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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO POR INSTRUCTIVO. PROCEDE ASI SOLO CUANDO SE EFECTUA EN LA CASA-HABITACION DE LA PARTE DEMANDADA (ARTICULOS 113 Y 114 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 395/95. · Registro digital (IUS): 3758
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUIS ROBERTO LOPEZ MONTOYA Y COAGRAVIADOS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 447.

AMPARO EN REVISION 395/95. LUIS ROBERTO LOPEZ MONTOYA Y COAGRAVIADOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Resulta sustancialmente fundado uno de los agravios transcritos, al suplirse en lo necesario, la deficiencia de la queja, por actualizarse la hipótesis prevenida por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

En efecto, de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito para negar a los quejosos, ahora recurrentes, la protección de la Justicia Federal básicamente consideró que el emplazamiento reclamado satisfacía los requisitos previstos en los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ya que el actuario notificador, el día ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, se constituyó en el domicilio ubicado en Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, mismo que fue señalado por los demandados en el contrato base de la acción, con el fin de emplazarlos al juicio y al no encontrarlos presentes les dejó citatorio con la vecina más cercana Mireya Gámez para que lo esperaran al día siguiente; fecha en la cual estuvieron presentes sólo dos de los demandados, Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena López Montoya, a quienes emplazó a juicio y por su conducto a los restantes demandados Luis Roberto López Montoya, María de los Angeles Peña de López, María Virgen López Montoya de Yáñez y Margarito Yáñez Plascencia (quejosos recurrentes); que dicho emplazamiento surte efectos porque no se impugnó por vicios que pudiera tener en ese aspecto, sino porque se efectuó en un domicilio distinto; que no asiste razón a los quejosos cuando señalan que debió habérseles emplazado en los domicilios que realmente tienen y no en el domicilio proporcionado por el actor, ya que aun cuando en los preceptos legales citados con anterioridad se dispone que el emplazamiento a los demandados se debe procurar llevar a cabo primeramente en su casa-habitación, después en el lugar donde trabajen y finalmente en donde se encuentren, si en el contrato base de la acción se precisó como domicilio para cumplir la obligación el ubicado en Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, el emplazamiento ahí practicado surte efectos, porque a excepción de María Virgen López Montoya de Yáñez, que al celebrar el contrato dijo vivir en Guadalajara, Jalisco, los demás demandados manifestaron que vivían en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, dos de ellos (Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia) en el domicilio donde se practicó el emplazamiento; que cualquier defecto de la diligencia de emplazamiento quedó purgada al haber sido emplazados los quejosos por conducto de sus codemandados lo cual subsiste al no impugnar de ilegal que se hubiera hecho de esa manera; que si los quejosos señalaron un domicilio diferente a aquel en el que debe hacerse el emplazamiento conforme a la ley, tal señalamiento es válido y legal; que al ser legal el emplazamiento también lo son los subsecuentes acuerdos al no impugnarse por vicios propios; que la testimonial aportada por los quejosos Luis Alberto López Montoya, María de los Angeles Peña de López, María Virgen Montoya de Yáñez y Margarito Yáñez Plascencia sólo es apta para acreditar que los dos primeros tienen su domicilio en Tijuana, Baja California y los dos restantes en Guadalajara, Jalisco, mas no para demostrar que el emplazamiento reclamado se haya efectuado en contravención a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil de Sinaloa.

