AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO LO SOLICITA PARA SI UNA PERSONA FISICA. Y NO PARA LA MORAL QUE FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL.
AMPARO EN REVISION 165/93. AGUSTIN ASCENCIO GOMEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son inoperantes los agravios hechos valer.
De la parte considerativa de la sentencia que se revisa, transcrita en el primer considerando de esta ejecutoria, se aprecia que el Juez de Distrito a quo, en primer lugar, sostuvo que el quejoso reclama sustancialmente la orden de arresto dictada por el Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad, en el exhorto número 72/92; luego, precisó que de las constancias que tenía a la vista, se desprende que la orden de arresto fue decretada en contra del amparista, como medida de apremio por no haber permitido al depositario interventor con cargo a la caja tomar posesión de su cargo; en seguida estimó que el arresto como medida de apremio tiene por objeto compeler a una de las partes para que cumpla una determinación judicial y que no importa violación de garantías que los Jueces hagan uso de las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, pues éstas no son inconstitucionales, por lo que debe estimarse que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, actualizándose la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de amparo, siendo aplicable al respecto, la jurisprudencia cuyo rubro es "MEDIDAS DE APREMIO."; también aseveró que de las constancias que tenía a la vista, se advertía que el referido depositario aceptó y protestó el cargo que le fue conferido y conjuntamente con el diligenciario responsable se constituyó en la empresa demandada para tomar posesión de su cargo, lo que no pudo hacer por la oposición de una empleada de la negociación; además, apreció que el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y tres, fueron resueltos por el Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, los incidentes planteados por el amparista, declarándolos improcedentes; finalmente consideró que por los razonamientos anteriores, la orden de arresto impugnada fue dictada conforme a derecho, sin que afecten su legalidad los demás actos reclamados por el amparista, ya que éste no aportó prueba con la qué determinar su inconstitucionalidad, que en consecuencia lo procedente era decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia.
De las anteriores consideraciones de la sentencia combatida que, para una mejor comprensión del asunto se estimó pertinente reseñar, destacan unas de carácter esencial que sustentan el sentido del fallo atacado, y otras que sólo se infieren expuestas a título de mayor abundamiento y para corroborar aquellas fundamentales; dentro de las primeras se aprecian las relativas a que en el juicio de amparo se reclamó sustancialmente la orden de arresto, y que este mandamiento no afecta el interés jurídico del quejoso, actualizándose la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia; dentro de las segundas, que el depositario aceptó y protestó el cargo, y que existió oposición para que tomara posesión, que los incidentes a que se refiere el amparista ya fueron resueltos, que la orden de arresto fue dictada conforme a derecho, sin que afecten su legalidad los demás actos impugnados.
Ahora bien, basta la simple lectura del escrito de revisión para percatarse que el recurrente no combate a través de razonamientos jurídicos aquellas consideraciones fundamentales de la sentencia que determinaron su sentido, pues nada dice en cuanto a que sustancialmente reclamó la orden de arresto, y que ésta no afecta su interés jurídico, por lo que al no advertirse la existencia de queja deficiente que suplir al respecto, tales consideraciones deben tenerse firmes para seguir rigiendo el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías; además, se aprecia que el inconforme se concreta a formular planteamientos que al parecer se relacionan con aquellas consideraciones que no sustentan el sentido del fallo, pero que también tienen vinculación con el fondo del asunto, dado que se refieren a la inconstitucionalidad del arresto reclamado, tales planteamientos son los siguientes: Que no se puede ejecutar ninguna medida de apremio si ha sido recurrida, que no es válido el argumento del Juez en cuanto a que los incidentes respectivos fueron resueltos, ya que esto sucedió en fecha posterior a que se decretó el arresto, lo que motiva que se conceda el amparo; que en el caso el arresto no es una consecuencia de la conducta rebelde de una de las partes, en tanto no aparece que el quejoso se opusiera a que el depositario tomara posesión por lo que resulta inconstitucional la imposición del arresto. Estos planteamientos deben desestimarse, pues por un lado aun cuando pudieran estimarse relativos a las consideraciones esenciales del fallo, precisamente por no combatir las fundamentales, aun de estudiarse y en la hipótesis no admitidas de que fueran fundados, no podrían cambiar el sentido de la sentencia impugnada; por otro lado, debe destacarse que en casos como el de que se trata, los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones del fallo combatido; de ahí que cuando se haya sobreseído, el recurrente debe demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, lo que no se da en el caso, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, como en la especie, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa; en conclusión, son de declararse inoperantes los planteamientos precisados. Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias números 38 y 65 de este tribunal, que respectivamente dicen: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.- Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos-concretos salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa.". y, "AGRAVIOS EN LA REVISION DEBEN ATACAR LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito".
