cosas, que el Instituto de Defensoría Pública del estado será un órgano del Poder Judicial local y que su titular será designado por el Consejo de la Judicatura. Dicho precepto quedó como sigue (se subrayan los párrafos adicionados):
Ver artículo 17 con subrayado
4. En los transitorios del referido decreto se estableció, por una parte, que entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del estado, pero que en caso de no publicarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el Poder Ejecutivo recibiera el decreto, se tendría por sancionado y promulgado, sin necesidad de refrendo, y el presidente del Congreso ordenaría al titular responsable del Periódico Oficial del estado su publicación inmediata (al día hábil siguiente).
5. Asimismo, se dispuso que, de incumplirse la orden de publicación en el Periódico Oficial, se ordenaría su publicación íntegra en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo, para los mismos efectos de entrada en vigor, como si se tratara de la publicación en el Periódico Oficial; asimismo, se ordenaría la publicación en la página oficial de internet del Congreso del Estado, así como de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Nuevo León, que deberá incluir el hipervínculo al contenido íntegro del decreto.
6. Los transitorios del decreto son del tenor siguiente:
Ver transitorios del decreto
7. Envío del decreto al Poder Ejecutivo. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Congreso del estado entregó al Poder Ejecutivo local el decreto 341, para su publicación.
8. Solicitud de publicación al Periódico Oficial. El tres de marzo de dos mil veintitrés, el Congreso estatal envió un diverso oficio a la persona encargada o responsable del Periódico Oficial del estado, en el que solicitó que se publicara el referido decreto 341.
9. Publicación en la Gaceta Legislativa. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, ante la falta de publicación del decreto 341 en el Periódico Oficial, el Congreso lo publicó en la Gaceta Legislativa.
10. Observaciones del Poder Ejecutivo. El nueve de marzo de dos mil veintitrés, el titular del Poder Ejecutivo local formuló observaciones al Decreto número 341, así como a los diversos 340 y 342, en los que se reformaron otros preceptos constitucionales.
11. En sus observaciones, el Ejecutivo señaló que el Congreso del estado no había publicado los extractos relativos a los expedientes legislativos 16242/LXXVI, 16300/LXXVI y 16313/LXXVI, de conformidad con los artículos 212 de la Constitución Política de la entidad y 2 de la Ley del Periódico Oficial del estado,(3) y que las reformas constitucionales eran violatorias del principio de división de poderes, pues con ellas se pretende presionar al Poder Ejecutivo, al adjudicarse, el Legislativo, diversas facultades y obligaciones que anteriormente eran exclusivas del Gobernador.
12. Nombramiento realizado por el Consejo de la Judicatura. El nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante oficio I.J.-331/2023, el Consejo de la Judicatura local informó a Luis Alberto García Alcantar que, en sesión extraordinaria de esa misma fecha, se había determinado nombrarlo responsable de la transición del Instituto de Defensoría Pública del Estado y al día siguiente se publicó en el Boletín Judicial de la citada entidad federativa el “ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2023, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN COMO ÓRGANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO (RÉGIMEN TRANSITORIO)”.(4)
13. En contra de este acuerdo, el Poder Ejecutivo de Nuevo León promovió una controversia constitucional, la cual fue registrada con el número de expediente 276/2023 y se turnó al Ministro González Alcántara Carrancá,(5) quien admitió la demanda y concedió la suspensión para que no se ejecutara el referido acuerdo. Asimismo, se precisó que la suspensión dejaría de surtir efectos en caso de que, con anterioridad a la notificación de la suspensión, se hubieren consumado los efectos del acuerdo impugnado, o bien, si las determinaciones o procedimientos contenidos en él se hubieren realizado parcialmente.(6)
14. Posteriormente, el Poder Ejecutivo amplió su demanda con motivo de diversos oficios relacionados con el inicio del proceso de entrega recepción del Instituto de Defensoría Pública y con la solicitud de transferencia de recursos financieros, materiales y humanos para el funcionamiento de dicho instituto.
15. Nombramiento realizado por la Junta de Gobierno del Instituto –instaurada con base en la Constitución previa a la reforma y a la Ley–. El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, presidida por Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno del estado, designó a Héctor Viniegra Hernández como director del Instituto de Defensoría Pública.
II. Amparo indirecto 538/2023
16. Demanda. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, Luis Alberto García Alcántar en su carácter de Titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León –designado por el Consejo de la Judicatura del estado–, promovió un juicio de amparo indirecto en contra del Encargado del despacho del Poder Ejecutivo, la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública y el Gobernador, todos del estado de Nuevo León, en el que reclamó la designación de Héctor Viniegra Hernández como director General del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, así como la omisión de dar cumplimiento a la reforma constitucional al artículo 17, contenida en el decreto 341. En la demanda se solicitó la suspensión de los actos reclamados.