Ahora bien, los recurrentes en vía de agravio en síntesis alegan que contrario a lo sostenido por el a quo el emplazamiento que reclaman es ilegal porque se verificó en contravención a las reglas y formalidades que para el efecto señalan los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al habérseles emplazado en un domicilio distinto al que realmente habitan; que resulta irrelevante que dicha diligencia se haya llevado a cabo en el domicilio convencional señalado en el contrato, en virtud de que por disposición legal el llamamiento a juicio debe hacerse en el domicilio real del demandado y no en el convencional que señalen, pues la voluntad de las partes no los exime del cumplimiento de las normas jurídicas; que son incorrectas e inexactas las consideraciones del a quo en las que sostiene que el domicilio para ser emplazados sea el mismo que el señalado para cumplir con la obligación, porque, en términos de los dispositivos legales antes mencionados, independientemente de que en el contrato base de la acción se haya señalado como domicilio el ubicado en Guadalupe Victoria, cuatrocientos quince de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, no debió tenerse como su domicilio para efectos del emplazamiento sino que se les debió haber emplazado en los domicilios que realmente tienen; que también es incorrecta e inexacta la consideración del a quo relativa a que el emplazamiento no se puede considerar ilegal porque fueron emplazados por conducto de los codemandados Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia, y porque no combatieron el hecho de que se les haya emplazado por ese conducto, ya que como el emplazamiento a juicio es una notificación personalísima debe hacerse personalmente al interesado o, en su caso a su representante o procurador, sin que en el caso esté demostrado que sus referidos codemandados tengan tal carácter; que se dejó de aplicar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, porque si el a quo consideró que no se reclamaba el hecho de que habían sido emplazados por conducto de sus codemandados debió suplirles la deficiencia de la queja y no considerar legal por ese hecho el emplazamiento; que si resulta ilegal el emplazamiento reprochado lo mismo acontece con los acuerdos subsecuentes por ser consecuencia necesaria de aquél; que la testimonial ofrecida de su parte sí surtió los efectos legales para los cuales se ofreció, ya que con ella se demostró que tienen domicilio distinto a aquel en el que fueron indebidamente emplazados por lo que indebidamente el a quo le negó valor probatorio pleno.

Asiste razón a los recurrentes respecto al motivo de inconformidad en el que aducen que el Juez a quo indebidamente consideró que el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil que se practicó en el expediente 1051/93, se había llevado a cabo de conformidad con los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, lo cual es incorrecto, ya que en el caso no se acataron las formalidades exigidas por los citados preceptos, pues el emplazamiento respectivo no se verificó en su casa-habitación, sino en distinto sitio.

Lo anterior se considera así en virtud de que este órgano colegiado, según las constancias relativas al emplazamiento aludido, advierte fehacientemente y claramente que el actuario que lo practicó sólo señaló que previo citatorio se constituyó nuevamente en Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince, de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, domicilio señalado para requerir y emplazar a Marco Antonio López Montoya, Rosa Elena Yáñez Plascencia de López, Luis Roberto López Montoya, María de los Angeles Peña de López, María Virgen López Montoya de Yáñez y Margarito Yáñez Plascencia, y encontrando presente sólo a los dos primeros, por cuyo dicho se cercioró de actuar en el domicilio correcto, los emplazó personalmente, y por su conducto a los restantes, mediante instructivo (fojas 65 vuelta, 66 y 67).

Ahora, el artículo 113 del ordenamiento legal citado establece: "Art. 113.- La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, en su caso a los representantes o procuradores, por el secretario o actuario del juzgado que lo ordene, en su casa-habitación o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y finalmente donde se encuentre el interesado. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, que la casa señalada como domicilio del destinatario es realmente su habitación, le dejará instructivo en el que hará constar: el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar, la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole su firma en la razón que se levantará del acto que se agregará a las diligencias. La notificación de que se trata, en el caso de personas morales, se entenderá con sus representantes."

A su vez el numeral 114 del citado Código Procesal dispone: "Art. 114.- Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare el destinatario, se le dejará citatorio con las personas a las que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, para hora hábil del día siguiente.- Previamente a dejar citatorio o practicar el emplazamiento, el notificador, bajo su estricta responsabilidad y en forma fehaciente, mediante el dicho de quien se encuentra en el domicilio o en su defecto de los vecinos inmediatos, deberá de cerciorarse de que el lugar donde se actúa es el domicilio de la persona que se busca, debiendo de exponerse en el acta los medios por los cuales se enteró de esa circunstancia.- Si en el domicilio señalado no se encontrare persona alguna o se negare a recibir el citatorio, éste se fijará en la puerta del domicilio, una copia se le entregará al vecino más inmediato para que lo haga llegar al interesado y otra se agregará al expediente.- No (¿si no?) obstante el citatorio el interesado no espera, se le hará la notificación por instructivo la que se entregará en el caso de que este (¿de este?) artículo y del anterior, a los parientes, empleados o cualquier otra persona que ahí habite que sea mayor de catorce años, según su propio dicho, o a juicio del notificador.- El instructivo, que contendrá los requisitos prevenidos en el artículo anterior, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, junto con una copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con la demanda y una copia del mismo se agregará al expediente.- Si en el domicilio designado para el emplazamiento se negasen (¿a?) recibir el instructivo, no se encontrase ninguna de las personas señaladas o el mismo se encontrase cerrado, la diligencia se entenderá con el vecino más inmediato, y a partir de este momento se tiene por hecho el emplazamiento.- En este caso y en el del párrafo siguiente, será obligación del notificador fijar copia del instructivo en la puerta del domicilio, en los estrados del juzgado y en la secretaría del Ayuntamiento del Municipio donde se practique la notificación y por último se le enviará a dicho domicilio copia del instructivo por pieza postal certificada con acuse de recibo, debiéndose de agregar al expediente el comprobante de envío de la pieza postal, a más tardar el día siguiente de practicada la diligencia.- Si no hubiere vecinos o éstos se negaren a recibir el instructivo y las copias del traslado, dichos documentos quedarán a disposición del interesado en la secretaría del juzgado que practicó la diligencia y el emplazamiento comenzará a surtir efectos después de cinco días de la fecha de envío del instructivo por correo, salvo que dentro de dicho término el demandado comparezca al local del juzgado a recibir la notificación, en cuyo caso el emplazamiento surtirá sus efectos el día de su realización.- La notificación de la demanda a las personas morales, se hará por conducto de su legítimo representante; si los representantes fueren varios, el emplazamiento será válido cuando se haga a cualquiera de ellos y si la representación corresponde a una junta o cuerpo colegiado, bastará que se haga a uno de ellos. Si no se encontrare, se procederá en los términos expuestos en este artículo."

