INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EXTEMPORANEAMENTE. CASO EN QUE DEBE ADMITIRSE. LEY DE AGUAS NACIONALES, NOTIFICACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEBEN SER PERSONALES A LOS INTERESADOS, SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE Y CUANDO NO CORRESPONDA A LA MATERIA FISCAL.
AMPARO EN REVISION 405/95. ENRIQUE LOPEZ MOLINA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Por cuestión de orden, habrán de analizarse en primer lugar los argumentos que aduce el recurrente en cuanto a que el juez de Distrito infringió en su perjuicio lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Amparo, porque no le dio a conocer la llegada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con la anticipación debida, pues a fin de dar oportunidad de imponerse del contenido de los mismos, debió haber diferido la audiencia constitucional.
Al respecto, debe indicarse que tal alegación resulta infundada; esto es así, puesto que de lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Amparo, no se desprende que el juez de Distrito deba dar vista a las partes con los informes justificados de las autoridades responsables ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, pues sobre el particular, la disposición legal en cita no le impone al juez constitucional ningún término para dar a conocer a las partes el contenido de los informes justificados, ni existe ningún otro precepto en la ley de la materia que le señale término para cumplir con lo anterior; así, atenta la naturaleza del juicio de amparo, debe entenderse que el juez de Distrito tiene que dar a conocer a las partes el contenido de los informes justificados, a la brevedad posible, después de haberlos recibido, pudiendo hacerlo incluso en el desahogo de la propia audiencia constitucional; por consiguiente, si bien es cierto que en la especie, los informes justificados rendidos por el gerente de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Puebla y el jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de dicha Gerencia Estatal, se acordó agregarlos a los autos en el momento de la audiencia constitucional, sin embargo, no por ello se infringió lo establecido en el indicado artículo 149 de la ley de la materia, puesto que no obstante que tales informes se rindieron antes de la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, como quiera que sea se dio cuenta de ellos en la audiencia de mérito y el juez a quo acordó su recepción, sin que se advierta que el amparista, Enrique López Molina, quien compareció personalmente a dicha audiencia, celebrada a las nueve horas con cincuenta minutos del día veinte de junio del año en curso, hubiese pedido su diferimiento en forma verbal, con el objeto de imponerse con plenitud del contenido de los informes justificados de que se habla, sino únicamente, mediante escrito presentado en la misma fecha, solicitó copia certificada de ellos, petición que por cierto fue acordada favorablemente por el juez de Distrito en la propia audiencia; de esa suerte, si el ahora inconforme, pudiendo hacerlo, no ejercitó el derecho de que se habla, esto sólo le es imputable a él, de ahí que ninguna razón existía para que se difiriera la audiencia constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia número 301, y al resolver los juicios de amparo en revisión números 370/91, 227/94, 359/94 y 536/95, que respectivamente establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SE DA CUENTA DEL. EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Si se dio cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en la audiencia constitucional. Ello de ninguna manera constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. En razón de que el quejoso tuvo la oportunidad de solicitar verbalmente se difiriera o se suspendiera dicha audiencia, según lo que procediera, de conformidad con la reforma del artículo 149 de la Ley de Amparo que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho." e "INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EXTEMPORANEAMENTE. CASO EN QUE DEBE ADMITIRSE. Aunque las responsables no hubieren rendido sus informes dentro del término de cinco días, esto no implica que el juzgador de amparo obre incorrectamente al tomar en consideración tales informes, porque, si se acredita en el expediente que las autoridades presentaron sus respectivos informes con tiempo suficiente al en que se inicia la audiencia constitucional, la parte quejosa tiene oportunidad para desvirtuar el contenido de esos informes; consecuentemente, el artículo 149 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en el sentido de que si no se rinden los informes dentro del término indicado, ello provoque necesariamente la indefensión de la parte quejosa."
QUINTO. Previo al análisis de los restantes agravios expresados por el recurrente, este Tribunal Colegiado procede a examinar la causal de improcedencia que advierte se surte en la especie, misma que sea alegada o no, debe ser analizada preferentemente por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio de garantías, atento lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 5 de este órgano colegiado que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."
