EXPROMISIÓN. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA ESPONTÁNEAMENTE POR UN TERCERO DURANTE UNA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 204/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO, Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.
Ciudad de México, treinta de abril de dos mil veinticinco.
El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El recurrente adhesivo en el amparo en revisión 46/2022 del QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO denunció la posible contradicción de criterios entre el que se sostuvo en dicho recurso, frente al del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO al resolver los amparos directos 166/1995 y 576/1997 y los amparos en revisión 589/1996, 623/1996 y 876/1996; el del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO en el amparo en revisión 34/2006, y el del, entonces, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, actualmente PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO en el amparo directo 704/2008; así como el sustentado por la ahora extinta CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver el amparo civil en revisión 297/36.
La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto bajo el número de expediente 110/2024 y, mediante acuerdo plenario de veinte de junio de dos mil veinticuatro, se declaró incompetente para conocer de la contradicción planteada entre TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LA ENTONCES CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ordenando su remisión al ALTO TRIBUNAL.
La SUPREMA CORTE registró el asunto como contradicción de criterios 194/2024 y, mediante resolución de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, desechó la denuncia por notoriamente improcedente al tratarse de una supuesta contradicción entre un Tribunal Colegiado y una SALA del propio ALTO TRIBUNAL, situación que, por su naturaleza orgánica, no configuraba una contradicción de tesis en los términos de ley. No obstante, al subsistir una contradicción entre los criterios emitidos por Tribunales Colegiados de la misma región (Centro-Sur), en materia civil, y al resultar incompetente para conocer de dicho conflicto, ordenó la devolución del expediente a este PLENO REGIONAL para su conocimiento y resolución. Asimismo, precisó que en la SUPREMA CORTE no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática planteada.
SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con número de expediente 204/2024, requirió a los Tribunales Colegiados cuyos criterios se denunciaron que remitieran las versiones digitalizadas de las ejecutorias respectivas. Recibidas estas, se admitió a trámite la presente contradicción señalando el posible tema de la misma. Se ordenó solicitar a los tribunales contendientes la vinculación electrónica de sus expedientes y que indicaran si los criterios sustentados continuaban vigentes. También se dispuso el envío de tal acuerdo a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, sin requerir nueva consulta sobre la existencia de contradicciones en trámite, al haberse informado previamente que no se encontraba pendiente resolución alguna sobre el mismo tema. Finalmente, se turnó el asunto para su estudio a la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veintisiete de enero de dos mil veinticinco.
Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE y CENTRO-SUR, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, este último reformado en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en su artículo 3. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por Tribunales Colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el recurrente adherente en el amparo en revisión 46/2022 del QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, como se advierte de la denuncia de esta contradicción.
TERCERO. Inexistencia y Existencia de la contradicción de criterios.
Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.
Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.
Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) DE LA SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."
Inexistencia –parcial– de la contradicción.
En el caso, antes de proceder al análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios planteada, es necesario formular una precisión respecto de uno de los precedentes citados en la denuncia. Si bien, como se desarrollará más adelante, los asuntos objeto de contraste tienen como eje común el estudio de los efectos jurídicos derivados de la manifestación espontánea de una tercera persona durante una diligencia judicial en la que manifiesta solidarizarse con el adeudo de una persona y ofrece bienes de su propiedad para embargo –acto que, conforme a los tribunales contendientes, puede configurar una expromisión–, lo cierto es que el amparo en revisión 34/2006, del índice del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO también referido en la denuncia de esta contradicción, no guarda vínculo temático con dicha materia.
En efecto, de su contenido se advierte que en dicho asunto se abordó exclusivamente la regularidad del procedimiento legislativo seguido para la emisión de reformas en materia fiscal, particularmente relativas al Impuesto Sobre la Renta, lo cual resulta ajeno a los problemas de interpretación civil que subyacen en los demás precedentes.
En tal virtud, se determina la inexistencia de contradicción de criterios por lo que hace a dicho asunto, limitándose el examen comparativo únicamente a aquellas resoluciones que efectivamente se pronunciaron sobre aspectos relacionados con la figura de la expromisión y con las consecuencias de la intervención espontánea de terceros en juicios civiles o mercantiles.
Existencia de la contradicción.
En el resto de los criterios denunciados en esta posible contradicción se conocieron los asuntos que a continuación se reseñan:
El TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, al resolver los cinco asuntos (amparos directos 166/1995 y 576/1997, y los amparos en revisión 589/1996, 623/1996 y 876/1996) sostuvo, en lo que interesa, las siguientes razones sustanciales:
Amparo directo 166/1995.
