COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA LABORAL. DEBE PRIVILEGIARSE LA ELECCIÓN DE QUIEN DEMANDA LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO DE UNA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 124/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GUADALUPE MADRIGAL BUENO Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al día dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 124/2024 entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2024 y por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2023, del que derivó la tesis aislada I.14o.T.22 (11a.), publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, en el libro veinticinco del tomo III, en mayo de dos mil veintitrés, consultable en la página 3022, con número de registro 2026385, de rubro: “COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA LABORAL. EN UN JUICIO EN EL QUE SOLICITA LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DEL ÚLTIMO LUGAR DONDE EL TRABAJADOR FALLECIDO LABORÓ.”
2. El problema jurídico materia de la presente contradicción de criterios consiste en determinar si existe la contradicción, si es procedente la misma y, de ser el caso, cuál es el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, por razón de territorio, al que corresponde conocer y resolver de la demanda laboral en la que el reclamo consiste en la designación de beneficiario de una persona fallecida.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Magistrado Salvador Fernández León, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el conflicto competencial 18/2024 y por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el diverso conflicto competencial 4/2023.
4. Trámite ante el Pleno Regional. Por auto de diecinueve de junio dos mil veinticuatro, el Magistrado Héctor Lara González, entonces Presidente de este Pleno Regional, instruyó crear el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 124/2024; admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios sobre el tema que delimitó preliminarmente como: “COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA LABORAL. DETERMINAR EL TRIBUNAL AL QUE CORRESPONDE CONOCER Y RESOLVER DE LA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAMA LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO DE UNA PERSONA FALLECIDA.”; requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para que informaran si el criterio en que apoyaron sus determinaciones seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por abandonado o modificado y enviaran la sentencia correspondiente; también para que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de su índice a través del Sistema Electrónico del Consejo.
5. En el mismo acuerdo, ordenó hacer del conocimiento de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción y solicitó que de no haber inconveniente informara si se advertía la existencia de alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio, radicado en ese Alto Tribunal del País, sobre el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios; y, turnó electrónicamente el expediente a la ponencia a su cargo.
6. Mediante acuerdo de Presidencia de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios del Magistrado en funciones de Presidente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y del Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, órganos contendientes que informaron que el criterio sustentado en cada uno de los asuntos de su índice, continuaban vigentes.
7. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veinticuatro, el Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el comunicado del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que durante los últimos seis meses no encontró radicado asunto alguno que guardara relación con el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios; y, en ese mismo auto, confirmó el turno electrónico definitivo a su ponencia.
8. El seis de febrero de dos mil veinticinco, la Magistrada presidenta María Enriqueta Fernández Haggar returnó el asunto a esta ponencia a cargo del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz e hizo formal confirmación de turno electrónico, con fundamento en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
9. El once de febrero de dos mil veinticinco se listó la presente contradicción para ser vista en sesión de diecinueve siguiente, en la que se retiró a petición del ponente. Posteriormente, el veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, se listó para sesión del cinco de marzo siguiente, en la que quedó en lista. Listándose nuevamente el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Primer y Décimo Circuitos, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por un Magistrado adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, esto es, por un integrante de un Tribunal Colegiado, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES
13. El Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial 4/2023, determinó:
PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para conocer de la demanda laboral planteada por **********, contra **********, S. de R.L. de C.V.
SEGUNDO. Remítanse los autos al Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez y, hágase saber de lo anterior al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México.
14. Apoyándose en las consideraciones siguientes:
1. Que, en el caso la actora reclamó de las demandadas la declaración como única y legítima beneficiaria de los derechos laborales del trabajador fallecido, además de la indemnización por muerte por el importe de cinco mil días de salario, la indemnización por muerte por el importe de dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, la prima de antigüedad, los salarios devengados, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, entre otras prestaciones de índole laboral.
2. Que es legalmente competente para conocer del asunto el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, atendiendo a que tiene jurisdicción en el domicilio donde se encuentra la última fuente de trabajo y el domicilio del extinto trabajador.
3. Que, ello deriva de que es aplicable al caso, lo dispuesto en el inciso c) de la fracción II del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el último lugar de prestación de servicios del trabajador.
4. Que, de las constancias del expediente laboral se desprende que la última fuente de prestación de servicios del extinto trabajador se ubica en el Estado de México.
5. Que, de igual forma el último domicilio conyugal que la actora tuvo con el de cujus está ubicado en el Estado de México.
6. Que, aunado a ello, en términos del artículo 503, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo existe la obligación del tribunal ante el cual se inicie el procedimiento de declaración de beneficiarios de mandar practicar una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido y ordenar se fije un aviso en lugar visible de la fuente de trabajo, en este caso, ubicada en el Estado de México, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante el tribunal del conocimiento a ejercer sus derechos.