En efecto, en torno al acto reclamado por el quejoso, consistente en la ilegal notificación de la resolución pronunciada por el gerente en esta entidad federativa de la Comisión Nacional del Agua, contenida en el oficio número B00.723.2.PSH.004/95-958, efectuada por el jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica sin que se siguiera "el procedimiento administrativo de notificaciones respectivo"; debe indicarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Para así estimarlo, conviene destacar, que los artículos 183 fracciones IX y X, 190 y 197 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, establecen: "Artículo 183. Las visitas de inspección que se efectúen por `La Comisión' para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se efectuarán conforme a lo siguiente: I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... IX. Una vez escuchado al visitado, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreció, o en caso de que no haya hecho dentro del plazo mencionado uso del derecho que le conceden las fracciones VI y VII de este artículo, `La Comisión' dictará la resolución administrativa que corresponda, debidamente fundada y motivada, misma que se notificará al interesado, y X. Las notificaciones para estos fines serán personales y cumplirán con lo que establece el presente `Reglamento'."; "Artículo 190. La tramitación del recurso de revisión que establece el artículo 124 de la `ley', se sujetará a las disposiciones de este `Reglamento' y, en lo no previsto, a las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Si se interpone recurso de revocación o de nulidad de notificaciones contra actos y resoluciones que emita `La Comisión' en materia fiscal, conforme a la presente `Ley', los mismos serán resueltos por ésta en los términos del Código Fiscal de la Federación."; "Artículo 197. Las notificaciones que deban hacerse a los recurrentes y a los terceros perjudicados se practicarán en forma personal, en el domicilio que hubiesen señalado para tal efecto, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su parte relativa."
De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se sigue que las resoluciones administrativas que pronuncie la Comisión Nacional de Aguas, deben notificarse en forma personal a los interesados, conforme a las disposiciones relativas, previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es el ordenamiento legal que debe aplicarse supletoriamente a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y que en contra de la falta o ilegalidad de la notificación que deba efectuarse, procede el "recurso" de nulidad de notificaciones, en términos del precitado código adjetivo civil federal, siempre y cuando la resolución que debe notificarse no corresponda a la materia fiscal, como sería la imposición de multas, en cuyo caso, el recurso que en contra de la misma se interponga deberá ser resuelto conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en su parte relativa.
En el caso, la orden de clausura definitiva del pozo tipo noria propiedad del solicitante de amparo no puede considerarse de carácter fiscal, pues se trata de una sanción adicional impuesta, por la explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales a través de infraestructura hidráulica, sin contar con la autorización correspondiente, con apoyo en el artículo 122 de la Ley de Aguas Nacionales.
Sentado lo anterior, es de concluirse cómo el quejoso, hoy recurrente, tuvo intervención en el procedimiento administrativo de origen, antes de promover el juicio de garantías debió agotar el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Aguas Nacionales en términos de los artículos 183 fracción X, y 197 del reglamento de la indicada Ley, pues a través de dicho medio de defensa legal, puede revocarse o nulificarse la notificación hecha indebidamente u omitida, de la orden de clausura definitiva contenida en el oficio número B00.2.723.2.PSH.004/95-958, que el gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, dictó en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 134, visible a fojas 240, Primera Parte, Tribunal Pleno, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentran carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas"; y la jurisprudencia número 1577, publicada en la página 2523, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice en consulta, que dice: "RECURSO. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común".
En tales circunstancias, es indudable que se actualiza sobre el particular, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento del juicio, con apoyo en el diverso numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.
SEXTO. Son infundados en parte, e inoperantes en lo demás, los agravios expresados por el recurrente respecto del acto reclamado que hizo consistir en la orden dada a la ejecutora para que sin el procedimiento administrativo correspondiente a notificaciones "se pretenda fijar sellos de clausura" en el pozo noria de su propiedad.