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): Una institución bancaria promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de dos personas. Al practicarse la diligencia de requerimiento de pago y embargo, las demandadas no se encontraban presentes, por lo que se dejó citatorio, pero tampoco estuvieron presentes en la nueva fecha de cita y su padre atendió la diligencia manifestando que:
"se solidariza con el adeudo de sus hijas y señala para su embargo una camioneta marca ..."
Las demandadas se allanaron a la demanda. El banco solicitó que se reconociera al padre como deudor solidario, a lo que se respondió que ello se valoraría en la sentencia. Sin embargo, en la resolución de fondo, aunque se condenó a las demandadas, el Juez no se pronunció sobre la supuesta obligación solidaria del padre.
Ante ello, el banco promovió aclaración de sentencia, la cual fue desestimada por el Juez. Consideró que no era posible reconocer como obligado solidario a un tercero que no había sido llamado formalmente al juicio, pues condenarlo al pago sin haberle dado intervención violaría su garantía de audiencia y derecho de defensa.
Al resolver la apelación, la Sala confirmó que no era procedente tener como deudor solidario a un tercero que no había sido llamado al juicio, aunque hubiese señalado un bien de su propiedad para embargo y manifestado su consentimiento. Sostuvo que el solo acto de señalar un bien para embargo no le otorga al tercero la calidad de parte ni lo vincula como obligado al pago, y que reconocerlo como deudor solidario afectaría sus garantías de audiencia y defensa. Precisó que, conforme al CÓDIGO DE COMERCIO, no existe la figura del deudor solidario surgida de una manifestación aislada en diligencia, y no era aplicable el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES que si bien regula la sustitución del deudor, esa figura no es aplicable supletoriamente en materia mercantil cuando no existe regulación previa. Concluyó que, si bien el tercero consintió el embargo de su bien, ello solo produce efectos respecto del bien mismo, permitiendo su remate en caso de insuficiencia de los bienes embargados, pero no lo convierte en obligado al pago del adeudo.
Esta determinación fue reclamada en amparo por el banco actor y, en lo conducente, el referido Tribunal Colegiado consideró, sustancialmente, que:
- De las constancias de autos se aprecia que en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, el padre de las demandadas se solidarizó expresamente con el adeudo de sus hijas (el cual dio origen al juicio natural), e inclusive señaló para su embargo un vehículo que dijo era de su propiedad.
Esa manifestación indudablemente lo coloca como deudor solidario y mancomunado, comprometiéndolo a pagar la cantidad reclamada, puesto que así surgió la figura jurídica denominada expromisión, que es la obligación contraída voluntariamente de pagar por otro. Consecuentemente, a partir de la mencionada diligencia, el tercero quedó sustituido en la personalidad que hasta entonces habían tenido las demandadas, por tanto no hay necesidad de que se entablara nuevo juicio en su contra (como lo sugieran la Sala, responsable, a fin de qué se respeten sus garantías individuales), pues ocurrió espontáneamente al que ya se había promovido.
Estimó aplicable la tesis de la extinta CUARTA SALA DEL ALTO TRIBUNAL, de rubro: "EXPROMISION. (OBLIGACIÓN DE PAGAR POR OTRO, CONTRAÍDA VOLUNTARIAMENTE)." (Registro digital: 351717).
- Así concedió el amparo a efecto de que la Sala responsable pronunciara otra resolución en la que, con plenitud de jurisdicción y observando las consideraciones del tribunal, resolviera de nuevo lo que en derecho procediera.
Amparo en revisión 623/1996:
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): Una institución bancaria promovió juicio ejecutivo mercantil contra una mujer. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se decretó el embargo total de un inmueble, incluyendo el usufructo vitalicio que del mismo correspondía a la demandada. Aunque no se detalló expresamente cómo ocurrieron los hechos, se asentó que dos –de las tres– hijas de la demandada, cada una propietaria del 33.3 % del inmueble, manifestaron de forma voluntaria su solidaridad con el adeudo reclamado a su madre y señalaron sus derechos de propiedad para garantizar la deuda.
En la sentencia se condenó únicamente a la demandada, sin condena a las terceras, y se ordenó el remate del inmueble embargado.
Las hijas promovieron juicio de amparo indirecto, pero el juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que se actualizaba una causa de improcedencia por consentimiento expreso. Consideró que las promoventes, de manera voluntaria y espontánea, se solidarizaron con la deuda y consintieron el embargo, lo cual quedó formalizado en el acta respectiva. En consecuencia, se tuvo por válido el señalamiento de sus derechos de propiedad como garantía del adeudo de la enjuiciada, aun siendo terceras extrañas, y se aplicó jurisprudencia bajo el rubro: "EMBARGO. CONSENTIMIENTO DEL. POR UN TERCERO EXTRAÑO."
