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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO LOCALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN IV, Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MÉXICO, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 47, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 38 TER, FRACCIONES I Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y "ACUERDO DEL SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL EJECUTIVO ESTATAL, POR EL QUE SE MODIFICA LA DELEGACIÓN DE SUBALTERNAS Y SUBALTERNOS DE ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN LEGAL", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL ("DECRETO NÚMERO 49 POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO, SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OPERADORES DE AGUA, INSTITUTOS MUNICIPALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AYAPANGO, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TOLUCA Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI (MAVICI)", PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2022. · Registro digital (IUS): 33201
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-09
Promovente: MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.736.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2022. MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO CON CONSIDERACIONES DISTINTAS, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 87/2022, promovida por el Municipio de Toluca, Estado de México, en la que demandó la invalidez del Decreto número 49 por el que se aprueban las cuentas públicas de los ayuntamientos de dicha entidad federativa y sus entes públicos paramunicipales del Ejercicio Fiscal 2020, publicado el ocho de abril de dos mil veintidós en el periódico oficial del Estado de México.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Conforme a la Constitución Política del Estado de México, el poder legislativo estatal tiene la facultad de revisar, fiscalizar y calificar anualmente las cuentas de los recursos públicos que ejerce el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para lo cual se auxilia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que, a su vez, tiene la atribución de revisar las cuentas públicas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos de dicho Estado y sus municipios, así como fondos públicos federales convenidos con la Federación.(1)

2. En términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México(2) el titular del ejecutivo estatal presentará a la Legislatura la cuenta pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el treinta de abril de cada año, en tanto que los presidentes municipales harán lo propio respecto a las cuentas públicas de sus respectivos municipios dentro de los quince primeros días del mes de marzo de cada año.(3)

3. El Órgano Superior de Fiscalización tiene un plazo que vence el treinta de enero del año siguiente en que se entreguen las cuentas públicas para presentar el informe de resultados ante la Comisión de Vigilancia de dicho órgano (comisión legislativa). La revisión y análisis del informe, así como el estudio del contenido de la cuenta pública sirven como principales instrumentos para que dicha comisión elabore el dictamen de las cuentas públicas, el cual deberá presentarse ante el Pleno del congreso estatal para su votación y emisión del decreto que tenga por fiscalizadas y calificadas dichas cuentas públicas a más tardar el diez de marzo del año en que se presente el informe.(4)

4. Ahora bien, el treinta de enero de dos mil veintidós, el Órgano Superior de Fiscalización remitió a la Comisión de Vigilancia del congreso estatal, el “Informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de las cuentas públicas del Estado de México y Municipios 2020” (en adelante, Informe de resultados).

5. En cuanto hace a la cuenta pública 2020 del ayuntamiento de Toluca, en el Informe de resultados se emitieron nueve observaciones, relacionadas con varios rubros del ejercicio de los recursos públicos y sobre su control y evaluación: conciliación físico contable de los inmuebles; movimientos de bienes muebles; contratación de financiamientos; planeación del gasto; cumplimiento de metas, así como publicación de información financiera y de remuneraciones. No se formularon recomendaciones ni se promovieron responsabilidades administrativas sancionatorias.

6. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización emitió el dictamen mediante el cual recomienda al Pleno del congreso estatal tener por fiscalizada y revisada la cuenta pública del Gobierno del Estado y de sus organismos auxiliares y autónomos del ejercicio fiscal 2020, así como calificarla y aprobarla en lo general y en lo particular.

7. En esa misma fecha, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización también emitió el dictamen mediante el cual recomienda al Pleno tener por fiscalizadas y revisadas las cuentas públicas de los ayuntamientos del Estado y de sus entes públicos paramunicipales del ejercicio fiscal 2020, así como calificarlas y aprobarlas en lo general y en lo particular.

8. Un día después, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, con base en los dictámenes de la Comisión de Vigilancia y por medio de dos decretos separados, el poder legislativo estatal calificó y aprobó la cuenta pública del Gobierno del Estado de México y sus organismos auxiliares autónomos, así como la de los municipios del Estado de México y de sus entes públicos paramunicipales, del ejercicio fiscal 2020.

9. Finalmente, el ocho de abril de dos mil veintidós se publicaron en el periódico oficial del Estado los decretos legislativos siguientes:

• Decreto número 48 por el que se aprueba la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020.

• Decreto número 49 por el que se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2020 de los Ayuntamientos del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI).

10. Demanda de controversia constitucional. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, en su carácter de Presidente Municipal de Toluca, Estado de México, promovió una demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como acto impugnado la aprobación, promulgación y publicación del “Decreto número 48 que contiene la calificación y aprobación de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020”.

