TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. AUNQUE DECLARE SU INCOMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN RAZÓN DE LA VÍA Y DEL FUERO PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD, CARECE DE FACULTADES PARA REMITIR LOS AUTOS RESPECTIVOS AL TRIBUNAL QUE ESTIME COMPETENTE. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. AUNQUE DECLARE SU INCOMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN RAZÓN DE LA VÍA Y DEL FUERO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE NULIDAD, CARECE DE FACULTADES PARA REMITIR LOS AUTOS RESPECTIVOS AL TRIBUNAL QUE ESTIME COMPETENTE.
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. AUNQUE DECLARE SU INCOMPETENCIA CONSTITUCIONAL EN RAZÓN DE LA VÍA Y DEL FUERO PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD, CARECE DE FACULTADES PARA REMITIR LOS AUTOS RESPECTIVOS AL TRIBUNAL QUE ESTIME COMPETENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES Y ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. PONENTE: JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: MAURA SÁNCHEZ CERÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien participó en la resolución del conflicto competencial **********, de su índice, la cual es materia de la presente contradicción de tesis.
TERCERO.--Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto de competencia **********, el doce de junio de dos mil catorce, sostuvo en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"SEGUNDO.-Consideraciones previas. Las consideraciones que sustentan la determinación de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para declinar la competencia, en síntesis, son:-El acto reclamado consiste en la negativa ficta recaída al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil catorce, mediante el cual requiere que le sea efectuado el pago total de la cantidad restante que se le adeuda, por concepto de las estimaciones 6 y 7, presentadas el doce y veintisiete de junio de dos mil trece, en relación al contrato de obra pública **********, denominado Construcción de Techado y Gradas en el Complejo Deportivo Charro, presentado ante el director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Doctor Mora, Guanajuato.-Que toda cuestión que tenga su origen en el contrato de obra pública, y que impacte de manera efectiva la relación entre contratante y contratado, será entendido como un acto de aplicación y, por ende, las controversias que se susciten en este contexto, serán competencia de los tribunales federales. Del mismo modo, serán competencia de dichas instancias, aquellas diferencias que surjan en el entendimiento de las cláusulas establecidas en el contrato.-En específico, en la cláusula vigésima quinta, se señala que para la interpretación y cumplimiento de ese contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, por lo que tanto (sic) el ‘contratista’, renuncia a la competencia de los tribunales federales y estatales que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.-Por su parte, el Juez Primero de Distrito en el Estado no aceptó la competencia planteada, aduciendo las siguientes consideraciones:-Que los tribunales están impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio, materia o cuantía y, siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicté respecto de la demanda principal, o de la reconvención, por lo que hace a la cuantía; es decir, el término de ‘inhibirse’ trae como consecuencia el desechar la demanda y ponerla a disposición del actor, así como sus anexos, en caso contrario, no implica el envío de dichas constancias al Juez que se considera competente porque, en este caso, se suscitaría oficiosamente una cuestión de competencia, ya que se traduciría en llevar a cabo las acciones establecidas para la declinatoria, pues en este caso, el Juez que se considera a sí mismo incompetente, remitiría las constancias a otro que a su juicio si es competente. Por lo que como se insistió, los Jueces tienen prohibido invocar oficiosamente las cuestiones de competencia, por lo cual la norma no puede ser entendida de ese modo.-Concluyó que ese órgano jurisdiccional no puede extender o ampliarse para conocer de controversias en una vía diversa a la planteada, como acontece en el caso, en el que se cuestiona el fuero de la autoridad para conocer, porque ése es un derecho que sólo le corresponde ejercer al enjuiciante y no al órgano jurisdiccional. Citó las jurisprudencias de rubro siguiente: ‘COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MÁS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL.’ y ‘COMPETENCIA. SI EL JUICIO NO SE HA INICIADO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE ELLA, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, SIN DECLINARLA A FAVOR DEL OTRO.’.-TERCERO.-Estudio. Este Tribunal Colegiado resuelve que no existe conflicto de competencia.-Es necesario tener en cuenta que la existencia del conflicto competencial es un presupuesto procesal imprescindible para la procedencia de un juicio, cuestión que debe definirse antes de su solución.-Ahora, el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que corresponde al Poder Judicial de la Federación, dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o los del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.-Con el propósito de comprender a qué tipo de conflictos se refiere el artículo constitucional referido, cuando establece que los tribunales del Poder Judicial de la Federación resolverán las controversias que por razón de competencia se susciten, es menester precisar qué se entiende por competencia.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias, pero ha distinguido entre la competencia constitucional y la jurisdiccional.-El Alto Tribunal razona por competencia constitucional, aquella que deriva de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente.-En cambio, la competencia jurisdiccional, se genera a partir de las disposiciones jurídicas orgánicas que regulan los distintos procedimientos y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado.-Sirve de apoyo a la anterior explicación, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:-‘Sexta Época. Registro digital: 257883. Pleno. aislada. Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXIX, Primera Parte. materia común. página 9. COMPETENCIA, FORMAS DE.-Por competencia ha de entenderse, en términos generales, la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinadas materias. Cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y competencia jurisdiccional. Por la primera se entiende la capacidad que, de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros fueros judiciales, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, federal, laboral, civil, militar, etcétera). Con la segunda, en cambio, se alude a la capacidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judicial (tribunales comunes, Juntas de Conciliación y Arbitraje, tribunales militares, tribunales federales, etcétera), sobre un determinado asunto. Ahora bien, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribunales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero distinto del que corresponde a la naturaleza de las prestaciones que reclame y de los preceptos legales que invoque como fundatorios de su demanda o querella, o a la condición jurídica (federal o común) de las partes en litigio. La competencia jurisdiccional, en cambio, nace o se genera de las disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales de las reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado. Consecuentemente, es respecto de este tipo de competencia que normalmente deben de (sic) plantearse las llamadas cuestiones o conflictos competenciales, o sea aquellas controversias que se susciten entre dos autoridades jurisdicentes para conocer o para no conocer de un determinado asunto litigioso. Generalmente, pues, tales cuestiones competenciales surgen entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo fuero o cuerpo judicial y, casi siempre, está en juego en ellas la razón de lugar o territorio, dentro de cuya jurisdicción consideran los tribunales competidores que radica o debe radicar el asunto litigioso a debate. Esta última conclusión se deduce fácilmente tan sólo de la consulta de las disposiciones que, sobre «Competencia» y «Sustanciación de las competencias», contienen los diversos códigos u ordenamientos procesales de los distintos fueros (códigos comunes de procedimientos, códigos federales de procedimientos, Ley Federal del Trabajo, Código de Justicia Militar, etcétera). Ahora bien, debe decidirse (sic) que se está claramente ante un conflicto competencial de carácter constitucional, si está a discusión el fuero, laboral o civil, a que debe corresponder el conocimiento y decisión sobre la acción ejercitada por el actor ante una Junta Municipal Permanente de Conciliación y que ha sido objetada mediante una competencia por inhibitoria promovida por la demandada, ante un Juez de lo Civil. Para resolver dicha cuestión competencial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no debe entrar en el estudio de la naturaleza real de la relación jurídica existente entre el actor y la demandada, ya que esta es una cuestión de fondo de que corresponde conocer y juzgar, previos los trámites de ley, a la autoridad jurisdicente ante la cual el actor ha planteado su demanda y que, es la mencionada Junta de Conciliación, puesto que la naturaleza de las prestaciones que en ella se reclaman (indemnización por despido injustificado) y los preceptos jurídicos que se invocan en su apoyo (Ley Federal del Trabajo), surten la competencia constitucional en favor de dicha Junta. El hecho de que la empresa demandada niegue indirectamente al plantear la inhibitoria la existencia de la relación laboral entre ella y el actor, sosteniendo en cambio su naturaleza mercantil, es materia de defensa o de excepción que la mencionada empresa debe hacer valer en el procedimiento laboral en que ha sido emplazada, y en el cual, si logra demostrar los elementos de su negativa, obtendrá laudo absolutorio, pero tal negativa no puede dar base, por la simple vía de la inhibitoria, para cambiar el fuero laboral del negocio que ha quedado fijado, como se indica, por los términos mismos de la demanda propuesta.’-De dicho criterio, se sigue que el Alto Tribunal distingue que existen dos tipos de competencia de los que puede derivar un conflicto, la constitucional y la jurisdiccional; además, respecto de esta última, se desprende que generalmente se suscita entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo fuero o cuerpo judicial y las situaciones de competencia únicamente pueden presentarse por: materia, territorio, cuantía y grado.-El criterio de competencia por razón de la materia está basado en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio o conflicto sometido al proceso, esto es, a través de este criterio conocemos si el asunto debe ser sometido a los tribunales civiles, penales, del trabajo, administrativos o agrarios.-La competencia por razón de la cuantía o del valor toma en cuenta el quántum o la cantidad en que se puede estimar el valor del litigio, mientras que el criterio de competencia por razón del grado se refiere a la instancia en que se debe conocer el asunto, pues normalmente el ejercicio de la función jurisdiccional no se agota con el conocimiento y resolución del litigio por un solo juzgador.-Finalmente, la competencia por razón del territorio se refiere al ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional.-Es conveniente destacar también, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********, fijó los siguientes lineamientos respecto de la correcta interpretación de los artículos 1o., 17, 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-Precisó que si bien de los artículos 1o., y 17 de la Constitución Federal, así como del diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia, esto es, el acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que ello no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.