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Modo: Corpus Pro

TESIS DE LA SUPREMA CORTE QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA. ES CORRECTO APOYARSE EN LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 478/95. · Registro digital (IUS): 3371
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AGUSTIN ASCENCIO GOMEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, , Pág. 470.

AMPARO EN REVISION 478/95. AGUSTIN ASCENCIO GOMEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Los agravios son parcialmente fundados, pero resultan insuficientes para revocar la sentencia que se revisa.

En principio, debe señalarse que las sentencias que pronuncian los jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser conculcatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino únicamente transgresoras de leyes secundarias. Sirve de apoyo a esta consideración la jurisprudencia número 16 de este propio tribunal, publicada en la página 804, Tercera Parte, Volumen Segundo del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo sumario dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE GARANTIAS.- Las sentencias que pronuncian los jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser consideradas violatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino únicamente transgresoras de leyes secundarias atento a que sólo se limitan a determinar si el acto reclamado conculca o no dichas garantías, o bien, a sobreseer en el juicio cuando se actualiza una causal para ello."

Por otro lado, como bien lo apuntó el juez de Distrito de las constancias que como justificante de su informe remitió la juez responsable, deducidas del expediente número 1820/93 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del quejoso por Gabriel Elías Guzmán, como apoderado legal del Grupo Primex, Sociedad Anónima de Capital Variable, aparece que en el acuerdo reclamado de diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la juez responsable desechó el recurso de revocación que el propio quejoso, hoy recurrente hizo valer en contra del proveído de treinta y uno de marzo del mismo año, por el que ordenó hacer la publicación de probanzas (fojas 109 vta. y 115 fte., 117 fte. a 119 fte.); también aparece que contra el acuerdo de diez de mayo interpuso apelación, recurso que se tuvo por interpuesto por proveído de nueve de junio del año indicado (foja 125).

Ahora bien, el artículo 1335 del Código de Comercio, establece: "Del auto en que se decida si se concede o no la revocación, no habrá más recurso que el de responsabilidad."

Consecuentemente, si dicho precepto establece que contra el acuerdo que decide si se concede o no la revocación, no procede ningún recurso, más que el de responsabilidad, y en éste sólo se juzga al funcionario únicamente en cuanto a su función, mas no en cuanto al acto emitido, es inconcuso que aun cuando el amparista, hoy recurrente, haya hecho valer el recurso de apelación en contra del acuerdo de diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y se haya tenido por interpuesto, por esa circunstancia no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la promoción de ese recurso de apelación no puede tener como resultado que se modifique, revoque o nulifique el acuerdo reclamado, por ser ese medio de defensa notoriamente improcedente, y ante tal circunstancia, fue incorrecto que el juez de Distrito, sobreseyera en el juicio de garantías por estimar que se actualiza la causal de improcedencia aludida. Al caso cobra aplicación la tercera tesis relacionada a la jurisprudencia número 242, consultable a foja 414, en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1985, que es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES.- Si la resolución que se reclama en el amparo, no admite legalmente recurso ordinario, por tratarse de sentencia dictada en un juicio mercantil, cuyo interés es menor de un mil pesos, debe decirse que aunque contra la misma se hubiere interpuesto por el quejoso y admitido por el juez de los autos, el recurso de apelación, no se está en presencia de ninguno de los casos de improcedencia que establecen las disposiciones antes dictadas; ya que la promoción de dicho recurso no puede tener por resultado que se modifique, revoque o nulifique la resolución reclamada, por ser ese medio de defensa notoriamente improcedente."