Esta determinación fue recurrida en revisión, y el referido Tribunal Colegiado sostuvo, sustancialmente y en lo que interesa, que:
- El Juez de distrito sí analizó las actuaciones del juicio de origen, especialmente la constancia en que las promoventes manifestaron solidarizarse con el adeudo de la demandada y ofrecieron los derechos que les corresponden sobre la finca embargada.
- Aunque en la sentencia de primera instancia no se les condenó expresamente, pero sí se ordenó rematar el bien del cual son copropietarias, lo es cierto que, al haberse solidarizado con el reclamo del juicio natural, quedaron involucradas como deudoras solidarias y mancomunadas, comprometiéndolas a pagar la cantidad exigida, ya que con su consentimiento expreso surge la figura jurídica denominada expromisión, que es la obligación contraída voluntariamente de pagar por otro.
Esa manifestación de solidaridad produjo su sustitución en la posición jurídica que tenía la demandada, sin que importe que no fueran parte formal en el juicio, pues comparecieron de manera espontánea al procedimiento ya iniciado. Se apoyó en su jurisprudencia III.3o.C. J/7 de rubro: "EXPROMISIÓN, EFECTOS DE LA."
Aclaró que, aunque el consentimiento no consta en el acta de la diligencia de embargo, sí se asentó que tuvo lugar el mismo día en el reverso del auto de exequendo y se proveyó de conformidad mediante auto judicial, lo que basta para tener por acreditada la figura de expromisión.
Amparo en revisión 876/1996.
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): En un juicio ejecutivo mercantil, una sociedad mercantil demandó a dos personas físicas la rescisión de un contrato de arrendamiento financiero, el pago de pesos y otras prestaciones. El Juez local ordenó la diligencia de requerimiento de pago y, en su caso, embargo, así como la entrega material y judicial de los bienes arrendados. Durante dicha diligencia, se hizo constar que compareció el apoderado general para actos de administración y dominio de una tercera persona moral, quien, con el consentimiento expreso tanto del deudor como de la acreedora, manifestó, según se asentó en tal diligencia, lo siguiente:
"... En este acto comparece ... Apoderado General Judicial para actos de Administración y dominio de la Sociedad ... acreditando dicho carácter con copia certificada del testimonio público número ... con tal carácter y con el consentimiento expreso del deudor y del acreedor se constituye la Sociedad Mercantil que representa en Deudor Solidario del crédito materia de este juicio en favor del acreedor; en estos momentos el apoderado de la actora solicita se le conceda el uso de la voz y manifiesta que acepta al obligado solidario que comparece en la presente diligencia y al respecto solicita se le requiera por los bienes arrendados, por lo que en estos momentos el suscrito requiere en forma personal y directa al demandado por la entrega material y jurídica de los bienes dados en arrendamiento mencionados en autos a lo que manifiesta que no los puede entregar."
Posteriormente, la empresa tercera promovió juicio de amparo en contra de la orden emitida por el Juez de origen para desposeerla de cinco autobuses utilizados en el servicio público federal de pasajeros, identificados con su logotipo y autorizados por la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ello en cumplimiento del auto inicial del juicio mercantil en el que se demandó al permisionario vinculado con dicha empresa.
Sin embargo, el Juez de distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la promovente no era parte en el procedimiento de origen ni el auto reclamado fue dictado en su contra, sino en perjuicio de los demandados, por lo que dicho acto no afectaba directamente su esfera jurídica. Además, declaró improcedente el estudio del acto consistente en la desposesión de los autobuses, ya que del informe rendido por el Juez responsable se desprendía que el secretario ejecutor del juzgado fue quien llevó a cabo la diligencia de requerimiento y desposesión, la cual se entendió con el demandado. En dicha diligencia compareció el apoderado de la empresa promovente, quien manifestó que ésta se constituía como deudora solidaria del demandado. Por tanto, al haberse impugnado un acto atribuido al Juez y no al secretario ejecutor que lo materializó, el acto reclamado no podía ser analizado.