En efecto, deben desestimarse por inoperantes los argumentos en los que el ahora recurrente reiteradamente expresa que la sentencia impugnada resulta ilegal porque al emitirla el juez de Distrito a quo no realizó un estudio y análisis jurídicos de los conceptos de violación que expuso en su demanda de garantías, ni de las pruebas que ofreció; además, de que las constancias en que se apoyó son contradictorias en su concepción y difieren de lo manifestado por las responsables en sus informes justificados. Lo anterior es así, en virtud de que el inconforme no expone en forma precisa cuáles son los conceptos de violación de su demanda de garantías que omitió examinar el juez de amparo y por qué no se estudiaron, así como tampoco cuáles probanzas que ofreció no fueron analizadas y el alcance probatorio de las mismas, ni tampoco precisa por qué las constancias en que se apoyó el juez federal de mérito para emitir la resolución recurrida "son contradictorias en su concepción y difieren de lo manifestado en el informe justificado rendido por las responsables"; lo cual era menester, a fin de poner de manifiesto ante esta potestad federal el por qué la sentencia recurrida fue dictada en contravención a los preceptos legales en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 17/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 14 de la Gaceta número 40 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y uno, cuyo tenor literal es el siguiente: "AGRAVIO INOPERANTE. LO ES SI SE ALEGA QUE NO SE EXAMINARON TODOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACION PERO SIN HACER ESPECIFICACION ALGUNA. Si en los agravios que se formulan en contra de una sentencia, se alega que se incurrió en la violación de que no se examinaron todos los conceptos que se formularon, pero no se especifica ninguno de los que se estiman omitidos, los agravios deben considerarse inoperantes".
Igualmente inoperante resulta el diverso agravio en el que el inconforme aduce que en la sentencia recurrida el juez de Distrito violó lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, al no interpretarlo en su más estricto sentido, ya que al haber admitido las responsables los actos reclamados, debió concederle el amparo solicitado. Ciertamente, tal argumento resulta una afirmación dogmática, no obstante las jurisprudencias que cita, pues no combate, ni mucho menos destruye las razones que sostuvo el juez federal en el fallo impugnado ya que en realidad no contiene ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a justificar la ilegalidad de las consideraciones en que el juez de Distrito se apoyó para pronunciar la sentencia que se recurre. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número 1212 de este órgano colegiado, que dice: "AGRAVIOS INEXISTENTES. No puede tenerse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de las resoluciones impugnadas de ilegalidad, sino que deben combatirse con razonamientos los fundamentos y consideraciones en que el juez se apoyó para emitirlas".
Por otra parte, el recurrente esgrime que la orden de clausura del pozo tipo noria de su propiedad es violatoria del artículo 21 constitucional, pues si bien dicho precepto faculta a las autoridades administrativas a la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernamentales y de policía, que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas, pero que no indica otro tipo de sanciones, como la de fijar sellos de clausuras; pues tales sanciones no quedan al arbitrio de quienes las imponen, sino deben ceñirse a lo que dispongan los mismos reglamentos en otra ley, sin que se opongan a lo establecido en el precitado artículo 21 constitucional, como ocurre en la especie. Sin embargo, también tales argumentos resultan inoperantes, pues en ellos el ahora inconforme se concreta en realidad a reproducir casi en términos textuales los conceptos de violación que sobre el particular expresó en su demanda de amparo, pero sin aludir en absoluto, ni mucho menos combatir y destruir los fundamentos y consideraciones que sostuvo el juez federal al emitir el fallo recurrido; ni tampoco esgrime que reiteraba dichos conceptos de violación en virtud de que el juez de Distrito no se ocupó de ellos; por ende, tales agravios no se estiman aptos para ser tomados en consideración, por no reunir los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para que sean considerados como tales. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 28 y 96 de esta potestad federal, que a la letra, respectivamente dicen: "AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACION. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento por el juez responsable; si no expone argumentación alguna para impugnar la ilegalidad de la sentencia de dicho juez, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los requisitos que la técnica jurídico procesal señala para el efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido."; y "AGRAVIOS EN LA REVISION. Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige al caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos requisitos".
Por otra parte el inconforme aduce que en el juicio de garantías acreditó con la prueba testimonial que ofreció, que la orden de clausura que reclama no fue llevada a cabo por la autoridad responsable ejecutora y que por ello, resulta falso lo expresado por todas las responsables en sus informes justificados.