17. Concesión de la suspensión. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, concedió la suspensión provisional para el efecto de que:
a) las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, subsistiendo el nombramiento del señor García Alcántar como responsable de la transición y como titular del Instituto de Defensoría Pública del estado de Nuevo León, en cumplimiento a la reforma contenida en el decreto número 341, expedido por el Congreso del estado; y
b) las autoridades responsables realizaran las acciones tendentes a garantizar los recursos (en general) para llevar a cabo la transición del referido instituto como órgano del Consejo de la Judicatura del estado.
18. Recurso de queja 318/2023. El veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el Gobernador del estado de Nuevo León, como autoridad responsable, y Héctor Viniegra Hernández, como tercero interesado, interpusieron recursos de queja en contra del acuerdo por el que se concedió la suspensión.
19. Con motivo de dichos recursos (registrados como queja 318/2023), el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito modificó la suspensión para el efecto de que no se ordenara la transición de recursos que no se hubieran ejecutado.
III. Controversia constitucional 343/2023
20. Demanda. Por otro lado, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, José Arturo Salinas Garza, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Nuevo León, y como representante del Poder Judicial local, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de la entidad, de quien demandó:
a) La designación de Héctor Viniegra Hernández como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León; y
b) La omisión de hacer la transferencia, dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 17 de la Constitución local, de los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León.
21. En los conceptos de invalidez, el Poder Judicial actor expuso lo siguiente:
• La designación de Héctor Viniegra Hernández como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León representa una intromisión por parte del Poder Ejecutivo, en perjuicio del Poder Judicial, así como un intento de mantener al Instituto de la Defensoría Pública como un órgano subordinado al Ejecutivo.
• Dicho acto violenta los principios de división de poderes, autonomía e independencia judiciales, pues de acuerdo con el decreto número 341, por el que se reformó el artículo 17 de la Constitución local, vigente a partir del nueve de marzo de dos mil veintitrés, el referido instituto ya no forma parte de la administración pública estatal, sino del Consejo de la Judicatura del estado.
• Esa afectación se evidencia aún más con el oficio BSG/182/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario General de Gobierno del estado, como supuesto delegado e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, en el que prohibió a Luis Alberto García Alcántar, el acceso a las instalaciones del instituto, y exigió que se abstuviera de ostentarse como titular y/o responsable de la transición de dicho instituto.
Ese oficio se apoyó supuestamente en la suspensión concedida en la controversia constitucional 276/2023; sin embargo, se omite mencionar que en dicha medida cautelar se indicó también que la suspensión dejaría de surtir sus efectos en caso de que, al momento de notificarse tal medida, ya se hubiesen consumado los efectos del Acuerdo General Número 8/2023, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, por el que se determinó la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado, o bien, si las determinaciones o procedimientos referidos en dicho acuerdo ya se hubieren realizado parcialmente.
• De acuerdo con el transitorio tercero del decreto número 341, por el que se reformó el artículo 17 de la Constitución Política del estado de Nuevo León, el Consejo de la Judicatura es quien designará al titular del Instituto de Defensoría Pública, quedando derogadas todas las disposiciones normativas y administrativas que sean contrarias a lo establecido en dicho decreto.
En ese sentido, quedaron sin efectos las disposiciones de la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León que preveían quién y de qué forma sería designado titular del Instituto de la Defensoría Pública, así como el funcionamiento de la Junta de Gobierno, en la que tenía participación el Poder Ejecutivo Estatal por conducto del Secretario General de Gobierno.
En consecuencia, debe declararse la invalidez de la sesión extraordinaria por la que la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública, con la participación del Secretario General de Gobierno, como encargado de despacho del gobernador, designó al señor Viniegra Hernández como titular de dicho instituto.
• La violación citada se evidencia también con el aviso publicado el veinte de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad, por el que Héctor Viniegra Hernández informa que la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública ordenó, en sesión extraordinaria del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, que a partir de esa fecha, el domicilio oficial de la Dirección General y de la Dirección Administrativa del instituto se ubicaría en calle Escobedo, número 333, piso 7, colonia centro, Monterrey Nuevo León.
• El nombramiento de Héctor Viniegra Hernández como Director General del Instituto de Defensoría Pública carece de fundamentación y motivación, pues se realizó con base en disposiciones que ya se encuentran derogadas de pleno derecho.