La promovente interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado determinó innecesario estudiar los agravios porque advirtió diversa causal de improcedencia al considerar, sustancialmente, que:
- Cuando resolvió el diverso amparo directo 166/95, sustentó el criterio jurisprudencial III.3o.C. J/7 que dice: "EXPROMISIÓN, EFECTOS DE LA. Si en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, aparece que un tercero extraño se solidarizó expresamente con el adeudo de las demandadas, e inclusive señaló para su embargo un vehículo que dijo era de su propiedad, esa manifestación indudablemente lo coloca como deudor solidario y mancomunado, comprometiéndolo a pagar la cantidad reclamada, puesto que por esas circunstancias surgió la figura jurídica expromisión, que no viene a ser otra cosa que la obligación contraída voluntariamente de pagar por otro. Consecuentemente, a partir de la reclamada diligencia en que dicho tercero intervino quedó sustituido en la personalidad, que hasta entonces habían tenido las demandadas, no, habiendo, por tanto, necesidad de que se entablara nuevo juicio en su contra, en razón que aquella persona ocurrió espontáneamente al que ya se había promovido." En el caso, al haberse solidarizado con el adeudo, la empresa promovente dejó de ser una tercera extraña al procedimiento y, por tanto, debió agotar el principio de definitividad, pues tanto el auto admisorio de la demanda de origen como el diverso proveído reclamado eran impugnables mediante recurso de apelación al generar un perjuicio que no podía ser reparado en sentencia definitiva. Consiguientemente, sobreseyó en el juicio de amparo.
Amparo en revisión 589/1996:
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): En un juicio ejecutivo mercantil promovido ante un juzgado civil en León, Guanajuato, se giraron exhortos a diverso juzgado de Guadalajara, Jalisco, para que, en auxilio de la jurisdicción, se practicaran diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Se refirió que estas diligencias se ejecutaron con el acompañamiento de la fuerza pública. Durante su desarrollo, una mujer que habitaba el inmueble intervenido –sin ser parte formal en el juicio– manifestó –según se valoró en la sentencia– su voluntad de solidarizarse con el adeudo del demandado y aceptó el cargo de depositaria de los bienes embargados, lo cual, se dijo, quedó asentado en el acta correspondiente y permitió el aseguramiento de diversos muebles.
Posteriormente, dicha persona promovió juicio de amparo ante un juzgado federal en Guadalajara, alegando que su consentimiento fue obtenido bajo presión y amenazas por parte de las autoridades que ejecutaron la diligencia. Reclamó también la afectación de su esfera jurídica sin haber sido parte en el procedimiento de origen. El juzgado de distrito sobreseyó en relación con varios actos y autoridades, al considerar que no se acreditó afectación directa o legitimación, y concedió el amparo únicamente a otro quejoso también afectado por las mismas diligencias. Inconforme con la resolución, la promovente interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado consideró, en lo que interesa y sustancialmente, que:
- Convalidó la causal de improcedencia aplicada a la recurrente, quien, al haberse solidarizado con el adeudo reclamado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, dejó de ser tercera ajena al procedimiento. Además, desestimó que el CÓDIGO CIVIL DE JALISCO no contempla la figura de la expromisión, pues, aunque no se menciona con ese nombre, dicha figura sí se incluye en los artículos 1977 a 1979, relativos a la subrogación. En particular, el artículo 1977, fracción II, contempla la subrogación por ministerio de ley, y sin necesidad de declaración alguna de los interesados, cuando quien realiza el pago tiene un interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, supuesto que se actualizó en el caso concreto. Además, al intervenir en el juicio natural, podrá hacer valer sus derechos en la forma que mejor le convenga, ya que no es tercera extraña al mismo.
- El mismo criterio sostuvo al resolver previamente el amparo directo 166/95 y revisión principal 623/96, el cual se apreciaba en la tesis de rubro: "EXPROMISIÓN, EFECTOS DE LA."; de ahí que hubiera sido acertado invocar la jurisprudencia –que comparte ese tribunal y por la que estimó debidamente fundada y motivada la sentencia revisada– de rubro: "EMBARGO, CONSENTIMIENTO DEL, POR UN TERCERO EXTRAÑO." en tanto la recurrente asentó su firma al término del acta reclamada que se elaboró por el secretario responsable en el juicio de origen, bajo el texto "Acepto el cargo de depositaria de los bienes en depósito embargados y me solidarizo con el adeudo del Sr. ...". Por tanto, consintió los actos reclamados.
- La recurrente no desvirtuó la conclusión de falta de demostración de lo que había alegado en cuanto que fue amenazada para señalar los bienes embargados en el juicio natural, así como que la autoridad ejecutora y el tercero perjudicado se aprovecharon para asentar que ella señaló esos bienes y que se solidarizaba con la deuda. Y lo alegado en su demanda de amparo no tiene ese alcance probatorio, además de que no se aportaron medios de convicción para acreditar que su solidarización con lo reclamado no lo hizo ella, pues la simple afirmación de que eso se escribió con otro tipo de letra, no lo pone de manifiesto.
