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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA FUNCIONAL POR RAZÓN DE GRADO. NO SE ACTUALIZA EN FAVOR DE UNA JUNTA ESPECIAL DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE UNA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019. CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE UN TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y UNA JUNTA ESPECIAL DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE REFIERE A UNA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 79/2023. · Registro digital (IUS): 31790
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.2860.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.

II. COMPETENCIA

6. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez de Distrito del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2022, determinó:

"PRIMERO.—Sí existe conflicto competencial.

"SEGUNDO.—Remítase la demanda y anexos a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien se declara competente por los motivos que se precisan en la última consideración de esta ejecutoria.

"TERCERO.—Para los efectos legales procedentes, comuníquese el sentido de esta resolución al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen."

9. Apoyándose en las siguientes consideraciones:

"QUINTO.—Estudio.

"...

"Ahora bien, en primer lugar, se debe entender que la jurisdicción es la potestad del estado para impartir justicia por medio de los tribunales que integran el poder judicial, a partir de ahí, como un límite a la jurisdicción surge la competencia, que es la facultad de los órganos jurisdiccionales para conocer de ciertos negocios ya sea porque es atribuida por la ley o derivada de la voluntad de las partes.

"De manera tal, que el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado, es decir, en los que es competente.

"Al respecto, dentro de las reglas procesales, la competencia se confunde con el concepto de jurisdicción, lo que ha implicado que se entienda en dos sentidos, el primero referido a su sentido amplio, es decir, al ámbito, esfera o campo dentro del cual un órgano de poder puede desempeñar sus atribuciones y funciones.

"Así, en un sentido estricto, que constituye la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional específico para que válida y legalmente conozca de un determinado asunto, de manera tal, que un órgano jurisdiccional no puede resolverlo, si es a otro al que le corresponde específicamente esa atribución, aun cuando ambos pertenezcan al mismo poder judicial.

"A su vez, la competencia en sentido estricto, se divide en competencia objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, en donde se encuentran los criterios de territorio, materia, grado, entre otros; y la competencia subjetiva que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo.

"Ahora bien, en relación con la competencia por territorio, se entiende en relación con el ámbito espacial; objetiva, atiende a la materia y el valor del negocio, y funcional, referida a la pluralidad de instancias y grados, esto es, entendido de otro modo, el que ha de conocer de los incidentes y recursos ya sean estos ordinarios o extraordinarios, de las medidas cautelares y de la ejecución de las sentencias, como consecuencia de un proceso ya iniciado.

"Así, atendiendo al juicio laboral, la distribución de competencias por razones objetivas, se puede dividir en los elementos esenciales siguientes:

"• Por territorio, que se prevé en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que el actor puede escoger entre el Tribunal del lugar de la celebración del contrato, el Tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados y el Tribunal del lugar de prestación de los servicios.

"• Por materia, también se desprende del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de los casos ahí listados y cuya naturaleza sea eminentemente laboral, para ello deben considerarse sus elementos distintivos, esto es, que existan actos cuyo contenido material tenga por objeto aspectos netamente laborales.

"• Por grado, respecto a la promoción del juicio laboral ante los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales con sede en las entidades federativas, sería por jerarquía y por competencia funcional, como se explica a continuación.

"En efecto la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente; sin embargo, tal como quedó establecido, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen.

"Atento a lo anterior, se tiene que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias en virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados.

"Así, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías.

"Ante ello, en relación con el juicio laboral, el Juez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, es el competente para resolver las impugnaciones contra el secretario instructor, atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), conforme lo establece el artículo 871 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo

"Sin embargo, conforme a lo dicho, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción; de ahí, que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional.