En ese contexto, de acuerdo con la interpretación sistemática y objetiva de lo que establecen los dispositivos legales transcritos este Tribunal Colegiado estima que las formalidades preestablecidas para efectuar correctamente el emplazamiento a juicio deben satisfacer los principios de rigor que le son propios a toda citación procesal para actos en un juicio, y de ahí que si la primera notificación o emplazamiento ha de realizarse personalmente al interesado o interesados en su casa-habitación, en el lugar del principal asiento de sus negocios o aquel en que el destinatario desempeñe su trabajo, y finalmente donde se encontraren aquél o aquéllos; debe concluirse que siempre que se trate del emplazamiento en el domicilio de la casa-habitación el notificador deberá cerciorarse de que la finca señalada al efecto es la que habita el destinatario, en cuyo caso se podrá dejar el instructivo respectivo a los parientes, empleados o cualquier otra persona que ahí esté o lo habite, mayor de catorce años, según su propio dicho o a juicio del notificador.

Por consiguiente, si bien el emplazamiento puede practicarse en el lugar del domicilio donde vive o habita el interesado, o en el sitio en que se ubique el principal asiento de sus negocios, donde trabajase o inclusive donde se encontrare, es de precisar que para que pueda entenderse que es legal el emplazamiento realizado en la casa-habitación del interesado y éste no se encuentre ahí, para que pueda practicarse el llamamiento a juicio por instructivo el actuario deberá cerciorarse previamente de esa circunstancia; lo que no debe ni puede acontecer en los demás supuestos, o sea, efectuarse el emplazamiento referido por vía de instructivo, cuando se tratare de hacerlo en el sitio en que fuera el principal asiento de los negocios del interesado, o donde desempeñe su trabajo y si fuese estrictamente personal, lo que se sigue de la recta intelección de los relacionados preceptos, porque esa fue la intención del legislador de esta entidad federativa.

En suma: sólo se autoriza por el código adjetivo de la materia en cita el llamamiento a juicio mediante instructivo, cuando se trate de la casa que realmente fuera la habitación del interesado, de lo que deberá cerciorarse el notificador, bajo su responsabilidad, mas no así en los diversos supuestos aludidos.

Consecuentemente, toda vez que del análisis de la diligencia de emplazamiento reclamada, visible en la foja 67 de las constancias que integran el expediente de amparo, se denota incuestionablemente que el actuario que llevó a término tal diligencia reclamada, tan solo asentó que se constituyó nuevamente en Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince, domicilio señalado para requerir y emplazar a Marco Antonio López Montoya, Rosa Elena Yáñez Plascencia de López, Luis Roberto López Montoya, María de los Angeles Peña de López, María Virgen López Montoya de Yáñez y Margarito Yáñez Plascencia y al encontrar presentes sólo a los dos primeros, por cuyo dicho se cercioró de actuar en el domicilio correcto, los emplazó personalmente, y por conducto de estas personas emplazó mediante instructivo a los restantes, ahora quejosos recurrentes sin que en algún momento se haya cerciorado que ese domicilio era en el que habitaban las personas que no estaban presentes, como sería menester para que la diligencia hubiera estado apegada a derecho; en esas condiciones deviene evidente que esa citación a juicio no se apegó a las hipótesis legales establecidas por los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil referido, de acuerdo con su correcta interpretación interrelacionada precedente.