• Para robustecer la vigencia de la reforma al artículo 17 de la Constitución local, resultan aplicables las tesis IV.1º.A.26 A (11ª.), titulada “REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PUESTOS DE CONFIANZA. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE”; IV.1º.A.27 A (11ª.), de rubro “DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN PUESTOS DE CONFIANZA. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE”; IV.1º.A.30 A (11ª.), de epígrafe “DESIGNACIÓN DE EMPLEADOS DE CONFIANZA. LAS REGLAS QUE FACULTAN AL JUEZ FEDERAL PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN NO SIRVEN PARA PERMITIR QUE EL QUEJOSO O UN FUNCIONARIO DISTINTO EJERZA FUNCIONES, EN TANTO QUE LAS DESIGNACIONES SON FACULTADES EXCLUSIVAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO”; IV.1o.A.28 A (11a.), de título “EMPLEADOS DE CONFIANZA. LA IMPUGNACIÓN DE LA LEY PARA LA CONTINUIDAD EN SUS FUNCIONES CONSTITUYE UN EFECTO RESTITUTORIO Y NO SUSPENSIVO”, y IV.1º.A.29 A (11ª.), de rubro “SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE LA QUE SE PIDE EN CONTRA DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL, QUE TIENE COMO PROPÓSITO LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE SU GOBIERNO”, emitidas todas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
• Si bien en el juicio de amparo 538/2023, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, se otorgó la suspensión a Luis Alberto García Alcántar como Titular del Instituto de Defensoría Pública del estado y como responsable de la transición, el Poder Ejecutivo ha realizado actos que continúan invadiendo la esfera competencial del Poder Judicial.
22. Turno. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
23. Admisión de la controversia constitucional. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
24. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León. El siete de agosto del dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo local dio contestación a la demanda; planteó la improcedencia de la controversia debido a que el Poder Judicial no había hecho valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino solamente a la Constitución local.
25. Como contestación a los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo señaló lo siguiente:
a) La designación de Héctor Viniegra Hernández no es ilegal, toda vez que tanto la Constitución local como la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Defensoría, todas del estado de Nuevo León, establecen que es facultad del Gobernador del Estado nombrar a los titulares de todas las dependencias de la administración pública, centralizada y descentralizada, incluido el Director General del Instituto de Defensoría Pública.
Además, el Secretario General de Gobierno, en su carácter de encargado del despacho del Gobernador, contaba con facultades para hacer la referida designación, en términos del artículo 13, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.
b) El proceso legislativo del que deriva el decreto número 341 se encuentra viciado, pues el nueve de marzo de dos mil veintitrés se presentaron observaciones, cuestión que ha sido impugnada en la acción de inconstitucionalidad 73/2023 y su acumulada 78/2023, así como en la controversia constitucional 262/2023. En consecuencia, el decreto 341 no entró en vigor, por lo que la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública continúa siendo el órgano máximo de esa institución, y la designación de Héctor Viniegra Hernández como su director, se dio con apego a la ley vigente.
c) Tanto el acuerdo general número 8/2023, como el decreto número 341 son violatorios del principio de división de poderes, ya que pretenden presionar al Poder Ejecutivo al adjudicarse una serie de facultades que le son exclusivas.
26. Audiencia y cierre de la instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ley por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
27. Avocamiento. Por acuerdo de primero de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó que esta se avocaría al conocimiento del presente asunto.
IV. Otros juicios relacionados con la presente controversia constitucional
28. A fin de contar con un panorama más amplio de la problemática que rodea el presente asunto, resulta importante tener presente que en la diversa acción de inconstitucionalidad 73/2023 y su acumulada 78/2023, una minoría de integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado y el titular del Poder Ejecutivo, todos del estado de Nuevo León, impugnaron los decretos números 340, 341 y 342. 29. Esas acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas a la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo y, en sesión de quince de noviembre de dos mil veintitrés, esta Primera Sala decretó el sobreseimiento bajo la consideración toral consistente en que las normas generales impugnadas aún no habían sido publicadas en el medio de difusión oficial (Periódico Oficial del estado) en los términos señalados en la Constitución local, por lo que carecían de definitividad.
30. En la diversa controversia constitucional 341/2023, el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León impugnó, entre otros actos, el desechamiento de las observaciones formuladas por el Gobernador del estado respecto de los decretos 340, 341 y 342. Esa controversia fue turnada a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, como instructora, quien la desechó de plano. En contra del desechamiento interpuso recurso de reclamación, registrado con el número 308/2023-CA.(7)
31. En otra controversia constitucional radicada con el número 248/2023, el Poder Ejecutivo local impugnó los oficios por los que el Congreso de Nuevo León solicitó al Poder Ejecutivo y a la persona encargada del Periódico Oficial, que publicaran los decretos 340, 341 y 342. Ese asunto fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como instructor, quien también lo desechó de plano. En contra de ese acuerdo de desechamiento también se interpuso un diverso recurso de reclamación, registrado con el número 234/2023-CA.(8)
32. Esos mismos oficios (por los que se requirió la publicación), junto con la publicación en la gaceta legislativa de los referidos decretos 340, 341 y 342, fueron impugnados por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en la controversia constitucional 262/2023, turnada inicialmente al Ministro Zaldívar Lelo de Larrea y returnada a la Ministra Ortiz Ahlf.