11. Concepto de invalidez. En su demanda, el Ayuntamiento actor expuso en su único concepto de invalidez que el decreto impugnado afecta su autonomía presupuestal y de gestión conforme a lo siguiente:

• El congreso estatal aprobó la cuenta pública del ayuntamiento sin fundar ni motivar esa determinación, pues se encuentran documentadas observaciones graves, daños a la hacienda pública municipal y anomalías en el Informe de resultados.

• Entonces, el decreto impugnado vulneró en perjuicio del municipio actor el artículo 115 de la Constitución Política del país, puesto que debió haber reprobado o rechazado la cuenta pública del ayuntamiento de Toluca, en atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización.

Por ejemplo, el Informe de resultados concluye que el ayuntamiento registró un saldo pendiente de pagar por 339,167.3 miles de pesos, que representa el cincuenta punto cuatro por ciento de la suma total de financiamientos contratados; presenta un nivel de endeudamiento “en observación”, y excedió el porcentaje permitido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para contratar financiamientos sin autorización del congreso estatal.

• La sola omisión en el cumplimiento de las obligaciones de pago es motivo per se de daños y perjuicios causados al erario municipal; de ahí que resulte absurdo se haya aprobado la cuenta pública municipal y contrario al artículo 134 de la Constitución Política del país.

• Para separarse del Informe de resultados que rindió el Órgano Superior de Fiscalización el congreso estatal debe exponer razones suficientes que apoyen tal determinación, ponderando las circunstancias concretas del caso. De esta manera, se garantiza el carácter técnico, y no político, de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.

• Si bien, en principio, la aprobación de la cuenta pública parece beneficiarle al municipio, en realidad su revisión y fiscalización va más allá de una simple calificativa aprobatoria o no aprobatoria, sino que tiene efectos jurídicos que trascienden a ésta, como es la posibilidad de continuar las investigaciones por posibles daños y perjuicios en contra de la hacienda pública municipal, así como fincar responsabilidades a quienes hicieron mal manejo de los recursos.

• La aprobación de la cuenta pública, sin mayor análisis técnico que desvirtué la metodología y conclusiones alcanzadas por el Órgano Superior de Fiscalización, priva injustificadamente al Municipio y al propio órgano de promover acciones o denuncias para la imposición de sanciones administrativas correspondientes.

• Entonces, la aprobación de la cuenta pública “sin la exposición de motivos suficientes, puede implicar una carga extra para la hacienda municipal si el Ayuntamiento tiene que destinar recursos nuevamente a obras que no se concluyeron o a servicios que no se prestaron y que, sin embargo, se tuvieron por satisfechos en la cuenta pública”.

• Por último, el principio de legalidad también se extiende al poder legislativo, ya que se encuentra sujeto a límites legales y, en caso de transgredirlos, sus actos serán inválidos.

12. Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 87/2022 y turnarla a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

13. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México y, por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

14. Negativa de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, dictado en el incidente de suspensión, la Ministra instructora negó la medida cautelar, pues el decreto impugnado corresponde a un acto declarativo cuyos efectos y consecuencias no son susceptibles de paralizarse, dado que ello equivaldría a otorgarle efectos constitutivos propios de la sentencia e implicaría prejuzgar respecto del fondo del asunto.

15. Contestación del Poder Legislativo del Estado de México. El treinta de agosto de dos mil veintidós contestó la demanda el Poder Legislativo del Estado de México.

16. El congreso estatal manifestó que la controversia constitucional es improcedente porque el municipio actor carece de legitimación, ya que el decreto impugnado: a) no afecta en sentido alguno la esfera jurídica del municipio, es decir, no se duele de una invasión a su esfera competencial; b) no hace valer violaciones directas a la Constitución Política del país, y c) no existe relación entre el decreto impugnado y sus argumentos.

17. En cuanto al concepto de invalidez, señaló que la revisión y fiscalización de la cuenta pública cumplió con los requisitos constitucionales y legales aplicables, y precisó que la única causa para no aprobar la calificación de las cuentas públicas se actualiza cuando existan anomalías detectadas por más del cincuenta por ciento del presupuesto anual.

18. Sin embargo, mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, la Ministra Instructora tuvo por no contestada la demanda por parte del poder legislativo demandado debido a que presentó el escrito en copia simple sin la firma autógrafa de quien lo suscribe.

19. Recurso de Reclamación. Inconforme, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós el congreso estatal interpuso recurso de reclamación en contra del auto por medio del cual se tuvo por no contestada la demanda de controversia constitucional.