Conviene agregar, que si bien, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia que establezca la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es de observancia obligatoria; sin embargo, tal precepto no prohíbe que los Tribunales Colegiados orienten su criterio con los precedentes del propio máximo tribunal de la Federación, pues esta práctica es con la finalidad de adecuar su criterio al de la superioridad, atento a la tesis sustentada por este órgano colegiado al resolver, entre otros, el amparo en revisión número 313/988, con fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, consultable a foja 266, en el Tomo IX, del mes de enero de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que dice: "- La circunstancia de que las tesis de la Suprema Corte de Justicia invocadas no tengan el carácter de jurisprudencia, no las hace inaplicables sólo por esa razón, ya que no existe precepto legal alguno en el sentido de que únicamente deban citarse tesis jurisprudenciales, máxime que es un principio reconocido el de que los tribunales pueden adecuar su criterio a los de mayor jerarquía."

No obstante lo anterior, el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito debe seguir subsistiendo, por advertir este Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, una causal de improcedencia del juicio de garantías de que se trata, distinta a la invocada por el resolutor federal, que posteriormente se expresará, cuyo estudio se realiza de oficio como lo dispone el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Por principio de orden, debe decirse que este cuerpo colegiado ha sostenido la jurisprudencia que con el numero 10, es consultable a fojas 799 y 800, en la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "IMPROCEDENCIA. PUEDE CONFIRMARSE LA SENTENCIA POR MOTIVOS DISTINTOS A LOS ADUCIDOS POR EL JUEZ DE DISTRITO.- El tribunal revisor no está impedido para sustentar la improcedencia del juicio y, por ende, sobreseerlo recurriendo a elementos o introduciendo razonamientos que no aparecen en el fallo revisado, toda vez que la índole del examen realizado y el orden público lo permiten."

De lo anterior se desprende la facultad que asiste a este Primer Tribunal Colegiado, para confirmar el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito, por surtirse en la especie una causal de improcedencia del juicio de garantías distinta a la invocada por aquél.

Precisado lo anterior, conviene recordar, que Agustín Ascencio Gómez reclamó de la juez Octavo de lo Civil de esta ciudad el acuerdo de diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pronunciado en el juicio natural.

De las constancias que fueron enviadas por la juez responsable como justificante de su informe, ponen de relieve que efectivamente el acuerdo reclamado fue pronunciado con motivo del recurso de revocación que interpuso el amparista contra el proveído de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en el que se ordenó hacer la publicación de probanzas, el cual le fue desechado (fojas 109 vta. y 115 fte.).

Siendo así, debe señalarse que el acuerdo por el que se desechó el recurso de revocación hecho valer en contra del acuerdo de treinta y uno de marzo del presente año, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de los acuerdos como el que se analiza, ya que sólo produce efectos intraprocesales que pueden ser reparados en segunda instancia, y de subsistir, reclamarse en el amparo directo que llegue a promoverse en contra de esa sentencia, siempre y cuando tal violación afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, y a condición de que se haya preparado su impugnación en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo.

De donde resulta que, si el acto reclamado es el acuerdo por el que se desechó el recurso de revocación que se hizo valer contra el proveído de treinta y uno de marzo del presente año, en el que se ordenó hacer la publicación de probanzas, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que ese tipo de acuerdos, no constituyen un acto de ejecución irreparable, porque sólo produce efectos intraprocesales, que se debe reclamar, en su caso y previa la preparación legal, a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 158, 159, fracción IX, y 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Esta consideración encuentra apoyo legal en la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito, la cual aparece publicada en la página 81 de la Segunda Parte del Informe de Labores rendido al más alto tribunal de la Federación, por su presidente, al culminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo sumario dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto `contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...' El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."

En las condiciones anteriores, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los preceptos legales antes citados de la Ley de Amparo, por lo que se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión, aun cuando por una causal de improcedencia distinta a la que invocó el juez de Distrito para ese fin.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo 35 y 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión, aunque por diversa consideración.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías número 1068/95, tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por AGUSTIN ASCENCIO GOMEZ, contra el acto y por la autoridad que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados: Enrique Dueñas Sarabia, Eric Roberto Santos Partido y Rosa María Temblador Vidrio, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3371-ca880a8a/tesis-de-la-suprema-corte-que-no-integran · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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