También deben estimarse inoperantes los planteamientos que se aducen, consistentes en que el fallo es incongruente al establecer en él, por un lado, que el arresto es legal y por otro que es improcedente el juicio; y que en la sentencia debió haberse examinado el acto reclamado de manera global y no parcial. Esto es así, pues tales planteamientos son simples afirmaciones carentes de razonamientos jurídicos que las sustenten y que por tanto no constituyen la expresión de verdaderos agravios; pues tocante al primero de los precisados, ni siquiera se dice en qué parte del fallo se dijo que el arresto es legal ni tampoco se menciona si esa alegada contradicción trasciende en el sentido del fallo y por qué; por cuanto hace al segundo, no se razona por qué el acto reclamado debió ser estudiado en forma global y no parcial, y por qué se señala que fue estudiado de tal manera; todo lo cual conduce a desestimar esos planteamientos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 3 de este cuerpo colegiado, que dice: "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.- No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnarse con razonamientos, los que la hayan fundado.".
Al margen de lo anterior, debe señalarse que ya se precisó que en la sentencia combatida se externaron consideraciones fundamentales que rigen el sentido del fallo (no impugnadas) y otras apreciaciones a título de mayor abundamiento que no sustentan ese sentido, y aun en la hipótesis de que existiera cierta incongruencia entre ambas consideraciones, esa circunstancia no bastaría para revocar el sobreseimiento decretado y estudiar la constitucionalidad de lo reclamado, pues se insiste, el recurrente no impugna y menos aún desvirtúa las consideraciones fundamentales de la sentencia que se revisa.
Igualmente debe declararse inoperante la afirmación relativa a que el Juez a quo no examinó "los agravios" que se hicieron valer, pues por una parte es imprecisa, ya que lo que en el caso debía estudiar el a quo, de no haber decretado el sobreseimiento, eran los conceptos de violación de la demanda de garantías; y por otra parte esa afirmación carece de razonamientos que la sustenten. Sobre el particular, a mayor abundamiento, es pertinente señalar que no afecta al ahora inconforme que el juzgador no haya analizado los conceptos de violación esgrimidos, en virtud de que éstos, obviamente se encuentran dirigidos a demostrar la violación de garantías alegada, lo que constituye el problema de fondo, y el sobreseimiento decretado no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Ilustra este criterio, la jurisprudencia número 6 de este tribunal, que reza: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.".
No está por demás destacar, también a mayor abundamiento, en tanto el recurrente no aduce nada al respecto, que aunque en su demanda de garantías, por su propio derecho, reclamó también los acuerdos de treinta de abril y veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, dictados por el Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el juicio ejecutivo mercantil número 732/92, así como la continuación de ese procedimiento mercantil sin haberse resuelto los incidentes de errores y atentados, y de nulidad de actuaciones, se aprecia que tal reclamación se realizó para sustentar la inconstitucionalidad del arresto, por lo que en esas condiciones, tales actos deben seguir la misma suerte que el principal, es decir, al respecto debe entenderse también decretado el sobreseimiento en cuanto a esos actos; además de estimarse que se reclamaron en forma independiente, igualmente el juicio de amparo promovido por Agustín Ascencio Gómez, por su propio derecho, resultaría improcedente al actualizarse la causal prevista por el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, ya que con el carácter que promovió el amparo, carece de interés jurídico para impugnar esos actos, pues por su propio derecho no es parte en el juicio ejecutivo mercantil del que emanan, en tanto tiene el carácter de representante legal de la parte demandada en ese juicio y por tanto con esa representación debió, en todo caso, haber solicitado al respecto la protección constitucional. Ilustra el anterior criterio, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo directo números 134/90, 436/90 y 150/92, así como el amparo en revisión número 145/93, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO LO SOLICITA PARA SI UNA PERSONA FISICA, Y NO PARA LA MORAL QUE FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL.- Si en la demanda de garantías aparece que el promovente impetró para sí el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues en dicho ocurso señala, que su promoción la efectúa 'por su propio derecho' e incluso lo reitera en el capítulo denominado como 'nombre y domicilio del quejoso' sobre esa base resulta improcedente el juicio de garantías, dado que a éste en lo personal ningún agravio le puede irrogar la sentencia que reclama, al no haber sido parte en la controversia natural, pues en todo caso el fallo que se reclama, únicamente podría afectar a los derechos de la persona moral que fue la parte vencida en ella, y ante ese evento se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.".
Cabe agregar, por no haberlo dicho el Juez de Distrito a quo, que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en contra de los actos de ejecución que se reclaman, toda vez en contra de éstos no se alegaron vicios propios, por lo que debiendo sobreseerse respecto de los actos las autoridades ordenadoras, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número 13 de este cuerpo colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.".
Las consideraciones que anteceden conducen a confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por AGUSTIN ASCENCIO GOMEZ, contra los actos que reclama de Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, Juez Cuarto de lo Civil de esta capital, diligenciario encargado de los expedientes pares del último de estos juzgados, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, estas dos últimas autoridades del Estado de Puebla, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el tercero de los mencionados, quienes firman, con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5839-1eac0e4b/amparo-improcedente-cuando-lo-solicita-para-si-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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