20. El quince de febrero de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte resolvió el recurso de reclamación 172/2022-CA como infundado(5) y, por ende, confirmó el acuerdo recurrido.

21. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de México. El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el poder ejecutivo estatal dio contestación a la demanda, en la que expuso que la promulgación y publicación de las leyes, decretos o acuerdos que expide la legislatura del Estado, se encuentran dentro de las facultades constitucionales del Gobernador del Estado.

22. Al margen de lo anterior, sostiene que el decreto impugnado establece que la calificación de la cuenta pública no implica liberación de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por las autoridades de control o fiscalización federales o locales que efectúen en el ámbito de su competencia.

23. Primer returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el returno del asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en virtud de la designación de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

24. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

25. Audiencia y cierre de instrucción. El diez de julio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia y por acuerdo de catorce de julio del mismo año, el Ministro instructor cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

26. Segundo returno. Posteriormente, por acuerdo del primero de diciembre de dos mil veintitrés, en consideración de lo determinado por el Tribunal Pleno en sesión privada del día dieciséis de noviembre del mismo año, se returnó el expediente a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

27. Recepción en Ponencia. El treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico de la presente controversia constitucional. Por tanto, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

28. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra Ponente, mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto y determinó devolver los autos a su Ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política del país(6) y 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) y Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(8) puesto que no se impugna una norma de carácter general.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

30. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(9) se procede a precisar los actos que son objeto de la presente controversia constitucional.

31. En el respectivo apartado de la demanda, el Municipio actor señaló como acto reclamado, el siguiente:

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN EL QUE SE PUBLICÓ

La aprobación por la H. Cámara de Diputados de la H. LXI Legislatura del Estado de México, la promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México de ocho de abril de dos mil veintidós del Decreto Número 48 que contiene la calificación y aprobación de la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020”.

32. En ese orden, a lo largo de su demanda, especialmente en los apartados de interés legítimo y conceptos de invalidez, el municipio actor señala que su impugnación está dirigida al referido decreto.

33. No obstante, este alto tribunal ha reiterado que en la precisión de los actos reclamados deben interpretarse los elementos de la demanda en un sentido congruente, así como atenderse preferentemente a la intención del promovente; esto es, a lo que quiso decir la parte actora y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues únicamente así podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Este criterio está plasmado en la jurisprudencia P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.”(10)

34. Aun cuando el municipio actor impugnó el Decreto número 48, atendiendo a las reglas de la fijación del acto reclamado, debe concluirse que su planteamiento se corresponde con el Decreto número 49 y, en realidad, quiso referirse a éste.

35. En ese orden, la causa de pedir del municipio actor se centra en que el congreso local calificó y aprobó la cuenta pública del propio ayuntamiento, pero esa aprobación se formalizó en el Decreto número 49, y no el diverso Decreto número 48, pues éste se refiere a la cuenta pública del Gobierno del Estado.

36. Para ilustrar lo anterior, los artículos primero, segundo y tercero del Decreto 48 establecen lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. La “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020” se integró y presentó a la Legislatura en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tiene por fiscalizada, revisada, analizada, aclarada y discutida por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, auxiliada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020”.

ARTÍCULO TERCERO. Se califica y aprueba la “Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2020”, dado que las entidades fiscalizadas ejercieron los recursos bajo los criterios y normas del gasto. Acatando lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás disposiciones aplicables, se considera que la aprobación de las Cuentas no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. [...]

37. En cambio, el Decreto número 49 sí califica y aprueba las cuentas públicas de los ayuntamientos del Estado de México —incluyendo, desde luego, la del ayuntamiento de Toluca— y sus entes públicos paramunicipales, conforme a lo siguiente:

Ver artículos con énfasis añadido

ARTÍCULO PRIMERO. Las “Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del año 2020, de los Ayuntamientos del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI)”, se presentaron en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tienen por fiscalizadas, revisadas, analizadas, aclaradas y discutidas por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, auxiliada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, las “Cuentas Públicas, del Ejercicio Fiscal 2020, de los Ayuntamientos del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI)”. ARTÍCULO TERCERO. Se califican y aprueban las “Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del año 2020, de los Ayuntamientos del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI)”, dado que las entidades fiscalizadas ejercieron los recursos bajo los criterios y normas del gasto. La aprobación de las Cuentas no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. [...]