"En ese sentido, si por principio de cuentas el juicio laboral instado por la actora ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, tiene por objeto, que se le designe como beneficiaria de ********** ********** ********** ********** **********, trabajador fallecido de la industria de hidrocarburos; y en otra instancia, esto es, en la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (previo al juicio de la actora ********** ********** **********) se está tramitando otro juicio laboral donde ********** ********** ********** en nombre y representación de sus menores hijos de identidad reservada, reclamaron también que se les designen como beneficiarios de ********** ********** ********** ********** **********, esto es, del mismo trabajador fallecido, es válido concluir que la competencia funcional por grado, para conocer del juicio laboral instado por ********** ********** **********, la tiene la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que antes de que ********** ********** ********** promoviera juicio laboral, ya se estaba dilucidando ante la potestad de la Junta, quién o quiénes tienen los derechos de beneficiarios del trabajador fallecido ********** ********** ********** ********** **********.

"Máxime que en el caso, ********** ********** ********** no podría alegar la existencia de la litispendencia ni la acumulación de juicios, en virtud de que conforme al artículo transitorio noveno del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en Materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, resulta improcedente la acumulación de procesos cuando uno de los juicios se está tramitando conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto y el otro se está sustanciando conforme a las disposiciones del decreto.

"Apoya el sentido de esta resolución en cuanto a la competencia funcional por grado, en lo conducente, la contradicción de criterios 95/2019, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo que interesa dice:

"‘Atento a lo anterior, se tiene que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias en virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados.

"‘Así, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"‘Sin embargo, conforme a lo dicho, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. De ahí, que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional.’

"En tal virtud, se impone concluir que la competencia para conocer de la demanda en estudio recae en la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a la cual deberán remitirse los autos formados con motivo de la demanda laboral promovida por ********** ********** **********, acompañando testimonio de esta resolución al igual que al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para su conocimiento."

10. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2023, determinó:

"PRIMERO.—Sí existe conflicto de competencia.

"SEGUNDO.—Es legalmente competente el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan para conocer y resolver de la demanda promovida por ********** ********** ********** **********."

11. Apoyándose, en lo que a este asunto interesa, en las siguientes consideraciones:

"TERCERO.—Estudio del conflicto competencial.

"La autoridad competente para conocer del juicio laboral es el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan.

"Los artículos transitorios séptimo, octavo y noveno del decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, establecen:

"‘Séptimo. Asuntos en Trámite.

"‘Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

"‘El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes.

"‘Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto.

"‘Noveno. Improcedencia de Acumulación de Procesos. Cuando un juicio se encuentre en trámite conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y otro se sustancie conforme a las disposiciones de este Decreto, no procederá la acumulación de juicios.’

"Preceptos de los cuales se colige que en relación con la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, el legislador estableció que los asuntos que se encontraran en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales, al momento de la entrada en vigor de dicha reforma, debían ser concluidos por ellas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Asimismo, que las Juntas también conocerían de los asuntos individuales, colectivos y registrales iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, hasta en tanto entraran en funciones los tribunales federales y locales y los centros de conciliación.

"Además, se prohibió de manera expresa la acumulación de juicios iniciados con la legislación laboral que estuvo vigente con anterioridad a la entrada en vigor de esa reforma, con los que se estuvieran sustanciando conforme a las disposiciones que regían a partir de ella.

"En esa tesitura, el Tribunal declinante expuso que en el caso el promovente reclamó prestaciones que estaban siendo materia de análisis conexo en una demanda laboral diversa que se encontraba sub-judice, puesto que el actor adujo un despido derivado de la acción de reinstalación ordenada en el expediente ********** del índice de la Junta Federal Especial número diecisiete de Conciliación y Arbitraje, que ello se corroboraba con el acta de reinstalación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós inherente al expediente del índice de la mencionada Junta, que, por tanto, podía concluirse que dicha calificación estaba sujeta a análisis por la autoridad que conocía del asunto, al no existir controversia novedosa, sino un reclamo derivado de lo actualmente estudiado en el procedimiento en cita.

"Al respecto, es importante señalar que aunque el primero de los asuntos se haya presentado ante la Junta Federal Especial número diecisiete de Conciliación y Arbitraje, previo a la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, lo cierto es que, mediante el ‘Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el diverso 3/2013 en relación con la implementación de la tercera etapa de la reforma laboral en materia de justicia laboral’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil veintidós, se estableció la creación, entre otros, del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; cuyas funciones iniciaron a partir de esa misma fecha.

