SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LAS CONSECUENCIAS DEL OFICIO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE DETERMINA COMO IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PERMISO DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS EN ESTACIÓN DE SERVICIO POR ATRIBUIR A LA QUEJOSA ACCIONES CONTRARIAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 5/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 9 DE JULIO DE 2024. PONENTE: CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. SECRETARIO: JOSÉ GUADALUPE RUIZ COBOS.
Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública celebrada el nueve de julio de dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio sin número, presentado vía interconexión, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver en su orden los recursos de queja 325/2023 y 321/2023.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de presidencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, se radicó este expediente y se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 5/2024; se ordenó formar el expediente electrónico; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. Asimismo, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios relacionada con el tema: “DETERMINAR PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SI EXISTE INMINENCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN PERJUICIO DE LA QUEJOSA: PUES NO SOLO NIEGA LA ACTUALIZACIÓN SOLICITADA RESPECTO DE UN PERMISO PREVIAMENTE OTORGADO, SI NO QUE ADEMÁS, ATRIBUYE A LA QUEJOSA ACTUACIONES CONTRARIAS A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, A SABER, LA LEY DE HIDROCARBUROS Y, ADEMÁS, LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA.”
4. También se asignó el asunto a la ponencia del Magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
5. TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante proveído de veinticinco de abril de este año, se tuvo por recibido el informe del Primer Tribunal Colegiado Especializado, a través del cual señaló que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 325/2023 se encuentra vigente.
6. Por su parte, por auto de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, se recibió el informe del Segundo Tribunal Colegiado Especializado, en el que informó que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 321/2023 continúa vigente.
7. CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio DGCCST/X/427/05/2024 de seis de mayo de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez informó a dicha Dirección General que durante los últimos seis meses no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con el mencionado tema.
8. QUINTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se confirmó el turno del expediente virtual a la ponencia del Magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán, para la elaboración del proyecto de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
9. SEXTO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.
11. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.
12. TERCERO. Transcripción innecesaria de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que, el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
13. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”
14. CUARTO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.
15. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja 325/2023, en sesión de trece de noviembre de dos mil veintitrés.
16. Juicio de amparo indirecto. Una persona moral demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE:
1. El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía. (CRE).
IV. NORMAS GENERALES, ACTOS Y/O OMISIONES RECLAMADOS: 1. Del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía.
a) La aprobación, emisión y ejecución del Oficio número **********, de fecha 25 de septiembre de 2023 (“el Oficio Reclamado”), mediante el cual se determinó como improcedente la actualización del Permiso de Expendio al Público de Petrolíferos en Estación de Servicio número **********, en los términos solicitados por mi mandantemediante escrito ingresado ante la CRE el pasado 3 de diciembre de 2020.
b) La orden e instrucción de sancionar a mi mandante en términos de lo dispuesto por el artículo 86, fracción II, incisos c) y j) y IV de la Ley de Hidrocarburos, contenida en el penúltimo párrafo del Oficio número **********, de fecha 25 de septiembre de 2023.”
17. Admisión a trámite. De la demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el cual, la radicó con el número de expediente 346/2023 y previo desahogo de requerimiento, por auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite, además, ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión.
18. Determinación que concede la suspensión provisional. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés dictado en el cuaderno de suspensión, el Juez del conocimiento otorgó la medida cautelar provisional a la parte quejosa, para los efectos siguientes:
- Para que la autoridad responsable se abstuviera de hacer efectiva la orden de sancionar a la quejosa de conformidad con lo establecido en los artículos 86, fracciones II, inciso c) y j), de la Ley de Hidrocarburos.
- Además, para que la parte quejosa no se vea sometida a ningún tipo de procedimiento administrativo de sanciones con motivo de las conductas supuestamente observadas por la Comisión Reguladora de Energía en el oficio reclamado y, en consecuencia, tampoco se vea sometida a la terminación o revocación de su permiso, por la actualización de las supuestas conductas infractoras de la Ley de Hidrocarburos.
- Por último, para que no se ejecuten las consecuencias jurídicas del oficio reclamado, respecto del permiso de expendio al público de petrolíferos, esto significa que, en caso de que la autoridad responsable decida iniciar el procedimiento a fin de revocar el permiso de la parte quejosa, no se dicte la resolución final.
19. Interposición del recurso de queja y resolución. Inconforme con la decisión anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de esta especialización, cuya presidencia en proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite y registró bajo el consecutivo Q.A. 325/2023.
20. En sesión de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dicho tribunal declaró fundado el recurso, por lo que revocó el auto recurrido y negó la suspensión, en lo que importa, esencialmente por lo siguiente:
- Las consecuencias que la quejosa pretende paralizar, son actuaciones futuras de realización incierta, pues no se tiene certeza de que iniciará o que ya se inició un procedimiento sancionador, por lo que su realización, no resulta inminente, pues el oficio reclamado no tiene como propósito el inicio de un procedimiento, aun cuando la autoridad señalara que sería sancionado en términos de lo dispuesto del artículo 86, fracciones II, incisos c) y j) y IV, de la Ley de Hidrocarburos.