(Énfasis añadido)

38. Como se aprecia en los antecedentes, el Órgano Superior de Fiscalización incluyó en su Informe de resultados tanto la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado, organismos auxiliares y organismos autónomos, como la de las cuentas públicas de los ayuntamientos y sus entes paramunicipales. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia tomó la decisión de elaborar dos dictámenes separados (Gobierno del Estado y ayuntamientos); de ahí que, correlativamente, el congreso estatal haya emitido dos decretos.

39. Es preciso destacar, por tanto, que los decretos 48 y 49 derivan del mismo proceso de fiscalización e, incluso, fueron publicados el mismo día.

40. De lo anterior se concluye que si el planteamiento de invalidez del municipio actor está dirigido a la calificación y la aprobación de su propia cuenta pública, y no la del Gobierno del Estado, entonces debe tenerse por reclamado en la presente controversia el “Decreto número 49 por el que se aprueba la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2020 de los Ayuntamientos del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI)”.

41. Se advierte que, ante la inexactitud de la demanda, resultaba pertinente que, en su momento, se previniera al municipio actor que aclarara qué decreto deseaba impugnar, con base en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Reglamentaria de la materia.(11) Sin embargo, ello no impide ahora fijar el acto reclamado en los términos expuestos.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

42. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que la existencia del decreto impugnado se encuentra acreditada al tratarse de un instrumento normativo que fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

43. En términos del artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de actos, debe computarse a partir del día siguiente:

a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(12)

44. En el caso se tiene que el Decreto número 49, fue publicado en el periódico oficial del Estado de México el ocho de abril de dos mil veintidós, fecha que esta Primera Sala establece como inicio del cómputo para ese instrumento normativo.

45. En virtud de que el decreto fue publicado en un medio de difusión oficial, cuya finalidad es precisamente comunicar y dar certeza jurídica a la población sobre el contenido y vigencia del orden normativo local, entonces debe reputarse la fecha de publicación como aquélla en la que el municipio actor tuvo conocimiento de este. Lo anterior, al margen de que dicho municipio señala que el cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente de que el decreto entró en vigor.

46. Luego, si el decreto combatido fue publicado el viernes ocho de abril de dos mil veintidós, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del lunes once de abril al viernes veintisiete de mayo de dos mil veintidós.(13) Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el veintitrés de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, la controversia constitucional se promovió oportunamente.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

47. Conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,(14) Toluca es uno de los municipios de dicha entidad federativa, por lo que tiene legitimación activa para promover controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política del país.

48. En ese orden, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(15) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

49. El Municipio de Toluca compareció por conducto de su Presidente Municipal, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, personalidad que se reconoce en términos de lo dispuesto en la constancia de mayoría y validez de la elección para dicho ayuntamiento, emitida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, de diez de junio de dos mil veintiuno.(16)

50. Además, el Presidente Municipal se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio de Toluca, ya que los artículos 48, fracción IV, y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establecen que una de sus atribuciones es la de representar jurídicamente al municipio en los litigios en que éste sea parte.(17)

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

51. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(18) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que los rigen.

52. En representación del Poder Legislativo acudió el diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, Presidente de la LXI Legislatura del Estado de México, lo que acreditó con un ejemplar de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se publicó el acuerdo mediante el cual el congreso estatal lo designó con tal carácter durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.

53. Dicho funcionario está legitimado para comparecer en la presente controversia constitucional en representación del congreso estatal, de conformidad con el artículo 47, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México.(19)

54. Por último, por parte del Poder Ejecutivo compareció Carlos Felipe Fuentes Del Río, Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quien acredita su personalidad con copia certificada de su nombramiento y cuenta con facultades de representación con base en el artículo 38 TER, fracciones I y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México(20) —vigente a la fecha de la contestación de la demanda—y el “Acuerdo del Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo Estatal, por el que se modifica la delegación de subalternas y subalternos de atribuciones de representación legal”, publicado en la gaceta oficial el veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

55. Esta Primera Sala advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del municipio de Toluca, debido a que el decreto impugnado no le causa un principio de agravio.

56. Este alto tribunal ha establecido que el interés legítimo para acudir a controversia constitucional gira en torno a la existencia de un principio de afectación,(21) esto es, que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política del país, como las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.

57. Es cierto que el principio de afectación debe entenderse ampliamente, en el sentido de que por mínima que ésta sea, la controversia constitucional debe ser procedente, aunque ello implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución Federal o de estricta legalidad.

58. Ello no significa, empero, que el juicio sea procedente cuando la afectación producida por la norma o acto impugnado es inexistente.

59. Así, el municipio actor se ubica en el extremo de no resentir perjuicio alguno por efecto del decreto impugnado, en el contexto de los conceptos de inv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33201-427b140b/i-controversia-constitucional-los-municipios-tienen-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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