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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 449/95. · Registro digital (IUS): 3354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE MEXICO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, , Pág. 291.

COMPETENCIA 449/95. SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, AMBOS DEL ESTADO DE MEXICO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Esta Segunda Sala estima que debe declararse competente a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para conocer de la demanda presentada por Axel Chavira Juárez, en contra de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra por las razones que más adelante se expondrán.

Previamente y, con la finalidad de establecer la premisa que como argumento toral servirá para resolver el presente conflicto competencial, es preciso transcribir el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24/1995, aprobada en sesión celebrada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, cuya sinopsis dice:

"POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.- La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber, los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito".

Asimismo, conviene tener presentes dos cuestiones que se desprenden de la demanda de referencia; la primera: que el promovente del juicio materia del presente conflicto competencial prestaba sus servicios como agente o elemento de la preindicada corporación policiaca; y la segunda: que el mismo promovente fue dado de baja de esa corporación, motivo por el cual presentó la correspondiente demanda reclamando indemnización constitucional y el pago de diversas prestaciones, tales como vacaciones, prima vacacional y dominical, horas extras y días de descanso obligatorio, entre otras.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que la referida corporación policiaca es parte integrante de la administración pública del Estado de México, pues se trata de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza, de dicho Estado, que a su vez forma parte de la Secretaría General de Gobierno del mismo, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo de la propia entidad federativa.

La anterior afirmación se funda en los artículos 19, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2o., fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y 8o., del Reglamento de los Cuerpos de Seguridad Pública de la aludida entidad federativa, que textualmente dicen:

"Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al titular del Ejecutivo, las siguientes dependencias: I. Secretaría General de Gobierno."

"Artículo 2o.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de Gobierno contará con dos Subsecretarías y las siguientes Direcciones: (...) II. General de Seguridad Pública y Tránsito."

"ARTICULO 8o.- La corporación de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial y la de Vigilantes Auxiliares dependerán de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, al frente de dichas corporaciones se designará un jefe."

Como corolario de lo expuesto con antelación, debe decirse que la relación jurídica que existía entre el premencionado promovente y la corporación tantas veces indicada era de carácter administrativo y, por tanto, la baja de aquél como elemento de la propia corporación es un acto de autoridad, aunque no sobre un particular, sino contra un subordinado jerárquico dentro de una corporación de seguridad pública, cuyas relaciones se rigen por leyes específicamente administrativas.

Por otro lado y, de conformidad con los artículos que se citarán al final de este párrafo, es oportuno señalar que al Tribunal de Arbitraje del Estado de México le compete dirimir los conflictos que se presenten en las relaciones laborales entre dicho Estado y sus trabajadores, en tanto que a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del mismo le corresponde resolver las controversias que se susciten entre la administración pública de esa entidad federativa y los particulares. Los artículos a que se hizo alusión líneas atrás son: El 41 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal de dicha entidad federativa; así como 3o. y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa de la propia entidad, que respectivamente establecen:

"Artículo 41.- Para resolver los conflictos que se presenten en las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, entre patrones y sus trabajadores, y entre la Administración Pública y los particulares, existirán un Tribunal de Arbitraje, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este último autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa."

"Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de México."

"Artículo 2.- Trabajador del Estado es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los Municipios del Estado de México, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales. Se considerará con igual carácter a los empleados y trabajadores que presten sus servicios en los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal."

"Artículo 3.- La relación jurídica del trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida, para todos los efectos legales, entre los trabajadores del Estado y de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y los Municipios, representados por sus titulares respectivos.- Esta misma relación jurídica se reconoce en favor de los empleados y trabajadores de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal."

"Artículo 95.- El Tribunal de Arbitraje será competente: I. Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados y sus Servidores (...)."

"Artículo 3o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados con funciones de autoridad, y los particulares, así como las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos."

"Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los Organismos con funciones administrativas de autoridad de carácter Estatal o Municipal (...)."

Ahora bien, de lo relatado a lo largo de este considerando se colige la dificultad existente para tipificar o caracterizar de manera perfecta y exacta la competencia de alguna de las dos autoridades jurisdiccionales contendientes para conocer de la demanda, pues aunque en ella se presenta una controversia contra un órgano dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de México, la misma es planteada por un miembro de un cuerpo de seguridad pública y deriva de una relación administrativa y no laboral, por lo que no se surte de modo preciso la competencia del Tribunal de Arbitraje; y por otra parte, si bien es cierto que al otro órgano contendiente, Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, le compete resolver los conflictos de esta naturaleza, igualmente cierto resulta que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la administración pública del repetido Estado y los particulares, lo cual excluye al actor, que aun cuando por efecto del cese ya es un particular, todas las prestaciones que exige o pretende derivan de la relación jurídica que como agente policiaco lo ligó en el ámbito jerárquico administrativo con el cuerpo de seguridad pública precisado con antelación, por lo que el juzgador que dirima la litis planteada, para resolverla debe forzosa y necesariamente, tomar en consideración no la situación jurídica de un particular, sino el estatus que corresponde al miembro de un cuerpo de seguridad pública; por tanto, tampoco se surte de modo exacto la competencia de este órgano jurisdiccional.