Sirve de apoyo sobre el particular la tesis sostenida por este órgano jurisdiccional federal al resolver el amparo en revisión 252/95, con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis, publicada en las páginas 389 y 390, del Tomo III, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a abril de 1996, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR INSTRUCTIVO. PROCEDE ASI SOLO CUANDO SE EFECTUA EN LA CASA-HABITACION DE LA PARTE DEMANDADA. (ARTICULOS 113 Y 114 DEL CODIGO PROCESAL PARA EL ESTADO DE SINALOA).- De acuerdo con la interpretación sistemática y objetiva de lo que establecen los dispositivos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, debe estimarse que sólo se autoriza el llamamiento a juicio de la parte demandada mediante instructivo, siempre y cuando se efectúe en la casa que realmente fuera la habitación del destinatario, de lo que deberá cerciorarse el notificador al practicar dicha diligencia con cualquier persona que ahí esté y sea mayor de catorce años. Lo anterior se sigue de la recta intelección de los relacionados preceptos, porque esa fue la intención del legislador al precisar que el notificador, una vez cerciorado de que la casa señalada es realmente la habitación del destinatario, entonces le podrá dejar el instructivo, sin establecer esa fórmula procesal para los casos en que el emplazamiento se practique en el lugar del principal asiento de sus negocios o en aquel en que desempeñe su trabajo, o donde se encontrare el interesado. Por consiguiente, en los últimos supuestos el llamamiento a juicio debe ser de carácter estrictamente personal y no a través de instructivo."

No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que en la cláusula decimacuarta del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre la ahora tercero perjudicada y los aquí inconformes y demás codemandados, se hubiere establecido que los últimos designaban como domicilio para todos los efectos del contrato el ubicado en calle Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince poniente, de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa (foja 56 vuelta), por ser indiscutible que al no tratarse de la casa-habitación donde residieren los demandados quejosos, hoy inconformes, no debían ni podían ser emplazados por medio de instructivo en un domicilio convencional, atentos a los motivos ya reseñados.

Así justipreciado, deviene patente e inobjetable que, opuesto a lo considerado por el Juez Federal en la sentencia recurrida, el emplazamiento reclamado efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1051/93 con fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, no acató objetiva ni legalmente las formalidades previstas para el caso, por evidenciarse que el actuario o notificador no lo realizó conforme a derecho, según las consideraciones jurídicas precedentes respecto de las reglas específicas previstas al efecto por los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, y por consiguiente, el multirreferido emplazamiento resulta transgresor de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso en agravio de los quejosos.

Además de lo anteriormente expuesto debe decirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en todo juicio, previo al acto de privación, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento fijadas en las leyes vigentes, disposición a la que por ser de carácter imperativo y de orden público no puede renunciarse.

Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento, ya que a virtud de él, se previene el juicio en favor del Juez que lo hace; se sujeta al emplazado a seguir el juicio ante el Juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambie de domicilio, o por otro motivo legal; se obliga al demandado a contestar ante el Juez que lo emplazó, salvo su derecho a provocar la incompetencia; produce todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado, y se origina el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.

Así también, el artículo 55 del mismo ordenamiento legal previene que los interesados no pueden por convenio alterar, modificar o renunciar las normas del procedimiento, y a su vez los artículos 113 y 114 del referido código adjetivo, contienen las reglas específicas para el emplazamiento según las cuales se debe buscar al demandado, primeramente en su casa-habitación, después en el lugar donde trabaje y finalmente en donde se encuentre, de ahí que no pueda ser legal la diligencia que se efectúa en el domicilio señalado para cumplir la obligación.

En el anterior orden de ideas, si como ya quedó precisado precedentemente en el contrato base de la acción se señaló como domicilio convencional el ubicado en calle Guadalupe Victoria, número cuatrocientos quince poniente, de la ciudad de Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, domicilio en el que fueron emplazados los quejosos por conducto de sus codemandados Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia (foja 61), es inconcuso que la diligencia de emplazamiento que se les practicó resulta ilegal, por no haberse llevado a cabo conforme a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, los cuales ordenan, como ya se vio, que el emplazamiento debe practicarse en la casa-habitación, en el lugar donde trabaje o finalmente en donde se encuentre la parte demandada.

Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia número 544, consultable en las páginas 390 y 391, Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO REAL DEL DEMANDADO Y NO EN EL SEÑALADO CONVENCIONALMENTE.- Conforme al artículo 14 constitucional, en el juicio previo al acto de privación, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento fijadas en las leyes vigentes. Esta disposición es de carácter imperativo y de orden público, por lo que no puede renunciarse. El artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece el emplazamiento como una formalidad esencial del procedimiento, y los numerales 114, fracción I, 116, 117, 118 y 119 de este ordenamiento consignan los requisitos específicos y esenciales para la diligencia de emplazamiento, entre ellos destaca fundamentalmente el referente al lugar donde ha de hacerse el llamamiento a juicio, que debe ser precisamente el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 55 de ese ordenamiento, previene que los interesados no pueden alterar, modificar o renunciar las normas del procedimiento. Por lo tanto, aun cuando en un acto jurídico de naturaleza civil las partes señalen un domicilio para que se les emplace en caso de controversia, el emplazamiento debe practicarse en el domicilio real del enjuiciado, en los términos y con las formalidades establecidas por los artículos primeramente citados, puesto que como antes se dijo, la voluntad de las partes no exime del cumplimiento de las citadas normas."

Así las cosas, si el emplazamiento a los quejosos se practicó en contravención a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por no haberse cerciorado el actuario notificador que el domicilio donde lo llevó a cabo haya sido su casa-habitación, sino que se advierte que lo realizó en el domicilio convencional señalado en el contrato base de la acción, en modo alguno puede resultar legal, por el hecho de que se haya llevado a cabo por conducto de los codemandados Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia, y que tal circunstancia no la hubiesen alegado en los conceptos de violación, como erróneamente lo estimó el a quo, toda vez que esta diligencia por disposición expresa de la ley, para que sea correcta se debe entender personalmente con el interesado en su casa-habitación o en el lugar donde desempeñe su trabajo y finalmente donde se le encuentre, y si a la primera búsqueda no se le encuentra, y cerciorado el funcionario actuante que el lugar donde actúa es el domicilio del interesado, le dejará citatorio para hora hábil del día siguiente con algún empleado, pariente o cualquier otra persona mayor de catorce años, cerciorándose de que ahí es su casa-habitación, y sólo en el caso de que aquél haga caso omiso al citatorio, la notificación debe hacerse por instructivo que se entregará a cualquiera de las personas antes señaladas, procedimiento que en el caso no se observó, pues como ya se indicó, el actuario notificador para emplazar a los quejosos se constituyó en el domicilio convencional, que resultó ser el de los codemandados Marco Antonio López Montoya y Rosa Elena Yáñez Plascencia, y al no encontrarlos, previo citatorio, los emplazó por conducto de éstos, sin que con ello se hubiese cumplido con el objetivo de dicha diligencia que consiste en hacer saber al demandado la existencia de un juicio en su contra para que esté en aptitud de defenderse.

Consecuentemente, por las razones ya expuestas cabe sostener que los quejosos no fueron legalmente emplazados al juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados, violándose con ello en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en cuya reparación procede revocar la sentencia recurrida y en su lugar concederles el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez responsable, por lo que hace a los amparistas, reponga el procedimiento en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 1051/93 y dejando sin efecto todo lo actuado a partir del emplazamiento, los emplace nuevamente cerciorándose plenamente que el domicilio en donde lleve a cabo la diligencia sea la casa-habitación de los demandados.

Por último, como resultó fundado el agravio examinado, supliéndose sus deficiencias, resulta innecesario el estudio de las diversas inconformidades que se hacen valer.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución General de la República; 83, fracción IV, 85, fracción II, 89, 90 y 91, de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Se modifica la sentencia que se revisa.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías que se revisa respecto de los actos reclamados del director de Seguridad Pública Municipal y comandante de Partida de la Policía Judicial del Estado, ambos con sede en Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Roberto López Montoya, María de los Angeles Peña de López, María Virgen López Montoya de Yáñez y Margarito Yáñez Plascencia, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y otras autoridades todas con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en la inteligencia de que el amparo se concede para los efectos señalados en la última parte del considerando tercero.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito: Virgilio Adolfo Solorio Campos, Carlos Arturo Lazalde Montoya y Abraham S. Marcos Valdés, siendo ponente el segundo de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3758-abd736cf/emplazamiento-por-instructivo-procede-asi-solo-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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