-De igual forma, al resolver la contradicción de tesis número **********, por la Segunda Sala, estableció que dentro de nuestro sistema jurídico se proscribe la posibilidad de que el poder público pueda supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta podría constituir un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, lo que en último término se traduciría en una franca violación al derecho humano de tutela judicial efectiva contenida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-Pero que ello no puede implicar desconocer la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos procedimentales en la procedencia de la vía, puesto que ellos a su vez, están encaminados a proteger y preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, guardando la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, es decir, que el reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de procedibilidad establecidos dentro de nuestro sistema.-Así, es factible afirmar que el órgano jurisdiccional ante quien se tramita un juicio que resulta improcedente en términos de la legislación aplicable no está obligado, al momento de desechar la demanda, a señalar la autoridad que considera competente para conocer del recurso intentado y ordenar la correspondiente remisión de los autos, sin que ello implique una violación per se al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-Ello, puesto que el órgano jurisdiccional dentro de nuestro sistema jurídico, está constreñido a analizar en primera instancia la procedencia del juicio a fin de determinar si, en términos de la Constitución Federal y de las leyes secundarias correspondientes, se cumplen los presupuestos y requisitos procesales que lo faculten a tramitar y resolver la pretensión que se sujeta a su jurisdicción. En caso de que la normatividad aplicable evidencie que la vía intentada es improcedente, el órgano jurisdiccional del conocimiento está constitucional y legalmente facultado para desechar la demanda correspondiente y ponerla a disposición del actor con sus anexos, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente, dejando a salvo los derechos del particular para promover la instancia o interponer el recurso que conforme a las leyes aplicables proceda.-Que afirmar lo contrario, podría implicar la iniciación de procesos alternativos o sustitutos de los recursos ordinarios, que modificarían las reglas que fijan los ámbitos de competencia de los órganos jurisdiccionales y que otorgarían indebidamente a los particulares la opción de rescatar términos fenecidos y el claro desconocimiento de instituciones jurídicas.-En efecto, en el escrito inicial de demanda el actor, entre otras cuestiones, señaló:-‘...-n. En virtud de todo lo anterior y de que actualmente la contratante por concepto de pago me adeuda la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.) por los trabajos ejecutados y no pagados derivados del contrato de número **********, en específico, como pago de las estimaciones número 6 y 7 finiquito, cantidad que hasta la fecha no me ha sido cubierta por la parte demandada, razón por la cual, acudimos a este H. Tribunal Contencioso en Materia Administrativa para que se sirva decretar la nulidad de la negativa ficta en que han incurrido los demandados y reconozca que se tiene por aceptadas tácitamente por ministerio de ley (afirmativa ficta) las estimaciones presentadas y en consecuencia decrete procedente y ordene su pago respectivo.’-Como se aprecia, ‘**********’, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el pago de las estimaciones 6 y 7 finiquito, en el contrato de obra pública, con el Municipio de Doctor Mora, Guanajuato, en el que existe la negativa ficta por parte del Ayuntamiento y en el que no se le ha liquidado el finiquito del Contrato denominado ‘construcción de techado y gradas en el complejo deportivo charro’, por lo cual acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (previamente al federal y, por incompetencia de éste, al local) para que se sirva decretar la nulidad de la negativa ficta en que han incurrido los demandados y en consecuencia se decrete procedente la pretensión y ordene su pago respectivo.-Por tanto, la Sala del Tribunal de lo Contencioso debió resolver conforme a sus facultades, con fundamento en las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo, esto es, inhibirse de la competencia y resolver en el sentido de admitir, desechar o prevenir, en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en particular el título tercero denominado: ‘De la Justicia Administrativa’, que además se vieron ampliadas a raíz de la reforma de derechos humanos, publicada el diez de junio de dos mil once, la cual tiene importantes modificaciones que impactan directamente en la administración de justicia, como lo es el control de convencionalidad que deben realizar todos los Jueces del país, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente, pues con su determinación, se pretende suscitar una cuestión de competencia por el propio tribunal.-Lo anterior se robustece con la jurisprudencia resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:-‘Décima Época. Registro digital: 2006095. Primera Sala. jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Tomo I, abril de 2014, materia civil, tesis 1a./J. 16/2014 (10a.), página 611. ‘COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL.-De acuerdo con los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y sus similares en otros ordenamientos, los tribunales están facultados para inhibirse del conocimiento de asuntos cuando consideren no tener competencia para ello, siempre y cuando lo hagan en el primer proveído respecto de la demanda. El ejercicio de esa facultad significa desechar ese escrito inicial y ponerlo a disposición del actor con sus anexos, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente. Lo anterior es así porque en el contexto de la disposición, la palabra «inhibirse» está usada en su acepción más simple de abstenerse o dejar de actuar, lo cual se cumple con el abandono del conocimiento del asunto mediante el desechamiento de la demanda, pues considerar que en tal caso debe remitirse el escrito inicial a otro tribunal que se considere competente, conduciría a un contrasentido, porque implicaría suscitar una cuestión de competencia por el propio tribunal, lo cual está prohibido en los citados preceptos.’-En tales condiciones, no existe conflicto competencial entre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, pues como se dijo, aquél no tiene por objeto dirimir la vía en que se ejerza una acción, so pretexto de privilegiar el derecho de acceso a la impartición de justicia, debido a que afecta la acción intentada y ello repercute en aspectos tales como las partes en contienda, las pretensiones y los efectos protectores.