- Si bien era cierta la omisión de valorar la testimonial que ofertó –deducida de constancias de diverso juicio de amparo– el estudio de esa documental es intrascendente, pues conforme al artículo 202 del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, los documentos en los que se contienen declaraciones sólo prueban que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones, pero no comprueban la verdad de lo declarado.
Tampoco quedó acreditado –con las copias certificadas de esa prueba– lo alegado por la recurrente en cuanto a que el secretario responsable y los elementos de la fuerza pública le expusieron que si no consentía el embargo la detendrían y la trasladarían a los separos policiacos detenida, agregando que en todo tiempo la encañonaban con sus armas. Ni se demostró que el secretario ejecutor agregara a la aceptación del cargo de depositaria de la recurrente, sin su consentimiento, la expresión de que ella se solidarizaba con el adeudo del demandado, como se asentó en el acta reclamada.
- Por lo anterior, consideró innecesario mayor estudio del primer agravio que combatía el sobreseimiento, y destacó que, en virtud de su consentimiento con el embargo reclamado, era irrelevante estudiar las causas de improcedencia, ya que los actos reclamados obviamente no iban dirigidos en su contra, sino de los terceros perjudicados demandados.
Amparo directo 576/1997:
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): En un juicio civil local, un restaurante demandó a un hombre la rescisión de un contrato de compraventa y el pago de rentas vencidas y futuras relativas a un inmueble. Al practicarse la diligencia de embargo precautorio, se dijo que los padres del demandado manifestaron que se obligaban solidariamente a garantizar el cumplimiento del contrato celebrado por su hijo. El Juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre los efectos de esa manifestación, y resolvió únicamente respecto del demandado principal.
Tal decisión fue apelada por la actora y el demandado. Al resolver el recurso de la actora, la Sala consideró que la referida manifestación constituía una asunción expresa y voluntaria de responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones derivadas del contrato de compraventa, al señalar los firmantes que se obligaban a garantizar su cumplimiento, con efectos jurídicos plenos al no estar sujeta a forma especial para su validez. Con base en ello, la Sala modificó la sentencia de primera instancia para condenar también a los firmantes como deudores solidarios en el pago de las rentas reclamadas. En cuanto a la apelación del demandado resultó infundado lo alegado para controvertir la preclusión de su derecho procesal probatorio.
Contra dicha determinación, el enjuiciado promovió juicio de amparo directo. En lo que aquí interesa, el Tribunal Colegiado sostuvo que:
- Si en la diligencia de embargo, una persona ajena al juicio en forma espontánea señala bienes de su propiedad, tal circunstancia la legitima para acudir a la controversia de donde emana aquella actuación, en consecuencia, no debe entenderse que sea un tercero extraño, criterio que sustenta este órgano jurisdiccional en la tesis, en esencia igual a la que invocó la responsable, de rubro: "EXPROMISIÓN. EFECTOS DE LA."
De las cinco ejecutorias anteriores emitidas por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, derivó la jurisprudencia III.3o.C. J/7 de rubro y texto:
"EXPROMISIÓN, EFECTOS DE LA. Si en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, practicada en juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, aparece que un tercero extraño se solidarizó expresamente con el adeudo de las demandadas, e inclusive señaló para su embargo un vehículo que dijo era de su propiedad, esa manifestación indudablemente lo coloca como deudor solidario y mancomunado, comprometiéndolo a pagar la cantidad reclamada, puesto que por esas circunstancias surgió la figura jurídica denominada expromisión, que no viene a ser otra cosa que la obligación, contraída voluntariamente, de pagar por otro. Consecuentemente, a partir de la reclamada diligencia en que dicho tercero intervino, quedó sustituido en la personalidad que hasta entonces habían tenido las demandadas, no habiendo, por tanto, necesidad de que se entablara nuevo juicio en su contra, en razón de que aquella persona ocurrió espontáneamente al que ya se había promovido." (Registro digital: 198481).
El entonces SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, actualmente PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO sostuvo, al resolver el amparo directo 704/2008, en lo que interesa y esencialmente, que:
Antecedentes (conforme a la narrativa de la propia ejecutoria): Diversos endosatari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33349-a67772ec/expromision-alcances-de-la-obligacion-asumida-espontaneamente-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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