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Modo: Corpus Pro

INCOMPETENCIA POR RAZÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. ES INNECESARIO CITAR A LAS PARTES PREVIO A SU DECLARATORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 34/2024. · Registro digital (IUS): 32492
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-06-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo III, Pág.2920.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 34/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 10 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: GLADYS ELIZA GONZÁLEZ LEÓN.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 34/2024, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el conflicto competencial 53/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el conflicto competencial 51/2023.

El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y, a la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.)(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario citar a las partes previa declaración de incompetencia, cuando el conflicto surge por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco.

2. Trámite ante Pleno Regional. Por acuerdo de veintiséis de enero siguiente, el Magistrado Presidente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la radicó con el número 34/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes, según correspondió, la remisión de diversas constancias e informe sobre la vigencia de los criterios sustentados.

3. Ordenó, además, comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación de esta contradicción y le solicitó informara si existía algún asunto radicado en ese Alto Tribunal, sobre la materia de la presente; finalmente turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a su cargo.

4. Las presidencias de los tribunales contendientes remitieron las constancias solicitadas e informaron la vigencia de los criterios, lo cual se acordó mediante proveídos de dos y seis de febrero de dos mil veinticuatro, respectivamente; asimismo, por oficio de doce de febrero siguiente, se tuvo por recibido el informe signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no se encuentra radicado en ese Alto Tribunal algún asunto en el que tema tenga relación con el establecido preliminarmente en la presente contradicción, por lo que al estar debidamente integrado el expediente, el diecinueve de febrero del año en curso, se confirmó el turno para la elaboración del proyecto de resolución.

II. AMICUS CURIAE

5. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

6. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. En caso de recibir alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla, será señalado en la resolución respectiva.

III. COMPETENCIA

7. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1 y 2 del Acuerdo General 38/2023; acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los tribunales contendientes son del Séptimo y Décimo Circuitos y la materia respecto de la que versa la contradicción de criterios es de trabajo, por lo que corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada pues fue presentada por el Pleno del del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por lo que se ubica en uno de los casos previstos en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el conflicto competencial 53/2023.

10. Estableció los antecedentes que dieron origen al juicio generador del conflicto competencial de los que citó que, la actora promovió juicio laboral en que reclamó la declaración de beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; de la demanda tuvo conocimiento el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, quien se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto.

11. Lo anterior porque a su juicio, el competente era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje toda vez que, cuando se demanda la declaración de beneficiarios debe observarse la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues es la que se aplica a los trabajadores, familiares y derechohabientes que hayan laborado en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluido el instituto de seguridad social para quien laboró el finado y, de cuyo texto se establece que cualquier conflicto deberá ser resuelto por el citado Tribunal de Conciliación.

12. De igual forma estableció que, resultaba innecesario aplicar la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.)(2) que establece la obligación de citar a las partes previo a la declaración de incompetencia toda vez que se debía privilegiar el artículo 17 constitucional y evitar dilaciones procesales, aunado que al ser el reclamo la declaración de beneficiarios no hay pretensión contra algún demandado, es decir no existe contraparte a quién darle garantía de audiencia. Por lo que ordenó remitir los autos a dicho tribunal.

13. Por turno, correspondió conocer a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, quien no aceptó la competencia declinada en razón que, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece que ese tribunal conocerá de los juicios en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en ese sentido, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

14. Después de que planteó los antecedentes, el tribunal de referencia, estableció que no existían las condiciones necesarias para resolver el conflicto competencial plateado, en razón que, de conformidad con los numerales 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo,(3) para que pueda considerarse que existe legalmente un conflicto competencial laboral, el Tribunal de Trabajo que estime carecer de competencia con citación de las partes, debe remitir los autos a la autoridad que estime competente, misma que si al recibirlos también la rechaza, debe enviarlos a la que corresponda dirimir ese conflicto laboral.