7. Que, el procedimiento en comento debe tramitarse ante el tribunal que ejerce competencia en el lugar de residencia del extinto trabajador, cuando éste tenga más de seis meses radicando en ese lugar, o bien, en el de su último centro de trabajo, a efecto de que los beneficiarios puedan acudir a un tribunal cercano a deducir sus derechos, aunado a que el aviso correspondiente deberá fijarse en el establecimiento de la fuente de trabajo.
8. Que, tanto el último domicilio del de cujus, como el domicilio de su última fuente de trabajo y el del acta de defunción, están localizados en el Estado de México.
9. Que para establecer la competencia en un procedimiento en el que se demanda la declaración de beneficiarios, además de otras prestaciones laborales debe atenderse al domicilio donde haya laborado con normalidad el de cujus y no al señalado en la demanda, si se tratara de un domicilio diverso al de la prestación de servicios.
15. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en el Estado de Tabasco, al resolver el conflicto competencial 18/2024, determinó:
PRIMERO. Existe el conflicto competencial suscitado entre el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco y el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, en términos del considerando cuarto de esta ejecutoria.
SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, para conocer del procedimiento especial promovido por **********, por sí y en representación de su hijo menor **********, por las razones contenidas en el considerando quinto de la presente ejecutoria, por lo que se ordena remitirle los autos del juicio natural para su conocimiento.
TERCERO. Con testimonio de esta resolución, comuníquese lo decidido al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
16. Apoyándose en las consideraciones siguientes:
1. Que es legalmente competente para conocer del asunto, el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, al tener jurisdicción en el domicilio de la parte demandada, atendiendo a la elección tomada por la actora, al promover la demanda.
2. Que, en el caso, la actora promovió juicio laboral por sí y en representación de su menor hijo contra PEMEX y PEMEX Exploración y Producción, a quienes les demandó la declaración como únicos beneficiarios de las prestaciones que como trabajador de planta tenía el extinto trabajador, quien era su concubino y padre del menor y, en consecuencia en el pago de las prestaciones estipuladas en la cláusula 132 del Contrato Colectivo de Trabajo y de todas aquellas generadas con motivo del vínculo laboral y el fallecimiento del referido trabajador.
3. Que, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el secretario instructor registró la demanda laboral bajo el número de expediente ********** y la admitió a trámite, únicamente respecto de la solicitud de designación de beneficiarios, dejando a salvo los derechos de la parte actora para ejercer las acciones laborales que considerara pertinentes una vez que hubiera sido declarada beneficiaria, previo, en su caso, del agotamiento de la instancia de conciliación prejudicial.
4. Que, si bien existió una discrepancia entre los fundamentos legales utilizados por los tribunales laborales para no aceptar competencia, ésta atiende a que la legislación nacional no establece de forma expresa reglas de competencia específicas para los procedimientos de declaración de beneficiarios cuando se sigue como única acción, sin demandar prestación alguna, ya que en el capítulo XVII del título Tercero “Del procedimiento especial”, se establece que debe seguirse por la vía especial y el trámite respectivo, pero no se hace referencia a las reglas de competencia aplicables.
5. En ese sentido, consideró que el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 147/2023, en el que abordó un tema de competencia por razón de fuero y no de territorio, como es el caso, estableciendo que en ese mismo tipo de procedimiento, debía atenderse a la actividad y naturaleza de la persona empleadora para determinar la competencia en razón de fuero, con fundamento en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, lo que robustece la consideración de que existe falta de claridad en las disposiciones legales acerca de las reglas competenciales para los procedimientos de declaración de beneficiarios cuando se sigue como única acción, sin demandar prestación alguna.
6. El referido tribunal colegiado estimó que para dirimir la cuestión competencial en análisis, debía atenderse al contenido del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que a falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha ley o sus reglamentos, se tomarán en consideración disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los del derecho, los de justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; por lo que debe atenderse al capítulo III denominado “De las competencias”, de la legislación de la materia, por lo que no es aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, al no ser supletorio de la Ley Federal del Trabajo.
7. Máxime que consideró que la determinación de uno de los tribunales contendientes, relativa a que la naturaleza de ese procedimiento especial no es contenciosa, es contraria a lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), de rubro: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.”
8. Como consecuencia, determinó que en materia de competencia por razón de territorio resulta aplicable, mediante una interpretación amplia, el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, el cual permite al actor elegir entre tres opciones: a) el tribunal de celebración del contrato, b) el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados y c) el tribunal del último lugar de prestación de servicios.