- Por ese motivo, no procede otorgar la medida cautelar, ya que su realización es futura e incierta, pues el hecho de que se haya resuelto como improcedente la solicitud de actualizar el permiso de la quejosa, no presupone que se inicie un procedimiento administrativo.
21. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja 321/2023 en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.
22. Juicio de amparo indirecto. Una persona moral demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Las siguientes:
1. La Comisión Reguladora de Energía.
2. El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía.
3. El C. Director General de Petrolíferos de la Comisión Reguladora de Energía.
(...)
IV. ACTO RECLAMADO:
El oficio número **********, de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se resuelve la IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PERMISO DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS EN ESTACIÓN DE SERVICIO **********que se encuentra a nombre de ********** Sociedad Anónima de Capital Variable.”
23. Admisión a trámite. De la demanda correspondió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el cual, la radicó con el número de expediente 320/2023 y previo desahogo de requerimiento, por auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite y ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión.
24. Determinación que concede la suspensión provisional. Por auto dictado en la misma fecha, en el cuaderno de suspensión, la Juez federal, en la parte que interesa, otorgó la medida cautelar provisional a la parte quejosa, para los efectos siguientes:
- No se ejecuten las consecuencias jurídicas del oficio reclamado **********, respecto del permiso de expendio al público de petrolíferos número **********, lo que implica que, en caso de que las autoridades responsables inicien el procedimiento encaminado a revocar el permiso de la quejosa, no se dicte la resolución, para evitar que se cause un daño de difícil reparación.
- Lo anterior, pues con la medida cautelar sólo se está postergando la potestad para sancionar en caso de que, la autoridad decida iniciar el procedimiento, lo que no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, sobre todo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que, es procedente conceder la suspensión del acto reclamado para que se continúe con el procedimiento al ser de orden público, pero la autoridad se abstenga de dictar la resolución final, a fin de que no se cause un perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa.
25. Interposición del recurso de queja y resolución. Inconforme con esa decisión, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de esta especialización, cuya presidencia, en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y registró bajo el consecutivo número Q.A. 321/2023.
26. En sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dicho tribunal colegiado declaró infundado el medio de defensa, en lo que interesa, por los motivos siguientes:
- Desestimó el agravio de la autoridad de que procedía revocar la suspensión otorgada por estar encaminada a paralizar actos futuros de realización incierta, porque la improcedencia no implica que se fuera a iniciar un procedimiento administrativo; lo anterior, pues estimó que sí existía inminencia de que la responsable iniciara un procedimiento administrativo en perjuicio de la quejosa; pues no sólo negó la actualización solicitada respecto de un permiso previamente otorgado, sino que, además, atribuyó a la quejosa actuaciones contrarias a la legislación aplicable, a saber, artículo 86, fracciones II, incisos c) y j) y IV, de la Ley de Hidrocarburos, así como, la posible actualización responsabilidad civil, penal o administrativa.
27. QUINTO. Existencia de la contradicción de criterios. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(1)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
28. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes, se pronunciaron a partir de una exposición argumentativa, consistente en que, si para determinar la procedencia de la medida cautelar provisional, existe inminencia o no, del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, de que iniciará a un procedimiento administrativo en perjuicio de los solicitantes, ya que no sólo negó la actualización del permiso solicitado, sino también les señaló hechos contrarios a la legislación aplicable, a saber, lo dispuesto en el artículo 86, fracciones II, incisos c) y j) y IV, de la Ley de Hidrocarburos con la posible atribución de responsabilidad civil, penal o administrativa.
29. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, pues ambos analizaron la misma cuestión planteada, consistente en determinar, para efectos de la suspensión en el juicio de amparo, si existe inminencia de que la autoridad responsable dará inicio a un procedimiento administrativo en perjuicio de la quejosa, pues no sólo niega la actualización solicitada respecto de un permiso previamente otorgado, sino que además, atribuye a la quejosa actuaciones contrarias a la legislación aplicable, a saber, la ley de hidrocarburos y, además, la posible actualización de responsabilidad civil, penal o administrativa. 30. Sin embargo, se produjo un divergencia en su determinación, pues el primero de ellos consideró que esos señalamientos eran sobre actuaciones futuras de realización incierta, porque no se tiene convencimiento de que iniciará o no un procedimiento de revocación, por lo que su realización no es inminente.
31. En contraste, el otro órgano determinó que sí existe inminencia del procedimiento de inicio de sanción, porque la autoridad no sólo negó la actualización respecto de un permiso previamente otorgado, sino, además, atribuyó al gobernado actuaciones contrarias a la legislación aplicable.
32. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿determinar para efectos de la suspensión en el juicio de amparo, si existe inminencia de que la autoridad responsable inicie un procedimiento administrativo en perjuicio de la quejosa: pues no sólo niega la actualización solicitada respecto de un permiso previamente otorgado, sino que además, le atribuye actuaciones contrarias a la legislación aplicable, a saber, la ley de hidrocarburos y, además, la posible actualización de responsabilidad civil, penal o administrativa?(2)
33. Así, existe la contradicción de criterios entre el sostenido por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al fallar en su orden los recursos de queja 325/2023 y 321/2023, pues arribaron a conclusiones divergentes, respecto del tema consistente en si existe o no inminencia de parte de la autoridad de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio y, por ende, si procede o no conceder la suspensión provisional.
34. SEXTO. Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, en el sentido de que, no existe inminencia por parte de la autoridad responsable de iniciar un procedimiento administrativo en perjuicio de la quejosa.
35. Lo anterior, debido a que, la posible instrumentación de un procedimiento sancionatorio para revocar el permiso, por el señalamiento de que el expendio de productos diferentes a los autorizados en el título de permiso será sancionado según lo dispuesto en el artículo 86, fracciones II, incisos c) y j) y IV, de la Ley de Hidrocarburos,(3) con la posible atribución de responsabilidad civil, penal o administrativa que resulte de la aplicación de sanciones por otros ordenamientos, no le reviste la característica de inminente, pues la sanción a la que alude, está supeditada a que se instaure, se sustancie y se resuelva el procedimiento respectivo.
36. Conviene destacar que, el artículo 107, fracción X,(4) párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de suspensión en los casos y con las condiciones indicadas en la Ley reglamentaria y que para efectos de su otorgamiento corresponde analizar, si la naturaleza del acto lo permite, hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
37. En este sentido, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la procedencia de la suspensión está supeditada a la concurrencia de dos requisitos:
a) La solicite el agraviado.
b) No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
38. En cuanto a los requisitos esenciales, el juzgador federal deberá realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias; en esta etapa, debe considerar que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el estudio de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto.
39. Por último, atinente a las exigencias legales tendrá que determinarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad.
40. En ese tenor, los requisitos esenciales para otorgar la medida cautelar solicitada, forman parte de las condiciones necesarias exigidas en la fracción X del precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
41. Ahora, en relación con el tópico de actos futuros e inciertos, así como de los denominados inminentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 341/2009, determinó en lo que importa, lo siguiente:
- Sostuvo que para decidir sobre la procedencia de la suspensión (provisional o definitiva) en el juicio de amparo indirecto el juzgador debe, en primer lugar, examinar si los actos reclamados son ciertos; en segundo, si la naturaleza de los actos permite su paralización y, en tercer lugar, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo.
- Explicó que lo anterior se traducía en que, la medida cautelar debe solicitarla el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.
- Además, que en relación con la naturaleza de los actos reclamados, ese Alto Tribunal había sostenido que, por regla general, únicamente los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos, eran susceptibles de ser suspendidos, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que, el juzgador pueda asegurarse que se ejecutará en breve, y por los segundos, son aquellos cuya realización es remota, pues su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones.
42. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a./J.14/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, febrero de dos mil diez, página ciento cuarenta y uno, de rubro y texto siguientes:
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO.
Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse qué se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial.”
43. Del marco jurídico de referencia, se desprende el criterio de que únicamente los actos futuros de inminente realización son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por éstos, los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que, pueda asegurarse que se ejecutarán en breve.
44. En cambio, los actos futuros e inciertos no son susceptibles de otorgar la medida cautelar, en virtud de que, su realización no es indudable, sino que dependerá de la conducta que la autoridad asuma en relación con la determinación que corresponda.
45. Trasladando las nociones descritas al caso que nos ocupa, importa destacar que de los oficios reclamados emitidos por el Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, se aprecia que declaró improcedentes las solicitudes de actualización de los permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio.
46. Además, estableció que los solicitantes realizaron un acto contrario a dicho título habilitante y, por ese motivo, “será sancionado” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86, fracciones II, incisos c) y j), y IV, de la Ley de Hidrocarburos,(5) sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que resulte de la aplicación de sanciones por otros ordenamientos y, en su caso, de la revocación del permiso.
47. Para evidenciar esto último, se trae a contexto la parte conducente de dichos oficios (los cuales son idénticos en ese señalamiento), que disponen lo siguiente:
“(...)
Sobre el particular, derivado del análisis y evaluación al presente asunto por parte de la Dirección General de Petrolíferos adscrita a la Unidad de Hidrocarburos, se determina como improcedente la actualización del permiso en los términos solicitados, toda vez que, de los registros que obran en la Comisión se advierte que su representada ha expendido productos diferentes a los registrados en su Título de Permiso, sin que la Comisión lo haya autorizado previamente, lo cual es imprescindible para que su representada pueda expender sólo las marcas autorizadas por este Órgano Regulador, incumpliendo con dicha conducta la regulación y, por tanto, contraviniendo la confiabilidad, el desarrollo eficiente de la industria, la competencia y la seguridad en el suministro que deben prevalecer en el sector energético.
Por otro lado, le informo que, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, el expendio de productos diferentes a los autorizados en el Título de Permiso será sancionado en térm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33487-b8f00e3e/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-no-procede-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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