15. Que del análisis a las actuaciones del expediente 136/2022 radicado en el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Veracruz, se observaba que en el apartado de los hechos de la demanda se desprendía que:

• Promovió la conciliación para el pago de pensión de viudez en su calidad de beneficiaria legal de (esposa) extinto trabajador del instituto de seguridad social.

• Que en el hecho dos manifestó que había tratado de conciliar y solicitar la reactivación de pensión ante el instituto de seguridad social en la delegación correspondiente, ya que no le han pagado (sic) prestación alguna que por derecho le corresponde.

16. De igual forma que, analizadas las documentales exhibidas se advertía una cédula de notificación personal en la que el instituto de seguridad social le notificó a la actora que, respecto a su solicitud de la reactivación del pago de la pensión de viudez que recibía y que le había sido suspendida, al ser actualmente trabajadora en activo, no era posible que se le realizaran sus pagos de pensión hasta que causara baja de su fuente laboral.

17. Que en ese sentido, la prestación toral reclamada era la reactivación de su pensión de viudez que percibía por parte de dicho órgano de seguridad social, aunque no fue reclamado de manera destacada, sí lo hizo a través de los hechos por tanto, el Tribunal Laboral previo a declararse incompetente debió haber ordenado el emplazamiento a la parte demandada como lo dicen los artículos mencionados, para tener mayores elementos y, al no haberlo hecho así con base en la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.), la cual no se aplica de manera retroactiva, entonces debían devolverse los autos al Tribunal Laboral que previno para que una vez citadas las partes actúe conforme corresponda.

18. Sostuvo que lo anterior, no contraviene lo previsto en el artículo 17 constitucional ya que la jurisprudencia en mención no prevé alguna excepción para que no se lleve a cabo lo ahí establecido, por lo que deben de respetarse las formalidades del procedimiento, aunado a que como se vio, no sólo se reclamó la designación de ser única y legítima beneficiaria del cónyuge fallecido sino la reactivación de su pensión de viudez, en la que era necesario el emplazamiento del instituto demandado.

19. Y, que no se soslayaba el hecho de que el conflicto competencial haya surgido entre un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Estado y una Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje pues no era razón suficiente para desatender lo dispuesto en los artículos 701 a 704 de referencia tomando en cuenta que quien previno del juicio de origen fue el Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz.

20. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el conflicto competencial 51/2023.

21. Primeramente, narró los antecedentes que dieron origen al juicio laboral, el cual se instó contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ante el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, en que se reclamó el pago de prima de antigüedad por un periodo determinado, lo que se hacía en cumplimiento al laudo dictado en un diverso juicio laboral por una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

22. Que en un primer momento, la secretaria instructora previno al actor para que aclarara si en ese juicio laboral reclamó, tanto el reconocimiento, como el pago de la prima de antigüedad, que informara el resultado del laudo y los conceptos y montos que integraban su salario. Lo cual fue desahogado por el accionante y, la secretaria instructora admitió a trámite el juicio y ordenó emplazar a la parte demandada. Posteriormente la jueza adscrita al tribunal laboral federal declaró carecer de competencia legal, por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo, para conocer del juicio bajo las consideraciones que interesan siguientes:

• Tomando en cuenta el estado de autos, principalmente el escrito inicial de demanda en que se reclamaron diversas prestaciones derivadas de una relación laboral con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se estimaba necesario analizar la competencia.

• Que analizando la naturaleza de la entidad demandada, así como la manera en que se rigen las relaciones laborales con sus trabajadores y conforme a los datos de autos, se obtenía que la patronal cuenta con el carácter de una dependencia del Gobierno Federal, reguladas por el régimen burocrático, citando las jurisprudencias P./J. 1/96(4) y P./J. 10/2021 (11a.).(5)

• Por tanto, se consideraba competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que declinó la competencia a su favor.