9. Al respecto, dispuso que a consideración de ese órgano colegiado no existe duda sobre la aplicabilidad de lo dispuesto en el inciso c) en comento, consistente en el último lugar de prestación de servicios, pues conforme al numeral 503, fracciones I y II, de la misma legislación, es en éste donde debe fijarse el aviso en lugar visible convocando a los beneficiarios para que comparezcan al tribunal de conocimiento. No obstante, también consideró que según lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 147/2023, previamente descrita, en relación a que en la designación de beneficiarios y sus consecuencias están relacionadas con la aplicación de las normas del trabajo y se proyecta en la persona empleadora en la medida en la que deberá responder por las prestaciones pendientes de pago que deriven del vínculo laboral, por lo que también son aplicables los diversos incisos a) y b), consistentes en el lugar de la celebración del contrato y el domicilio de cualquiera de los demandados.
10. Al respecto, estimó que la progresión jurisprudencial marcada por nuestro máximo tribunal, lleva al convencimiento de que la intención del legislador en el nuevo sistema de justicia laboral, es dotar a la parte actora de un mayor número de opciones para elegir el lugar donde instar el juicio, con el objetivo de facilitarle el acceso a la justicia; por lo que siguiendo esa misma línea interpretativa, las personas beneficiarias pueden elegir cualquiera de las hipótesis previstas en la fracción II del artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que si bien ese tribunal colegiado comparte la relevancia e idoneidad del inciso c), en los procedimientos de declaración de beneficiarios y pago de las prestaciones laborales derivadas de ella, también reconoce la factibilidad de desarrollar el procedimiento en el tribunal del lugar de la celebración del contrato o del domicilio de cualquiera de los demandados, conforme a lo dispuesto en los incisos a) y b), ya que la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y la fijación de un aviso en lugar visible del establecimiento donde laboró, puede ser efectuada por un tribunal distinto al del lugar de la prestación de los servicios, por lo que entre la idoneidad de uno y la factibilidad de los otros dos, debe privilegiarse la interpretación que resulta más favorable para las personas que se consideren con derecho a ser declaradas beneficiarias, toda vez que el numeral 700, fracción II, en comento, permite que los promoventes puedan elegir cualquiera de las tres hipótesis, por lo que si en el caso la parte actora eligió presentar la demanda ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, por corresponder al lugar del domicilio de la parte empleadora (inciso b), dicho tribunal es legalmente competente para conocer del asunto.
V. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
17. Una vez reseñados los criterios contendientes debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es posible resolver cuál es el que debe prevalecer, o bien, cuál es el criterio conforme al cual debe resolverse el fondo del asunto. 18. Para que exista materia a dilucidar en una contradicción de criterios debe, cuando menos formalmente, haber una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
19. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales mediante argumentos lógico-jurídicos que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituya jurisprudencia publicada, ya que ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
20. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo XII, en noviembre del dos mil, consultable en la página tres mil doscientos diecinueve, cuyos rubro y texto son los siguientes:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados”.
21. De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa que motiva la solución de los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios, sin exigir el cumplimiento de una serie de características formales o fácticas.
22. Entonces, para determinar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere verificar si existe la necesidad de unificar criterios; es decir, si hay una posible discrepancia en las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito sustentadas durante el proceso de interpretación que llevaron a cabo los referidos órganos jurisdiccionales.
23. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es necesario analizar detenidamente cada una de las consideraciones interpretativas involucradas –no los puntos resolutivos– con el objeto de identificar si en los respectivos razonamientos, en relación con un mismo punto de derecho se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
24. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXII, en agosto de dos mil diez, consultable en la página siete, cuyo rubro y texto son los siguientes:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución”.
25. Criterio del que se advierte que la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación, dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes.
26. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de criterios, es suficiente que sean opuestos, es decir, debe existir discrepancia entre ellos.
27. Lo anterior puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico a resolver; por lo que puede tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
28. Asimismo, es indispensable que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos de los que derivan los criterios contendientes, hayan examinado:
1) Hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2) Llegado a conclusiones contrarias respecto a la resolución de la controversia planteada.
29. En ese sentido, existe una contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan dos supuestos: 1) se den hipótesis jurídicas esencialmente iguales y 2) se llegue a conclusiones contrarias respecto a la resolución de la controversia planteada; sin que sea óbice a su existencia el hecho de que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, es decir, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
30. Además, del criterio también se advierte que la finalidad de la contradicción es la unificación de éstos, ya que el problema radica en los procesos de interpretación —no en los resultados— adoptados por los tribunales contendientes.
31. Aunado a ello, no impide que este Pleno Regional se ocupe de la denuncia sobre el asunto, que algún criterio contendiente no constituya jurisprudencia, basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho.
32. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33375-620ef002/competencia-por-razon-de-territorio-en-materia-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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