33. En una diversa controversia constitucional número 247/2023, turnada también al Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León demandó del Congreso local la omisión de publicar en el Periódico Oficial del estado los extractos de las discusiones de los expedientes legislativos relativos a los decretos 340, 341 y 342. Esa controversia fue desechada por falta de interés legítimo y esa decisión no fue recurrida, por lo que ha causado estado.
34. Finalmente, resulta pertinente citar la controversia constitucional número 436/2023, turnada al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor. En ella, el Poder Judicial del estado de Nuevo León impugnó del Poder Legislativo local la omisión de realizar las reformas necesarias a la Ley de Defensoría Pública y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en atención a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto número 341.
35. Lo anterior se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por disposición expresa de su artículo 1º.
I. COMPETENCIA
36. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h, de la Constitución Política del país;(9) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) por tratarse de una controversia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ambos del estado de Nuevo León, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023.(11)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
37. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(12) se procede a precisar los actos que son objeto de la presente controversia constitucional, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión, con apoyo en el criterio sostenido por el Tribunal Pleno contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2009 de rubro “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA”.(13)
38. En el apartado de la demanda denominado “NORMA GENERAL O ACTOS CONCRETOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA”, el Poder accionante señaló como impugnados:
La designación del C. Héctor Viniegra Hernández, como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, así como los demás actos u omisiones, que directa o indirectamente, permitieron la celebración de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, de esa misma fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
La ilegal participación por parte del Poder Ejecutivo Estatal, a través del C. Javier Luis Navarro Velasco, Encargado de Despacho del Gobernador de los Asuntos del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, quien además se ostenta ilegalmente como "Presidente Honorario de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León" en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, el día dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
Los actos, directos e indirectos, que deriven directamente de la intervención por parte del Poder Ejecutivo Estatal, para convocar, presidir y desarrollar la sesión extraordinaria de fecha 18 de abril de 2023, de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León.
La omisión por parte del Poder Ejecutivo Estatal de hacer la transferencia, dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 17 de la Constitución local, de los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León; ocasionando con ello que exista una dependencia hacia el Poder Ejecutivo, pues el Instituto no puede desempeñar sus funciones que la ley aplicable le confiere, al no estar en posibilidades de disponer de los recursos financieros que por ley le corresponden.
39. De la anterior transcripción pueden identificarse los siguientes actos:
a) La designación por parte del Secretario de Gobierno de Nuevo León de un titular del Instituto de Defensoría Pública, adoptada en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
b) La ilegal participación del Secretario de Gobierno en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
c) Los actos, directos o indirectos que concluyeron en la celebración de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés.
d) La omisión por parte del Poder Ejecutivo Estatal de hacer la transferencia, dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 17 de la Constitución local, de los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León.
40. De una simple lectura del apartado de normas y actos impugnados, así como de la demanda en su integridad, se advierte que lo que realmente pretende impugnar el actor en los incisos a), b) y c), identificados previamente, es la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés y que la convocatoria, la participación del Secretario de Gobierno y la eventual designación de un titular del instituto son parte de los motivos y de las consecuencias vinculados con su posible inconstitucionalidad. Por otro lado, la omisión acusada en el inciso d) sí puede ser considerada como un acto independiente y se debe tener como impugnada.
41. En consecuencia, se tienen como impugnados los siguientes actos del Poder Ejecutivo local:
a) La sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, encabezada por el Secretario de Gobierno del estado, como encargado del despacho del Gobernador del estado y Presidente Honorario de la referida junta; y
b) La omisión de transferir al Poder Judicial del estado todos los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública.
III. EXISTENCIA DEL ACTO Y DE LA OMISIÓN
42. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala advierte que la designación de Héctor Viniegra Hernández como titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León se encuentra debidamente acreditada con las respectivas copias certificadas del acta de sesión extraordinaria de la Junta de gobierno del referido instituto, celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, que obran en el presente expediente.
43. Por otra parte, el análisis sobre la existencia de la omisión de transferir al Poder Judicial del estado todos los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, financieros y materiales que tiene asignados el Instituto de Defensoría Pública, queda reservado al estudio de fondo, ya que está íntimamente relacionada con la vigencia de las normas constitucionales y legales aplicables.
IV. OPORTUNIDAD
44. De la lectura al artículo 21, fracción I, en relación con el 3º, ambos de la ley reglamentaria de la materia, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, vigente al momento de la presentación de la demanda,(14) se adv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33193-1e77cbae/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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