23. El presidente de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje recibió los autos y previno al actor para que ajustara la demanda de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin embargo, posteriormente el pleno de la citada sala determinó no aceptar la competencia declinada porque:

• Que si bien se reclaman diversas prestaciones derivadas de la relación laboral con el instituto referido, y siendo que se trata de un organismo público descentralizado, con fundamento en el artículo 123, apartado A fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la constitución, era incompetente de conformidad con la jurisprudencia P./J. 1/96 así como 2a./J. 22/96(6) y de la diversa VII.2o.T. J/53 (10a.).(7)

• Que era inaplicable lo previsto en la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, pues de aplicarla sí se violentaría el principio de irretroactividad de la jurisprudencia en perjuicio del demandante.

• Por ende, se declaraba incompetente ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito con sede en Villahermosa, Tabasco, para el conocimiento del conflicto competencial suscitado.

24. Así, el Tribunal Colegiado de Circuito, sobre el particular, consideró que existía el conflicto competencial al estar en disputa el régimen jurídico de la relación de trabajo; determinó competente a la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en razón que, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), obligatoria a partir del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la cual el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que el régimen laboral de un organismo público de carácter federal es una decisión de política pública, en que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal, tiene libertad de establecer en la ley o en los decretos de creación, si sus relaciones de trabajo con su personal se fundarán en el apartado A o B del artículo 123 constitucional.

25. Además que, siendo que el juicio empezó luego de que inició la vigencia de la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada, se reconoce la libertad del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal para definir el régimen de las relaciones de trabajo; siendo que el ISSSTE según su decreto de creación, la constitución y la ley burocrática, se desprende que la intención del legislador respecto a sus relaciones laborales fue la de establecer su régimen en lo previsto en el apartado B de artículo 123, por lo que su conocimiento de las controversias se deben resolver por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

26. Por ello, no se podía hablar de retroactividad de la citada jurisprudencia, pues para que ello ocurriera se requería que al inicio de un juicio existiese un criterio y durante su desarrollo y antes de dictar sentencia se emita otro que lo modifique, supere o abandone, o que no ocurrió en la especie dado que cuando inició el juicio el criterio ya estaba vigente.

27. Finalmente se advertía que, la Jueza adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco al establecer su incompetencia sin antes emplazar a la parte demandada y presentara su escrito de contestación, o bien, que se dictara un auto en que se hiciera constar que no lo hizo con tiempo, en el caso, no le era aplicable lo descrito en la jurisprudencia que prevé la obligación de previamente a la declaración de incompetencia, deberá citar a las partes [2a./J. 16/2023 (11a.)], puesto que en la contradicción que le dio origen se estudió el conflicto competencial de autoridades que se regían por la Ley Federal del Trabajo, eran por razón de fuero (federal o local) y territorio, y el requisito para emplazar derivó de la interpretación de los artículos 701 a 704 de la propia Ley Federal del Trabajo.

28. Y en ese sentido, a diferencia del conflicto en que se ocupaba uno de los contendientes se rige por la Ley Federal del Trabajo y el otro por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no se trataba de una controversia por razón de fuero o territorio que se resuelva con base en la Ley Federal del Trabajo, sino por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo, esto es, apartado A o B de artículo 123 constitucional y, en todo caso, el requisito de citación previa, interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

29. Por tanto, resultaba inaplicable la jurisprudencia en cita [2a./J. 16/2023 (11a.)], pues de otro modo llevaría a imponer una regla a los conflictos competenciales por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo los cuales tiene una naturaleza distinta, además de que se alejaría de la idea de la Segunda Sala, en el sentido que los tribunales del Poder Judicial de la Federación se guían por la Ley Federal del Trabajo, en cambio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. E imponer el requisito de previa citación que regula la Ley Federal del Trabajo interpretada por el Máximo Tribunal del país, sería como aceptar que las normas procesales que contempla esa legislación resultan aplicables de manera supletoria en el juicio laboral de origen, y en el caso que se estudiaba se guiará por la ley burocrática.

VI. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

30. En cuanto a la procedencia de las contradicciones de criterios, es importante señalar que la intervención de los Plenos Regionales se justifica por la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

31. Así, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones: A. Los Tribunales Contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

32. Bajo tales directrices, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que sí existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el conflicto competencial 53/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el conflicto competencial 51/2023.