No obstante lo anterior, y ante la ausencia de disposición legal en el Estado de México que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias, como la que es objeto del presente conflicto competencial, en el caso a estudio, se debe declarar competente para conocer de aquélla a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la multicitada entidad federativa, en acatamiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que prevé el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia, habida cuenta que esa autoridad, debido a las facultades de que está investida, es la más afín para conocer de la demanda de que se trata, pues mediante ella se impugna una determinación administrativa adoptada por un órgano integrante de la administración pública del Estado de México que, como ya quedó establecido, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de un integrante de un cuerpo de seguridad pública dentro del ámbito administrativo.

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada analógicamente al caso, la tesis jurisprudencial número 4a./J. 38/93, que aparece publicada en la página veintidós de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, en cuanto determina al tribunal más afín a la litis planteada, ante la omisión legislativa, que es del tenor siguiente:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE UN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA, Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL NO EXPIDA LA LEY QUE REGULE LAS RELACIONES CORRESPONDIENTES.- Conforme al artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, y el artículo segundo transitorio de este Decreto, las legislaturas de los Estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia del mismo, procederán a reformar y adicionar las constituciones y leyes locales que deberán regir las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores. No obstante el Decreto mencionado, cuando no se haya legislado al respecto proveyendo a su cumplimiento, como ocurre en el Estado de Oaxaca, con excepción del Ayuntamiento de la capital, la competencia para conocer de los conflictos laborales surgidos entre los demás Ayuntamientos y sus trabajadores, corresponde a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes de dicho Estado, porque en acatamiento del artículo 17 de la Carta Magna y siguiendo las bases de las normas constitucionales, ante la falta de disposición legal expresa que regule las relaciones laborales existentes entre un Municipio y sus empleados, será la referida Junta la competente para conocer de tales conflictos, con sujeción del procedimiento a lo dispuesto en la Ley del Servicio Social para los Empleados del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca, en términos de los artículos primero y segundo del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXI, de veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y nueve".

Cabe agregar que la referida Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al dirimir una controversia, cuenta con facultades para decretar condenas, y no sólo para declarar la validez o nulidad de un acto de autoridad, de acuerdo con el artículo 103, fracción III, de la invocada Ley de Justicia Administrativa del Estado de México, lo que hace factible, con independencia de la competencia que aquí se le está fincando para conocer de la demanda que nos ocupa, que esté en posibilidades de resolver, con plenitud de jurisdicción desde luego, sobre la procedencia o no de las reclamaciones contenidas en dicha demanda. El precepto en cita estatuye lo siguiente:

"Artículo 103.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener: (...) III. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado, y en su caso, la condena que se decrete. Al pronunciar sentencia ésta deberá suplir las deficiencias de la queja pero, en todo caso, se contraerán a los puntos de la litis planteada".

Es verdad que las prestaciones demandadas por el promovente, en términos comunes son consideradas de naturaleza laboral; sin embargo, tal circunstancia no cambia de manera alguna la conclusión a que se arribó con anterioridad, en primer lugar, porque sobre tal observación, predomina el imperio del artículo 123 constitucional que en su apartado B, fracción XIII, excluye de la relación laboral o equiparada a los miembros de los cuerpos de seguridad pública.

Además, porque no todas las prestaciones son de naturaleza ajena a lo administrativo, como por ejemplo el aguinaldo, ya que de conformidad con la fracción V del artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, el personal de los cuerpos de seguridad pública tiene derecho a percibirlo cada año, el cual será equivalente a un mes de salario cuando menos.

También es verdad, de acuerdo con la antes transcrita jurisprudencia del Tribunal Pleno, que contra la orden de baja de un policía resulta procedente el juicio de garantías; empero, ello no constituye obstáculo a lo considerado hasta aquí, toda vez que, en la especie, no se está reclamando la baja, amén de no estarse resolviendo cuál es la vía correspondiente para combatir un acto de autoridad como el mencionado, sino qué autoridad es la competente para conocer de la demanda que dio origen al presente conflicto que, se reitera, no es de amparo.

En esas condiciones, lo que procede es, como ya se dijo al principio de este considerando, declarar competente a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quedando insubsistente, por vía de consecuencia, el desechamiento de la demanda decretado por la citada Sala Regional en su resolución de incompetencia de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

En términos similares se pronunció esta Segunda Sala, al resolver por unanimidad de votos los diversos conflictos de competencia 357/95, 362/95, 369/95 y 372/95, suscitados precisamente entre los mismos órganos jurisdiccionales involucrados en el que es objeto de la presente resolución, asuntos que fueron vistos en la sesión correspondiente al veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara competente a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, para conocer de la demanda promovida por Axel Chavira Juárez.

SEGUNDO.- Se ordena dejar insubsistente el desechamiento de la demanda formulada por Axel Chavira Juárez, acordado por la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de México, en su resolución de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al tribunal que ha resultado competente, y hágase del conocimiento del Tribunal de Arbitraje del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el primero de los ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3354-c9b52206/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-suscitados-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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