Al respecto, debe indicarse que carece de razón el recurrente; en efecto, el hecho de que los testigos Luz María Villanueva Lucero y José Rosas Rosas, hayan declarado en el desahogo de la prueba relativa, que el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, los representantes de la Comisión Nacional del Agua en esta entidad federativa, no pudieron colocar sellos de clausura en el pozo propiedad del amparista; en realidad se trata de declaraciones que no desvirtúan lo asentado en el acta levantada por la autoridad responsable el dieciséis de mayo del presente año, que obra en autos (concretamente la copia certificada que el gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua remitió con su informe justificado relativa a diversas constancias que obran en la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de dicha comisión, concernientes a la clausura del pozo tipo noria, ubicado en Camino a Atotonilco sin número, en San Francisco Teotimehuacán, Puebla, en el inmueble propiedad de Enrique López Molina); a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del artículo 2o., de la Ley de Amparo; en virtud de que las emisiones de los testigos de referencia aluden a lo sucedido el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y no a la fecha asentada en la indicada acta (dieciséis de mayo del mismo año); misma que por cierto al no haber sido objetada oportunamente por el solicitante de amparo, tiene pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público.
Asimismo, es de indicarse que contrariamente a lo que arguye el recurrente, la sentencia recurrida no puede considerarse violatoria de garantía constitucional alguna; esto es así, habida cuenta que el juez de Distrito a quo es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional, de esa suerte y toda vez que su actuación se encuentra sujeta a lo establecido en la Ley de Amparo, es inconcuso que al emitir su fallo no puede infringir garantías individuales, pues en todo caso, los preceptos que pudiera dejar de observar al emitir su fallo, serían precisamente los relativos a la mencionada ley reglamentaria. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia número 17 de este Tribunal Colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS. El juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación".
Finalmente, debe indicarse que no pasa desapercibido para este órgano colegiado, el hecho de que el juez de Distrito a quo, al dictar la sentencia recurrida, haya omitido pronunciarse respecto al diverso acto reclamado por el quejoso, consistente en la falta de Acuerdo previo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual le haya delegado facultades a la ejecutora para dar cumplimiento a la orden de fijación de sellos de clausura contenida en el oficio número de fecha 9 de mayo de 1995, B00.723.2.PSH.004/95-958 sin que se haya observado y menos llevado a cabo el procedimiento administrativo de la delegación de facultades y atribuciones que demandan los artículos 12 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 del reglamento de la Ley invocada"; sin embargo, la omisión de que se habla, no fue invocada por la recurrente en sus agravios, y por ende, esta potestad federal se encuentra imposibilitada para avocarse al conocimiento de dicho acto reclamado y subsanar la inobservancia apuntada, pues se insiste, no hubo inconformidad al respecto por parte del recurrente, y por tanto, en virtud de que el juez de Distrito negó el amparo respecto del acto aludido, por ende debe confirmarse dicha negativa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 3/95, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada a foja 10, de la Gaceta número 86/2 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. LA OMISION O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.- De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable por lo que si el juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre algunos de tales actos, o no los aprecia correctamente los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y sí, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norma la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituye al juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión".
En las condiciones anotadas, lo que procede en la especie, es modificar la sentencia recurrida, decretar el sobreseimiento del juicio de garantías respecto de los actos reclamados por el quejoso precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria y negar el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto ve a los restantes actos reclamados por el amparista.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86, 88, 90, 91 de la Ley de Amparo, 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por ENRIQUE LOPEZ MOLINA, en contra del acto reclamado del jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la Gerencia en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, consistente en la ilegal notificación de la resolución pronunciada por el titular de esa gerencia, contenida en el oficio número B00.723.2.PSH.004/95-958.
TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ENRIQUE LOPEZ MOLINA, contra los actos reclamados del gerente en el Estado de Puebla de la Comisión Nacional del Agua y jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica de la misma gerencia, consistentes en la orden dada por dicho gerente a la ejecutora para que sin el procedimiento administrativo correspondiente a notificaciones, "se pretenda fijar sellos de clausura", en el pozo tipo noria propiedad del quejoso, ubicado en Camino Real a Atotonilco sin número en San Francisco Teotimehuacán, Puebla; y, "en la falta de Acuerdo previo publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se haya delegado facultades a la ejecutora para dar cumplimiento a la orden de fijación de sellos de clausura contenida en el oficio número y de fecha 9 de mayo de 1995, B00.723.2.PSH.004/95-958";y del jefe de la Unidad de Protección y Seguridad Hidráulica, la ejecución de tal orden.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados que integran este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3326-208ffce2/informe-justificado-rendido-extemporaneamente-caso-en-que-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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