-Consecuentemente, lo que procede es devolver los autos a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para el efecto de que, con plenitud de jurisdicción, provea lo que en derecho proceda respecto de la demanda de nulidad planteada por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.-Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los artículos 45, 46 y 217 de la Ley de Amparo, se:-RESUELVE:-PRIMERO.-No existe conflicto competencial entre el Juez Primero de Distrito con residencia en esta ciudad y la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con sede en esta ciudad.-SEGUNDO.-Devuélvase los autos a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para el efecto de que, con plenitud de jurisdicción, provea lo que en derecho proceda respecto de la demanda de nulidad planteada por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable."
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto de competencia **********, el treinta de mayo de dos mil catorce, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:
"SEGUNDO.-Debe determinarse, en principio, si existe el conflicto de competencia, para lo cual es necesario atender a las posturas del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el Juez Segundo de Distrito contendientes.-El Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien previno del conocimiento del asunto, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta, en virtud de que los actos administrativos impugnados por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistieron en todos y cada uno de los actos llevados a cabo por la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado dentro de la revisión, valoración documental y dictaminación del contrato proyecto integral bajo la modalidad de mixto y a tiempo determinado ********** de veinticuatro de enero del dos mil doce, celebrado entre la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, y la persona moral **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la resolución contenida en el oficio número **********, de cuatro de octubre de dos mil trece, emitida por la directora de asuntos jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Planeación, Proyectos y Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la cual, con fundamento en los artículos 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 131 de su reglamento, ratificó el requerimiento de reintegro de pago a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad de $********** (********** pesos ********** M.N.), por pago en exceso y duplicidad de concepto, derivado del contrato en mención.-El Magistrado consideró que, la competencia surtía efectos para un Juez de Distrito con base en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en términos de los artículos 15, 103 y 104 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se otorga competencia a los tribunales federales para conocer de las controversias que surjan con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos que se celebren con apoyo en la citada ley, además que en la declaración 1.5 del referido contrato, se precisó que éste se regiría por la propia ley federal.-Por su parte, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil catorce, determinó no aceptar la competencia del asunto, por considerar que los Jueces no pueden invocar oficiosamente las cuestiones de competencia, además que la elección de la vía es un derecho que sólo corresponde al enjuiciado, así como que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo inició el juicio de nulidad bajo las reglas procesales establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las que son diversas a las establecidas en un juicio ordinario administrativo, regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley del Procedimiento Administrativo y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-Por tanto, el Juez Federal concluyó, que no era posible aceptar la competencia planteada e informó de tal determinación al Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Este último, en acuerdo que recayó a la recepción de los autos el ocho de abril de dos mil catorce, insistió en declinar la competencia.-Como se desprende de lo anterior, los tribunales contendientes, en ejercicio de su autonomía y potestad, no aceptan tener competencia legal para conocer del juicio del que deriva el presente expediente y, en esa virtud, existe un conflicto de competencia.-TERCERO.-Procede definir ahora el fondo del conflicto de competencia.-Este colegiado considera que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, es el legalmente competente para conocer de la demanda promovida por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.-Ello es así, en razón de que tratándose de la interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, celebrados por los particulares con los estados, con cargo total o parcial a recursos federales, en términos de la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los tribunales federales competentes para conocer de los conflictos que se susciten al respecto, son los Juzgados de Distrito, ya que el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.-En efecto, de las constancias que obran en el expediente del juicio de nulidad se advierte que los actos administrativos impugnados por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistieron en todos y cada uno de los actos llevados a cabo por la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado dentro de la revisión, valoración documental y dictaminación del Contrato Proyecto Integral bajo la Modalidad de Mixto y a Tiempo Determinado ********** de veinticuatro de enero de dos mil doce, celebrado entre la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, y la citada persona moral, así como la resolución contenida en el oficio número **********, de cuatro de octubre de dos mil trece, emitido por la directora de Asuntos Juríd
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26883-4f53d6f3/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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