"En ese sentido se tiene que, la segunda demanda laboral se instauro el nueve de enero de dos mil veintitrés por el mismo actor, es decir, cuando ya se había implementado la tercera etapa de la reforma en materia de justicia laboral y se habían creado e iniciado funciones dichos Tribunales Laborales Federales el tres de octubre de dos mil veintidós.

"Ahora bien, de la resolución declinatoria se aprecia que el A quo sostuvo que, en aras de que no se emitan resoluciones contradictorias, la Junta Especial era a quien le asistía la competencia funcional, por considerar que cuenta con mejor aptitud para resolver la contienda suscitada, debido a que la citada Junta fue quien conoció del primer juicio que se promovió, del cual destacó que a la data en que hizo el pronunciamiento de incompetencia, aún se encontraba sub-judice.

"Aspecto por el cual, atendiendo a las circunstancias del caso particular y a las facultades de la aludida Junta de Conciliación y Arbitraje, ciertamente daría cabida para la actualización de la competencia funcional, dada la oportunidad de resolver de manera conjunta las pretensiones del actor, contenidas en sus dos demandas, relativas a la acción de reinstalación.

"Empero, debe tomarse en cuenta que existe la prohibición expresa por parte del legislador de que se acumulen los juicios iniciados con anterioridad y los surgidos en forma posterior a la vigencia de la reforma en cuestión; disposición que se estima surgió debido a la variación procedimental que dicha reforma trajo consigo en el sistema de impartición de justicia laboral mexicano.

"Por ello, de hacer prevalecer la figura jurídica de la competencia funcional sobre lo dispuesto en el artículo noveno transitorio, es incuestionable que se contravendría el espíritu que inspiró la prohibición impuesta por el propio legislador, en la cual no se estableció excepción alguna a esa regla; por lo tanto, no puede estar sujeta a interpretación.

"De ahí que no tenga razón el Juez adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en aquella parte en que argumenta que la hipótesis contenida en el transcrito artículo noveno transitorio no es aplicable a este caso, porque, dice, no se está tramitando un nuevo proceso, sino del que ya existe se pretende reclamar un nuevo despido vinculado con su reinstalación, lo que –dijo– está sujeto a calificación por parte de la Junta Federal.

"Además, es falaz lo dicho por el Juez Laboral, en el sentido de que la calificación del ofrecimiento de trabajo de buena o mala fe debe ser hecha por la Junta Federal, pues no podría ser analizado en un juicio diverso del que se tramitó en aquella instancia, al estimar que podrían emitirse sentencias contradictorias.

"Lo anterior, ya que este tribunal arriba a la conclusión de que no existe vinculación entre los juicios mencionados, en tanto que la calificación respecto del ofrecimiento de trabajo no trasciende a la promoción de un nuevo juicio. "En tales condiciones, se concluye que el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, es el órgano competente para conocer de la demanda laboral."

V. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

12. Una vez transcritos los criterios contendientes debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es posible resolver cuál es el que debe prevalecer, o bien, cuál es el criterio conforme al cual debe resolverse el fondo del asunto.

13. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, en febrero de 2010, consultable en la página 6, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."

14. Para que exista materia a dilucidar en una contradicción de criterios debe, cuando menos formalmente, haber una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

15. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales mediante argumentos lógico-jurídicos que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituya jurisprudencia debidamente integrada, ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

16. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XII, en noviembre de 2000, consultable en la página 319, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

17. De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa que motiva la solución de los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios, sin exigir el cumplimiento de una serie de características formales o fácticas.

18. Entonces, para determinar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere verificar si existe la necesidad de unificar criterios; es decir, si hay una posible discrepancia en las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito sustentadas durante el proceso de interpretación que llevaron a cabo los referidos órganos jurisdiccionales.

19. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es necesario analizar detenidamente cada una de las consideraciones interpretativas involucradas –no los puntos resolutivos– con el objeto de identificar si en los respectivos razonamientos, en relación con un mismo punto de derecho se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

20. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXII, en agosto de 2010, consultable en la página 7, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31790-d5b88946/competencia-funcional-por-razon-de-grado-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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