33. Ello es así, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán en líneas siguientes.

34. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado V, se advierte con claridad que los tribunales colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, respecto a si conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y, a la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.),(8) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario citar a las partes, previa declaración de incompetencia, cuando el conflicto surge por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo.

35. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, existió un punto que detona un auténtico tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos derivaron del análisis de un mismo tema jurídico.

36. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, consideró que el Tribunal Laboral, previo a declararse incompetente, debió ordenar el emplazamiento a la parte demandada y, al no haberlo hecho así, con base en la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.), debía devolver los autos al Tribunal Laboral que previno para que, una vez citadas las partes, actúe conforme corresponda, ello al no existir en dicho criterio jurisprudencial alguna excepción para que no se lleve a cabo lo ahí establecido, por lo que deben de respetarse las formalidades del procedimiento; y, que no se soslayaba el hecho de que el conflicto competencial haya surgido entre un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Estado y una Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues no era razón suficiente para desatender lo dispuesto en los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia tomando en cuenta que quien previno del juicio de origen fue el Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz.

37. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en la Villahermosa, Tabasco, concluyó, esencialmente, que el competente para conocer del juicio laboral era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que si bien no se había emplazado a la parte demandada no le era aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.) en que se impone la obligación de citar a las partes previa declaratoria de incompetencia, ya que en la contradicción que dio origen al criterio, se analizó la competencia de autoridades que se rigen por la Ley Federal del Trabajo y no las de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

38. Conforme a lo anterior es claro que, los tribunales colegiados contendientes, sostuvieron criterios contrarios respecto a si conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y, a la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario citar a las partes previa declaración de incompetencia, cuando el conflicto surge por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo.

39. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a ¿conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.),(9) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario citar a las partes previa declaración de incompetencia, cuando el conflicto surge por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo?

VII. ESTUDIO DE FONDO

40. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta sentencia, esto es, que no es necesario citar a las partes previa declaración de incompetencia, cuando el conflicto surge por razón del régimen jurídico de la relación de trabajo, ya que no son aplicables los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo ni la jurisprudencia 2a./J. 16/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

41. Marco constitucional y legal. Conforme a lo precisado, la materia de la contradicción de criterios se relaciona con la competencia y legislación aplicable. De esa guisa la competencia es la facultad o capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias y, por ende, se debe tener en cuenta que existe competencia constitucional y jurisdiccional.

42. La primera se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 16 constitucional,(10) pues en él se establece el conjunto de facultades que se otorgan a ciertos órganos del Estado, esto es, se disponen que las autoridades serán competentes para realizar ciertos actos jurídicos que encuadren dentro de sus atribuciones y carecerá de ella cuando su actuar rebasa los límites señalados en la norma, esto es constituye la capacidad que de acuerdo a su ley orgánica o constitutiva, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y sus fundamentos jurídicos que se expongan cuando una persona incoa la maquinaria jurisdiccional.

43. En cambio, la competencia jurisdiccional es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer y decidir, sobre un determinado asunto, y está prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional,(11) que atiende a cuestiones propias del debido proceso legal, de las disposiciones jurídicas y orgánicas, así como de los distintos procedimientos que se sustancian ante ellos. En ese sentido, un conflicto competencial surge cuando existe controversia entre dos órganos jurisdiccionales que deciden conocer o no de un determinado litigio, por lo general, respecto de un mismo fuero, territorio, cuantía y grado.

44. Lo anterior, lo vemos reflejado en las consideraciones de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) que dice:

"COMPETENCIA, FORMAS DE. Por competencia ha de entenderse, en términos generales, la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias. Cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y competencia jurisdiccional. Por la primera se entiende la capacidad que, de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, federal, laboral, civil, militar, etcétera). Con la segunda, en cambio, se alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial (tribunales comunes, Juntas de Conciliación y Arbitraje, tribunales militares, tribunales federales, etcétera), sobre un determinado asunto. Ahora bien, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribunales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero distinto del que corresponde a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32492-49acee53/incompetencia-por-razon-del-regimen-juridico-constitucional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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